74 Aniversario de la Expropiación Petrolera
López Obrador:
no vamos a caer en la tentación de privatizar Pemex
Alberto Anaya, dirigente del PT, tomó protesta al político tabasqueño en la Expo ReformaFoto Carlos Ramos Mamahua
Arturo García Hernández
Periódico La Jornada
Lunes 19 de marzo de 2012, p. 4
Lunes 19 de marzo de 2012, p. 4
Andrés Manuel López Obrador se precia de conocer la historia y valorar sus lecciones. Por eso escogió el 18 de marzo –74 aniversario de la expropiación petrolera– para rendir protesta como candidato presidencial por el Partido del Trabajo (PT), hacer del petróleo el tema central de su discurso, recordar a un presidente
visionario y patriotacomo Lázaro Cárdenas y dejar en claro, por si alguien tenía dudas, que
no vamos a caer en la tentación de privatizar Pemex. Más vale que se sepa, pues no queremos dorar la píldora a nadie.
Es la tercera vez que rinde protesta, después de las realizadas como abanderado del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) el domingo pasado y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el viernes anterior. Así quedó formalizada la candidatura del tabasqueño por el Movimiento Progresista, conformado por las tres fuerzas políticas mencionadas.
La ceremonia se llevó a cabo a puerta cerrada en las instalaciones de la Expo Reforma, de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Un lugar poco adecuado y hasta inseguro para acoger muchedumbres entusiastas. Por suerte, no pasó de tropiezos y apachurrones.
Esta vez se trató de un acto entre amigos, y López Obrador se encargó de subrayarlo cuando agradeció el respaldo del partido que lo ha apoyado sin regateos, en las duras y en las maduras.
Sé que voy a seguir contando con el respaldo de ustedes para ir a esta campaña por la Presidencia y lograr entre todos y desde abajo el renacimiento de nuestro país, subrayó.
Si hay unos que han apoyado, se entiende que hay otros que no. Desde la muchedumbre surgieron gritos para identificarlos y hacer los deslindes del caso:
¡Nosotros sí somos la izquierda real!“¡Fuera chuchos traidores!” No fueron una ni dos veces. Cada vez que López Obrador aludía a los enemigos de la democracia o del pueblo, desde distintos puntos del local la gente le recordaba a todo pulmón, casi con enojo:
¡El enemigo también está en casa!
¡Aguas con el caballo de Troya!
Pero los reclamos no afectaron la pragmática tersura del encuentro, que también sirvió para reafirmar alianzas y restañar heridas. Por algo el delegado político del PT en Chiapas, Amadeo Espinosa Ramos, dio expresamente la bienvenida en el estrado a Alejandra Barrales, muy cerca de Miguel Mancera, ante quien perdió la candidatura para jefe de Gobierno del Distrito Federal. Hace apenas unos días hicieron las paces en una reunión privada, semanas después de que la perredista se negó a reconocer la candidatura de Mancera argumentando que no podía apoyar
lo que siempre hemos reclamado.
Ayer todo volvió a ser sonrisas y concordia.
También atrajeron miradas la secretaria nacional del PRD, Dolores Padierna, y Manuel Camacho Solís, coordinador nacional de Diálogo para la Reconstrucción de México, aunque él no se salvó de algunos chiflidos cuando Anaya lo mencionó entre los notables en el estrado. No faltó el diputado petista Porfirio Muñoz Ledo, quien, aunque lucía muy cansado, aprovechó la ocasión para saludar y tomarse fotos con la militancia. Asimismo fueron mencionados públicamente Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, y el actor Jorge Arvizu, El Tata, famoso por su participación en programas cómicos de Televisa y protagonista de uno de los espots del Movimiento de Regeneración Nacional.
Por sus aportes al programa de López Obrador en materia de petróleo, sin duda fue pertinente la presencia de Javier Jiménez Espriú, ingeniero petrolero, ex funcionario de Pemex y una de las máximas autoridades en la materia. Lamentablemente, el presentador no supo leer el segundo apellido ni decir de quién se trataba.
El secretario general del PT, Alberto Anaya, tomó protesta a López Obrador. Después de conmemorar la expropiación petrolera y reiterar su rechazo a la privatización de Pemex, el ya can- didato presidencial señaló que en 29 años de privatización de empresas públicas no ha habido beneficios para la población, sólo se han enriquecido unos cuantos:
En nuestro país, privatización ha sido sinónimo de corrupción, y ya no queremos más, porque no queremos corrupción.
Con este acto todo quedó listo para el inicio de la campaña de López Obrador en su segundo intento por llegar a la Presidencia de la República.
En sus marcas…
Barril sin fondos en apuros-Rocha
Pemex: las dos versiones
La conmemoración, ayer, del 74 aniversario de la expropiación petrolera ocurrió en un panorama incierto y preocupante para la industria de hidrocarburos, para Pemex y también, desde luego, para el país en general.
Hasta hace muy poco se tenía un diagnóstico sumamente pesimista de la empresa. Ejemplos de ello son algunos de los cables entregados a este diario por Wikileaks, como el que emitió en 2010 a Washington el ex embajador estadunidense Carlos Pascual (La Jornada, 16/3/12), en el que señalaba que México se encaminaba a convertirse en importador de petróleo, o como el que presentó en 2008 el propio gobierno federal, con el propósito de hacer creer a la opinión pública que la extracción en aguas profundas era impostergable y que para ello era necesario privatizar segmentos de la industria petrolera.
Resulta inverosímil que haya podido revertirse la crítica situación de la paraestatal en un plazo tan breve, sin tocar los problemas de fondo que la afectan –saqueo fiscal, contratismo, opacidad–, y que sólo mediante una operación de
restitución de reservas, se haya logrado revertir una situación tan desastrosa como la que el propio gobierno calderonista pintaba en 2008, en vísperas de enviar al Senado su iniciativa de reformas legales privatizadoras, y que en forma confidencial fue ratificada dos años después por el ex embajador Pascual.
Ante los propósitos de respeto a la soberanía en la operación del sector energético es también pertinente citar el cable referido, en el que Pascual informaba de la asistencia furtiva del gobierno de Washington al de Calderón para aplicar las reformas legales en que desembocó el fallido intento de privatización de abril de 2008, y recordar que apenas la semana pasada se inició la segunda ronda de licitaciones de 22 campos petroleros maduros en media docena de municipios de Tamaulipas y Veracruz, y que esas licitaciones entregarán a empresas privadas –nacionales o extranjeras– el control, por 30 años, de miles de hectáreas de la franja costera y de una producción estimada en 24 mil millones de barriles.
Un dato que acaso se convierta en emblemático del desempeño de esta administración en materia de industria petrolera es el incumplimiento casi total –de no ser por un tramo incompleto de barda perimetral– de la construcción de una nueva refinería en Tula, prometida por Calderón hace ya 30 meses.
Con estos hechos en mente, no es fácil dar un voto de confianza al optimismo oficial en el ámbito de la industria petrolera. Por el contrario, resulta urgente redoblar las presiones sociales orientadas a incrementar la fiscalización sobre lo que ocurre en Pemex y a impedir que prosiga lo que, de acuerdo con los datos asquí referidos, no es fortalecimiento, sin debilitamiento y erosión de la paraestatal.
Ya merito-Hernández
74 Aniversario de la Expropiación Petrolera
Peña sugiere
reforma pragmática
De la redacción
Periódico La Jornada
Lunes 19 de marzo de 2012, p. 4
Lunes 19 de marzo de 2012, p. 4
El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, publicó ayer en su página de Internet un artículo con motivo del 74 aniversario de la expropiación petrolera, titulado
Señala que México, potencia energética, en el cual destaca que
en 2012 la realidad es muy distinta a la de 1938. Sin embargo, apunta,
nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿cuál es la mejor manera de aprovechar nuestros recursos naturales para beneficio de los mexicanos?
algunos piensan que la solución sería privatizar la industria petrolera, regresando a la situación que existía antes de 1938. Otros creen que no hay nada que cambiar, aunque el mundo y las necesidades de hoy sean muy distintas a las de hace siete décadas.
Sostiene: “No comparto esas posiciones. Estoy convencido de que, para asegurar que la industria petrolera continúe siendo palanca del desarrollo nacional y México se transforme en potencia energética, es necesario tomar medidas audaces y despojarnos de ataduras ideológicas.
He planteado la conveniencia de realizar una reforma energética pragmática, que sin renunciar a la propiedad pública de los hidrocarburos ni a la rectoría y conducción del Estado en la materia permita a Petróleos Mexicanos (Pemex) beneficiarse de mayores asociaciones con el sector privado.
Apunta que le parece fundamental
incrementar significativamente los niveles de inversión en exploración y explotación, conforme al potencial petrolero del país, así como en refinación y petroquímica, para lo cual se requieren modificaciones legales.
Advierte que la reforma energética que propone debe ir de la mano de un cambio hacendario integral, que reduzca
nuestra alta dependencia a los ingresos petroleros y dote al Estado de un flujo de recursos estable y sostenido para cumplir con sus obligaciones básicas.
La reforma hacendaria permitiría a mediano plazo, plantea, que Pemex pueda invertir parte de la renta nacional en el desarrollo
de nuestro enorme potencial en energías renovables.
74 Aniversario de la Expropiación Petrolera
Se respetarán contratos de la paraestatal: AMLO
Alma Muñoz y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 19 de marzo de 2012, p. 3
Lunes 19 de marzo de 2012, p. 3
Andrés Manuel López Obrador afirmó que de ganar la Presidencia de la República respetará los contratos otorgados a empresas privadas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación de petróleo,
pero con el cambio se va a poner un hasta aquí. No se concederán nuevos ni se privatizará el crudo, aseguró.
Sólo quienes no han leído el artículo 27 constitucional y no tienen un poco de luz en la frente podrían estar pensando en vender Petróleos Mexicanos (Pemex). No queremos dorar la píldora a nadie, porque esa privatización afectaría a todos, incluyendo a los empresarios, destacó.
Tanto en su discurso de toma de protesta ante la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) como al concluir su participación en el foro sobre energía que encabezó Adolfo Hellmund, propuesto por él para ocupar la Secretaría de Energía, López Obrador sostuvo que el crudo debe ser palanca del desarrollo.
En el marco del 74 aniversario de la expropiación petrolera, indicó que no se trata de
retórica ni de acomodar el discurso a esta fecha, pero aclaró que en el contexto de la elección presidencial ya se definen posturas en torno a la soberanía energética, y
hay tres candidatos que proponen la privatización del petróleo. Yo sostengo que debe seguir siendo propiedad de la nación, de todos los mexicanos.
Más tarde, en conferencia de prensa en un hotel del Centro Histórico, dijo que se le sigue dando la vuelta a la prohibición de no permitir la participación de compañías privadas. Lo mismo en el caso de la generación de energía eléctrica, que está reservada a la nación, apuntó.
Todo eso se va a corregir. No quiero hablar de una segunda expropiación, pero sí se va a aplicar lo que establece la Constitución. Se manejará a Pemex con eficiencia, resaltó.
Planteó la necesidad de aplicar un nuevo régimen fiscal en el país, de carácter gradual, para generar los ingresos que quiten a Pemex la carga tributaria. Esa modificación, añadió, no pasa por la aprobación de nuevos impuestos, el aumento de las tasas a los vigentes ni la aplicación del IVA a alimentos y medicinas.
La paraestatal, continuó, aporta 850 mil millones de pesos a los ingresos no tributarios del gobierno federal, mientras las 10 empresas más importantes del país sólo pagan unos 50 mil millones de pesos, “cinco veces menos que la paraestatal.
La pregunta a quienes quieren la privatización es: ¿de dónde va a salir el dinero para el presupuesto? Que me digan si las empresas que se quedarían con Pemex, en el supuesto de que ello ocurriera, porque no lo vamos a permitir, pagarían esos 850 mil millones de pesos.
Recordó que desde el anuncio de que el gobierno de Felipe Calderón construiría una refinería sostuvo que el sexenio concluiría sin que se hubiera colocado
ni un ladrillodel complejo.
Pero a nosotros nos va a tocar iniciar esa refinería y terminarla. Si no pudieron con el monumento del bicentenario, menos se puede pensar que van a concluir una refinería, ironizó.
Lamentó que el país continúe importando la mitad de las gasolinas que se consumen, y que ello implique el desembolso de 26 mil millones de dólares.
En su toma de protesta sostuvo que está decidido a terminar con la corrupción que impera en el país.
No me va a temblar la mano. Ya no va a haber negocios jugosos al amparo del poder público, destacó.
Neocolonialismo y desaparición forzada
Carlos Fazio
El pasado 5 de marzo, el mismo día que el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, realizaba en México una auscultación exprés a los tres principales candidatos para los comicios presidenciales de julio próximo, en Ginebra, Suiza, una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentaba la práctica de desapariciones forzadas en el contexto de la guerra sucia que, derivada de una orden de Felipe Calderón en diciembre de 2006, se libra desde entonces en el país.
Se ha dicho que la agenda oculta de Biden incluyó petróleo y seguridad. En tiempos electorales aquí y allá, el interés de la Casa Blanca por la seguridad de México tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Y ante la inestabilidad creciente en el golfo Pérsico, uno de los puntos principales de la seguridad nacional estadunidense es garantizar el abastecimiento seguro de petróleo.El petróleo y otros recursos geoestratégicos de México, incluida la tierra como mercancía, están incluidos entre los objetivos neocoloniales de Washington y el capital corporativo trasnacional, plasmados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005). Desde 2007, el brazo operativo de la ASPAN (o TLC militarizado) ha sido la Iniciativa Mérida. Diseñada en Washington, la
guerrade Calderón en el marco de la Iniciativa Mérida no es contra las drogas o el crimen organizado. En clave de contrainsurgencia es una guerra contra el
enemigo interno. Es decir, contra el pueblo. Una guerra de despojo y saqueo de tierras y recursos. Un ejemplo reciente es el asesinato de Bernardo Vásquez, defensor de los territorios del valle de Ocotlán contra mineras canadienses. Lo que está en juego, pues, son vidas de mexicanos por minerales y otros recursos.
Más allá de los mitos sobre el caos y la violencia, sus responsables y ejecutores y la
aversión al conflictode los mexicanos, el uso extendido y sistemático de mecanismos de represión estatales durante el sexenio que fenece ha colocado al México de Calderón en un lugar destacado en la historia universal de la infamia. Así lo confirma el reciente Informe del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, presentado en el 19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
El documento marca un continnum entre la guerra sucia de los años 70 y el momento actual. Con eje en los tres elementos característicos del terrorismo de Estado: la tortura sistemática, la ejecución sumaria extrajudicial y la desaparición forzada de personas, el informe alude a la identidad de algunos
patronescomo la impunidad generalizada y la falta de plena verdad y reparación del daño a las víctimas. De manera específica menciona la existencia de un
patrón crónicode impunidad en México. Impunidad de actores estatales que desempeñan tareas de seguridad pública. Lo que incluye a miembros de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) y de las policías federal, estatal y municipal, y sus respectivas cadenas de mando, que actúan en complicidad con agentes del Ministerio Público y jueces. Ello como parte de redes colusivas de corrupción-impunidad-simulación de alcances históricos, que operan al margen de la Constitución. Con su consecuencia evidente: la impunidad alienta la repetición de crímenes.
El informe destaca el elevado número de elementos castrenses que actúan como titulares de policías estatales (seis entidades) o de las secretarías de Seguridad Pública locales (14 estados), a lo que se suma un número significativo de cuerpos de policías municipales que son dirigidos por oficiales militares. Y debido a que la lógica, la función y el entrenamiento y equipos del Ejército son diferentes a los de la policía, afirma que ello ha degenerado en violaciones masivas de derechos humanos, incluida la práctica de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Prototipo de un delito de carácter continuado, se produce una desaparición forzada cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o ésta es privada de su libertad por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, o por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o asentimiento (verbigracia, escuadrones de la muerte, paramilitares y grupos de limpieza social), y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de dicha persona o a reconocer que está privada de la libertad, sustrayéndola así a la protección de la ley.
El grupo de trabajo consigna que algunas veces el cuerpo de la víctima aparece mutilado, con señales de tortura o con los brazos y piernas atados, circunstancias que indican que fue privada de su libertad algunas horas o días antes de su ejecución extrajudicial, algo frecuente en la guerra interna desatada por el régimen de Calderón. Añade que no se puede enfrentar la grave situación de seguridad pública en el país a expensas del respeto a los derechos humanos ni permitiendo la práctica de la desaparición forzada, y que sin una adecuada y completa investigación penal no se pueden adjudicar esos delitos
exclusivamenteal crimen organizado; señalamientos que cuestionan la retórica propagandística oficial de que los narcos se matan entre ellos debido a que el Estado los tiene acorralados.
El informe de la ONU recomienda el retiro a corto plazo de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública. Y concluye que el Estado mexicano
no tiene voluntado es
incapazde realizar investigaciones efectivas en materia de desaparición forzada, pero que su obligación es seguir investigando para satisfacer el derecho colectivo e individual de las víctimas a conocer la verdad histórica. Más allá de tesis revisionistas o negacionistas, el Estado tiene el
deber de recordar, dado que la desaparición forzada es una violación continuada de derechos humanos y un crimen permanente.
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