Oportunista, la “ley de víctimas” de Calderón

José Gil Olmos

Defensores de los derechos humanos e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lanzan la voz de alerta: la iniciativa de Ley de Atención a Víctimas del Delito enviada por Gobernación al Senado es un albazo con el que el gobierno calderonista trata de borrar el trabajo que especialistas, abogados y familiares de las víctimas de la violencia asociada con la guerra al narcotráfico han hecho desde el año pasado. Se trata, aseguran, de una medida electorera que busca evitar que las autoridades y fuerzas de seguridad se hagan responsables de los atropellos que cometen contra la población civil.

Durante los diálogos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en junio y septiembre del año pasado, Felipe Calderón ordenó a su gabinete elaborar una ley para las víctimas de la violencia –no del delito, precisó entonces– como prioridad para atender a miles de afectados.

Medio año después la Secretaría de Gobernación dio un giro a la orden presidencial y unilateralmente, sin tomar en cuenta al Movimiento ni a quienes trabajaban una propuesta desde hacía medio año, anunció que ya tiene lista una iniciativa de Ley General de Atención a Víctimas del Delito que deja fuera las propuestas de especialistas y de las familias de los muertos y desparecidos.

Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró este albazo del gobierno calderonista como “una falta a la verdad, una traición a la palabra”, y advirtió que sería un error presentar una iniciativa de ley con un afán más electorero que de justicia, sin castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades

José Antonio Pérez Bravo, subprocurador jurídico de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), confirmó la semana pasada al diario Reforma que ya tenía lista la Ley General de Víctimas del Delito, lo que sorprendió al Movimiento por la Paz y al equipo de juristas que el gobierno federal contrató a mediados del año pasado –por conducto del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe)– para trabajar la iniciativa respectiva.

Ninguno de ellos esperaba la noticia del funcionario, quien dijo que dicha propuesta se centraría en las “victimas del delito” y no en las de la delincuencia o de la violencia porque para atender a estas últimas, dijo, ya existe Províctima.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, manifestó que éstas tendrían que ser reguladas en otra vía, por una ley reglamentaria del artículo primero de la Constitución.

Según Pérez Bravo, en la iniciativa se prevé un registro nacional de víctimas del delito y un fondo con partida presupuestal, mientras que la atención legal, emocional y médica se daría independientemente de la sentencia.

“Es impresionante que el gobierno esté más preocupado por tener un registro del robo y pérdida de autos que uno cabal y actualizado de las víctimas de la violencia y del delito, así como de los desaparecidos. Eso nos habla de que a este gobierno no le interesan las víctimas”, sostiene Álvarez Icaza.

Agrega que cree probable que el gobierno de Calderón actúe igual que cuando creó Províctima: sin previo aviso, en medio de las pláticas con el Movimiento por la Paz y mediante un decreto, pese a que no tenía presupuesto, instalaciones ni personal calificado (Proceso 1824).

“Sería un error con sabor a engaño porque hay una confianza depositada y que no está siendo respetada”, advierte en entrevista el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Álvarez Icaza admite que se pueden entender los tiempos y las presiones, “pero lo que queda claro es que hubo un compromiso que no se está cumpliendo y que todas las fuerzas políticas han manifestado su disposición de avanzar en una ley general de víctimas; esperemos que no aprueben la ley como la propone Calderón”.

Menosprecio

Con el tiempo encima –la actual Legislatura terminará sus actividades en breve– la Secretaría de Gobernación tiene lista la propuesta de una iniciativa de reforma constitucional para la creación de una Ley de Atención a Víctimas del Delito que sería presentada al Senado.

De acuerdo con un recuento hecho por la reportera Marcela Turati (Proceso 1826), en el Congreso de la Unión hay seis proyectos de ley de víctimas. Además están la propuesta ciudadana que elaboran la UNAM y el Movimiento por la Paz y la que ya tiene lista el grupo de abogados contratados por el Inacipe.

Julio Hernández Barros y Silvano Cantú, dos abogados que trabajaron una propuesta con otros especialistas del Inacipe, dicen que con su iniciativa el gobierno de Calderón demuestra nuevamente que no respeta su palabra al anunciar la iniciativa de ley de víctimas del delito cuando las conversaciones estaban en curso.

“Creo que la Secretaría de Gobernación no ha comprendido cabalmente el grave problema de las víctimas. Al presidente, en las ocasiones en que he tenido la oportunidad de hablar con él, lo he notado más sensible que la propia Secretaría de Gobernación; se me hace que ésta quiere cubrir al Estado y en este momento no necesita que se cubra sino reconocer estas violaciones a los derechos humanos, actuar en consecuencia y darnos un respiro a los ciudadanos”, dice Hernández Barroso.

Para Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, esta decisión unilateral del gobierno federal, desde la perspectiva de las víctimas y las organizaciones sociales, muestra con claridad que “no les importa proteger a la población de las consecuencias más perniciosas de una política de seguridad fracasada como es la política de la famosa guerra contra la delincuencia organizada”.

Señala que dar a las víctimas una ley que las proteja no es un acto de caridad del Poder Legislativo sino algo que urge, que ya no puede esperar más porque la están demandando los ciudadanos.

“Creo que la urgencia de una ley de víctimas es porque no hay una legislación que atienda este problema. Esta ley incluye prácticamente a todas las autoridades para prestar auxilio a las víctimas, desde el director de la escuela rural más apartada hasta el presidente de la República; es una ley que involucra a las autoridades en todos los niveles y da una serie de pasos para que la víctima ya no quede desatendida”, precisa el abogado.

Hernández Barros advierte que el problema de la Ley de Víctimas que presentará el Ejecutivo a la Cámara de Senadores es que tardaría mucho tiempo en ser discutida y aprobada, y se retrasaría su entrada en vigor, mientras que la situación de las víctimas es de emergencia nacional.

“Consideramos que el artículo primero constitucional y el segundo transitorio del mismo facultan perfectamente la creación de una ley de víctimas y un sistema de reparación. Si tomamos en cuenta que la propuesta que estamos presentando regula también los artículos 20 y 17 constitucionales, creo que tenemos un marco suficiente para poner en vigencia una ley general de víctimas con un soporte jurídico también suficiente”, indica.

Según el catedrático de derecho penal del Inacipe, es un error del gobierno no ver a las víctimas de violaciones de derechos humanos en su iniciativa con el argumento de que éstos ya son atendidos en otras leyes.

“Estamos en total desacuerdo porque la realidad es que estas violaciones no necesariamente están vinculadas con la comisión de delitos y son comunes dentro del Estado, como por ejemplo la negligencia en la atención médica o jurídica. Además históricamente en los códigos penales no se habla de las víctimas del abuso del poder o de violaciones a los derechos humanos”.

Cantú reafirma esta crítica y señala que la omisión es gravísima tomando en cuenta el costo humano y social que ha tenido la guerra contra la delincuencia organizada y la acción punitiva que ha desplegado el gobierno federal en los últimos años, con más de 60 mil muertos, 5 mil desaparecidos y el incremento en 550% de las denuncias de tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los dos últimos años.

Asegura que con esta iniciativa de ley lo que se pretende es dividir a este sector creciente de la población que es el de las víctimas con una distinción que es una mera sutileza técnica, entre víctimas del delito y víctimas de violaciones de los derechos humanos, asumiendo el discurso de que solamente los delincuentes están vulnerando el tejido social.

“Esta sutileza es evidentemente falsa y se basa exclusivamente en una distinción procesal en la cual la víctima del delito cuenta con un proceso penal, que tiene una serie de derechos que están consagrados en el artículo 20 de la Constitución. Restringir la problemática y el fenómeno de la victimización de México a la parte de la violencia entre particulares por medio del proceso penal es restringir el conjunto de derechos sustantivos y derechos procesales que toda víctima, indistintamente de quién sea el victimario, tiene en los tratados internacionales y en la Constitución.”

–¿De alguna manera es una forma de encubrimiento?

–Es una forma de garantizar impunidad y desfavorecer el reconocimiento de responsabilidad que tiene el Estado mexicano. Es innegable, porque así lo han documentado los organismos internacionales de protección de derechos humanos de la ONU, la Corte Interamericana, que en México se están violando sistemáticamente los derechos humanos y que hay un patrón en el cual la descomposición del tejido social es galopante y evidente.

Observa que a pesar de que ha habido un movimiento de víctimas que desde el año pasado ha planteado una serie de demandas al Ejecutivo y que el movimiento de derechos humanos en México, desde hace años, propugna por una legislación para la protección de las víctimas, el gobierno federal sigue desatendiendo este imperativo.

–¿Por qué cree que hay prisa del gobierno federal por sacar de esta manera la Ley de Víctimas?

–Hemos advertido un comportamiento del gobierno tendiente al blindaje. Hoy tenemos un cerco de información hacia el exterior. No hay un ejercicio de observación efectiva en materia de derechos humanos. Hay mucha desinformación que emite la Cancillería en el afán de simular cumplir con sus obligaciones internacionales. La actual administración ha desplegado una serie de medidas con las cuales se pretende dar por satisfechas las demandas de la población sin que ello sea una verdad. Se trata de una política de simulacro de cumplimientos internacionales y de obligaciones constitucionales que ha sido la tónica permanente del gobierno federal.

Propuesta ciudadana

Ante la decisión unilateral del gobierno federal de presentar su ley de víctimas, el grupo de expertos del Inacipe y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad acordaron reunirse para ensamblar sus propuestas en una sola iniciativa de Ley General de Víctimas –donde incluirán las propuestas de la UNAM– que presentarán en breve al Senado para que sea tomada en cuenta.

Dicha propuesta parte del trabajo realizado por un grupo de abogados del Inacipe, que propone la creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública Victimal, dependiente del Poder Judicial, que prevé la figura del “abogado victimal” encargado de defender a las víctimas de manera gratuita, representándolas integralmente en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para garantizar la debida defensa de sus derechos.

La propuesta citada también prevé la formación del Consejo Social Victimal, que permitirá la representación y la participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en todas las instituciones del Sistema Nacional de Víctimas, realizando labores de vigilancia, supervisión y control.

Se propone la creación del Sistema Nacional de Víctimas, a partir del cual se establecerán, regularán y supervisarán las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y otras políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Se plantea asimismo formar el Registro Nacional de Víctimas y el Nacional de Datos Forenses para que las familias de las víctimas tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, atención y reparación integral prevista en la ley, así como de información necesaria para el reconocimiento de sus familiares.

Otra propuesta importante es instaurar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, órgano encargado de solventar todas las operaciones de ayuda, atención y reparación integral de los afectados y sus familias.

Hernández Barros y Cantú –quienes trabajaron esta propuesta junto con Tatiana Rincón, Ana Lorena Delgadillo, Francisco Lefranc y Eloísa Quintero– consideran que hay puntos indispensables que debe contener la ley:

Primero, que se trate de una ley general obligatoria a escalas federal, estatal y municipal; es decir una ley que cubra tanto a víctimas de la delincuencia común como de la delincuencia organizada, a las víctimas del combate a la delincuencia organizada y de las violaciones de los derechos humanos; que incluya los derechos integrales de asistencia permanente, acceso a la justicia, acceso a la verdad, a la memoria y a la reparación integral del daño; en otras palabras, ayuda inmediata y humanitaria de salud, alojamiento, funeraria, transporte, asesoría jurídica y atención especial por su situación de vulnerabilidad a niños, indígenas y mujeres.

También debe contener mecanismos efectivos de reparación del daño, que no sólo se trate de pagar una indemnización sino medidas que restituyan el mal que se causó con el delito. Es decir que abarque la rehabilitación de la víctima y darle garantías de satisfacción y protección para que no se revictimice ni criminalice.

Finalmente, esta propuesta de ley busca garantizar un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las víctimas y establecer sanciones cuando haya incumplimiento, por acción u omisión, de cualquiera de sus disposiciones

“La legislación que proponemos –sostiene Cantú– es una esperanza para mucha gente, es consistente en lo técnico y viable en lo político, no hay ningún pretexto para que los legisladores no la impulsen como se comprometieron ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”.