Secuelas de un montaje- Justicia impresentable

Secuelas de un montaje

Frente al Ejecutivo, el ministro manifiesta su repudio al abuso del poder

La ley no se cumple a capricho; ¡respeto a las instituciones!: Silva Meza a Calderón

Los jueces sólo deben sumisión a la Constitución, afirma en el 206 natalicio de Juuárez

Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Jueves 22 de marzo de 2012, p. 5

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Juan Silva Meza, manifestó ayer su rechazo a la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho, luego de exigir respeto a la división de poderes y a las instituciones.

Al participar en la ceremonia por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez, antes de que la Corte resolviera sobre el caso Florence Cassez, subrayó su repudio al abuso de poder, que es el paso previo al autoritarismo y la impunidad.
En medio de las presiones que han recibido los ministros por el tema de la ciudadana francesa sentenciada a 70 años de prisión por secuestro, Silva Meza resaltó que los jueces sólo deben sumisión a la Constitución.
Frente al presidente Felipe Calderón, quien encabezó la ceremonia en Palacio Nacional, el presidente de la Suprema Corte resaltó: necesitamos que funcionen con normalidad las instituciones de la República. Nada justifica incumplir la Constitución y los derechos humanos. Respetemos las formas y la legalidad. Respetemos la esencia de la República, que es la legalidad.
El ministro pidió seguir la templanza y la fortaleza moral de Juárez. Entendamos que en momento difíciles y extraordinarios, debemos apegarnos a la ley, como fórmula de paz y de certidumbre, enfatizó.
Subrayó que hoy los jueces, magistrados y ministros están atentos para aplicar el nuevo marco legal en materia de amparo y de derechos humanos, los cuales exigen que el nuestro sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia basada en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad.
Señaló que en el país se realiza un intenso proceso de transformación constitucional y que los integrantes del Poder Judicial atenderán el producto de esa gestación.

Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo federal, durante el discurso que pronunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, en la ceremonia conmemorativa por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, celebrada en Palacio NacionalFoto Francisco Olvera

Calderón escuchó con gesto adusto el discurso del presidente de la Corte, quien aseguró que los jueces están dispuestos a ver siempre por el interés superior, a poner por delante el bienestar de todos, a corregir a costo presente las desviaciones y los abusos del poder que desborden los cauces constitucionales. Eso quiere la sociedad, eso nos manda la Constitución y eso, nada más eso, haremos.

El presidente de la Suprema Corte recordó que Juárez restauró la institución a la que hoy pertenece, que sigue obligada a ser garante de los derechos de todos y con ello, factor decisivo de la unidad nacional, mediante la aplicación respetuosa de la ley.

Ante los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de la Marina, Mariano Saynez, así como del presidente del Senado, José González Morfín, y familiares del Benemérito de las Américas, Juan Silva Meza dijo que una de las lecciones del juarismo es sacrificar lo que sea necesario: los intereses personales, partidistas, políticos y económicos, para así, desde la Constitución y la ley, proteger y ponderar entre todos los derechos de todos.

Expuso que en el Poder Judicial se quiere que imperen los valores y principios constitucionales. Estamos conscientes de que el valor social de largo plazo es la justicia, basada siempre en la Constitución y las leyes. Lo civilizado y lo correcto, es construir un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos humanos de nadie.

Secuelas de un montaje

Violó derechos de la francesa y afectó las instituciones

Penalistas instan a Calderón a remover a García Luna de la SSP

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 22 de marzo de 2012, p. 4

El Colegio Nacional de Abogados Penalistas, que agrupa a unos 3 mil especialistas en el país, sostuvo este miércoles que el pronunciamiento de cuatro de cinco ministros acerca de que hubo violaciones a los derechos de Florence Cassez durante su captura y la fase inicial de la averiguación previa, obligan al Presidente de la República a remover del cargo, de inmediato, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, y ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se inicie una averiguación previa por los delitos en que pudo incurrir al alterar evidencias, inducir testimonios y violentar las garantías constitucionales de Cassez.

En entrevista con La Jornada, Jorge Reyes Peralta, presidente del colegio, refirió que, independientemente de que fuera desechado el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, el presidente Felipe Calderón está obligado a deponer a García Luna, porque además del agravio a las garantías de Cassez se afectó el prestigio de las instituciones; fue un agravio a escala internacional.
Elogió el proyecto elaborado por el ministro Zaldívar, en el que proponía la absoluta libertad de la ciudadana francesa, por haberse envenenado el proceso con el montaje televisivo orquestado por García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pues ponía en evidencia los problemas del sistema de procuración de justicia que afectan a México.

Explicó que el proyecto de Zaldívar fue desechado porque no alcanzó mayoría y, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presidente de la primera sala debe turnar (el caso) a otro ministro para que formule un nuevo proyecto de resolución que tome en consideración las exposiciones hechas durante las discusiones de ayer, y someterlo a votación.

Destacó que “ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y fundamentales de Cassez, la primera sala de la Corte ha dejado en claro que sí se violentó la ley, lo que vició las actuaciones de averiguación previa y pone en evidencia la ineficacia del Ministerio Público de la Federación.

Con la apreciación del más alto tribunal del país es incuestionable que, lejos de prestar ayuda a las víctimas, la PGR prefirió engañarnos como sociedad creando la percepción de que en México se combaten los delitos con eficacia y respeto a los derechos fundamentales, siendo todo lo contrario.

Suprema Corte-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Justicia impresentable

 

      Ayer, por mayoría de tres votos contra dos, los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la liberación de Florence Cassez –sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro–, como proponía el dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. Ante la negativa, la resolución sobre el amparo solicitado por la defensa de la acusada quedó en suspenso, y corresponderá a la ministra Olga Sánchez Cordero presentar, en semanas o meses próximos, un nuevo proyecto de dictamen.

Más allá del resultado de la discusión judicial de ayer, en el curso de la misma se hizo manifiesta la situación de catástrofe que atraviesa el sistema de justicia en el país. El reconocimiento, por cuatro de los cinco ministros de la primera sala, de atropellos diversos a los derechos de la inculpada durante su detención y durante el proceso en su contra es un golpe demoledor a la cadena de instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y salvaguardar el estado de derecho: desde los funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), que escenificaron la falsa captura de Cassez y violentaron sus derechos a la asistencia consular y a ser presentada ante el Ministerio Público, hasta los juzgadores que avalaron dicha práctica y dieron curso a un proceso judicial viciado de origen.
En un pleno estado de derecho, las irregularidades mencionadas ni siquiera habrían tenido lugar. Sólo en el contexto de una legalidad bastante imperfecta sería concebible y explicable que los atropellos cometidos por la AFI, la PGR y los jueces hubiesen pasado tantos años sin ser investigados y sancionados. Por desgracia, en el México contemporáneo las perspectivas de esclarecimiento y de castigo por estas faltas han sido nulas hasta ahora, y antes bien se ha premiado a los responsables, si se toma en cuenta el papel protagónico que ocupa el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna –quien al momento de la detención de Cassez se desempeñaba como director de la AFI–, en el gabinete presidencial y en el diseño y aplicación de la contraproducente estrategia de seguridad en curso.
Ante tal circunstancia, el mero reconocimiento por los magistrados del máximo tribunal de los vicios policiales y judiciales detectados en el caso Cassez resulta insuficiente, sobre todo porque distan mucho de ser aislados: los abusos, las violaciones a garantías fundamentales, la distorsión de pruebas, lugares y testimonios, el uso faccioso de la ley, la conversión de las procuradurías en instrumentos de golpeteo político y la fabricación de culpables forman parte de un deterioro estructural de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

No resulta ocioso preguntarse cuántos reclusos y reclusas enfrentan actualmente sentencias derivadas de procesos tanto o más irregulares que el de Cassez, sin posibilidad de acceder a los reflectores mediáticos y a la proyección internacional que tuvo la ciudadana francesa, y qué porcentaje de la población penitenciaria del país habría podido apelar a la liberación inmediata como resultado de esas irregularidades, en caso de que el proyecto de Zaldívar hubiese prosperado.

Lo menos que cabría esperar, una vez que cuatro de los cinco ministros de la primera sala han aceptado la comisión de graves faltas de autoridades policiacas y judiciales, es que éstas sean debidamente investigadas y los responsables sancionados conforme a derecho.

Al desaseo exhibido por las deliberaciones del caso Cassez en el máximo tribunal del país ha de agregarse la inaceptable intromisión del Ejecutivo federal en los asuntos del Poder Judicial para que sus máximos exponentes rechazaran la liberación de la sentenciada. El reclamo lanzado ayer por el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, al Ejecutivo federal, de que ese organismo está obligado a garantizar el derecho de todos y de que la ley no puede cumplirse a capricho constituye una respuesta procedente y necesaria al comportamiento del gobierno federal en lo que toca al caso comentado, pero también una contundente descalificación al desempeño de la actual administración durante el último lustro en materia de justicia.

En suma, con independencia del derrotero que tome el caso Cassez en semanas y meses próximos, la discusión de ayer dio cuenta de la descomposición de una institucionalidad que ha perdido el sentido de apego a la ley y de la moral pública, que ha quedado exhibida por su turbiedad y por las desviaciones a la legalidad con que se conduce, y que se ha vuelto un factor de desaliento y cinismo y en una faceta impresentable de México ante el mundo.