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Astillero

Debatir sobre el petróleo

Respeto a la firma de FC

Tenorio, sobre Bartlett

DF: suciedad múltiple

Julio Hernández López

SOBERANÍA. Luego de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano montó una guardia de honor, ayer en el Momumento a la Revolución, en memoria de su padre –el general Lázaro Cárdenas del Río– por la expropiación petrolera, un ciudadano no identificado se sumó al homenajeFoto María Meléndrez Parada

 

     Sin necesidad de dar por inaugurado un debate formal, la contienda por la Presidencia de la República cuenta ya con un punto sustancial de trascendente confrontación de ideas: el petróleo, su uso y destino, a partir de lo declarado ayer por los principales actores políticos.

De un lado están alineados, con matices secundarios, el panismo calderonista y el priísmo peñasalinista. Del otro está la muy volátil configuración de la izquierda electoral encabezada por el lopezobradorismo moreno.

La derecha considera imprescindible abrir a capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, diversas franjas de operación del gran negocio de la principal riqueza nacional. El calderonismo lo hace desde una posición que ya ha cerrado tratos con firmas extranjeras y que insiste en profundizar la relación de socios con empresas de Estados Unidos. El peñasalinismo acepta lo hecho por el panismo gobernante y a su vez teje opciones a futuro con la esperanza de dar continuidad a tales expectativas de dependencia pero bajo enfoques y arreglos hechos por el priísmo en caso de llegar a Los Pinos.

Ante esas maniobras privatizadoras debería considerarse como casi única posibilidad de freno una izquierda que ya en el pasado logró posponer los apetitos del calderonismo, que calculadoramente han resurgido en el periodo electoral bajo el disfraz pionero de los acuerdos binacionales para explotación de yacimientos transfronterizos.

Pero esa misma izquierda se enfrenta hoy a las necesidades de atemperamiento a que le obligan las aspiraciones electorales y al pago de altísimos intereses para recuperar algo de la imagen de legalidad e institucionalidad que le fue arrebatada por una campaña de difamación a lo largo de los seis años anteriores. Ahora mismo, el propio López Obrador ha anunciado que respetará los convenios que ha firmado el calderonismo con empresas privadas locales y extranjeras para que trabajen directamente en exploración y explotación de campos petroleros (nota de Enrique Méndez en La Jornada), pero con el cambio se va a poner un hasta aquí y no se concederán nuevos, porque se hará valer puntualmente el artículo 27 de la Constitución.

Justo y necesario será que se continúe con el debate público sobre el petróleo y su función respecto del desarrollo nacional, a partir de las dos posiciones en pugna. También importante será que la izquierda electoral defina si se tienen ya por aceptados los pasos de privatización dados por el calderonismo y solamente queda como expectativa de corrección el triunfo en las urnas en julio próximo.

En ¿otro? tema: Antonio Tenorio Adame, luchador de izquierda de toda la vida, quien fue candidato del PRD a gobernador de Puebla en 1992 contra Manuel Bartlett Díaz, hoy opina de la candidatura a senador de éste y de la presencia de Manuel Camacho Solís en la izquierda electoral: Creo que se atenta contra la memoria de la democracia, se desvanece su legitimidad de origen, y se destruye la responsabilidad de quienes cometieron los ilícitos contra, principalmente, las víctimas de los 500 asesinatos de luchadores sociales. Se desvanece la frontera del cambio político que derrumbó al autoritarismo presidencial cesarista.

No coincide Tenorio con la idea de la congruencia y la evolución del ex secretario de Gobernación y del ex regente de la ciudad de México, pues este caso no es de percepción, porque sólo quedaría encapsulado en el entorno electoral: se trata de no destruir un tramo de la historia política que fue fundamental en el cambio político. No destruir el origen. Donde ambos personajes, MCS y MBD, actuaron al unísono no sólo para obstaculizar un triunfo electoral, que fue sembrado en la duda, sino para distorsionar la limpia de la votación; asimismo, impedir el reconocimiento de un agrupamiento político emergente (el encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas) como el constructor de la nueva democracia. Por el contrario, acercaron la alianza de un partido de derecha que se encontraba como tercera fuerza, para cohabitar en el golpe al liberalismo nacionalista e imponer la globalización salvaje del TLC.

Panistas y perredistas de la ciudad de México han tenido a bien mostrar una parte de sus prendas sucias a la hora de batallar en busca de candidaturas a puestos de elección popular. La tradición de contiendas internas realizadas con aceptable limpieza entre miembros del partido de blanco y azul ha devenido en vergonzosa lucha entre el lodo a partir de que esa bandería llegó al poder en el plano federal, sobre todo en el periodo de pragmatismo extremo que inauguró Felipe Calderón. Ahora se multiplican las acusaciones relacionadas con el amplio catálogo de delincuencia electoral que antaño los panistas reprochaban al PRI.

Todo un caso ha resultado ser el de Jorge Romero, miembro destacado del grupo que encabeza la poderosa primera prima del reino de Los Pinos, Mariana Gómez del Campo, con quien ha mantenido una relación estrecha. Romero consiguió ayer un primer resultado favorable en la búsqueda de la candidatura a la jugosísima delegación Benito Juárez, donde se han fabricado fortunas personales y se ha contribuido a campañas de otro nivel a partir de actos de corrupción en materia de concesiones y permisos de construcción, entre otros rubros. Otro ejemplo de guerra interna sin cuartel se ha dado en la delegación Miguel Hidalgo, donde (¡si Trotsky viviera!) Ricardo Pascoe, quien fue miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue acusado de manipulaciones graves para dar continuidad al grupo encabezado por Demetrio Sodi, cuya adscripción partidista más reciente es la del panismo.

Del lado del sol azteca, las pugnas entre corrientes internas han tenido expresiones de violencia menor en el consejo político realizado a fines de la semana pasada. René Bejarano, el incombustible jefe clientelar, ha enfrentado a opositores que le reprochan lo mismo que ellos, y todos, practican, convertida la guerra por posiciones en una exhibición de la pobreza ideológica y la voracidad presupuestal. ¡Hasta mañana!

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Lealtad, transparencia y justicia

John M. Ackerman

 

      México no progresará hasta que los funcionarios públicos de alto nivel sean nombrados con base en su conocimiento, experiencia y honestidad, en lugar de su lealtad personal al jefe en turno. El actual desastre nacional es resultado directo del sectarismo, amiguismo y falta de visión de Estado que han caracterizado los nombramientos de Felipe Calderón desde el principio de su sexenio.

Hoy un médico ineficaz dirige la Secretaría de Educación Pública, un economista inexperto la Secretaría de Salud, un académico gris la Secretaría de Gobernación y un contador terco la Secretaría de la Función Pública, para mencionar solamente algunos ejemplos. Aquellos integrantes del gabinete que han logrado fama, como Juan Molinar Horcasitas, Alonso Lujambio y Javier Lozano, no lo hicieron gracias a su capacidad, sino por su beligerancia y falta de ética y profesionalismo. Pero el ejemplo más claro de que no existe un contexto de exigencia con respecto a resultados concretos en el gobierno actual es la permanencia de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Es a todas luces inaceptable que este funcionario siga en su puesto a pesar de su contundente fracaso en garantizar la seguridad de los mexicanos, así como su grosera falta de respeto a los derechos humanos de la población.
Pero al parecer no le importa a Calderón el desempeño de sus empleados, sino únicamente su servilismo y fidelidad. Recordemos las palabras desmedidas de Roberto Gil Zuarth a la hora de dejar la secretaría particular de la Presidencia de la República: “Quiero ser como usted, señor Presidente… debemos dar gracias de que la mano invisible de Dios nos dio al mejor Presidente”. Asimismo, el extraño comportamiento del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el caso de Florence Cassez solamente se puede entender como un pago de factura a Calderón y el PAN por el apoyo a su nombramiento como titular de la CNDH.
No sorprende entonces que Calderón ahora busque colocar a Gerardo Laveaga como comisionado en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Laveaga ha fungido como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), principal órgano gubernamental a cargo de la profesionalización de los policías en el país, desde 2001, y ha sido sumamente leal a Calderón. Recordemos, por ejemplo, el papel que jugó el año pasado como golpeador mediático de oficio contra los más de 20 mil ciudadanos mexicanos que presentaron información sobre la crisis humanitaria que se vive en el país a la Corte Penal Internacional en La Haya.
Como titular del Inacipe desde hace más de una década, Laveaga es también directamente responsable del hecho de que los montajes mediáticos, la fabricación de culpables y la falta de respecto al debido proceso hoy son la norma en materia de procuración de justicia. Llama la atención, por ejemplo, que el viernes pasado el Inacipe haya organizado una mesa redonda sobre el caso Cassez, donde todos los ponentes descalificaron el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar.

Solamente el senador más ciego, o leal a Calderón, podría imaginar que Laveaga cumpla con los requisitos legales para ser nombrado comisionado del Ifai. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala claramente que los comisionados deben haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta ley (artículo 35, IV). El problema es que, aparte de su cuestionable desempeño como titular del Inacipe, Laveaga no cuenta con experiencia alguna en el ámbito de la transparencia gubernamental.

El único texto que el funcionario ha publicado sobre la materia (Los límites de la transparencia: http://bit.ly/zDgO3G) es una vil apología de los constantes esfuerzos de la PGR por utilizar artimañas jurídicas para incumplir las resoluciones del Ifai. En el ensayo, Laveaga también demuestra enorme intolerancia hacia los que piensan diferente, al llamar fundamentalistas a quienes consideran que el gobierno debería divulgar versiones públicas, excluyendo datos personales, de las averiguaciones previas terminadas.

La buena noticia es que Calderón aparentemente cometió un enorme error, visto desde su muy particular lógica de poder, en uno de los nombramientos más importantes de su sexenio. A finales de 2009, incluyó a Zaldívar en una de las ternas enviados al Senado para seleccionar un nuevo ministro de la SCJN. Pero en lugar de actuar como un político y devolverle el favor al Presidente, en la mayoría de los casos Zaldívar se ha comportado de manera autónoma y actuado con base en sus principios.

Fue Zaldívar quien redactó la nueva tesis de la primera sala de la SCJN que confirma la inatacabilidad de las resoluciones del Ifai y así cierra la puerta a las evasivas de la PGR. Es también Zaldívar quien ha redactado un proyecto de sentencia ejemplar en el caso Cassez. Este caso no es menos que el equivalente al histórico caso Miranda, que en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, revolucionó el debido proceso y ayudó a empujar a los policías a investigar en lugar de torturar, presionar y exhibir a sus detenidos. Bien necesitan aprender urgentemente la misma lección los policías mexicanos, y García Luna en particular.

La propuesta de Laveaga para el Ifai constituye la contracara de las presiones que ha ejercido el Ejecutivo sobre la SCJN en el caso Cassez. En ambos casos, Calderón privilegia la lealtad personal por encima del bienestar general. Pero tanto el Senado como la SCJN tienen hoy la oportunidad de poner un alto al autoritarismo y sectarismo presidencial, así como defender la división de poderes y los principios democráticos que tanto ha costado construir al pueblo mexicano.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

La solución-Magú

magu@jornada.com.mx

El cambio: tomadura de pelo

Iván Restrepo

 

     El lunes pasado, en su siempre bien documentada columna, Carlos Fernández-Vega se remitió a las cifras oficiales para mostrar hasta qué punto la mejoría en las condiciones económicas de la población que tanto proclama el segundo gobierno del cambio no dejan de ser una tomadura de pelo. Comenzando con el aumento que registran desde años atrás los productos que integran la canasta básica y que supera por mucho el de los salarios y el índice inflacionario. Y añadiendo que los precios de esos productos básicos se ha disparado, entre otras cosas, por las erróneas y tardías políticas para enfrentar lo mismo la sequía, que las heladas o las lluvias abundantes, todo lo cual ha resultado en la disminución de la producción agropecuaria.

Mientras, los funcionarios aseguran en sus mensajes y en la machacona publicidad oficial que el abasto de alimentos está garantizado y a precios accesibles y que la producción agropecuaria es todo un éxito. Pero se amontonan las quejas por la pérdida de cosechas, la falta de auxilio suficiente y oportuno para las áreas siniestradas y el burocratismo para entregar los apoyos prometidos. Y como lo que se produce internamente no alcanza para cubrir la demanda (pero no todas las necesidades de la población), el gobierno trae de fuera lo que falta, adquiriéndolo en un mercado que se distingue por el aumento de los precios y la especulación internacional. Fernández Vega calcula que las masivas importaciones de arroz, maíz, leche, pescado, azúcar, trigo, carne, frijol, pollo, pueden ascender en el segundo sexenio del cambio a más de 100 mil millones de dólares. Sólo el año pasado se importaron alimentos por más de 23 mil millones de dólares.
En un país con 7 millones de hectáreas de riego, con una zona marítima de 3.5 millones de kilómetros cuadrados, con centenares de ríos y lagunas, que contiene una riqueza incalculable y diversa en especies para consumo humano, con extensas zonas de pastizal, importamos, sin embargo, parte apreciable del consumo básico de la gente. Hasta pescado y carne. Cabe señalar que la actividad pesquera del país apenas genera 0.2 por ciento del producto interno bruto, pese a que es un renglón fundamental para obtener alimentos con alto contenido de proteína para consumo humano. Y que, junto con la acuacultura, la pesca debía ser palanca básica para lograr la seguridad alimentaria, generar más empleos (en especial en la zona costera) y obtener divisas.

Cuando el país dispone de la suficiente infraestructura para lograr la autosuficiencia alimentaria y hasta exportar productos de alta demanda en los mercados globales, los dos gobiernos panistas se encargaron de enterrar las políticas en dicha materia que ya venían averiadas desde los últimos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Hoy somos más dependientes de los grandes mercados internacionales, controlados por unas cuantas potencias y trasnacionales.

Con los más de 100 mil millones de dólares gastados este sexenio en traer alimentos de fuera, México hubiera podido llevar a cabo una amplia política agropecuaria para dar empleo a los miles de campesinos que hoy migran a las ciudades o el exterior con tal de obtener trabajo, ingreso para ellos y sus familias. Con el agravante de que son jóvenes la mayoría de quienes dejan el sector rural. Y si éste no presenta problemas mucho mayores se debe a las millonarias remesas en dólares que a sus familias envían cada año quienes laboran en Estados Unidos y Canadá.

Han faltado políticas para rehabilitar las áreas de riego y buen temporal y conservar los suelos. Igual ausente otra para diversificar las fuentes de empleo. Como muestran la experiencia y la ciencia económica, el empleo rural productivo y las inversiones en infraestructura agropecuaria tienen un efecto multiplicador sobre el resto de la sociedad, desde la industria hasta los servicios. Y de manera significativa, en elevar la calidad de vida del sector más urgido de apoyo y que es clave en la tarea de conservar el ambiente y recursos naturales tan fundamentales como el agua y el bosque.

El sexenio del empleo se encamina a su fin y nos deja con más dependencia del exterior en alimentos y con un sector agrario en crisis.