El debate para legalizar las drogas alza vuelo en América Latina- Clase Política- Caso Cassez: intromisión indebida

El debate para legalizar las drogas alza vuelo en América Latina

Ethan Nadelmann*

Labores antidrogas en la sierra de Guerrero. Un militar en un cultivo de amapola, la semana pasadaFoto Víctor Camacho

 

    Algo increíble pasa en América Latina. Después de ser brutalizados por décadas por la fallida prohibición de las drogas, impuesta por el gobierno estadunidense, líderes latinoamericanos están diciendo basta ya. Están exigiendo alternativas políticas que puedan reducir la delincuencia, la violencia y la corrupción en sus países, e insistiendo que la despenalización y la regulación de las drogas sean puestas sobre la mesa.

El nuevo presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, está aportando un liderazgo muy importante. Como político conservador y ex general de ejército, tiene una credibilidad con que otros no cuentan. Cuando comenzó a hablar públicamente sobre la necesidad de pensar en nuevas políticas sobre drogas, incluyendo la legalización, muchos pensaron que era sólo una táctica para conseguir más apoyo económico y militar de Estados Unidos (EU). Pero ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región que su llamado es verdadero. Dentro de Guatemala, su propuesta ha sido elogiada por diversas voces, como líderes empresariales, el arzobispo Óscar Julio Vian y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dall’Anese.

El presidente Pérez Molina envió a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, a un recorrido por los países vecinos en busca del apoyo de los demás presidentes centroamericanos para iniciar una discusión sobre políticas de drogas alternativas para la región. La mayoría manifestó estar de acuerdo con unirse al diálogo (asimismo ayudó que la secretaria de Seguridad Nacional de EU estuviera de gira también por la región intentando persuadir a los líderes con infundados alegatos de que la guerra contra las drogas está funcionando). Ahora los presidentes han acordado reunirse en Guatemala el 24 de marzo para debatir ampliamente el tema.

Mientras, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien había intentado iniciar el debate, y que vio frustrado su interés por la falta de apoyo de los líderes de la región, parece estar reanimado por la iniciativa del presidente guatemalteco. Se reunió recientemente con los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Felipe González (España) para discutir la mejor manera de plantear el tema durante la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena, durante abril.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, también parece estar más dispuesto a involucrarse en el creciente debate. Tras haber batallado durante toda su presidencia contra las organizaciones criminales, cuya fuente principal de ingresos es el narcotráfico a EU, tiene mayor autoridad moral que nadie para proponer que se tome un nuevo camino. Y nadie conoce mejor la dificultad de alcanzar la victoria en una guerra contra lo que es esencialmente un dinámico mercado global, especialmente cuando se tiene de vecino al consumidor más grande del mundo. Calderón inició el debate cuando comentó que EU debía considerar alternativas de mercado si no puede reducir su demanda de drogas. Poco después se unió con los gobiernos de América Central y los presidentes de Colombia, República Dominicana y Chile para emitir la Declaración de Tuxtla, que dice que si no se puede disminuir la demanda de las drogas ilegales, las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a ese propósito.

Los llamados para una reforma a las políticas de drogas están proliferando rápidamente en México. El predecesor de Calderón, Vicente Fox, no tiene problema en decir que la legalización es la mejor forma de afrontarlo. El predecesor de Fox, Ernesto Zedillo, se unió al ex presidente brasileño Cardoso y al ex presidente colombiano César Gaviria en organizar, en primer lugar, una comisión sobre políticas de las drogas en América Latina y posteriormente una a escala mundial, ambas abogando por grandes reformas en las políticas de drogas, incluyendo una regulación efectiva de la mariguana, y también por romper el tabú de considerar todas las opciones para políticas de drogas, incluida la regulación legal.

Ahora los líderes empresariales de Monterrey y la ciudad de México, conscientes del creciente poder de las organizaciones criminales, están uniéndose al debate, con recursos y apoyo a la legalización de alguna u otra forma. Y, desde la izquierda, Javier Sicilia, el influyente poeta convertido en líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, está diciendo prácticamente lo mismo.

No es entonces sorpresa que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, anunciara en una reunión de la asamblea parlamentaria europea-latinoamericana el pasado febrero que su gobierno ahora apoya un debate sobre la legalización.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, anunció este viernes que los presidentes Calderón y Santos habían sido invitados a una reunión este 24 de marzo en Guatemala, a la cual pretenden asistir.

Todo esto representa un gran dilema para el gobierno estadunidense. Cuando el vicepresidente Biden visitó la región hace poco, aclaró que el presidente Obama se opone firmemente la legalización, pero también reconoció, como Obama en 2011, que es un tema legítimo para ser debatido. Esta declaración fue modesta pero importante, al menos porque envía un mensaje claro a otros funcionarios estadunidenses, de que el rechazo total a cualquier discusión sobre el tema, como se ha hecho hasta ahora, ya no es necesario. Eso fue evidenciado recientemente cuando el secretario asistente de Relaciones Públicas del Departamento de Estado, Mike Hammer, afirmó que estamos dispuestos a discutir el tema para expresar nuestra opinión en tanto no la vemos como la mejor manera de solucionar el problema. Es un tema serio y no nos negamos a discutirlo. Nuestra posición, sin embargo, es muy clara. Los medios latinoamericanos rápidamente notaron el cambio de tono de Washington.

Esto representa un giro dramático en el debate regional, y potencialmente global, sobre las políticas sobre drogas. En América Latina, los actuales presidentes están tomando la batuta de los ex presidentes en el llamado a debatir una nueva política con todas las opciones sobre la mesa. Respetados intelectuales como Carlos Fuentes y Enrique Krauze, en México; Sergio Ramírez, en Nicaragua, y Mario Vargas Llosa, en Perú, están manifestándose en favor. De igual forma lo están haciendo distinguidos ex funcionarios de gobierno, líderes de negocios, medios y de las artes.

El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su impulso frente a los esfuerzos vigorosos de EU –tras bastidores– de silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está en favor de ello. El desafío más importante es dar sustento a sus propuestas de políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier cambio significativo tiene que ser multilateral, y que las grandes reformas necesarias al régimen prohibicionista tomarán varios años o incluso décadas. Tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales en la región están comenzando apenas a considerar seriamente políticas alternativas, reclutando académicos y otros expertos.

Afortunadamente el consenso sobre las drogas dentro de EU también se está debilitando. George Shultz, el ex secretario de Estado (y del Tesoro), y Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, están entre los miembros de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, cuyas recomendaciones en junio pasado abrieron un debate mundial. El ex presidente Jimmy Carter apoyó las recomendaciones de la comisión y el ex presidente Bill Clinton ha externado en repetidas ocasiones que lamenta los excesos en la guerra contra las drogas que libró cuando estaba en la Casa Blanca. Líderes afroestadunidenses que han apoyado la guerra contra las drogas están llegando a la conclusión de que la lucha contra los estupefacientes no reduce la adicción en sus comunidades, pero sí contribuye a encarcelar un extraordinario número de jóvenes.

El apoyo público para legalizar la mariguana entre los estadunidenses crece rápidamente –de 36 por ciento en favor en 2006 a 50 por ciento en 2011, según una encuesta de Gallup. Recientemente, el líder conservador evangélico Pat Robertson sorprendió a gran cantidad de personas afirmando que la mariguana debería legalizarse y ser regulada como el alcohol, y manifestó su apoyo a las iniciativas en los estados de Colorado y Washington, tendientes a la legalización de la mariguana.

El mayor obstáculo por ahora es la resistencia de la administración Obama y el Congreso a cualquier discusión real sobre políticas alternativas. La censura y la autocensura sobre el tema en el gobierno federal es endémica, impulsada por el temor de que cualquier memorando interno, o incluso discusiones verbales, que contengan recomendaciones políticamente inconvenientes, no sólo son poco bienvenidas, sino peligrosas para las carreras de muchos funcionarios. Un resultado de esto será que los representantes del gobierno de EU verán cada vez más reducida su participación en la discusión del tema, en Cartagena y en más foros, armados únicamente con la defensa de las fallidas políticas de EU y privados de cualquier análisis de fondo de las vías que plantearán los demás gobiernos.

La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar, y de eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EU hoy día.

* Director ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA)

Clase Política

Cassez: no hubo violación

Miguel Ángel Rivera

    

    A un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida el futuro de la presunta secuestradora Florence Cassez, reconocidos juristas solicitan a los ministros tomar en cuenta que no hubo violación a los derechos humanos de la ciudadana francesa. En efecto, de conformidad con fallos de la Corte Internacional de Justicia, dar aviso a un consulado de la aprehensión de uno de sus ciudadanos no es un derecho del individuo, sino de la nación a la que pertenece.

En consecuencia, gran parte de la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea carece de fundamento, por basarse precisamente en la supuesta violación de los derechos humanos de Cassez, cuya culpabilidad no parece estar en duda. Uno de los juristas que sostienen esta tesis es el internacionalista Juan de Dios Gutiérrez Baylón, quien no tiene interés personal en el caso, salvo cuidar la imagen de la justicia mexicana.

La cosecha

Difíciles días esperan al nuevo secretario de Educación, José Ángel Córdova Villalobos, pues a más tardar el 15 de mayo deberá haber logrado un acuerdo con el poderoso gremio magisterial –incluidos los militantes del SNTE y de la disidencia afiliada a la CNTE– sobre las condiciones laborales para el próximo ciclo escolar. No obstante, entre su equipo de colaboradores existe confianza en que superará todos los escollos, al grado de señalar que si logró éxito contra la epidemia de la influenza y la obesidad, también lo alcanzará al frente de la SEP. También se recuerda que el presidente Felipe Calderón lo calificó de funcionario capaz de resolver grandes desafíos

La dirigencia del PRI anunció que la diputada local Claudia Brígida Navarrete Aldaco será candidata de la segunda fórmula al Senado por Guanajuato, donde los radicales del PAN impidieron que fuera candidato a gobernador el ahora titular de la SEP. Navarrete sustituye a Bárbara Botello Santibáñez, quien aspira a ser candidata a la presidencia municipal de León.

En esta capital, Javier González Zirión pretende ser candidato de unidad del PRI a la delegación Miguel Hidalgo y, por lo pronto, sumó al también aspirante Enrique Davis, con lo cual el tricolor manda una señal de unidad en esa delegación, que es territorio panista.

El gobierno de Guerrero entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la segunda ampliación del informe sobre las acciones para superar la secuelas de los hechos violentos del pasado 12 de diciembre, luego de una manifestación de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Entre otras acciones, el gobernador Ángel Aguirre Rivero estableció el Plan Integral de Reparación del Daño para las víctimas.

En el estado de México fracasó un nuevo intento de alianza PRD-PAN. El pasado fin de semana, el consejo estatal del PRD autorizó únicamente pláticas con PT y MC, con vistas a una coalición rumbo a la elección para renovar las 125 alcaldías y 45 diputaciones.

riverapaz@prodigy.net.mx

Los tres cochinitos-Magú

magu@jornada.com.mx

Caso Cassez: intromisión indebida

 

     Ayer, al supervisar la construcción de un nuevo penal de supermáxima seguridad que se edifica en Papantla, Veracruz, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado del secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lanzó un mensaje dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referido a la situación de Florence Cassez –juzgada y sentenciada por secuestro, tras una captura en las que la autoridad cometió flagrantes irregularidades–, e inequívocamente crítico hacia el proyecto de resolución elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que se propone poner de inmediato en libertad a la ciudadana francesa en vista de las graves infracciones de procedimiento cometidas por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y por los ministerios públicos que se hicieron cargo del caso.

En una larga alocución sobre el significado de la justicia, Calderón se unió a las presiones ejercidas sobre la SCJN para que ésta rechace la propuesta de Zaldívar y rehúse excarcelar a Cassez.
Con independencia del fondo de lo que se juzga, los señalamientos del político michoacano resultan contrarios al espíritu republicano y a la observancia del principio de la división de poderes. Con todo y lo mal cumplida que fue en este caso, la obligación del Ejecutivo de procurar justicia terminó en el momento en que la ahora sentenciada fue puesta a disposición de un juez y se aportaron las pruebas de su culpabilidad. En lo sucesivo, la impartición de justicia recae en el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, y es por medio de sus instancias formales que el Ejecutivo debe actuar. De otra manera se contamina el funcionamiento institucional del máximo tribunal y se da pie a la sospecha de que se busca encubrir un desempeño policial deficiente e impresentable.
El discurso de Calderón resulta doblemente improcedente si se considera que los recursos de apelación de la sentenciada se han basado en el desaseo en el desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR) y, particularmente, en las escandalosas violaciones a los derechos de los acusados cometidas por la AFI, entonces dirigida por García Luna.
Sin duda, la anulación de la pena impuesta a Cassez, de concretarse, abonaría a la impunidad y lesionaría el derecho de las víctimas a la justicia, pero la responsabilidad de ello no recaería en el máximo tribunal del país, que se limita a evaluar la legalidad o la ilegalidad de los procedimientos, sino en los mandos de la corporación policial que convirtieron a víctimas y victimarios en forzados actores de la televisión privada, la cual, en connivencia con las autoridades, presentó un montaje como si se tratara de una captura en tiempo real. Por eso, cuando Calderón se refirió a la impunidad que podría generarse si la SCJN libera a Cassez, fue inevitable evocar la de las propias autoridades que atropellaron los derechos de los detenidos y de sus víctimas, en lo que parece haber sido un afán publicitario grotesco e ilegal que debió ser esclarecido y sancionado en su momento a fin de evitar que enturbiara los episodios legales siguientes.

Como sabe todo abogado, e incluso los profanos en materia jurídica, la justicia tiene procedimientos que no son meros formalismos desechables, sino garantías de procesos justos y pulcros, cuya inobservancia puede dar pie a la anulación de juicios y de sentencias. Dicho de otra forma, las rendijas para dejar escapar a los delincuentes a las que se refirió Calderón se abrieron, en el caso Cassez, desde el momento mismo en que la autoridad adulteró los hechos y escenarios y atropelló los derechos de los por entonces presuntos secuestradores.

Más aún, el episodio referido prefigura y ejemplifica, a su manera, el escaso respeto del gobierno federal a derechos y garantías de presuntos culpables, y hasta de ciudadanos manifestamente inocentes, en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada que Calderón declaró y que García Luna ha venido ejecutando desde hace más de cinco años. Que dicha guerra se haya traducido en un incremento brutal a las violaciones de los derechos humanos en el país, como denuncia un clamor de organizaciones humanitarias nacionales y extranjeras, fue posible, precisamente, porque la autoridad no ha podido o no ha querido observar la parte de la legalidad que impone reglas, límites y condiciones a la actuación de la fuerza pública, y eso explica, en parte, la inoperancia y los malos resultados de la estrategia de seguridad en curso.