La detención de Florence Cassez.
Foto: David Deolarte
Foto: David Deolarte
Desde hace varios años Genaro García Luna descubrió que podía valerse de la televisión para promover su imagen como súper policía. En este afán no ha estado solo, pues Televisa le ha seguido el juego para elevar su rating y congraciarse con los gobiernos de extracción panista que han cobijado al ahora secretario de Seguridad Pública federal. El caso de Florence Cassez es paradigmático de cómo se montan detenciones espectaculares y se manipulan escenarios, aunque ello implique pisotear los derechos de los presuntos delincuentes.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un falso secuestrador asesinado por agentes de la AFI en 2002; una indígena otomí presentada con engaños como secuestradora de seis agentes de la AFI en marzo de 2006; un pastor aeropirata que nunca tuvo explosivos ni amenazó a los pasajeros, capturado ante las cámaras de televisión por Genaro García Luna en septiembre de 2009; unos reporteros de Televisa y Grupo Milenio falsamente rescatados por la Policía Federal en julio de 2010, y el montaje del caso del futbolista Salvador Cabañas para inculpar al gerente del Bar-Bar, en función de los intereses de Televisa.
Estos son, entre decenas de otros ejemplos, los casos más significativos de “recreaciones”, invenciones o reality policiacos orquestados entre Genaro García Luna, exjefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la empresa Televisa, con el aval de los dos presidentes de la República de extracción panista.
Antes y después del caso de la francesa Florence Cassez, los agentes bajo las órdenes de García Luna se especializaron en “manejo de escenarios” y de recreaciones para transmitirlos en televisión, especialmente en la pantalla de Televisa, la de mayor audiencia e impacto político.
No fueron simples errores o excesos telegénicos para promover los logros y la figura de García Luna. Constituyen un modus operandi que ha dependido del contexto y de las necesidades políticas tanto de los gobiernos federales como de la SSP. Pese a los montajes, la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad no han disminuido.
Montajes: utilidad política y “rating”
Juan Manuel Magaña, exjefe de Información de la emisión de Primero Noticias, conducida por Carlos Loret de Mola en el canal 2 de Televisa, reflexiona a la luz de la discusión en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Cassez:
“Esta situación me llevó a entender que los casos policiacos en televisión siempre tenían una motivación, que no eran solamente periodísticos. Cuando sucedió el caso de Florence estaba el foco del escándalo de Marta Sahagún y las cuentas de sus hijos en la Cámara de Diputados.
“Había también otra motivación: era diciembre de 2005 y Calderón era ya candidato presidencial del PAN. Había un interés de García Luna por permanecer.”
–En esos días también se dio la aprobación fast track de la Ley Televisa en la Cámara de Diputados –se le recuerda.
–Así es. El 1 de diciembre se aprobó la ley en San Lázaro y Diego Fernández de Cevallos presionaba a los senadores para que la aprobaran.
Exjefe de Información del noticiario de Loret de Mola hasta el 15 de mayo de 2009, cuando decidió renunciar al equipo de Primero Noticias, Magaña admite que los asuntos policiacos ya tenían “un lugar” en las transmisiones televisivas, sobre todo para generar rating.
Sin embargo, en transmisiones en vivo de supuestos rescates, como en el caso de Cassez, Magaña asume que existían intereses y presiones “extraperiodísticas” provenientes de los altos mandos de la televisora y del gobierno federal.
–¿Qué tanto influyó en su decisión de retirarse de Televisa el caso de los montajes?
–Hasta que salió la resolución del ministro Zaldívar me di cuenta de cuáles son los efectos de lo que nosotros asumíamos que eran ciertos excesos, “travesuras condenables” en las transmisiones de la televisión, pero que generaban rating.
“Hay andamios y decisiones que tú no ves desde el trabajo cotidiano. Para mí, el caso Cassez ese día fue una orden más. Los asuntos de edición de cada mañana podían ser 150. Sí me extrañó que le dedicaran más de los cuatro o seis minutos que debían ser.
“Entonces pensé: ‘estamos otra vez en el amarillismo’, pero también hay cosas psicológicas en juego. Tú crees lo que te dice la producción, que se trataba de una detención real. En ese momento también creí: ‘bueno, bueno, déjenlo correr’.”
Al revisar la transmisión de ese día, Magaña se percató de que había una secuencia donde la imagen de las víctimas se borraba en la pantalla. Técnicamente se conoce como blur, o “imagen blureada”, es decir, borrada en la pantalla. Así le hicieron al excoordinador de la bancada del PAN Santiago Creel cuando Televisa se molestó por la aprobación de la reforma política de 2007.
–¿Se puede hacer esto en una transmisión en vivo?
–Sólo es posible en posproducción.
–¿Eso significa que ciertas imágenes pudieron grabarse con antelación?
–Eso lo tiene que determinar un experto. Significaría que sobre la recreación hubo un montaje en posproducción.
Entrevistado por Carmen Aristegui en MVS Radio el miércoles 21, el mismo día de la deliberación de la Primera Sala, Magaña dice que hasta ahora no se ha enfrentado a ninguna reacción por parte de Televisa ni de Loret de Mola.
“El proyecto del ministro Zaldívar y la opinión de otros cuatro ministros indica que en el montaje había una intención: presentar a Cassez como responsable del secuestro. En la televisión, la intención es el mensaje, pero hubo más intenciones y esto te lo explica el contexto. Ahí estaban la Ley Televisa y el caso de los hijos de Martha”, apunta.
Falsedades
En 30 de marzo de 2002, en vísperas de las negociaciones entre Televisa y el gobierno de Vicente Fox para congelar una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, la AFI y la PGR informaron que una investigación minuciosa los condujo a la detención de Guillermo Vélez Mendoza, miembro de la banda de secuestradores conocida como Los Ántrax.
El mismo día que atraparon con engaños a Vélez Mendoza, los policías dejaron huir al auténtico líder de la banda, Jaime Orozco. A su padre, Guillermo Félix Vélez Pelayo, le informaron el 31 de marzo que su hijo había fallecido en el interior de un vehículo oficial “de muerte natural por causas desconocidas”.
Vélez Pelayo no tuvo acceso a los detalles de la averiguación previa PGR/UEDO/083/2002. Cuando le entregaron el cuerpo de su hijo observó que tenía múltiples lesiones. Presentó una denuncia de hechos ante la procuraduría capitalina por posible tortura, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Acusó a la Dirección de Comunicación Social de la PGR de mal manejo de la información al acusar a su hijo de ser el cerebro de una banda de secuestradores, pese a que en la averiguación previa PGR/UEDO/186/2001 no había elementos para acreditar el señalamiento.
En su recomendación 12/2002, del 14 de mayo de 2002, la CNDH acreditó que Vélez Mendoza fue sacado de su domicilio mediante engaños; que existieron contradicciones entre lo manifestado por los agentes de la AFI y lo expuesto por las supuestas víctimas del secuestro. Por ello, la comisión recomendó que se ampliara la vista a la Contraloría Interna de la PGR en contra de seis agentes de la AFI, entonces bajo las órdenes de García Luna.
Para salvarse del escándalo, la AFI obligó al verdadero líder de los Ántrax, Jaime Orozco, a declarar ante las cámaras televisivas que Guillermo Vélez Mendoza era su cómplice. Al rendir su declaración ministerial, Orozco no ratificó su acusación. La familia Vélez le ganó un juicio a la PGR para que enmendara la memoria del joven asesinado y pagara una indemnización económica.
Jacinta
El 3 de agosto de 2006, en pleno conflicto poselectoral, Jacinta Francisco Marcial, una indígena otomí de Santiago Mexquititlán, fue llevada con engaños por agentes de la AFI a la ciudad de Querétaro. Le ofrecieron el pago de unas mercancías que el 26 de marzo de 2006 le robaron seis elementos de la misma agencia.
Para su sorpresa, Jacinta fue presentada ante los medios de comunicación como responsable, junto con otras dos mujeres, del secuestro de seis agentes de la AFI. El 19 de diciembre de 2008 fue condenada a 21 años de cárcel y al pago de una multa de 2 mil días de salario mínimo. Sus supuestas cómplices, Alberta Alcántara y Teresa González, también fueron enjuiciadas y encarceladas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asumió su defensa legal. Los abogados demostraron que Jacinta había sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia vulneraron sus garantías procesales. Nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia.
Gracias a la presión nacional e internacional, Jacinta fue liberada el 16 de septiembre de 2009 tras permanecer encarcelada injustamente durante tres años.
Falso aeropirata
El 9 de septiembre de 2009, en vísperas de la discusión en Estados Unidos sobre el recorte de fondos del Plan Mérida entregados a la SSP y a la PGR, García Luna apareció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para presumir que un espectacular operativo permitió capturar a Josmar Flores Pereira, un pastor de origen boliviano que “secuestró” ese día el vuelo 576 de Aeroméxico, procedente de Cancún.
Según el titular de la SSP, el objetivo del aeropirata era llamar la atención de las autoridades federales de la inminente llegada de un “devastador terremoto” que ocurriría en México. La fecha era un signo cabalístico (09-09-09) que se traducía en el 666, es decir, el símbolo de “La Bestia” o Satanás en lenguaje apocalíptico.
García Luna presumió que la AFI “rescató” a los rehenes y detuvo al predicador.
Días después, los pasajeros del vuelo, entre ellos el diputado federal Hernán Villatoro Barrios, desmintieron la versión de las autoridades policiacas. Dijeron que nunca vivieron nada parecido a un “secuestro” o incidente. Los supuestos cómplices del pastor boliviano eran pasajeros que fueron esposados de manera arbitraria por elementos de la Policía Federal.
Pese a todo, en mayo de 2011 la juez federal Taisa Cruz sentenció al falso aeropirata a siete años de prisión y al pago de una multa de 10 mil 905 pesos por afectaciones a la aerolínea.
Los reporteros “rescatados”
El 31 de julio de 2010, García Luna volvió a protagonizar un enlace en vivo desde las instalaciones del hangar de la Policía Federal. Ofreció una conferencia de prensa ante 32 cámaras de televisión.
Leyó un comunicado para anunciar que luego de “un intenso trabajo de inteligencia”, la dependencia a su cargo rescató a Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa Torreón; a Javier Canales, reportero de la empresa Multimedia, y a Héctor Bordoa, reportero del programa Punto de Partida, conducido por Denisse Mercker en Televisa.
Los reporteros habían sido secuestrados por presuntos sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán cuando cubrieron un motin en el penal de Gómez Palacio, Durango, cinco días antes, el 26 de julio. El grupo criminal los retuvo con la intención de obligar a Televisa y a Grupo Milenio a difundir videos en los que acusaban a las autoridades del penal de estar aliadas con Los Zetas.
La versión de Genaro García Luna fue espectacular:
“Cuando llegó la Policía Federal acordonó el área donde estaba la casa de seguridad, se localizó a los compañeros reporteros y como primer objetivo de seguridad a ellos, para que no fueran blanco de disparos o de alguna agresión.”
Algo se salió del guión. La versión de García Luna no coincidió con la de Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho y jefe de la División de Seguridad Regional, quien afirmó en entrevista televisiva que los reporteros desarmaron una ventana para escapar, y a las seis de la mañana ya en plena calle se encontraron con los agentes policiacos.
Días después, Alejandro Hernández relató en el noticiario conducido por Carmen Aristegui que la “liberación” fue muy distinta a la narrada por García Luna. Que todo había sido un “montaje” de la SSP y fue producto de una “serie de chantajes” para presentarlos ante los medios de comunicación. Los engañaron diciéndoles que se iban a entrevistar con el presidente Felipe Calderón.
El camarógrafo pidió asilo en Estados Unidos al sentir vulnerada su seguridad ante la actuación de la SSP y la desprotección de la empresa para la que trabajó. Los medios impresos y electrónicos de Grupo Milenio condenaron a Hernández Pacheco por haber “cambiado” la versión de los hechos.
Revista proceso
"Prioritario crear un sistema nacional de inteligencia": Mondragón y Kalb
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■ Ciudad de México.- En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el candidato presidencial de la coalición que integran los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Mondragón presentó lineamientos generales de un primer diagnóstico, donde planteó la restructuración de los órganos policiales y la creación de un sistema nacional de inteligencia.
Si no tenemos la inteligencia policial adecuada, si no contamos con la información oportuna, la toma de decisiones se entrampa, se ve muy difícil, señaló después de asistir a un foro de seguridad pública realizado en el World Trade Center, donde participaron académicos, expertos en el tema y empresarios.
En ese encuentro, Mondragón afirmó: Sabemos qué hacer en este sentido y sabremos aprovechar lo que existe e implementar sobre lo que no.
El secretario de Seguridad Pública capitalina resaltó que se requiere de una nueva policía en todo el país, para lo cual habrá que partir de la federal, sin dejar de lado a las municipales, porque los delitos de los fueros común y federal ahí están y lesionan a la ciudadanía.
Planteó la creación de la escuela nacional de enseñanza policial, que permita a los elementos operativos de todo el país contar con una verdadera carrera, una evaluación permanente y especialización continua. También habló de fórmulas de participación ciudadana: Me parece fundamental para abatir la corrupción verificar los resultados de los órganos de seguridad y revisar la coordinación de los cuerpos policiales en los tres órdenes de gobierno, dijo.
Como parte de sus propuestas, se manifestó por homologar los sistemas e indicadores de información de delitos a nivel nacional, a fin de contar con un atlas delictivo en el que se identifiquen con claridad las transgresiones locales, federales y aquellas vinculadas con el crimen organizado, para orientar los esfuerzos a objetivos comunes.
Hemos comentado la imperiosa necesidad de la gran coordinación de todos con todos, pues si no existe verdadera coordinación entre gobernadores, presidentes municipales, Secretaría de Seguridad Pública, todos los que participan en el campo de la ejecución de las responsabilidades a escala gubernamental, no vamos a lograr resultados adecuados, afirmó Mondragón.
Consideró que todas las acciones en la materia deben partir de un combate frontal a la corrupción, para lo cual citó como prioritario crear acciones de supervisión y control de los cuerpos policiales, además de consolidar y lograr mayor productividad en centros de control de confianza por entidad.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un falso secuestrador asesinado por agentes de la AFI en 2002; una indígena otomí presentada con engaños como secuestradora de seis agentes de la AFI en marzo de 2006; un pastor aeropirata que nunca tuvo explosivos ni amenazó a los pasajeros, capturado ante las cámaras de televisión por Genaro García Luna en septiembre de 2009; unos reporteros de Televisa y Grupo Milenio falsamente rescatados por la Policía Federal en julio de 2010, y el montaje del caso del futbolista Salvador Cabañas para inculpar al gerente del Bar-Bar, en función de los intereses de Televisa.
Estos son, entre decenas de otros ejemplos, los casos más significativos de “recreaciones”, invenciones o reality policiacos orquestados entre Genaro García Luna, exjefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la empresa Televisa, con el aval de los dos presidentes de la República de extracción panista.
Antes y después del caso de la francesa Florence Cassez, los agentes bajo las órdenes de García Luna se especializaron en “manejo de escenarios” y de recreaciones para transmitirlos en televisión, especialmente en la pantalla de Televisa, la de mayor audiencia e impacto político.
No fueron simples errores o excesos telegénicos para promover los logros y la figura de García Luna. Constituyen un modus operandi que ha dependido del contexto y de las necesidades políticas tanto de los gobiernos federales como de la SSP. Pese a los montajes, la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad no han disminuido.
Montajes: utilidad política y “rating”
Juan Manuel Magaña, exjefe de Información de la emisión de Primero Noticias, conducida por Carlos Loret de Mola en el canal 2 de Televisa, reflexiona a la luz de la discusión en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Cassez:
“Esta situación me llevó a entender que los casos policiacos en televisión siempre tenían una motivación, que no eran solamente periodísticos. Cuando sucedió el caso de Florence estaba el foco del escándalo de Marta Sahagún y las cuentas de sus hijos en la Cámara de Diputados.
“Había también otra motivación: era diciembre de 2005 y Calderón era ya candidato presidencial del PAN. Había un interés de García Luna por permanecer.”
–En esos días también se dio la aprobación fast track de la Ley Televisa en la Cámara de Diputados –se le recuerda.
–Así es. El 1 de diciembre se aprobó la ley en San Lázaro y Diego Fernández de Cevallos presionaba a los senadores para que la aprobaran.
Exjefe de Información del noticiario de Loret de Mola hasta el 15 de mayo de 2009, cuando decidió renunciar al equipo de Primero Noticias, Magaña admite que los asuntos policiacos ya tenían “un lugar” en las transmisiones televisivas, sobre todo para generar rating.
Sin embargo, en transmisiones en vivo de supuestos rescates, como en el caso de Cassez, Magaña asume que existían intereses y presiones “extraperiodísticas” provenientes de los altos mandos de la televisora y del gobierno federal.
–¿Qué tanto influyó en su decisión de retirarse de Televisa el caso de los montajes?
–Hasta que salió la resolución del ministro Zaldívar me di cuenta de cuáles son los efectos de lo que nosotros asumíamos que eran ciertos excesos, “travesuras condenables” en las transmisiones de la televisión, pero que generaban rating.
“Hay andamios y decisiones que tú no ves desde el trabajo cotidiano. Para mí, el caso Cassez ese día fue una orden más. Los asuntos de edición de cada mañana podían ser 150. Sí me extrañó que le dedicaran más de los cuatro o seis minutos que debían ser.
“Entonces pensé: ‘estamos otra vez en el amarillismo’, pero también hay cosas psicológicas en juego. Tú crees lo que te dice la producción, que se trataba de una detención real. En ese momento también creí: ‘bueno, bueno, déjenlo correr’.”
Al revisar la transmisión de ese día, Magaña se percató de que había una secuencia donde la imagen de las víctimas se borraba en la pantalla. Técnicamente se conoce como blur, o “imagen blureada”, es decir, borrada en la pantalla. Así le hicieron al excoordinador de la bancada del PAN Santiago Creel cuando Televisa se molestó por la aprobación de la reforma política de 2007.
–¿Se puede hacer esto en una transmisión en vivo?
–Sólo es posible en posproducción.
–¿Eso significa que ciertas imágenes pudieron grabarse con antelación?
–Eso lo tiene que determinar un experto. Significaría que sobre la recreación hubo un montaje en posproducción.
Entrevistado por Carmen Aristegui en MVS Radio el miércoles 21, el mismo día de la deliberación de la Primera Sala, Magaña dice que hasta ahora no se ha enfrentado a ninguna reacción por parte de Televisa ni de Loret de Mola.
“El proyecto del ministro Zaldívar y la opinión de otros cuatro ministros indica que en el montaje había una intención: presentar a Cassez como responsable del secuestro. En la televisión, la intención es el mensaje, pero hubo más intenciones y esto te lo explica el contexto. Ahí estaban la Ley Televisa y el caso de los hijos de Martha”, apunta.
Falsedades
En 30 de marzo de 2002, en vísperas de las negociaciones entre Televisa y el gobierno de Vicente Fox para congelar una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, la AFI y la PGR informaron que una investigación minuciosa los condujo a la detención de Guillermo Vélez Mendoza, miembro de la banda de secuestradores conocida como Los Ántrax.
El mismo día que atraparon con engaños a Vélez Mendoza, los policías dejaron huir al auténtico líder de la banda, Jaime Orozco. A su padre, Guillermo Félix Vélez Pelayo, le informaron el 31 de marzo que su hijo había fallecido en el interior de un vehículo oficial “de muerte natural por causas desconocidas”.
Vélez Pelayo no tuvo acceso a los detalles de la averiguación previa PGR/UEDO/083/2002. Cuando le entregaron el cuerpo de su hijo observó que tenía múltiples lesiones. Presentó una denuncia de hechos ante la procuraduría capitalina por posible tortura, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Acusó a la Dirección de Comunicación Social de la PGR de mal manejo de la información al acusar a su hijo de ser el cerebro de una banda de secuestradores, pese a que en la averiguación previa PGR/UEDO/186/2001 no había elementos para acreditar el señalamiento.
En su recomendación 12/2002, del 14 de mayo de 2002, la CNDH acreditó que Vélez Mendoza fue sacado de su domicilio mediante engaños; que existieron contradicciones entre lo manifestado por los agentes de la AFI y lo expuesto por las supuestas víctimas del secuestro. Por ello, la comisión recomendó que se ampliara la vista a la Contraloría Interna de la PGR en contra de seis agentes de la AFI, entonces bajo las órdenes de García Luna.
Para salvarse del escándalo, la AFI obligó al verdadero líder de los Ántrax, Jaime Orozco, a declarar ante las cámaras televisivas que Guillermo Vélez Mendoza era su cómplice. Al rendir su declaración ministerial, Orozco no ratificó su acusación. La familia Vélez le ganó un juicio a la PGR para que enmendara la memoria del joven asesinado y pagara una indemnización económica.
Jacinta
El 3 de agosto de 2006, en pleno conflicto poselectoral, Jacinta Francisco Marcial, una indígena otomí de Santiago Mexquititlán, fue llevada con engaños por agentes de la AFI a la ciudad de Querétaro. Le ofrecieron el pago de unas mercancías que el 26 de marzo de 2006 le robaron seis elementos de la misma agencia.
Para su sorpresa, Jacinta fue presentada ante los medios de comunicación como responsable, junto con otras dos mujeres, del secuestro de seis agentes de la AFI. El 19 de diciembre de 2008 fue condenada a 21 años de cárcel y al pago de una multa de 2 mil días de salario mínimo. Sus supuestas cómplices, Alberta Alcántara y Teresa González, también fueron enjuiciadas y encarceladas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asumió su defensa legal. Los abogados demostraron que Jacinta había sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia vulneraron sus garantías procesales. Nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia.
Gracias a la presión nacional e internacional, Jacinta fue liberada el 16 de septiembre de 2009 tras permanecer encarcelada injustamente durante tres años.
Falso aeropirata
El 9 de septiembre de 2009, en vísperas de la discusión en Estados Unidos sobre el recorte de fondos del Plan Mérida entregados a la SSP y a la PGR, García Luna apareció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para presumir que un espectacular operativo permitió capturar a Josmar Flores Pereira, un pastor de origen boliviano que “secuestró” ese día el vuelo 576 de Aeroméxico, procedente de Cancún.
Según el titular de la SSP, el objetivo del aeropirata era llamar la atención de las autoridades federales de la inminente llegada de un “devastador terremoto” que ocurriría en México. La fecha era un signo cabalístico (09-09-09) que se traducía en el 666, es decir, el símbolo de “La Bestia” o Satanás en lenguaje apocalíptico.
García Luna presumió que la AFI “rescató” a los rehenes y detuvo al predicador.
Días después, los pasajeros del vuelo, entre ellos el diputado federal Hernán Villatoro Barrios, desmintieron la versión de las autoridades policiacas. Dijeron que nunca vivieron nada parecido a un “secuestro” o incidente. Los supuestos cómplices del pastor boliviano eran pasajeros que fueron esposados de manera arbitraria por elementos de la Policía Federal.
Pese a todo, en mayo de 2011 la juez federal Taisa Cruz sentenció al falso aeropirata a siete años de prisión y al pago de una multa de 10 mil 905 pesos por afectaciones a la aerolínea.
Los reporteros “rescatados”
El 31 de julio de 2010, García Luna volvió a protagonizar un enlace en vivo desde las instalaciones del hangar de la Policía Federal. Ofreció una conferencia de prensa ante 32 cámaras de televisión.
Leyó un comunicado para anunciar que luego de “un intenso trabajo de inteligencia”, la dependencia a su cargo rescató a Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa Torreón; a Javier Canales, reportero de la empresa Multimedia, y a Héctor Bordoa, reportero del programa Punto de Partida, conducido por Denisse Mercker en Televisa.
Los reporteros habían sido secuestrados por presuntos sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán cuando cubrieron un motin en el penal de Gómez Palacio, Durango, cinco días antes, el 26 de julio. El grupo criminal los retuvo con la intención de obligar a Televisa y a Grupo Milenio a difundir videos en los que acusaban a las autoridades del penal de estar aliadas con Los Zetas.
La versión de Genaro García Luna fue espectacular:
“Cuando llegó la Policía Federal acordonó el área donde estaba la casa de seguridad, se localizó a los compañeros reporteros y como primer objetivo de seguridad a ellos, para que no fueran blanco de disparos o de alguna agresión.”
Algo se salió del guión. La versión de García Luna no coincidió con la de Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho y jefe de la División de Seguridad Regional, quien afirmó en entrevista televisiva que los reporteros desarmaron una ventana para escapar, y a las seis de la mañana ya en plena calle se encontraron con los agentes policiacos.
Días después, Alejandro Hernández relató en el noticiario conducido por Carmen Aristegui que la “liberación” fue muy distinta a la narrada por García Luna. Que todo había sido un “montaje” de la SSP y fue producto de una “serie de chantajes” para presentarlos ante los medios de comunicación. Los engañaron diciéndoles que se iban a entrevistar con el presidente Felipe Calderón.
El camarógrafo pidió asilo en Estados Unidos al sentir vulnerada su seguridad ante la actuación de la SSP y la desprotección de la empresa para la que trabajó. Los medios impresos y electrónicos de Grupo Milenio condenaron a Hernández Pacheco por haber “cambiado” la versión de los hechos.
Revista proceso
"Prioritario crear un sistema nacional de inteligencia": Mondragón y Kalb
Manuel Mondragón y Kalb, en conferencia de prensa presentó lineamientos generales de un primer diagnóstico, donde planteó la restructuración de los órganos policiales y la creación de un sistema nacional de inteligencia - fotografía especial
■ Ciudad de México.- En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el candidato presidencial de la coalición que integran los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Mondragón presentó lineamientos generales de un primer diagnóstico, donde planteó la restructuración de los órganos policiales y la creación de un sistema nacional de inteligencia.
Si no tenemos la inteligencia policial adecuada, si no contamos con la información oportuna, la toma de decisiones se entrampa, se ve muy difícil, señaló después de asistir a un foro de seguridad pública realizado en el World Trade Center, donde participaron académicos, expertos en el tema y empresarios.
En ese encuentro, Mondragón afirmó: Sabemos qué hacer en este sentido y sabremos aprovechar lo que existe e implementar sobre lo que no.
El secretario de Seguridad Pública capitalina resaltó que se requiere de una nueva policía en todo el país, para lo cual habrá que partir de la federal, sin dejar de lado a las municipales, porque los delitos de los fueros común y federal ahí están y lesionan a la ciudadanía.
Planteó la creación de la escuela nacional de enseñanza policial, que permita a los elementos operativos de todo el país contar con una verdadera carrera, una evaluación permanente y especialización continua. También habló de fórmulas de participación ciudadana: Me parece fundamental para abatir la corrupción verificar los resultados de los órganos de seguridad y revisar la coordinación de los cuerpos policiales en los tres órdenes de gobierno, dijo.
Como parte de sus propuestas, se manifestó por homologar los sistemas e indicadores de información de delitos a nivel nacional, a fin de contar con un atlas delictivo en el que se identifiquen con claridad las transgresiones locales, federales y aquellas vinculadas con el crimen organizado, para orientar los esfuerzos a objetivos comunes.
Hemos comentado la imperiosa necesidad de la gran coordinación de todos con todos, pues si no existe verdadera coordinación entre gobernadores, presidentes municipales, Secretaría de Seguridad Pública, todos los que participan en el campo de la ejecución de las responsabilidades a escala gubernamental, no vamos a lograr resultados adecuados, afirmó Mondragón.
Consideró que todas las acciones en la materia deben partir de un combate frontal a la corrupción, para lo cual citó como prioritario crear acciones de supervisión y control de los cuerpos policiales, además de consolidar y lograr mayor productividad en centros de control de confianza por entidad.
Redacción Emet - la jornada
García Luna, el espía, a la cárcel
Genaro García Luna, titular de la SSP.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El más reciente escándalo de espionaje político, detonado en vísperas del inicio de la campaña electoral, tiene todos los elementos para que los autores vayan a la cárcel: El delito es la intervención de comunicaciones privadas y la víctima, Josefina Vázquez Mota, ha identificado como el criminal a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.
Más aún, de acuerdo con la propia Vázquez Mota, García Luna tiene un cómplice en esta conducta delincuencial: Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de la Presidencia de la República, y también, portavoz en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón.
Luego de que este mismo lunes 26 presentó la denuncia de hechos Agustín Torres Ibarrola, coordinador de Redes Sociales de la campaña de Vázquez Mota y quien fue grabado en una conversación con ella, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) deben determinar la responsabilidad de ambos funcionarios, si actuaron por su cuenta o si se los ordenó su jefe.
Si Calderón no sabía del espionaje y la difusión que de esa ilícita actividad hacen García Luna y Sota Mirafuentes mediante filtraciones, como acusa Vázquez Mota en la conversación con Torres Ibarrola obtenida ilegalmente, es algo muy grave, pero si lo efectúan con su aval es todavía peor, porque conciente actos delictivos a sabiendas.
Es cierto, no sorprende y en todo caso es un elemento más que explica la impunidad con la que ha actuado García Luna a lo largo del sexenio, como el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, que cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala acreditaron la conducta delictuosa de ese funcionario favorito de Calderón.
No extraña, por eso, el silencio de los implicados y el presuroso afán de Javier Lozano, uno de los portavoces del Partido Acción Nacional (PAN), de culpar del espionaje al PRI, partido en el que militó hasta 2006 y cuyas prácticas conoce muy bien, pero sobre todo de encubrir a García Luna, prototipo de la delincuencia desde el poder: “Estoy aquí para defenderlo”.
Y añadió: “Yo sí le tengo respeto y afecto, y consideración a Genaro García Luna, y creo que si el presidente de la República le ha brindado su confianza es porque es un hombre leal a la institución a la que sirve, al país para el que trabaja y al presidente que lo nombró.”
Es sabido que Lozano no actúa por sí solo ni tiene criterio propio y que si defiende a García Luna es porque lo mandó su jefe, sobre todo cuando es Vázquez Mota la que lo acusa, como queda claro en la grabación dada a conocer este lunes por el portal La silla rota, en la charla con Torres Ibarrola –por cierto sobrino de Calderón– al final del último debate con Ernesto Cordero y Santiago Creel.
“Vamos a ganar, ¿y luego qué vamos a hacer?”, dice Vázquez Mota en una expresión muy reveladora también de su verdadera estatura política, y enseguida le comparte a su colaborador: “Como nos están grabando, mándale un saludo a Alejandra Sota”.
Poco después, la candidata del PAN insiste en que la conversación está siendo grabada –“los dos les mandamos saludos a Alejandra Sota y a Genaro García Luna”–, y enseguida hace imputaciones inequívocas: “Un saludo cariñoso para Genaro García Luna, que nos graba en lugar de grabar al Chapo. Y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas nuestras llamadas telefónicas. ¡Pinche Sota!”.
La acusación, entonces, está hecha y la Constitución, en su artículo 16, establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.”
El Código Penal Federal, en el artículo 177, señala: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.”
De manera que, si hay voluntad, la PGR puede investigar y dar con los responsables que, conforme a lo que dice Vázquez Mota, son García Luna y Sota Mirafuentes, como deben hacerlo los abogados que ella contrató: Germán Martínez y Fernando Gómez Mont.
La otra opción es que la acusadora, candidata presidencial del PAN, quede como una falsaria…
Apuntes
Hace tres semanas, el 5 de marzo, en este espacio se informó de la demanda que el abogado Pedro Leblic, en representación de decenas de padres de familia, presentó ante los tribunales de España contra la organización secreta El Yunque, debido a que viola el artículo 22.5 de la Constitución de ese país, que prohíbe “las asociaciones secretas y de carácter paramilitar”. Pues bien, un juez civil ha decidido admitir la demanda, una decisión inédita que permitirá conocer el nivel de penetración de ese entramado ideológico que opera, también, en otros países. En México, mientras tanto, los juramentados hicieron valla y cantaron loas a Joseph Ratzinger, el Papa que dio la comunión a un sujeto que la historia juzgará por las matanzas que propició…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
Más aún, de acuerdo con la propia Vázquez Mota, García Luna tiene un cómplice en esta conducta delincuencial: Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de la Presidencia de la República, y también, portavoz en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón.
Luego de que este mismo lunes 26 presentó la denuncia de hechos Agustín Torres Ibarrola, coordinador de Redes Sociales de la campaña de Vázquez Mota y quien fue grabado en una conversación con ella, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) deben determinar la responsabilidad de ambos funcionarios, si actuaron por su cuenta o si se los ordenó su jefe.
Si Calderón no sabía del espionaje y la difusión que de esa ilícita actividad hacen García Luna y Sota Mirafuentes mediante filtraciones, como acusa Vázquez Mota en la conversación con Torres Ibarrola obtenida ilegalmente, es algo muy grave, pero si lo efectúan con su aval es todavía peor, porque conciente actos delictivos a sabiendas.
Es cierto, no sorprende y en todo caso es un elemento más que explica la impunidad con la que ha actuado García Luna a lo largo del sexenio, como el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, que cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala acreditaron la conducta delictuosa de ese funcionario favorito de Calderón.
No extraña, por eso, el silencio de los implicados y el presuroso afán de Javier Lozano, uno de los portavoces del Partido Acción Nacional (PAN), de culpar del espionaje al PRI, partido en el que militó hasta 2006 y cuyas prácticas conoce muy bien, pero sobre todo de encubrir a García Luna, prototipo de la delincuencia desde el poder: “Estoy aquí para defenderlo”.
Y añadió: “Yo sí le tengo respeto y afecto, y consideración a Genaro García Luna, y creo que si el presidente de la República le ha brindado su confianza es porque es un hombre leal a la institución a la que sirve, al país para el que trabaja y al presidente que lo nombró.”
Es sabido que Lozano no actúa por sí solo ni tiene criterio propio y que si defiende a García Luna es porque lo mandó su jefe, sobre todo cuando es Vázquez Mota la que lo acusa, como queda claro en la grabación dada a conocer este lunes por el portal La silla rota, en la charla con Torres Ibarrola –por cierto sobrino de Calderón– al final del último debate con Ernesto Cordero y Santiago Creel.
“Vamos a ganar, ¿y luego qué vamos a hacer?”, dice Vázquez Mota en una expresión muy reveladora también de su verdadera estatura política, y enseguida le comparte a su colaborador: “Como nos están grabando, mándale un saludo a Alejandra Sota”.
Poco después, la candidata del PAN insiste en que la conversación está siendo grabada –“los dos les mandamos saludos a Alejandra Sota y a Genaro García Luna”–, y enseguida hace imputaciones inequívocas: “Un saludo cariñoso para Genaro García Luna, que nos graba en lugar de grabar al Chapo. Y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas nuestras llamadas telefónicas. ¡Pinche Sota!”.
La acusación, entonces, está hecha y la Constitución, en su artículo 16, establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.”
El Código Penal Federal, en el artículo 177, señala: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.”
De manera que, si hay voluntad, la PGR puede investigar y dar con los responsables que, conforme a lo que dice Vázquez Mota, son García Luna y Sota Mirafuentes, como deben hacerlo los abogados que ella contrató: Germán Martínez y Fernando Gómez Mont.
La otra opción es que la acusadora, candidata presidencial del PAN, quede como una falsaria…
Apuntes
Hace tres semanas, el 5 de marzo, en este espacio se informó de la demanda que el abogado Pedro Leblic, en representación de decenas de padres de familia, presentó ante los tribunales de España contra la organización secreta El Yunque, debido a que viola el artículo 22.5 de la Constitución de ese país, que prohíbe “las asociaciones secretas y de carácter paramilitar”. Pues bien, un juez civil ha decidido admitir la demanda, una decisión inédita que permitirá conocer el nivel de penetración de ese entramado ideológico que opera, también, en otros países. En México, mientras tanto, los juramentados hicieron valla y cantaron loas a Joseph Ratzinger, el Papa que dio la comunión a un sujeto que la historia juzgará por las matanzas que propició…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
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