El afianzamiento jurídico para pedir y recibir información
Autor: Álvaro Cepeda Neri *
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Sección: Conjeturas
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Aún parapetados en el viejo autoritarismo-autocrático, para ocultar sus abusos y hacer de los recursos públicos un botín, el “señor presidente” y funcionarios, (de todos los niveles) se oponen a rendir cuentas de sus manejos administrativos y dar información, cuando los ciudadanos ejercen el derecho a recibirla, conforme la vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que algunos funcionarios se niegan a cumplir.
El reportero Víctor Fuentes (Reforma, 2 de marzo de 2012) nos informa cómo Felipe Calderón, obviamente, autoriza que sus empleados de la Procuraduría General de la República y las 15 secretarías del despacho presidencial, a presentar, desde 2003, 56 recursos judiciales para negar información. Es una maniobra calderonista para que los peticionarios no puedan obtener lo que, legal y legítimamente, tienen derecho.
Ante esa censura, el órgano colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las dependencias del Poder Ejecutivo federal deben dar la información solicitada y que por ningún motivo podrán promover recursos judiciales para negarla, y mientras dura el litigio, impedir el acceso a la información que solicita el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), órgano con autonomía para gestionar peticiones ciudadanas. Ya bastantes temas tienen vedado el acceso, como para que donde sí se tiene derecho a solicitar información funcionarios federales se resistan a suministrarla. Tampoco en información quieren rendir cuentas y se hizo necesario que la SCJN estableciera lo improcedentes de esas impugnaciones.
No obstante que ¡desde la Colonia! se estableció la Contaduría Mayor para controlar los ingresos y egresos del gobierno, a la fecha, lo que debería ser honradez (no como se dice la honestidad) se ha convertido en corrupción de casi todos los funcionarios; por eso la disputa por los cargos de representación se ha convertido en un reparto del botín. No sabemos a dónde van las ganancias de Petróleos Mexicanos al que presentan en la quiebra ¡saqueado por el presidente en turno y los dirigentes del sindicato! y de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Mexicano del Seguro Social, la Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos y los presupuestos de los tres poderes.
La información solicitada por medio del IFAI, sistemáticamente, era negada al ir a los tribunales para alegar que es información reservada, que son secretos y que no pueden darse a conocer. Por eso hay que reconocer que la Corte haya cumplido con su obligación de quitar a las dependencias del presidencialismo la facultad de recurrir judicialmente para censurar información que, en principio democrático y republicano, debería de darse ampliamente a todos los mexicanos, sin tener que pedirla individualmente. Queremos rendición de cuentas e información y no el discurso de los malamente llamados “informes” anuales de los titulares del Poder Ejecutivo. Informes de todos los que manejan dinero público y de todos los asuntos. Que termine el secreto para cubrir pillerías, a ladrones con título de funcionarios, que acabe, pues, la censura y la impunidad.
*Periodista
Los narcotraficantes… y Calderón, ¿electores?
Autor: Álvaro Cepeda Neri * |
Sección: Contrapoder
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Ni al Estado o sus instituciones administrativas, judiciales y legislativas debe de imputárseles lo de fallido, en su significado de “resultar una cosa distinta y peor de lo previsto o esperado”, como propone nuestra asesora María Moliner (en su Diccionario de uso del español), sino a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional (PAN) con sus cantores, porristas y seguidores (entre ellos el clero político conservador). Calderón, panista-católico perverso ha sido un presidente fallido y del montón; y por su militarismo parecido al virrey Félix Calleja, tan mediocre como (¿alguien lo recuerda?) Pedro Vélez (quien encabezó el triunvirato encargado del Poder Ejecutivo de México, junto con Luis Quintanar y Lucas Alamán, a finales de diciembre de 1829), Melchor Múzquiz (militar y político, presidente de México en 1832), Valentín Canalizo (militar que gobernó el país durante 10 meses, entre 1843 y 1844) o el nefasto Mariano Arista (también político y militar, que gobernó la nación de 1851 a 1853).
Con Victoriano Huerta (militar y presidente de facto) sobre todo ahora que busca culminar su militarismo policiaco, para suspender las elecciones presidenciales y maniobrar para imponer como presidente provisional a… ¡Genaro García Luna!, secretario de Seguridad Pública. Traiciona a las fuerzas políticas que lo auxiliaron a tomar posesión, se muestra golpista y dispuesto a vengar la derrota de su hermana María Luisa, la Cocoa (apodo impuesto por su familia con giros racistas, pues es de piel morena), en la competencia por la gubernatura de Michoacán.Ambos ya han visto varias veces el filme Hermanos por siempre, pero sin espectadores, como cuando invitó a 200 a la exhibición de un cortometraje dizque para promover el turismo (Calderón la hace de buzo y guía).
Furioso y envenenado ha echado a andar su terrorismo contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la noticia de que ya que los narcotraficantes de Michoacán intervinieron de tal manera que decidieron hundir al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el tercer lugar y al PAN en el segundo, para favorecer la victoria del PRI: eso anuncia la misma injerencia de la delincuencia organizada (contra el calderonismo desorganizado) en las elecciones presidenciales de julio próximo. Pues no obstante que el PRI (ya sin Humberto Moreira y en manos de Pedro Joaquín Coldwell) se equivocó de candidato (Manlio Fabio Beltrones es el político, mientras Enrique Peña Nieto es un producto de Televisa), las encuestas, incluso las oficiales, indican que lleva la delantera con un amplísimo margen.
Los michoacanos estaban hartos del PRD por el malísimo gobierno de Leonel Godoy. Y repudiaban al PAN, como hace 15 años cuando Felipe quiso ser candidato a gobernador y ni siquiera figuró. Cocoa obtuvo en Morelia una votación apenas superior al PRD, muy distante del PRI. María Luisa aceptó su derrota, pero Felipe ha orquestado una campaña peligrosa al afirmar que los narcos (de La Familia, los Zetas, los Caballeros Templarios) tienen “el chirrión por el palito” y que con sus huestes como votantes por el PRI, y al amenazar a panistas, van a decidir la sucesión presidencial.
Y como Calderón no quiere entregarle el Poder Ejecutivo federal al PRI, está dispuesto a suspender el proceso electoral. Prefiere un interino como presidente, que nombraría el Congreso de la Unión con las reformas a los artículos 84 y 85 constitucionales. Ésa sería la venganza, porque el PRI ganó a su hermana. Parece que no le importa la crisis política que generaría su maniobra, pues deberá contar con el respaldo militar-policiaco, casi como un golpe de Estado (et al, El golpe: anatomía y claves del asalto al congreso, Ariel; Curzio Malaparte, Técnica del golpe de Estado, Editora Latino Americana; Ramón Cotarelo, La conspiración: el golpe de Estado difuso, Ediciones B; y Javier Tusell, Radiografía de un golpe de Estado, Alianza Editorial. Las biografías de Antonio López de Santa Anna y Victoriano Huerta).
No hay otra vía para Calderón que la de preparar el terreno con sus temerarias declaraciones y curándose en salud: “La intromisión de la delincuencia en las elecciones de Michoacán […] Y no me refiero sólo a Michoacán ni al caso finalmente de mi hermana [María Luisa], sino a la amenaza que significa para la vida del país la presencia del crimen organizado en las elecciones, al amedrentar a la gente a que si vota por el PAN, les quitan la vida. Esto no se puede tolerar ni puede pasar como un episodio más” (Claudia Herrera y Georgina Saldierna, La Jornada, 7 de diciembre de 2011). El homicidio del presidente municipal de La Piedad, Ricardo Guzmán, y las mantas y anuncios en un periódico, no son pruebas de esto. Pero lo que sí tuvo pruebas fue la intervención de Calderón y su gobierno para influir en las elecciones en Michoacán (como también hicieron el PRD y el PRI).
Machaca esa denuncia, sólo a él corresponde, si es cierto, sacar de los procesos electorales a los delincuentes y no andar sembrando el pánico, ya que puede cosechar el terror social para que no se concurra a las urnas. Por eso es que todos los partidos y sus candidatos deben refutar sus difamaciones que buscan cancelar las elecciones. Hasta la precandidata Josefina Vázquez Mota solicita anularlas si es que hay narcotraficantes amedrentando candidatos para que desistan o pagando votantes para sufragar a favor de un partido.
La anulación puede ser el último recurso para imponer el golpe de Estado y un año después de convocar a nuevas elecciones. En Michoacán, aseguró el terrorista de Los Pinos, que hasta 50 panistas desistieron de ser candidatos. Y que delincuentes intervinieron para favorecer al PRI. Si así fue, corresponde a la Procuraduría General de la República, al Instituto Federal Electoral y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuando exista violación de la garantía y el derecho-obligación de votar) intervenir. Pero parece que todo es una venganza personal porque en Michoacán, donde nacieron los Calderón Hinojosa, han sido repudiados.
*Periodista
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