Más de 3 mil 600 alumnos y una treintena de académicos de la UNAM han sido sancionados por el Tribunal Universitario desde 1999, cuando detonó la última huelga general estudiantil. Las sentencias más recientes se ejercieron este año contra alumnos del bachillerato, críticos de la reforma al sistema CCH. El 97 por ciento de los casos que revisa el organismo terminan en sanción: todo aquel estudiante, profesor o investigador acusado ante el Tribunal sabe que sus posibilidades de resultar absuelto se reducen casi a cero. En 1990 el Congreso Universitario aprobó, por unanimidad, la supresión del órgano inquisitivo. Sin embargo, luego de 2 décadas, la institución sigue operando entre los cuestionamientos de los sectores críticos universitarios, quienes aseguran que no castiga las violaciones a la legislación universitaria sino la disidencia y la organización política
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Tribunal Universitario, ha sancionado entre 1999 y lo que va de 2013 a, al menos, 3 mil 643 alumnos y académicos. De éstos, 2 mil 595 fueron suspendidos; 538, expulsados; 482, amonestados, y 28, sujetos a extrañamiento.
En respuesta a las solicitudes de información F8 529 y F8532 a F8544, la UNAM, a través de su Unidad de Enlace, comunicó a Contralínea que de 1999 a 2012 el Tribunal Universitario atendió 3 mil 740 casos. De éstos, 3 mil 704 son de alumnos, en su mayoría adscritos al bachillerato universitario.
Durante estos 14 años, el órgano presidido por el miembro más antiguo de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, actualmente Luis Eduardo Feher Trenschiner, suspendió a 2 mil 591 personas, expulsó a 533, amonestó a 480 y emitió 28 extrañamientos. A estos números deben agregarse las cinco expulsiones, cuatro suspensiones y dos amonestaciones conocidas que se emitieron en 2013 contra estudiantes de bachillerato.
La principal conducta sancionada fue la ingesta, uso, venta y/o distribución de alcohol y drogas. Le siguen agresión; alteración del orden; daño al patrimonio; extorsión, robo y amenaza; falsificación de documentos; portación de armas y mutilación de libros. Las autoridades universitarias aseguran que no se sancionan las actividades políticas.
Desaparición del Tribunal, acuerdo incumplido
Al acto asistieron 864 delegados electos que, durante un mes, discutieron y resolvieron sobre distintos aspectos del quehacer de la máxima casa de estudios del país. El proceso arrojó casi 400 acuerdos, mismos que quedaron plasmados en el Diario del Congreso, documento de carácter oficial que obra en el Archivo Histórico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
Uno de ellos, identificado con la clave M-X G-13, refiere la desaparición del Tribunal Universitario creado en 1945. El órgano encargado de conocer y resolver las faltas a la legislación universitaria del personal académico y de los alumnos sería sustituido por comisiones jurisdiccionales.
La mañana del 25 de mayo de 1990, los delegados de la Mesa de Trabajo 10: Gobierno, Administración y Legislación aprobaron por unanimidad (74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones) la siguiente redacción: “Se propone la supresión del Tribunal Universitario. Se crearán comisiones jurisdiccionales en todas aquellas dependencias académicas que cuenten con Consejo Técnico. En el caso de los sistemas de investigación se crearán comisiones jurisdiccionales: una para la investigación científica y otra para humanidades. Habrá una comisión jurisdiccional para el área de difusión cultural.
“Las comisiones jurisdiccionales estarán integradas por representantes de los consejos técnicos, de los profesores y de los estudiantes.
“Sólo el personal académico y los estudiantes serán responsables ante las comisiones jurisdiccionales.
“Las comisiones jurisdiccionales serán órganos de equidad y resolverán en conciencia las controversias que se les presenten. La Comisión de Honor del Consejo Universitario resolverá en segunda instancia las apelaciones que se presentaran por decisiones de las comisiones jurisdiccionales.”
Han transcurrido ya 23 años desde aquel proceso de reforma y el acuerdo M-X-G-13 es letra muerta. El Tribunal Universitario sigue operando, no obstante que la convocatoria general para el desarrollo del Congreso Universitario estableció que las propuestas que se constituyeran en acuerdos deberían asumirse en un plazo de 90 días.
Ni siquiera José Narro Robles, actual rector de la UNAM y quien en 1990 formó parte de la Comisión de Actas y Acuerdos del Congreso Universitario, ha mostrado interés en hacer efectiva la supresión de este órgano y la consecuente instalación de las comisiones jurisdiccionales.
“Tribunal de la Santa Inquisición”
“A finales del siglo XX existe un Tribunal de la Santa Inquisición en la UNAM”, así se titula una de las ponencias presentadas durante el Congreso Universitario de 1990. Los argumentos que el documento esgrime contribuyeron a que los delegados de este Congreso se pronunciaran por la supresión del Tribunal Universitario.
Los autores, entonces alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, aseguraban que “este Tribunal se parece más bien a los de la Santa Inquisición, en donde cualquier profesor o estudiante que no piense igual a ellos y que intente expresar libremente sus ideas será sancionado”.
Para ejemplificar lo anterior, referían el caso de los estudiantes de la carrera de ingeniería agrícola, quienes en 1986 emprendieron un movimiento por el respeto a sus prácticas escolares y la mejora de sus condiciones de estudio. Como consecuencia de este hecho, asegura el análisis, cuatro de ellos fueron consignados al Tribunal Universitario quien decidió suspenderles sus derechos estudiantiles por 3 años.
Los cuestionamientos en torno al actuar de este órgano disciplinario resurgieron 9 años después. El detonante: las sanciones en contra de algunos participantes de la huelga estudiantil de 1999-2000, encabezada por el entonces Consejo General de Huelga como respuesta a la imposición de un Reglamento General de Pagos.
Como lo documentó Contralínea en diciembre de 2004, desde el fin de esta huelga hasta entonces, casi 300 estudiantes habían sido expulsados y 748 suspendidos de la UNAM. “Las autoridades rechazan que exista represión contra los disidentes políticos, pero la mayoría de los sancionados fueron activistas durante el conflicto que paralizó las actividades académicas“, se lee en el número 33 de este semanario.
El 23 de abril de 2013 el Tribunal Universitario hizo pública la expulsión definitiva de cinco de estos alumnos, la suspensión de cuatro y la amonestación de dos. De acuerdo con la versión oficial, estas resoluciones se derivan de los hechos del 1 y 5 de febrero pasados, en los que se presume que un grupo de jóvenes, en estado de ebriedad, agredieron física y verbalmente a trabajadores del CCH Naucalpan.
En la página electrónica del Comité Cerezo México, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, se encuentran las relatorías de cinco de estos casos, presentadas bajo el título Expulsados y juzgados por motivos políticos ante el Tribunal Universitario. En éstas, los inculpados niegan las acusaciones que se les imputan. Manifiestan, en contraste, que a raíz de la respuesta estudiantil organizada que emergió con el “intento de imposición de la reforma al plan de estudio de los CCH”, las autoridades del plantel Naucalpan, “en contubernio con los empleados administrativos de bajo rango”, iniciaron una campaña de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas en su contra.
Desde hace años, Eduardo López Betancourt, profesor de la Facultad de Derecho y actual consejero universitario, ha sumado su voz a la de quienes rechazan la existencia del Tribunal Universitario. Y es que, explica, está “hecho a modo para servir a la autoridad, para que se cumplan sus deseos, lo que lo hace carente de legalidad y autoridad moral”. Agrega que se trata de un “órgano parcial, que actúa bajo consigna y que no garantiza una justicia correcta, adecuada, a quienes juzga”.
Respecto de los hechos ocurridos en el CCH Naucalpan, que derivaron en la sanción de 11 estudiantes, el abogado de formación dice que aunque la violencia es criticable, los es también la “ineptitud” de las autoridades universitarias quienes, al no establecer los mecanismos de consulta adecuados para la participación activa de los estudiantes, motivaron esta situación.
Por eso llama a no empecinarse en “satanizar” y “sancionar de manera incorrecta” a los estudiantes supuestamente involucrados en los hechos violentos; además, a considerar la posibilidad de sancionar a los directivos de la máxima casa de estudios del país. “Tal vez van a expulsar a los jóvenes, van a sancionarlos… ¿Y a la autoridad, qué? ¿La van a premiar por haber cometido el error de tratar de imponer un plan de estudios que no estuvo debidamente solventado? Aquí debe quedar muy claro que la autoridad que no cumplió con su deber, debe ser motivo también de sanción”, explica López Betancourt.
Para José Enrique González Ruiz, quien por más de 30 años se desempeñó como docente en la UNAM, el Tribunal Universitario “es más un órgano de punición y represión que un órgano de justicia”. El ahora coordinador del posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México subraya que este tribunal, que “es como una reminiscencia del fuero universitario que existió en el Medievo”, constituye un “mecanismo para aplicar sanciones casi siempre con motivaciones políticas a miembros de la comunidad universitaria, pero sobre todo al sector estudiantil”.
En relación con las sanciones que este órgano dicta, el también doctor en ciencias políticas comenta que son “normalmente muy drásticas”, como la expulsión, a la que equipara con la “cadena perpetua”, puesto que las personas expulsadas jamás podrán reingresar a la UNAM. González Ruiz recuerda a los jóvenes que fueron expulsados como consecuencia de su participación en la huelga estudiantil de 1999-2000: “Les arruinaron la vida; muchos de ellos no han podido culminar sus estudios”, dice.
Como lo demuestran las respuestas a las solicitudes de información F8529 y F8532 a F8544, durante los últimos 14 años el Tribunal Universitario sancionó el 97 por ciento de los casos que atendió, es decir, 3 mil 632 de un total de 3 mil 740. La expulsión definitiva ocupa el segundo lugar en la lista de las sanciones más recurrentes; antes se ubica la suspensión, que acapara el 69 por ciento de los casos.
Tribunal Universitario, “juez y parte”
De acuerdo con el artículo 99 del mismo, el Tribunal Universitario estará integrado, para todos los casos, por un presidente (el más antiguo de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho), un vocal permanente (el investigador de mayor antigüedad del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas), un vocal académico (el profesor o investigador más antiguo del Consejo Técnico o Interno de la entidad de que se trate el asunto) y un secretario (el abogado general de la Universidad). Si el acusado es estudiante, se agregarán además los dos consejeros técnicos alumnos del plantel al que pertenece el inculpado.
En la actualidad los integrantes fijos del Tribunal Universitario son Luis Eduardo Feher Trenschiner, presidente; José Ovalle Favela, vocal permanente; y Luis Raúl González Pérez, secretario.
A partir del análisis de esta composición, José Enrique González Ruiz concluye que “es un tribunal donde son los propios miembros de la burocracia universitaria los que lo integran”. Se trata, dice, de un circuito de poder que atraviesa todas las estructuras de decisión de la UNAM.
En el mismo sentido se pronuncia Eduardo López Betancourt quien, a su vez, pugna por la creación de órganos disciplinarios autónomos y democráticos. Para el doctor en derecho, es claro que la UNAM tiene un “retraso patético” en materia de democratización de sus estructuras de gobierno. “Los universitarios no somos considerados mayores de edad ante las leyes que rigen la UNAM”, lamenta.
Tribunal “anticonstitucional”
En 2002, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) analizó el amparo 337/2001 relativo a la expulsión de la UNAM de Alejandro Echavarría Zarco, estudiante y activista universitario, a quien durante la huelga estudiantil de 1999-2000 se le conoció como el Mosh. El alumno de sociología acudió a esta instancia con el objetivo de apelar el fallo que le impediría obtener el título de nivel licenciatura a pesar de haber sido merecedor de la medalla Gabino Barreda, distinción que otorga la máxima casa de estudios del país a la excelencia académica (y que rechazó por el contexto político en el que aconteció la entrega). Echavarría Zarco había concluido sus estudios de licenciatura con promedio de 10.
El quejoso argumentó, entro otras, la inconstitucionalidad del Tribunal Universitario, el órgano que lo juzgó, pues “posee facultades que contravienen preceptos constitucionales y violan garantías individuales”. Y es que se trata, según su propia exposición, de un tribunal especial de esos que están prohibidos por el Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales”.
Amparados en el principio de autonomía universitaria, los ministros de la SCJN ratificaron la expulsión del entonces estudiante de la UNAM. Determinaron que “las universidades e instituciones de educación superior tienen una autonomía normativa y orgánica plena, lo que les permite expedir su propia legislación e instituir sus propios órganos de gobierno”.
El dictamen del máximo tribunal del país fue recibido con beneplácito por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México pero desató la inconformidad de algunos sectores de la comunidad universitaria. A principios de 2002, poco después del fallo de la SCJN, María Esther Navarro Lara, profesora de la UNAM y exconsejera universitaria, envió una carta al Correo Ilustrado de La Jornada, titulada “Tribunal Universitario, ilegal”.
En su escrito, publicado el 9 de febrero de 2002, se lee: “Los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN dictaminaron que el Tribunal Universitario no es ‘especial’ porque su ámbito de competencia comprende a toda la comunidad. Se equivocan, ya que sólo castiga a estudiantes y profesores que se manifiestan abierta y explícitamente contra las autoridades, y no incluye a éstas.
“También se equivocan cuando dicen que no es ‘ilegal’. Lo que es contrario a derecho es ilegal porque va contra sus más elementales principios, que son la justicia y la imparcialidad en un juicio. Todos los miembros del Tribunal Universitario son autoridades porque son consejeros, de modo que es la autoridad la que acusa. Esa misma autoridad juzga; y esa autoridad expulsa o aplica ‘la pena de muerte en lo académico’ a los estudiantes que se le oponen.
“Las autoridades montaron una exposición conmemorativa a los 450 años de la UNAM en el Museo Universitario de las Ciencias y las Artes (en la Facultad de Arquitectura), ahí se lee en una grandiosa pared: ‘La Universidad gozaba de algunos privilegios, como tener tribunales propios’, refiriéndose al Tribunal Universitario, cuyas características y orígenes históricos se remontan a la época del oscurantismo religioso en que existía el tribunal de la Santa Inquisición.
“Así como se ‘equivocaron los santos hombres de la Iglesia’ en ese tiempo, así los ministros de hoy tendrán que admitir a futuro, cuando se transforme democráticamente la UNAM, que no se puede conservar un tribunal sobre el cual los universitarios discutieron y aprobaron en el Congreso de 1990 su desaparición.”
Para la realización de esta investigación se solicitó entrevista con el presidente del Tribunal Universitario, con el rector y con el abogado general de la UNAM. El trámite se realizó desde el 27 de mayo pasado, a través de la Unidad de Enlace y Relaciones Públicas, de la Dirección General de Comunicación Social. A pesar de la insistencia, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. También se acudió a la oficina del Tribunal Universitario, ubicada sobre la carretera Picacho-Ajusco, donde se negó el acceso bajo el argumento de que cualquier trato con los medios de comunicación debe ser previamente consensuado con la Rectoría universitaria.
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Invariablemente las cuentas alegres del gobierno y de instituciones temerosas de decir la verdad dicen que apenas poco más de 3 millones de niños trabajan en labores familiares con sus padres y madres que van al campo a labores de siembra y cosecha, a fábricas o a maquiladoras; cuando en realidad son muchos más, llegando a no menos de 5 millones, los niños entre 7 y 17 años, que en jornadas de más de 15 horas al día y de domingo a sábado, realizan esas duras tareas; estando mal pagados, mal comidos (¡una vez al día!) y sin descanso. Son los esclavos de empresarios agrícolas, ganaderos, avícolas y de pesca. Y no asisten a la escuela más elemental. Los gobiernos de todos los niveles permiten esa explotación como una continuidad del porfiriato, como si este país no hubiera tenido una Revolución social, que cortó de un tajo legal y político, lo que en la realidad persiste: nuevos peones encasillados desde los 7 años hasta que llegan a viejos.
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