Bajo la lupa- Hacia otro Brasil- Colombia: un gran paso hacia la paz

Bajo la lupa

Feudalización de los energéticos de México: hermenéutica de una privatización encubierta

Alfredo Jalife-Rahme

 

Cualquier debate civilizado sobre el destino de los energéticos en México debe compartir un común léxico universal.

 

El caos deliberado del lenguaje forma parte de la confusión conceptual que favorece la privatización encubierta en beneficio de las trasnacionales anglosajonas.

Los dinosaurios de México, su sector político más atrasado que anhela la privatización encubierta, ignoran la semántica del término moderno que usan en forma desregulada y cuyo significado real es: Que ha sucedido recientemente (Real Academia Española: RAE) y Que pertenece a los tiempos presentes y recientes ( The Oxford University Diccionary).

¿Qué ha sucedido recientemente? Pues que las tendencias de la corriente histórica en la década de 2000 es la restatización/renacionalización; no la privatización, según Carola Hoyos, del mismo The Financial Times (12/3/07).

Así que la privatización encubierta del Pacto por México es antimoderna y retrocede a México a etapas porfirianas con las sucesoras de las mismas trasnacionales liquidadas y, peor, a la feudalización medieval del control financierista por las empresas anglosajonas tanto en las aguas profundas del Golfo de México y en las transfronteras como en la explotación telúrica del gas esquisto ( shale gas); ver Bajo la Lupa, 19 y 26/12/12;10 y 13/2/13; 17/3/13 y 10/4/13).

La doble derrota militar de EU, la otrora superpotencia unipolar, en Afganistán e Irak trastocó la geopolítica energética: hoy las nuevas siete hermanas petroleras/gaseras son estatales y han desbancado a las añejas siete hermanas anglosajonas.

La máxima joya geoestratégica del planeta, los hidrocarburos, no se mueven en reductos cerrados: forman parte sustancial e intrínseca del incipiente nuevo orden multipolar que gestó el advenimiento de las nuevas siete hermanas estatales: Aramco (Arabia Saudita), Gazprom (Rusia), NIOC (Irán), Pdvsa (Venezuela), Petrobras (Brasil), CNPC (China) y Petronas (Malasia), sin contar las relevantes estatales INOC (Irak) e Indian Oil, además de Statoil (67 por ciento propiedad de gobierno noruego).

Hoy los hidrocarburos no son lo mismo que en la etapa geopolítica bipolar ni la etapa unipolar cuando dominaron las añejas siete hermanas anglosajonas.

Carola Hoyos compara petróleo, gas y finanzas de las nuevas siete hermanas estatales con las añejas siete hermanas trasnacionales anglosajonas (condensadas en dos estadunidenses Exxon Mobil y Chevron, y dos británicas BP y Shell, ésta con participación holandesa).

Hasta 2005, cuya tendencia se ha acentuado considerablemente ocho años más tarde, tanto las reservas como la producción del petróleo y el gas las controlan apabullantemente las siete nuevas hermanas estatales en detrimento del grave decaimiento de las añejas siete anglosajonas.

Como es de esperarse, las finanzas siguen siendo el reino de las trasnacionales anglosajonas debido a su control de los megabancos de inversiones (que forman parte de su consejo de administración en forma bidireccional) como de la alquimia del mercado de los derivados financieros en las dos mayores plazas financieras del planeta: Wall Street y la City.

Las trasnacionales anglosajonas aplastan literalmente a las nuevas siete hermanas estatales gracias a su alquimia financierista debido a dos factores nodales: 1) el orden financierista global de la dupla anglosajona EU/Gran Bretaña (GB) y su paraguas nuclear, y 2) el dominio artificial de los megabancos anglosajones mediante la desregulada globalización y sus ominosos derivados financieros: armas financieras de destrucción masiva (Warren Buffett dixit).
Se recomiendan dos libros para elucidar los alcances de la geopolítica del petróleo, la mayor joya geoestratégica del planeta: Las siete hermanas: las magnas trasnacionales del petróleo y el mundo que configuraron (Ed. Viking Press, Nueva York, 1975), del británico Anthony Sampson, y Un siglo de guerra: la política petrolera anglo-estadunidense y el nuevo orden mundial, del geopolitólogo alemán William Engdahl (ed. Pluto Press, London, 1992).

Labores de las firmas Petromanas (Canadá) y Shell (Holanda-Gran Bretaña) en el centro de Albania en busca de crudo, a finales de mayo pasadoFoto Reuters

Fue Peña quien acudió a las oficinas del Financial Times ( FT), y no al revés, con un nutrido séquito de funcionarios encabezados por Videgaray, donde promete la reforma transformacional (¡supersic!) de Pemex ( FT, 17/6/13).

 

FT, portavoz de la desregulada globalización financierista, informa que Peña se comprometió (sic) con una reforma que transforme Pemex para atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera (¡supersic!).

 

FT expone una serie de frases de Peña: liberalización de Pemex acordada en el Pacto por México; propuesta más detallada (sic) se entregará en dos o tres meses; existen diferentes opciones y será transformativa (sic). Todas adornan la histórica frase clave: la reforma energética incluirá cambios constitucionales (¡supersic!) necesarios para dar certeza jurídica a los inversionistas privados.

 

Según FT, ExxonMobil y Royal Dutch Shell están dispuestos a invertir (sic), si el Congreso aprueba la propuesta: Liberalizar (sic) Pemex y posiblemente (sic) permitir reparto de ganancias (¡supersic!) con las trasnacionales.

 

Definición de transformar: hacer cambiar de forma a una cosa (RAE), y según el Oxford Universal Dictionary: cambiar de forma; metamorfosis; cambiar en características y condiciones. Ergo, si entendemos la hermenéutica de Peña y la mayéutica del FT (privatización de las aguas profundas/transfronteras/ shale gas) por las trasnacionales anglosajonas: Pemex será cambiada a otra cosa y sufrirá una metamorfosis en tierra firme, aguas someras y en la profundidad de los mares.

 

Por lo visto Peña es candil de la calle (privatización en GB y Wall Street) y oscuridad en la casa: caos semántico cuando privatizar no es privatizar, salpicado de desmentidos aberrantes. Peña ostenta un doble discurso esquizofrénico que ha generado inmensas expectativas en la anglósfera, mientras confunde a la opinión pública de su país (http://www.youtube.com/watch?v=AIKFT2H2kcA).

 

De regreso al hogar, donde sus declaraciones provocaron turbulencias, Peña desmiente la privatización de los energéticos con una acrobacia sofista: ampliar (sic) Pemex no implica que se vaya a privatizar ( La Jornada, 20/6/13).

 

Hasta hoy Peña no ha desmentido directamente sus asertos al FT que refutó en México.

 

Más allá de los juicios perentorios y los malabarismos interesados del FT, las declaraciones esotéricas de Peña –que requieren una hermenéutica neurolingüística sui generis– se deben concatenar con la lectura financiera que hacen al día siguiente The Wall Street Journal ( WSJ) y Bloomberg (relevante agencia de noticias financieras de Nueva York).

 

Según WSJ, Peña quiere permitir a las empresas privadas (sic) compartir los riesgos en el desarrollo de las reservas de energía cada vez más complejas. ¿Cuáles? Obvio: aguas profundas/transfronterizas/ shale gas; justamente donde las trasnacionales anglosajonas detentan la tecnología que carecen las parasitarias y disfuncionales empresas privadas mexicanas.

 

La próxima vez abordaré la interpretación de la hermenéutica de Peña por WSJ y Bloomberg.

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FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Hacia otro Brasil

Guillermo Almeyra

Los gobiernos llamados progresistas aplican políticas neoliberales ligeramente modificadas por medidas asistencialistas destinadas a sostener el consumo interno y por una fuerte intervención estatal para afirmar la dominación capitalista en general y sobre todo el consenso de que gozan –que en gran parte les viene del temor a un mal mayor ya conocido.

 

Los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff no hicieron ninguna reforma agraria, reforzaron en cambio el agrobusiness, transformaron tierras donde se cultivaban los elementos básicos de la dieta popular en productoras de caña de azúcar para elaborar etanol, prefiriendo los automóviles a los brasileños, permitieron que el gran capital ganase como nunca antes y reprimieron sin asco en las favelas, en el campo, en las zonas indígenas. Empujados por las dificultades económicas (la economía creció apenas 0.9 por ciento mientras el índice de fertilidad llega a 2.14 por ciento, lo que muestra que, por cabeza de habitantes, los brasileños se empobrecen), esos gobiernos favorecieron cada vez más a las trasnacionales y domesticaron cada vez más a los sindicatos que forman parte del aparato del Estado capitalista.

Mientras llevan a cabo, en parte, lo que Gramsci llamó una revolución pasiva (o sea, dar soluciones por arriba, limitadas y mezcladas con medidas reaccionarias y antinacionales, a la necesidad de unificar y modernizar el país), creen que basta con comprar dirigentes de organizaciones sociales, impedir la independencia política de los trabajadores, buscar aliados parlamentarios en los partidos burgueses dándoles prebendas y mantener tranquilos a los más pobres con dádivas y espectáculos deportivos. Fomentan los créditos para comprar automóviles, con el resultado de que las ciudades están cada vez más contaminadas y el tráfico es cada vez más caótico (en Sao Paulo la velocidad de circulación pasó de 20 kilómetros por hora hace unos años a los actuales 12 y un trabajador debe dedicar tres horas por día al placer de apiñarse en un transporte cada vez peor y cada vez más caro).

Mientras las desigualdades sociales crecen, esos gobiernos confunden su apoyo electoral con un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Por eso, por ejemplo, estalla Bolivia cuando el gasolinazo (80 por ciento de aumento del precio del combustible, de golpe y sin aviso) que Evo Morales debió anular al día siguiente y el Brasil urbano se levanta cuando a la extorsión del aumento del precio del boleto para el transporte urbano (ya carísimo, ya que un paulista debe dedicar a pagarlo el equivalente de 14 minutos de salario mínimo contra sólo 1 minuto 31 segundos de un trabajador de Buenos Aires) se agregó la intolerable afrenta de una represión salvaje por la policía militar.

Aunque Dilma y los gobiernos anularon este aumento, no resolvieron con eso la causa de fondo de la protesta, que estalló con motivo de la medida, pero tiene raíces mucho más profundas en la rabia acumulada por el deterioro de la calidad de vida, por el aumento de la explotación, por la riqueza desfachatada de la oligarquía, por la corrupción estatal generalizada, por la violencia del aparato estatal. Gobiernos que aceptan el capitalismo como único marco, lo quieren humanizar y teorizan, como Cristina Fernández con Laclau, que no existen ya la lucha de clases ni las clases, se encuentran de golpe con que una parte importante de los trabajadores y de las clases medias pobres no se contentan con Bolsas Familia y futbol televisivo, como se ven obligados a hacer en cambio los más pobres para los cuales comer dos veces por día sí fue un enorme progreso.
 

Por eso la base del lulismo-dilmismo se divide hoy entre los que a pesar de que no tienen tierras ni soluciones en el mundo rural tienen expectativas económicas muy limitadas y por eso no protestan, y otros sectores urbanos más educados que no comen sólo asistencia social y futbol para todos y piden democracia, educación decente, calidad de vida.

 

El 60 por ciento de los paulistas viven en las ciudades. En Brasil, según el censo de 2010, 84.4 por ciento de la gente estaba ya urbanizada. Además, aunque aumenta la expectativa de vida, la inmensa mayoría de la población brasileña tiene menos de 40 años. Esa juventud urbana es la que estalló y no se detendrá. Se ha comparado el caso brasileño con la revolución árabe, pero en Brasil tanto Dilma como Lula cuentan con un altísimo apoyo popular. Además, las manifestaciones no fueron sólo contra el alcalde de Sao Paulo, del PT, pues también se produjeron contra alcaldes de la derecha o de partidos aliados y competidores del PT. En ellas se impidió a todos levantar sus banderas porque, como sucedió también en las asambleas populares porteñas de 2002, la gente común quería pesar directamente en la vida política y no ser manipulada o instrumentalizada por partidos o sectas deseosas de pescar en río revuelto.

 

El eje del problema es el nivel actual de la subjetividad de los que protestan. Las reivindicaciones no fueron más allá del rechazo al aumento y de la protesta contra la violencia de la policía militar y contra la corrupción. Brasil jamás conoció en su historia movimientos independientes de masa. Su independencia la logró el hijo del rey de Portugal que se proclamó emperador y ni siquiera las grandes huelgas de los 70 que derribaron a la dictadura fueron totalmente independientes, ya que integraban la oposición junto a partidos burgueses. Lo importante, por consiguiente, no es la limitación de las reivindicaciones, sino el hecho de que hayan sido espontáneas, expresen el ansia de democratización de la vida política y social y desborden a los partidos y aparatos. No estamos pues ante una revolución, pero sí ante una rebelión democrática de la mayor parte de la juventud urbana, que se niega a seguir siendo mero objeto de las políticas burocrático-tecnocráticas de los agentes del gran capital que se disfrazan de progresistas.

 

Pero se están creando las condiciones para un frente amplio político-social que cambiaría todos los datos políticos en Brasil. En momentos en que el chavismo se debate ante la crisis o su profundización y en que el kirchnerismo se desgasta, lo que pase en Brasil tendrá enorme importancia. La crisis del capitalismo, al estrechar las bases para los derechos democráticos y amenazar el nivel de vida conquistado en los últimos 10 años, acelera la transformación. Pero faltan aún el programa, las ideas, incluso la voluntad de entender este nuevo proceso en las izquierdas fuera y dentro del PT. Para desarrollar las potencialidades del proceso antes que nada se necesita claridad teórica y política.
FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Colombia: un gran paso hacia la paz

Mario Rey *

Después de seis meses de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han firmado en La Habana el primer acuerdo político sobre un punto fundamental: el campo, escenario de una centenaria desigualdad social y violencia, teatro donde se tendrán que dar los grandes cambios económicos y sociales que apuntalen las transformaciones políticas, el fin de las confrontaciones armadas y los cimientos de una sociedad menos injusta y violenta.

 

Los colombianos hemos padecido por más de 100 largos años los oprobios de la guerra: vimos morir el siglo XIX y nacer el XX en los fragores de las armas y la sangre de la Guerra de los Mil Días, cuyos ecos literarios perviven en Cien años de soledad; durante la primera mitad del siglo pasado sufrimos innumerables conflictos que confluyeron en el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, magnicidio que dio origen al levantamiento generador de los grupos guerrilleros liberales y comunistas que incubaron lo que hoy son las FARC.

Aunque en sus inicios esta guerra fue simbolizada por los colores azul y rojo de conservadores y liberales, en realidad ha sido una despiadada lucha sin cuartel por la tierra, una tierra generosa y rica en aguas, minerales, vegetales y especies que no sólo no fue repartida nunca entre los campesinos e indígenas, como en la Revolución Mexicana, por ejemplo, sino que se ha ido concentrando cada vez más en muy pocas manos a golpe de machete, bala y sangre; por ello el acuerdo inicial titulado Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral nos llena de esperanza.

Aunque en Colombia ya se había firmado un proceso de paz con el grupo guerrillero M19, ratificado por una Asamblea Constituyente (1991) que modernizó la decimonónica Constitución –dedicada al Sagrado Corazón de Jesús– y abrió espacios democráticos de participación política a la oposición de izquierda, a los indígenas y a las negritudes, no se modificaron ni la propiedad latifundista ni las condiciones de desigualdad social. Y al contrario de lo que se podría esperar, ni el acuerdo de paz ni la nueva Constitución lograron disminuir la violencia ni el despojo de tierras ni el desplazamiento de los campesinos e indígenas, situación agravada por el fenómeno del narcotráfico y los grupos paramilitares.
 

La cuestión agraria es sólo el primer punto de la negociación, pero es un asunto clave a partir del cual se abordarán otros de naturaleza más política. Grosso modo, se acordó crear un fondo para distribuir las tierras tomadas a la fuerza por paramilitares y narcotraficantes; se expedirán títulos de propiedad de los terrenos colonizados y trabajados por los campesinos, se creará una jurisdicción especial para protegerlos y se modernizará el catastro para combatir con impuestos las grandes extensiones de terrenos improductivos; todo esto sin afectar la propiedad privada lícita, y con sujeción al ordenamiento constitucional y legal vigente, desmintiendo a los enemigos de la paz que siembran el miedo entre pequeños, medianos y grandes propietarios legítimos; asimismo, se trabajará para desarrollar la agricultura, superar el atraso y las limitaciones en educación, salud, vivienda, servicios e infraestructura, y cerrar la gran brecha existente entre la ciudad y el campo.

 

Aunque nada está acordado hasta que todo esté acordado, principio rector de las negociaciones, este primer paso da luz y aire a un proceso que empezaba a generar dudas por su duración, por la triste memoria del fracaso de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y por la férrea y tozuda oposición de los sectores políticos más conservadores y reaccionarios del país, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, fundador de las Convivir, origen de los ejércitos paramilitares con quienes firmara un pacto político durante su mandato.

 

Aunque faltan cinco puntos más de la agenda de negociación –entre ellos los muy difíciles de la integración a la vida social, económica y política de los guerrilleros, la protección de sus vidas, el desmantelamiento de los paramilitares y la institucionalización de los acuerdos–, aunque es muy fuerte la resistencia de algunos terratenientes y aristócratas conservadores, la apuesta por la paz nos permite soñar esperanzados con el fin del centenario e infame conflicto, con la solicitud y la concesión del perdón por las decenas de miles de víctimas de los dos lados, con la verdad y la reparación, con una Colombia más moderna y ecológica, más democrática, menos desigual, menos injusta y menos violenta.

* Profesor-investigador, UACM y UNAM
FUENTE: LA JORNADA OPINION