Astillero
SRE: aplausos grabados
Paisanos indefensos
Josefina y Diego
Juzgados familiares
Julio Hernández López
CONFLICTO EN OAXACA. Indígenas desplazados de San Juan Copala, Oaxaca, quienes realizan un plantón en la ciudad de México a un lado de la Catedral Metropolitana, ofrecieron ayer una conferencia de prensa para explicar a los medios de comunicación la problemática que enfrentan
Foto Pablo Ramos
Es desafortunado, pero explicable, el posicionamiento aplaudidor del gobierno mexicano respecto a la propuesta obamista de reforma migratoria que ayer fue aprobada en el Senado de Estados Unidos y que ahora pasa a la Cámara de Representantes, dominada por republicanos que habrán atemperado su reticencia inicial y podrán votar también a favor (aunque tal vez imponiendo más candados y condicionamientos) al ver cumplida su exigencia de militarizar la frontera con México y de entrampar el proceso de absorción de los paisanos.
Luego de un lamentable silencio y una sostenida ausencia en el debate de lo que se ha ido decidiendo en las cúpulas del vecino país respecto a paisanos sin regularización migratoria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del economista José Antonio Meade, ha lanzado campanas al vuelo por lo sucedido ayer en una de las dos cámaras legislativas gringas: México celebra el texto aprobado y le da la bienvenida, señaló la máxima oficina diplomática mexicana en comunicado de prensa (http://bit.ly/12tMn9K ).
El acrítico asentimiento de esa reforma pareciera provenir de una sala de grabaciones activada semanas atrás, durante la visita del jefe imperial, Barack Obama. El gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó que el vecino país blinde su frontera, duplique el número de agentes en esa franja, coloque aparatos de tecnología de control y espionaje y sostenga amenazante las llaves de cierre de ese paso vital para México conforme le parezca adecuado, a cambio de una dizque reforma migratoria que beneficiará sólo a una porción de los paisanos, que les juega el dedo en la boca en cuanto a adquisición plena de derechos, sobre todo los cívicos, en especial lo electoral, para resolverlo hasta dentro de más de una década, y que llevará a una persecución y encarcelamiento de mexicanos sin regularización migratoria en términos aún peores a los actuales.
La administración mexicana celebra con la estadunidense porque a fin de cuentas los paisanos sin regularización migratoria no importan de verdad, sino otros planes ‘‘superiores’’. Washington toma un control más abierto de la frontera con México, emplaza destacamentos para tratar de frenar la imparable instalación de grupos del crimen organizado en la contraparte estadunidense y está atento a insurrecciones o una mayor descompostura del Estado mexicano más que fallido, siempre con la vista puesta en el surtidor de petróleo como un asunto de seguridad nacional estadunidense.
Para aderezar el platillo, y facilitar su digestión, la cocina de las barras y las estrellas coloca en el centro de la mesa la zanahoria de una reforma migratoria que mantiene el estatus marginal para los mexicanos que han cruzado la frontera, los somete a un largo proceso verificatorio, posdata su ascenso como fuerza cívica y electoral y les amenaza con cárcel y deportación en los casos, que pueden ser muchos, que no encajen en el curso procesal impuesto. A cambio, además de aplausos y genuflexiones, el gobierno peñista ofrece buena sociedad en el negocio del petróleo y propone una comprensiva aceptación estadunidense de que el del narcotráfico debe ser un tema (también negocio) manejado por expertos locales, sin las interferencias y órdenes directas que las agencias gringas daban a los nacionales durante otro desgobierno, el de Felipe Calderón. ¡Aplausos!
En otro tema: las primeras elecciones bajo la regencia política de Enrique Peña Nieto, en 14 estados, el próximo domingo 7, parecen encaminarse a la consolidación de signos que gustaría al ‘‘nuevo’’ PRI-gobierno sostener a lo largo del sexenio: uso desbordado de recursos públicos alegremente suministrados desde posiciones gobernantes (sobre todo la federal, con su ahumada Secretaría de Desarrollo Social y electoral); participación opositora dividida, desgastada y condicionada (atenida, en todo caso, a concertados repartos de ciertos cargos tácticamente necesarios para que esa ‘‘oposición’’ siga siendo funcional a los propósitos pactados con Los Pinos) y un extendido control mediático que aun cuando informa sumariamente de las trampas electorales en turno prefiere quedarse en la superficie.
Astillas
Los panistas siguen metidos en un pleito que conforme avanza más los exhibe negativamente. Tratando de salvar las fechas electorales, el comité nacional del partido de blanco y azul decidió convocar a sesión hasta el 10 de julio próximo, es decir, tres días después del domingo comicial en que Gustavo Madero saldrá fortalecido si conserva Baja California o debilitado si pierde esa plaza emblemática y en otras partes del país se produce una derrota electoral inexcusable. En espera de esos resultados, ya se van perfilando ciertas facciones deseosas de aprovechar la coyuntura. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota y Diego Fernández de Cevallos. La primera pretende ofrecerse como solución intermedia, para presidir el PAN en sustitución de Gustavo Madero y con distancia de Felipe Calderón. El segundo pretende recuperar la condición de factor determinante del actuar panista, aunque no tenga un cargo específico, al estilo del salinismo ahora tan restaurado... Luego de leer la entrega de esta columna sobre Góngora, Peña Nieto y Montiel, el lector Óscar Gamboa comenta respecto al infierno sicológico y jurídico que viven muchos mexicanos al caer en juzgados familiares: ‘‘A mi parecer es urgente una reforma en la legislación para la custodia compartida. Se habla mucho del derecho superior del menor, tratados internacionales, en los juicios de lo familiar, estudios sicológicos de meses, y sin embargo nada resuelve el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y los que pagan siempre son los menores. Los jueces nada resuelven, y los niños se convierten en instrumentos de negociación por dinero (casi siempre del lado de las mujeres). Caer en los juzgados familiares es caer en una industria amafiada de abogados, jueces, etcétera, donde lo único es pagar y seguir pagando. Desafortunadamente tengo experiencia en esto, y creo que ya se esta convirtiendo en un problema social’’… ¡Feliz fin de semana!
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En guerra otra vez-Helguera 
Títulos de concesión
Cristina Barros
Esta figura, creación de un neoliberalismo entendido como la apropiación del patrimonio de todos para beneficio de pocos, requiere de una discusión amplia. Tomo como ejemplo de las consecuencias de aceptarlos en los términos actuales, el de la Supervía Poniente. Al referirse al incumplimiento de los compromisos de la empresa OHL-Copri con vecinos y vecinas afectados por la Supervía, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, expresó que la Consejería Jurídica revisaría el caso ( La Jornada, 16 de junio de 2013). Dudamos que haya resultados. Si como jurista, el jefe de Gobierno revisa el título de concesión, encontrará que no se establecen sanciones en ningún caso.
Construcción comités vecinales( La Jornada, 20 de junio, p. 9).
Sorprende que Miguel Ángel Mancera no conozca los términos en que se dio la concesión en la época de su antecesor, Marcelo Ebrard, porque la Comisión Civil de Acompañamiento del Frente Amplio contra la Supervía Poniente le entregó un expediente muy completo desde que era candidato a la jefatura de Gobierno; nunca hubo respuesta de su parte.
Ahí se le explicaba que el título de concesión del 10 de abril de 2010 era lesivo para el Distrito Federal por varias razones. Una muy importante es que en la cláusula 20 se establece que en caso de rescate de la vía,
la concesionaria tendrá derecho de obtener una indemnización cuyo monto será fijado por peritos tomando en consideración los estudios financieros que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, el tiempo que falte para que se concluya el plazo de vigencia de la concesión y la amortización del capital invertido y de la TIR [tasa interna de retorno] del proyecto.
Si como ha ocurrido hasta ahora y como han afirmado diversos especialistas, por la Supervía no circulará el número de autos esperado para la recuperación de la inversión: 40 mil al inicio de la obra y 140 mil hacia el décimo año, tendremos que pagar a la empresa más de 6 mil millones de pesos, más los intereses acumulados.
Pero además, en la cláusula décima se establece que
la concesionaria tendrá la facultad de incrementar las tarifas máximas vigentes en forma tal que, como consecuencia de dicho incremento tarifario se logre una reducción en tránsito diario promedio anual y se asegure que en todo tiempo la vía opere con las condiciones de fluidez y seguridad previstas en la condición décima primera del presente título de concesión. Mano libre total para la empresa que
en función del desempeño operativo de la vía, la concesionaria podrá realizar y presentar a la dependencia auxiliar los estudios necesarios para evaluar la conveniencia de ampliar la vía mediante la incorporación de tramos adicionales o derivaciones que puedan beneficiar el tránsito vehicular de la zona(cláusula décimo octava).
De todo esto dio cuenta a tiempo el Frente Amplio y jamás fue escuchado por el gobierno, que sigue sin cumplir la recomendación 1/2011 de la CDHDF. Por otra parte, la sentencia de la sala superior del TCADF tiene año y medio de retraso, lo que es inadmisible; sólo se explica por el conflicto de intereses de la presidenta de ese tribunal, Jazmín Esquivel Mossa, esposa desde diciembre de 2011 del señor Riobóo, constructor de la Supervía.
Es extraño que ahora se le ponga tanta atención a estos nuevos afectados por la Supervía, varios de los cuales estuvieron al lado del gobierno y contra el frente en su momento. Si no se trata de una mera forma de presión a la empresa para que dé recursos, se esperaría de Miguel Ángel Mancera que sea parejo y cumpla con la recomendación de la CDHDF; también que haga un llamado al TCADF para que, con autonomía, ratifique la sentencia que ya emitió la primera sala y que evidencia la ilegalidad de la obra. La ALDF, por su parte, tendría que modificar la ley, para impedir títulos de concesión como este, fruto de la complicidad entre gobierno y empresas. ¿Será demasiado pedir?
A media asta-Ahumada 
El dilema de la autonomía del INEE
Tatiana Coll
Este país nuestro es bastante peculiar en cuanto a las formas y el fondo de los mensajes políticos emitidos desde el Estado. Cuando Carlos Salinas de Gortaria llevó al apogeo los procesos de desnacionalización, al mismo tiempo llenó de unas inmensas banderas nacionales el país, proclamando su gran patriotismo. Ahora que se ha asentado constitucionalmente la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es cuando menos autónomo será.
tras bambalinas, entre las diferentes instituciones y personajes involucrados, tanto del gobierno como de la Cámara de Diputados y empresarios, discusiones soterradas, que a veces se transminan como rumores, de las cuales no sabemos nada cierto, hasta que en fast-track se aprueben las leyes secundarias. El INEE gracias a su autonomía entró al closet de la simulación, una de las más conocidas expertisses de Emilio Chuayffet. Método típico de la política mexicana que evade los verdaderos debates con todos los actores involucrados. La simulación ha quedado plasmada en lo que hasta ahora se conoce como la propuesta de leyes secundarias que se está discutiendo: en el artículo sexto sobre las funciones del INEE se establece que diseñará todo lo relativo a las evaluaciones en el sistema, pero en el artículo séptimo se delimita que solicitará a la SEP los indicadores, estándares y demás elementos que integran los procesos de evaluación. ¿Qué será? ¿Diseñará o solicitará? ¿Autonomía o legitimación?
Ahora que el INEE es autónomo nos preguntamos qué tanto de la experiencia acumulada y conclusiones alcanzadas antes de su autonomía estará dispuesto a incorporar en sus actuales decisiones. El problema de la autonomía de un órgano evaluador de los procesos educativos no es trivial. Se refiere, en última instancia, a la capacidad que genere el mismo para no vincular y sujetar los criterios, elementos, variables y condiciones de la evaluación con el conjunto de fines políticos gubernamentales y empresariales. Sobre todo en este caso en el que hablamos del control total sobre el ingreso, promoción y permanencia de los maestros.
Desde el primer informe del INEE, presentado en noviembre de 2003, hasta el último voluminoso Panorama educativo de México/2012, han venido analizando de manera exhaustiva todos los indicadores y pruebas aplicadas nacionalmente en diferentes momentos y cruzadas con variables diversas, escalas de todo tipo, para llegar invariablemente a una misma conclusión: que los niveles de aprendizaje en el sistema básico (SEB) están, se mantienen y reproducen constantemente en relación directa al grado de desigualdad social, pobreza y marginación que prevalece en el país, sin que se visualice ninguna medida verdaderamente eficiente para cambiar la situación.
El INEE ha sostenido esta conclusión año tras año y Mario Rueda, su último director antes de ser autónomo, señaló claramente que “romper los círculos ‘no virtuosos’ de una creciente estratificación social del sistema de enseñanza que ofrecen escuelas y docentes con mayor rezago a la población más vulnerable debe ser prioridad para todos los sectores involucrados en la educación”. De nuevo subrayó el hecho insoslayable de que 45 por ciento de las escuelas primarias son multigrado, es decir, que un solo maestro atiende todos los grados, y operan en condiciones de virtual abandono. La desigualdad es la característica central del SEB.
¿Qué va a hacer el nuevo INEE autónomo con esta significativa conclusión sustentada con infinidad de datos
duros? ¿Va a comprometerse en que es posible y justo evaluar a los maestros y alumnos con pruebas estandarizadas de opción múltiple? ¿Evaluar a los desiguales como si fueran iguales? La clave de estas preguntas radica esencialmente en aceptar y establecer estándares nacionales iguales para todo el sistema. Los estándares son el centro de la evaluación, ya que convierten el proceso de aprendizaje en indicadores medibles, construidos en función de una hábil reducción del conocimiento a habilidades cognitivas específicas que pueden expresarse en una prueba de opción múltiple. Los estándares homogeneizan, empobrecen e instrumentalizan el proceso educativo. El INEE no autónomo apuntó hacia la imposibilidad de construir estándares homogéneos en medio de la desigualdad educativa.
Dos elementos importantes para calibrar la autonomía del INEE: en primer lugar, con quién y cómo debate y consensa su propuesta, y en segundo, si reconoce la validez de que no pueden construirse estándares uniformes en el país de la gran desigualdad.
Dilma Rousseff les dice a los jóvenes manifestantes de las calles brasileñas:
Los estoy oyendo y voy a hacer los cambios(22 de junio de 2013). Enrique Peña Nieto les dice a los maestros democráticos y sus propuestas:
Nadie frenará la reforma educativa(4 de abril de 2013). El gobierno mexicano simula la autonomía, simula el debate y no ceja en su intención de control total.
Test de conocimiento-Fisgón 
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