Redes y privacidad vulnerada
La noticia difundida ayer por la red social Facebook, en el sentido de que un
erroren su plataforma de seguridad produjo la filtración de datos personales de más de 6 millones de usuarios, es la más reciente evidencia de los riesgos que conlleva el crecimiento exponencial de redes sociales como la referida.
El actual episodio de filtración de datos personales del sitio referido coincide con el escándalo desatado por la difusión de las labores de espionaje cibernético y telefónico que la inteligencia militar estadunidense ha venido desarrollando en contra de ciudadanos del vecino país, en el marco del programa conocido como Prism. El punto de conexión entre ambos hechos es la revelación de que agencias estatales y federales de seguridad en Estados Unidos formularon a Facebook entre 9 mil y 10 mil solicitudes de información personal –las cuales involucraban cuentas de entre 18 mil y 19 mil usuarios– en el segundo semestre de 2012, y la afirmación, en voz de uno de los asesores legales del sitio de Internet, de que éste tiene una tasa de cumplimiento de 80 por ciento de ese tipo de solicitudes.
Los datos referidos, en conjunto, dan cuenta de una circunstancia paradójica: si bien la expansión de las redes sociales y las tecnologías de la información ha tenido impacto favorable en la configuración de las sociedades contemporáneas –las ha provisto de herramientas de comunicación horizontal e inmediata y ha alentado el surgimiento y desarrollo de fenómenos como el ciberactivismo (el uso de las nuevas tecnologías para la acción política)–, el mismo proceso derivó también en un factor de vulnerabilidad para la información personal, ya sea debido a
errorescomo el detectado ayer, o de políticas deliberadas de espionaje y sustracción de tal información, como la puesta en marcha por el gobierno estadunidense en el marco de Prism.
Un punto de partida que no debe perderse de vista en los análisis sobre el uso de las redes sociales en el mundo contemporáneo es que las empresas como Facebook representan, a fin de cuentas, un negocio muy lucrativo y una fuente de información sumamente atractiva desde el punto de vista económico y comercial, así como en lo que se refiere a las políticas de seguridad y control social. En términos ideales, uno de los principios elementales bajo los que debiera operar la sociedad red es la máxima protección posible de la intimidad individual, y ello implica la abstención, por parte de autoridades y poderes fácticos, a inmiscuirse en la privacidad de las personas. Por desgracia, ese principio es vulnerado sistemáticamente por empresas y gobiernos.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Los peores enemigos-Helguera 
¿Neocorporativismo?
Ilán Semo
La breve historia del Pacto por México empieza ya a tomar visos de una comedia en la que los actores olvidan el libreto a media escena, uno nunca sabe si se trata de un ensayo o de la versión definitiva y el director es una figura difusa y extraviada entre los enconos del personal y los dimes y diretes de los protagonistas. En todo ese mediático simulacro hay algo de los guiños de Fellini –o, mejor dicho, de una de sus frases preferidas:
la vía más corta al absurdo es querer aparecer como reales– y no poco de las advertencias desoídas de un pasado que, por inconcebible, resulta simplemente irrepetible.
Unidad Nacionalhacía de gran máquina retórica para apuntalar la distancia de la presidencia con respecto a los disímbolos actores políticos –y, en especial, frente a las facciones del propio partido oficial–. La evocación de la
unidadservía para emplazar amigos y acotar enemigos de la presidencia, para construir el aura del
presidente de todos los mexicanos, para premiar arrepentimientos y castigar a los obcecados y, sobre todo, para abrir espacios imaginarios (y a veces reales) a quienes quedaban fuera del presupuesto. Los saldos de la demarcación podían ser generosos o terribles: lo que se fraguaba era, en esencia, las lealtades a las reglas del viejo corporativismo, el presidente convertido en un
fiel de la balanzaentre
los sectores de la sociedad.
Si algo no lograron las administraciones panistas (entre 2000 y 2012) fue precisamente destilar esa metasoberanía aparente y real de la presidencia respecto, sobre todo, de la sociedad política. Vicente Fox, enfrentado durante todo su sexenio al Congreso, a los gobernadores de la oposición y a la propia burocracia oficial, acabó siendo una versión lastimosa de la facción más defensiva y acomodaticia del poder conservador mexicano. Felipe Calderón hizo de la presidencia una máquina de guerra; una máquina que devino furgón de ilegalidades: esa franja delicada y peligrosa que define la proximidad entre el político y el criminal.
En parte por el shock de la ineptitud panista, en parte porque los partidos son burocracias de repetición, a partir de 2012 el PRI retornó a los códigos y los esquemas que ya conocía –casi, se podría decir, como un acto melancólico–. Entre la antigua
Unidad Nacionaly el
Pacto por Méxicono hay ningún trecho en la imaginación ni en la expectativa de una presidencia suprainstitucional. Sin embargo, visto desde la perspectiva de sus primeros seis meses de gestión, el pacto –que incluyó desde su nacimiento ¡95 acuerdos! de la dimensión de la reforma educativa y la reforma energética– se antoja más bien como un catálogo de expectativas no utópicas, sino distópicas. Hasta un jefe menor de fracción parlamentaria habría intuido lo que está pasando: cada uno de los partidos o las franjas de los partidos que lo firmaron está desgranándolo con su propia interpretación para posicionarse frente a las elecciones que vienen.
En rigor, se trata de una versión actualizada de las viejas prácticas corporativas, sólo que en lugar de los
sectores socialesse encuentran ahora los cuerpos de los partidos políticos. Digamos que una suerte de neocorporativismo político. La pregunta es si esto puede funcionar en el México de 2013 (además de que los partidos no son
sectores socialessimplemente por el hecho de que contienden en elecciones). La respuesta hasta ahora es que algo en el pacto podría funcionar para el PRI, pero sin duda no para el país –y menos para la sociedad política–.
Cuando el jueves pasado Miguel Ángel Osorio Chong afirmaba que el
pacto atraviesa por una severa crisisdebido a
las confrontaciones internas de los partidosno hacía más que refrendar esa posible mentalidad (en ciernes) neocorporativa.
Obviamente el pacto –es decir, la carta de identidad para tener acceso o no a la presidencia– no causó la crisis de los partidos, pero sí la agudizó. La debacle del Partido Acción Nacional (PAN) –acaso la mayor desde 1976– tiene sus orígenes en el calderonismo: una parte mayoritaria del panismo no quiere verse envuelta en un partido que está a punto de convertirse en un silogismo histórico de la memoria de un genocidio (en rigor, la única solución profunda sería que el propio PAN llevara a juicio a Felipe Calderón.) La división del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene una historia distinta y está ligada a la inoperancia del discurso del nacionalismo revolucionario.
Pero el efecto del pacto sobre ambos partidos fue definir franjas que tenían acceso al poder presidencial mucho más allá de sus equilibrios internos, con lo cual la estructura partidaria quedó evidentemente debilitada. Debilitar hoy a los de por sí débiles partidos significa producir una implosión en el Estado que no tiene necesariamente suplemento alguno ni compensación visible.
Nunca hay que olvidar que en la política mexicana lo que funciona para el presidente y funciona para el Estado puede llegar a ser de alguna manera operante, pero lo que sólo funciona para el presidente y no para el Estado puede desembocar en una situación de abismo.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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No se preocupen-Fisgón 
Derechos humanos y actuación policial
Miguel Concha
Frente a las violaciones a los derechos humanos, la reparación integral del daño implica indemnizaciones por las afectaciones económicas y el daño moral, tratamiento sicológico, derecho a la verdad, garantías de satisfacción y resarcimiento de la dignidad e imagen de las personas. Sin embargo, incluye también medidas de no repetición, entre las que se encuentran sancionar a los responsables y adoptar mecanismos jurídicos y reglamentarios que garanticen el respeto a los derechos humanos vulnerados, a fin de que las violaciones no se vuelvan a repetir.
La recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), originada a partir de las detenciones arbitrarias y la violencia del primero de diciembre en la ciudad de México (1DMX), establece acertadamente entre sus 22 puntos la garantía de no repetición, como parte de la reparación integral del daño. Esta garantía consiste sobre todo en adoptar medidas para evitar las violaciones a los derechos humanos por parte de las y los policías, y para mejorar las prácticas de éstos en el control de multitudes.
En los hechos represivos que volvieron a repetirse el 10 de junio, vemos que esta garantía está totalmente ausente. Como se recordará, entre las detenciones del 1DMX se presentaron seis casos de tortura, 58 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a juicio de la CDHDF se utilizaron medios prohibidos por la normatividad que regula el uso de la fuerza, como por ejemplo instrumentos que generan descargas eléctricas.
Se obligó en efecto a varios detenidos a desnudarse y a realizar así ejercicios físicos, mientras los humillaban, amedrentaban y tomaban fotografías con celulares. Se recurrió además a prácticas que contravienen los criterios del uso de la fuerza, como son los de proporcionalidad, razonabilidad, congruencia y oportunidad. Fue desde luego una intervención policial tumultuaria y arbitraria, caracterizada por el abuso y la intención de amedrentar y hacer sufrir a los detenidos.
Con ello se confirmó que no existen las condiciones que garanticen que las violaciones a derechos humanos no se repitan, sino que no se han adoptado mecanismos incluso dudosos de garantía de no repetición, como es el caso del Acuerdo 6/2013 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por el que se emite el
Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública para el control de multitudes. Un texto que según el criterio de la CDHDF es de por sí ambiguo, tiende a la desconfianza y a la criminalización de la protesta, favorece el uso arbitrario de la fuerza y no especifica con claridad las responsabilidades de los policías y sus mandos.
Por otro lado, el tema de la sanción a los responsables, que la recomendación 7/2013 coloca entre las medidas de satisfacción, dista mucho también de estar vigente en la realidad. Por el contrario, también en estos casos en el país se vive en un ambiente de impunidad, ya que no se ha dado vinculación a proceso ni detenidos entre los policías. Vemos con preocupación que en el Distrito Federal se está originando una generación de jóvenes detenidos arbitrariamente, que han sufrido el embate de la fuerza estatal, y tenido que resistir una cruel estrategia de control policial. Con lo cual no pretendo justificar reacciones de violencia.
El impacto sicosocial de estas prácticas implica la inhibición de la participación política, objetivo contrario a los fines de una democracia. El daño que origina la ausencia de una sanción efectiva puede verse como una vulneración de la seguridad jurídica, y resulta en que la comunidad se representa a sí misma como desprotegida y alejada del aparato estatal, al que consideran un peligro, o una instancia inservible e ineficaz para su protección.
La recomendación 7/2013 recuerda algunos principios sobre la actuación policial, que están enunciados en el artículo 21 de la Constitución, a saber: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Pero también menciona otras directrices, como poner en primer lugar la protección del ciudadano y un eje de actuación regido por la confianza; la no improvisación; la socialización de la información entre todos los policías respecto del operativo; la claridad en los estándares de intervención para el manejo, contención e intervención frente a multitudes, y lograr una policía con perspectiva de seguridad ciudadana.
Para hacer también más efectiva y ágil la labor de la propia SSP, de la Procuraduría General de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia y de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, es urgente que se instrumenten las recomendaciones que hace la CDHDF, especialmente la creación de la Comisión para la Reforma de la Policía, que en su diseño, integración y funcionamiento deberá contar con la participación de actores gubernamentales, de la sociedad civil, de la academia, de la CDHDF y de la misma policía, así como la armonización de esta última con los lineamientos de respeto a los derechos humanos y al
FUENTE: LA JORNADA OPINION
modelo de policía democráticaque propone la CDHDF.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
La nueva crisis de la evaluación
Hugo Aboites*
En 1996-1997, cuando por primera vez se comenzó a utilizar la evaluación estandarizada de manera masiva (examen único), surgió un fuerte movimiento metropolitano porque, más que diagnosticar, simplemente se buscaba clasificar para decidir quiénes tenían el derecho a estudiar y dónde, y quiénes ni siquiera debían ya ir a la escuela. Muchas protestas y años después, ahora en 2013, la evaluación (como parte central de la reforma educativa) está de nuevo en el centro de una profunda confrontación en torno a la educación y ya enfrenta un panorama cada vez más complicado.
ahora es cuandosintomáticamente dice Mexicanos Primero), pero su prestigio como educadores ( remember la Fundación Chespirito y los programas de Televisa y Azteca) no es muy acentuado que digamos.
Su visión simplista y mecánica de la realidad social, además aplicada a la educación, lleva a postulados tan decimonónicos como que la mejoría se logra con una autoridad fuerte, con exámenes, sanciones y despidos, pero también se reflejó en uno de los procesos de modificación constitucional más desaseados y autoritarios (e impugnados) de que se tenga memoria. Apenas 10 días duró el procedimiento en las cámaras, no fue precedido de diagnóstico alguno o de una mínima consulta y los textos de las leyes secundarias simplemente confirmaron el carácter agresivo de la propuesta integral. Más grave aún, la evaluación se muestra ahora, como años atrás, como un instrumento esencialmente punitivo (antes exclusión, ahora despidos), con lo que de entrada se autoanula ante los maestros y la sociedad como posible promotora de la calidad.
Es una reforma empresarial que aparece también como profundamente hostil a los procesos de fortalecimiento de la pluralidad e identidades regionales que –desde el zapatismo– ya cumplen dos décadas y hasta han sido reconocidos oficialmente. Así, la negativa que sostiene la reforma a la creación de instancias de evaluación estatales (como se exige en Guerrero y Oaxaca) contradice el hecho de que desde hace años en Sinaloa, Sonora, Nuevo León y hasta en el estado de México existen institutos estatales de evaluación.
El carácter único de la actual evaluación monopolizada por una instancia nacional –el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)– simplemente refleja la centralización empresarial-gubernamental que inauguró hace dos décadas otro centro nacional, el Ceneval, que hacía la mismas promesas. Eliminar los exámenes estandarizados (como plantea como posible la SEP) aminora pero no resuelve el problema, pues en su lugar se propone que decenas de miles de evaluadores del INEE visiten todas las escuelas para observar y clasificar a los docentes a partir de un perfil único de rasgos que definen lo que es un buen maestro. Es decir, otro instrumento estándar único para todo el país, centralizado en el INEE (donde no hay uno solo de los maestros que serán evaluados), producto de una elaboración eminentemente discrecional aunque se le proclame
expertao
científica, que agruparía a los maestros en algo así como
insuficientes,
elementales,
buenos,
excelentes, tal como todavía lo hace la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) con los estudiantes.
A diferencia de ayer, sin embargo, la lucha de comunidades, pueblos y regiones por reivindicar a México como lo que es, una nación constitucionalmente plural, es lo que está detrás de la profunda energía del movimiento de los maestros. Es una lucha que no es sólo marchas y paros, sino que se ha materializado en una larga y paciente construcción de múltiples proyectos de educación (y evaluación), en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla y otras entidades. Ante esto, la vuelta a la uniformidad no sólo no tiene actualidad, es un retroceso.
A los maestros michoacanos en solidaridad con su dolor por la pérdida de compañeras y compañeros
*Profesor/investigador del Departamento de Educación y Comunicación, UAM-X
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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