Hasta un millón de pesos pueden cobrar víctimas de la violencia; todos tienen derecho a reclamar pago: ONG

Por: Redacción / Sinembargo - junio 24 de 2013 - 0:03Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - Sin comentarios

 

 

Víctimas de la violencia. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- La falta de un límite de tiempo para que las víctimas de la violencia en México puedan acceder a una indemnización, puede llevar a que incluso quienes padecieron la “guerra sucia” en los años sesentas y setentas, en teoría, pudieran reclamar indemnizaciones de hasta un millón de pesos, según un análisis de la organización Insight Crime.

En un comparativo que hace sobre las leyes de víctimas de México y Colombia, concluye que el tener que ofrecer una compensación a víctimas podría alentar al estado mexicano para llevar a cabo investigaciones más eficaces.

México cuenta con una de las leyes de víctimas más avanzadas de su tipo, según el diagnóstico, pero a diferencia de otros países, aún no queda claro de qué manera se va a resarcir el daño a las víctimas de la violencia.

El 9 de enero, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó una nueva ley para ayudar y compensar a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, dijo que, con esta medida, el gobierno mexicano ponía a las personas en el centro de su política, dando “esperanza y ayuda” a los “miles” que habían sufrido por la violencia.

La Ley de Víctimas oficialmente entró en vigor el 8 de febrero, poco más de un año después de que un proyecto similar para compensar a las víctimas se pusiera en marcha en Colombia. Ambos comparten dos cosas: una férrea guerra contra el narcotráfico y miles de personas que han sido abusadas, desplazadas o han perdido familiares como saldo de esta batalla.

Insight Crime, especializada en la investigación y análisis sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe, identificó similitudes y diferencias entre las leyes de víctimas de México y Colombia.

La principales diferencias radican en la forma de identificar a las víctimas y la manera en que proceden sus gobiernos para recompensarlas.

1. DEFINICIÓN DE VÍCTIMAS

En ambos países, quienes están personalmente afectados por el conflicto, así como los familiares de los que han muerto o desaparecido, pueden solicitar una indemnización. Sin embargo, en su forma actual, la ley de México no establece restricciones sobre quién puede presumir de ser una víctima. Esto significa que, en teoría, la ley podría aplicarse a los miembros de los grupos criminales organizados, que están detrás de gran parte de la violencia.

Por su parte, la ley colombiana prohíbe que miembros de los grupos armados reciban una compensación, con excepción de los que fueron reclutados como menores de edad y se desmovilizaron siendo aún menores de 18 años.

Otra diferencia clave es que la Ley de Víctimas de México cubre a los perjudicados tanto por la delincuencia común como por grupos criminales organizados. En contraste, la ley de Colombia está restringida a los abusos cometidos “en el marco del conflicto armado”.

Esto implica que la ley se aplicará sólo a los abusos por parte de grupos involucrados en el conflicto civil de casi 50 años en Colombia; a saber, la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas estatales. Esto deja un gran vacío, lo que podría excluir a las víctimas de la delincuencia común y de las organizaciones narcotraficantes en Colombia, los cuales llevan a cabo actos igualmente brutales.

2. COMPENSACIÓN

Las leyes de víctimas en México y Colombia se comprometen a compensar a las víctimas de abuso por parte de las autoridades estatales. Esto es clave, ya que ambos países han experimentado abusos generalizados por parte de las fuerzas de seguridad. En Colombia, tal vez el ejemplo más doloroso de esos abusos fue el escándalo de los “falsos positivos”, en el que elementos del ejército asesinaron a civiles para luego presentar cuerpos como guerrilleros muertos en combate. Se cree que son alrededor de tres mil las víctimas de estos “falsos positivos”. En México, existe evidencia de que los agentes del Estado han “desaparecido” forzosamente a miles (unas 26 mil personas, según el dato oficial) durante la campaña contra el crimen organizado iniciada durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

México no establece un límite de tiempo para poder acceder a la indemnización – lo que significa que incluso las víctimas de la “guerra sucia” del país en los años sesentas y setentas, en teoría, podrían ser incluidas. Mientras tanto, en Colombia, el gobierno sólo dará compensación por los crímenes que se remontan a 1985 (o 1991 para los casos de restitución de tierras). Aquellos que sufrieron abusos antes de estas fechas pueden solicitar que su caso sea investigado, pero no puede solicitar la reparación económica.

El país establece un límite superior sobre la indemnización. El Estado cubrirá los reclamos de hasta un millón de pesos (unos 78 mil dólares) en los casos en que la persona responsable del delito no pueda pagar. Colombia establece límites más estrictos en materia de compensación, accediendo a cubrir los reclamos por valor de unos 40 salarios mínimos mensuales en el país – actualmente alrededor de 12 mil dólares. El Presidente Juan Manuel Santos ha reconocido que la suma debería ser mayor, pero dijo que esto no es posible, dado el gran número de víctimas potenciales.

Un efecto secundario positivo de ofrecer una compensación podría alentar al estado mexicano para llevar a cabo investigaciones más eficaces, según señaló a InSight Crime Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). La responsabilidad de pagar por daños y perjuicios sólo recae en el gobierno si la persona responsable del delito no puede ser localizada, o no puede pagar, dándole al gobierno un fuerte incentivo para localizar y condenar a los culpables.

Tanto Colombia como México están tratando de financiar las reparaciones con los bienes confiscados a los delincuentes. Como se ha visto hasta ahora en Colombia, este enfoque probablemente será lento y difícil, ya que puede tomar años para confiscar legalmente una propiedad incluso de criminales de muy alto perfil.

3. LOS RESULTADOS

La Ley de Víctimas en Colombia ha sido una decepción en muchos aspectos, se estancó por las amenazas y ataques contra las personas que tratan de recuperar tierras, y por la enorme dificultad administrativa de la gestión del proyecto. Desde que la ley entró en vigor, en enero de 2012, el gobierno afirma haber pagado 518 millones de dólares a unas 158 mil personas, y planea compensar a un total de 260 mil para finales de 2013. El presupuesto para el programa en 2013 es alrededor de 3 mil 300 millones de dólares, de los cuales unos 300 millones están destinados para las reparaciones, y se espera que el costo en 10 años sea de 30 mil millones. El gobierno estima que hay 4 millones de personas que tienen derecho a reclamar una reparación o restitución de tierras.

En México, la Secretaría de Gobernación admitió que no tenía una cifra de cuántas personas podrían hacer reclamaciones. Se ha establecido un presupuesto de unos 465 mil dólares para el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas en 2013.

El costo de pagar reparaciones a las víctimas en México aún se desconoce. La ley ha sido fuertemente criticada por no incluir un plan de presupuesto – como un académico señaló: “Ley que no tiene contemplado cuánto va a costar no es ley, es retórica”.