Opacidad en recursos para sindicato petrolero
| Autor: Mariela Paredes | <><><><>
Sección:
Capitales
|
| <><><><> |
|
Pemex y su sindicato se encuentran en la lista de instituciones que recurren a todas las instancias posibles para evitar cumplir con las resoluciones del Ifai, dictadas bajo el principio de máxima transparencia. Mediante instrumentos legales, la organización sindical ha impedido que la paraestatal entregue copias de los cheques que le da con cargo al erario y que no necesariamente corresponden a las cuotas sindicales; también, que informe el gasto del transporte de personal y los seguros de viajero para trabajadores, que se contratan dos veces sin justificación. Ni siquiera el reciente fallo de la Suprema Corte terminará con la opacidad, reconoce la presidenta del Ifai. Peschard indica que los particulares, como el STPRM, tienen garantizado su derecho de recurrir al juicio de amparo
El Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) podrá seguir
amparándose para evitar que la información del dinero que recibe de Petróleos
Mexicanos (Pemex) sea publicada, por medio de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ello, porque se trata de un
particular y no está obligado a rendir cuentas del uso que le da a los recursos
económicos y en especie que le entrega la paraestatal, una vez que éstos salen
de las arcas públicas.
Este
razonamiento parecería contrario a lo establecido el 5 de marzo de 2012 por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala resolvió que las
resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos (Ifai) son definitivas e inatacables.
No obstante,
Jaqueline Peschard, comisionada presidenta del Ifai, explica a
Contralínea que “los particulares sí se van a poder seguir amparando,
porque es un derecho fundamental. Entonces, el Sindicato [de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana] lo podrá seguir haciendo y los
particulares, aun cuando sean personas morales, van a continuar amparándose y
eso sí está previsto por la ley. Pero los sujetos obligados a los que nosotros
les instruimos que den la información, ésos son la Suprema Corte de Justicia de
la Nación está diciendo: tú no puedes litigar en contra de una resolución del
Ifai, porque son resoluciones que te obligan de manera definitiva”.
Peschard
considera que la resolución es muy relevante, no sólo para el Instituto, sino
sobre todo para el acceso a la información. “Esta sentencia significa que se
cumplan los términos de la Constitución y que el acceso a la información debe
ser ágil, expedito”.
Ocultan recursos públicos al Sindicato
Información
del Ifai indica que de los 17 amparos que los sujetos obligados han promovido
entre 2004 y 2012, cuatro son de Pemex. Además, de 2007 a 2011 el STPRM se
amparó al menos en 25 ocasiones para impedir que la paraestatal entregara
información sobre asuntos que le concernían, indicó el diario Reforma el
16 de enero pasado.
Uno de esos
casos es el de las solicitudes de Norma Monroy, una activista petrolera que
pidió desde hace cuatro años copias certificadas de todos los documentos que
amparen la entrega de recursos (económicos o en especie) que Pemex ha entregado
al Sindicato en el periodo de 2000 a 2007. A pesar de que se trata de recursos
públicos, la paraestatal y el STPRM se han amparado y, con ello, ha impedido que
la información se conozca.
“Como
ciudadana llegué al Ifai desde 2007, y ando, desde entonces, en un
peregrinar. Pedí, entre otras cosas, los cheques certificados con todo el
dinero que Petróleos Mexicanos le ha dado al Sindicato, y he recorrido hasta la
fecha, los juzgados 16 y 14 [en materia de amparo].”
Monroy narra
que durante una de las citas que tuvo con la excomisionada del Ifai, y entonces
ponente de su caso, María Marván, le fueron requeridas pruebas de que los
recursos que salen de Pemex con destino al Sindicato no sólo son por cuotas. “Yo
tengo los convenios. Ellos justifican que los recursos son para la celebración
del 1 de mayo [Día Internacional del Trabajo], pero ya tiene mucho tiempo, desde
[el gobierno de Ernesto] Zedillo, que no se desfila y menos lo hace el sindicato
petrolero. También el 18 de marzo [Día de la Expropiación Petrolera] se les
entregan 80 millones de pesos; cuando viene la revisión contractual, se les
otorgan 180 millones para gastos, y todo eso lo paga Pemex. Es mentira que se lo
tiene que dar al Sindicato [para cumplir objetivos]. Todo esto está en
convenios, más aparte el Pemexgate. Por eso estoy pidiendo [cuentas] del
dinero que ha salido de 2000 a la fecha, y se amparan tanto el Sindicato como
Pemex”.
Entre otras
cosas, la paraestatal debía de haber entregado a Monroy copias de los cheques
certificados que tanto el corporativo como las subsidiarias hubieran dado a los
dirigentes petroleros, encabezados por el priísta Carlos Romero Deschamps. Así
lo resolvió el Ifai, pero eso no se ha cumplido.
Los gastos excesivos
El
hermetismo y la opacidad con que se tratan los asuntos relacionados con las
erogaciones sindicales también se evidencian con el caso de Aldo José Luis
Cifuentes de la Madrid, agremiado desde hace 21 años al STPRM, Sección 39, con
sede en la localidad de Santa Catalina, municipio de Huauchinango,
Puebla.
A través del
sistema de acceso a la información del gobierno federal (Infomex), el 30 de
marzo de 2011 solicitó (folio 1857200043811) a Pemex copia de los contratos y
convenios administrativos sindicales de transporte de personal de las 36
secciones; los cheques emitidos por la paraestatal; los recibos de las empresas
beneficiadas con dichos contratos; los documentos que avalan la constitución de
las empresas que constan en Pemex; y de los contratos de las compañías que
aseguran al personal durante el traslado.
“Lo hacemos
porque son recursos públicos, son recursos de la nación”, señala el petrolero.
La respuesta de Pemex fue solicitar una prórroga el 2 de mayo de 2011 para
continuar con la búsqueda de la información. Un mes después (el 2 de junio),
Pemex notificó a Cifuentes de la Madrid la disponibilidad de la información y el
27 del mismo mes, el Infomex recibió el pago por el envío de los documentos
solicitados.
El 11 de
julio se notificó que la información “ha sido enviada” al solicitante. Sin
embargo, adjunto a la notificación se incluyó un archivo en el que se comunicaba
que en sesión ordinaria, del 23 de junio de 2011, el Comité de Información de
Pemex acordó la suspensión concedida al STPRM por el juicio de amparo 614/2011,
ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal.
Así, la
resolución concedió la “suspensión definitiva solicitada para el único efecto de
que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto a fin de
que las autoridades responsables no hagan entrega al tercero perjudicado; es
decir, al solicitante de la información que le fue autorizada mediante el oficio
SRHRL-CGG-1334/2011, relativo a la solicitud de información
1857200043811”.
Ante la
contradicción de la respuesta recibida por Pemex, Cifuentes de la Madrid apeló
al recurso de revisión que el Infomex sugiere para estos casos. El 1 de agosto
de 2011, interpuso dicho recurso. Veintiún días después se notificó a Petróleos
Mexicanos que se admite el recurso y se le otorgan siete días hábiles para
manifestarse.
En
la sesión celebrada el 12 de octubre de 2011, el Ifai resolvió como sobreseído
el recurso de revisión. Jaqueline Peschard explica que “si se sobreseyó quiere
decir que le dieron la información, entonces se quedó sin materia o que estuvo
mal planteada”.
Aclara que
de ser el segundo caso, lo que aplica es que el Instituto, en un nuevo recurso,
“vea si es información del patrimonio del Sindicato y eso está amparado
justamente, porque es un privado. En ese caso, nosotros no podemos abrir esa
información. El Sindicato no es sujeto de la ley”.
Cifuentes de
la Madrid y otros trabajadores consultados indican que el interés por conocer
esta información radica en que tanto la paraestatal como el STPRM efectúan un
doble pago por un mismo servicio. Se paga dos veces el seguro que cubre los
gastos que se pudieran generar por accidentes que ocurran durante el traslado al
lugar de trabajo.
Las opciones legales
Jacqueline
Peschard reconoce que entre los casos de amparo más recurrentes que involucran a
Pemex están aquellos originados por solicitudes de información sobre recursos
que van al Sindicato de Trabajadores Petroleros. “En esos casos, con mucha
frecuencia, cuando se pide [conocer] cuántos recursos se le transfirieron de
Pemex al Sindicato, nosotros hemos señalado que son recursos públicos. El
artículo 12 de la Ley de Transparencia indica que todos los recursos públicos,
todo lo que sea del erario, tienen que decirse a dónde va y cuánto es; el monto,
y a quién se le destina”.
La
comisionada presidenta del Ifai ejemplifica: “Si en el contrato colectivo se
señala que se les va a dar ayuda para vacaciones o para construcción de
vivienda, nosotros consideramos que son recursos públicos que van a un tercero y
eso se tiene que transparentar. Entonces, el Sindicato siempre se
ampara”.
En estos
temas, señala Peschard, “lo más controversial ha sido cuando se pide, por
ejemplo, cuáles son los recursos que se van al Sindicato por concepto de cuotas
sindicales, pero esa aportación la descuenta Pemex de la nómina. Hemos señalado
que se aplica el mismo criterio. Unos jueces dijeron que sí se debe dar el
recurso, otros que no, porque aunque lo da Pemex al Sindicato, eso es parte del
patrimonio del trabajador, porque es de su sueldo que se le
descuenta”.
Añade que
otros casos recurrentes de amparo “son los que tienen que ver con los contratos
de Pemex con terceros, con empresas que le van a ofrecer algún tipo de servicio
o para la construcción. Ahí lo que nosotros hemos encontrado es que uno de los
principios y obligaciones de transparencia es que todo lo que tenga que ver con
contratos, convenios, licitaciones, etcétera, al final son recursos públicos y
son obligaciones de transparencia”.
TEXTOS
RELACIONADOS:
Fuente: Revista Contralínea 276 / 18 marzo de 2012
74 años de despilfarro petrolero
Autor: Miguel Badillo *
|
Sección: Oficio de Papel
|
Un aniversario más (el septuagésimo cuarto) de la expropiación de los recursos petroleros del país y la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) aún mantiene su influencia en la economía mexicana al aportar la tercera parte del producto interno bruto y es, por mucho, la que guarda con sus ingresos por la venta del petróleo, el equilibrio de las finanzas públicas.
Por desgracia, la paraestatal también representa el principal centro de saqueo y desvío de recursos públicos de toda la administración pública federal, de la que se favorecen funcionarios y empresarios corruptos, quienes por décadas se han enriquecido de este bien de la nación, el petróleo, mientras que los órganos de control y vigilancia son cómplices del desfalco.
Aunque la Estrategia nacional de energía, presentada por el gobierno de Felipe Calderón, asegura que ya se retomó la senda de la inversión, es un hecho que llega tarde. Un ejemplo es la dependencia en las importaciones de gasolinas que va en ascenso y que genera un problema en las finanzas públicas, mientras que la ausencia de una reforma tributaria integral consolida a Pemex como la principal fuente de ingreso del país, con los riesgos que representa una economía petrolizada.
Poco han dicho los tres candidatos a la Presidencia de la República sobre el tema del petróleo, más allá de que Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, y Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, sólo atinan a repetir que abrirán totalmente Pemex a la inversión privada nacional y extranjera, mientras que Andrés Manuel López Obrador, del Partido Movimiento Ciudadano, advierte que de ganar, el petróleo regresará a manos de los mexicanos y que los recursos que de él se generan serán utilizados para aliviar la extrema pobreza que viven más de 50 millones de mexicanos (la mitad de la población del país).
La Estrategia nacional de energía, el documento que aspira a convertirse en la guía de este sector estratégico del país, señala el capítulo “Retos y oportunidades” que la producción de hidrocarburos, presente y futura, requiere no sólo del descubrimiento de reservas, sino también de la identificación de nuevos recursos prospectivos que permitan hacer sustentable la producción, tanto en el mediano como en el largo plazos.
“Para el mediano y largo plazos, se requiere evaluar las zonas aún no exploradas que podrían tener un gran potencial. Tal es el caso de las cuencas subsalinas”. Pemex añade que debe incorporar tecnologías de vanguardia cruciales para la identificación de recursos prospectivos que, después, pueden incorporarse como reservas.
Tanto a nivel nacional como internacional, los recursos de hidrocarburos por descubrir y aquellos ya encontrados que no han sido desarrollados tienden a ubicarse en áreas de geología compleja o en aguas profundas. Esa guía energética, convertida en un catálogo de buenas intenciones, carece de una estrategia para los próximos seis años y, por consiguiente, para el futuro del país. En el gobierno nadie sabe cómo hacer más rentable a Pemex, más allá de extraer el crudo y venderlo a Estados Unidos sin mayor valor agregado.
En el país todavía sigue el debate de si una compañía como Pemex debe entrar al mercado de valores, como lo hacen otras grandes petroleras del mundo como Repsol, Petrobras o Royal Dutch Shell, como si en la especulación y el endeudamiento consistiera su fortaleza, cuando sólo bastaría con cerrarle la llave a la corrupción y encarcelar a los que por años han abusado de este bien.
El documento preparado por el equipo de Calderón apuntala como metas las energías verdes, mayor exploración, producción y menos dependencia. Sin embargo, no explica cómo lo hará o por qué no lo pusieron en práctica mientras ellos administraron el país. A unos meses de concluir el actual sexenio, Calderón y su grupo se limitaron a lo que han hecho otros gobiernos priístas: explotar las reservas petroleras sin que ello se traduzca en algún beneficio para millones de mexicanos.
Acuerdo petrolero transfronterizo
Entrevistado por Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, Carlos Morales, director general de Pemex Exploración y Producción, sostiene que la firma del acuerdo transfronterizo que enmarca la cooperación entre México y Estados Unidos para aprovechar la riqueza de los pozos petroleros en aguas profundas representa la oportunidad de blindar esos recursos petroleros que laten en el Golfo de México.
Aún más, según el funcionario petrolero, la operación conjunta de pozos transfronterizos en aguas profundas “no viola el artículo 27 de la Constitución, que dicta y norma la soberanía petrolera de México”.
Para investigadores petroleros y expertos juristas la cosa es distinta, pues sostienen que desde hace muchos años, sobre todo desde que el Partido Acción Nacional asumió el poder, en Pemex hay una abierta privatización de la industria petrolera y se permite la ingerencia de empresas trasnacionales en áreas reservadas sólo al Estado mexicano, lo cual no sólo viola la Constitución, sino que los funcionarios responsables podrían ser llevados a tribunales para que rindan cuentas por atentar en contra de la soberanía nacional.
Será durante el próximo trimestre cuando Pemex comience a perforar pozos petroleros en aguas profundas del Golfo de México. Iniciará con los pozos Supremos que, de acuerdo con la última información sísmica, presentan posibilidades muy favorables para descubrir hidrocarburo. Supremos tiene tres posiciones en donde sería posible encontrar petróleo.
Los pozos conocidos como Maximino tienen dos. Al mismo tiempo, Pemex va a iniciar la perforación de Triumph, estructura que parece ser muy atractiva. En estos yacimientos, según el funcionario petrolero entrevistado por Fortuna, podría presentarse el caso de que fueran transfronterizos y que el acuerdo comenzara a aplicarse.
Acostumbrados los mexicanos a ver cómo el gobierno de Estados Unidos abusa y violenta sistemáticamete la soberanía de las naciones, especialmente las subdesarrolladas (y aquí en México sabemos mucho de esos abusos), no hay que dudar que el gobierno de Washington intentará sacar la mejor tajada de dichos acuerdos, sin respetar los derechos de México.
En cambio, los pozos que se conocen como Perdido, están identificados en una zona fronteriza. Allí, al menos durante tres años, se planea una perforación.
Aunque a nivel internacional los acuerdos transfronterizos para la producción de aguas profundas son una práctica generalizada, se debe vigilar al vecino del Norte, para que ambos países aprovechen los yacimientos compartidos y evitar el ominoso “efecto popote”. Sin embargo, lo más relevante será la transparencia –ahora bilateral– que se dará a estos contratos y operaciones para el aprovechamiento del petróleo.
Más incrementos al precio de la gasolina
Así, en medio de la crisis estructural de Pemex, antes de que concluya el primer trimestre del año, los consumidores mexicanos de combustibles habrán registrado al menos tres incrementos adicionales al precio de las gasolinas. A unos meses de las elecciones presidenciales, la permanencia o desaparición de los subsidios será la carta que muchos políticos desearán canjear por votos.
La mayoría de las importaciones, principalmente de las gasolinas y combustibles que demanda el mercado mexicano, reciben un subsidio del gobierno federal que, no obstante, resulta insuficiente para impedir que mes con mes los consumidores cubran el faltante presupuestario que no se logró compensar sin la reforma fiscal.
Pero no sólo se afecta los bolsillos de los mexicanos, también las finanzas públicas padecen esta distorsión. En Estados Unidos ya se había reportado la compra de gasolina en estados fronterizos, en donde se aprovechan los precios a favor de los contribuyentes de ese país.
El subsidio a las gasolinas, además, ha sido calificado como regresivo por diversos analistas, pues lo mismo beneficia a los grandes usuarios, que incluye a cadenas de transportistas, que a pequeños consumidores. No se trata, por lo tanto, de un beneficio directo para las clases desprotegidas. La gravedad de la situación aumenta cuando nos enteramos que la coinversión de Pemex en Estados Unidos para producir gasolina no es rentable. Un preocupante círculo vicioso que debería revisarse y modificarse.
Por ejemplo, un sistema de libre competencia en el mercado de las gasolinas y el Diésel reflejaría, según un estudio de la Cámara de Diputados, los costos de producción y, como consecuencia, bajarían cuando el precio de los hidrocarburos, principal materia prima utilizada para la producción de petrolíferos, disminuya.
Por el contrario, en un esquema monopólico de precios administrados, como el que impera en el mercado mexicano, de manera independiente a la tendencia del mercado petrolero mundial, los precios de las gasolinas y el Diésel generalmente se fijan al alza.
Así, al final del sexenio, Pemex habría destinado más de 1 billón 500 mil millones de pesos a la importación de gasolinas. En mayo de 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sugirió al gobierno mexicano terminar con los subsidios como parte del impulso a políticas de desarrollo más equitativas y consistentes. La exportación de dichos subsidios a Estados Unidos también se concreta cuando en los estados fronterizos consumidores de ese país adquieren gasolina barata que, paradójicamente, se importa de su país. Un verdadero contrasentido.
*Periodista
