FALACIAS DE UN CRIMINAL ¡YA BASTA¡

Responde a ciudadanos en el ejercicio Pregúntele al Presidente

Calderón vuelve a fustigar a jueces y justifica el liderazgo vitalicio de Gordillo

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada
Martes 6 de septiembre de 2011, p. 7

Al realizar un ejercicio denominado Pregúntele al Presidente, Felipe Calderón lamentó una vez más el desempeño de algunos jueces, que ante la detención de los delincuentes posteriormente en los juzgados son liberados, y citó el ejemplo del ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Moreno, quien fue aprehendido el fin de semana y luego puesto en libertad porque contaba con un amparo, “aunque claro que dicen que fue provisionalmente, que está sujeto a fianza… aunque creo que ya hoy le negaron el amparo”.

En ese contexto, el Presidente se refirió también a uno de los involucrados en el atentado al casino Royale, destacando que había estado preso un año antes por robo de auto. Yo me pregunto por qué salió ese señor; hay una impunidad que es una lacra que tenemos. La impunidad se da porque no agarramos a los delincuentes o porque en el juicio se dio un elemento raro que impidió su detención.

Yo insisto en que hay una gran distancia entre la verdad real y la verdad legal, y es la primera la que le interesa a la gente; lo que le importa al ciudadano es que el señor es un ratero y ahora está libre y mató a 52 personas. Yo también me preguntaría por qué lo sacaron y (pediría) que se le exija rendición de cuentas. No es que la traiga con los jueces, pero ya también empieza uno a cansarse, porque uno los agarra, los agarra y los agarra y los sacan, los sacan y los sacan.

Por espacio de una hora, Calderón respondió preguntas en materia de economía, medio ambiente, seguridad y política social, en las cuales se refirió al costo de las elecciones en México. Al responder a la inquietud sobre la gran cantidad de recursos que se destina a los partidos, aludió a los casi 16 mil millones de pesos que ejercerá el Instituto Federal Electoral, dinero que justificó para evitar que intereses ilegítimos puedan dominar los procesos electorales.

Subrayó asimismo la importancia de que sea mediante el dinero público como se financien las campañas para evitar que algún empresario pudiera tener un diputado a su servicio o incluso que otros intereses pudieran interferir en las elecciones.

Entre las 27 preguntas de los ciudadanos elegidas –de un total de 14 mil 290 enviadas vía Internet–, el mandatario federal destacó una en la que se cuestionaba el desempeño de los ex gobernadores priístas de Puebla, Mario Marín; de Veracruz, Fidel Herrera, y de Coahuila, Humberto Moreira, por sus manejos financieros, sugiriendo investigaciones al respecto.

Díganle a los congresos

En respuesta, el Presidente reviró el tema hacia los congresos locales que serían los responsables de hacer estas revisiones. Dijo que hay otros temas, no me refiero a éstos, los cuales consideró que sí deberían ser revisados. pero son los congresos locales los que deben hacer esa exigencia; yo creo que a lo mejor no satisface a algunos esa revisión de cuentas, pero corresponde a las instancias locales.

Otro de los temas abordados fue el relacionado con las cuotas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sobre el cual mencionó que el gobierno está obligado a entregar los recursos de las aportaciones sindicales, pero la SEP no es una caja grande para el sindicato; en la vida de la organización de los trabajadores no podemos hacer nada; es ahí donde se tendría que plantear más respecto al uso de las cuotas.

Sobre el carácter vitalicio de Elba Esther Gordillo en la organización magisterial y el por qué permitía que la educación estuviera secuestrada por ella, respondió: México tiene un sistema de garantías muy fuerte sobre el derecho de los sindicatos, de tal manera que ni el gobierno ni las empresas pueden intervenir, y es en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde le asignaron ese cargo a la maestra.

Falacias de un criminal

Autor: Opinión	Sección: Opinión

4 Septiembre 2011

Netzaí Sandoval Ballesteros*

El presidente Felipe Calderón ha quintuplicado la violencia y la muerte en México. Los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado pasaron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. Frente a ello, el Ejecutivo continúa negándose a instrumentar un plan para el regreso del Ejército a los cuarteles a pesar de que existen propuestas serias y contundentes en este sentido, como la presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 8 de agosto.

Calderón reiteró en su encuentro con el escritor Javier Sicilia su explicación sobre el aumento de las ejecuciones: sostiene que las organizaciones criminales dejaron de ver nuestro país como un espacio para el tránsito de drogas y comenzaron a disputarse los mercados locales.

Los datos lo desmienten. El Distrito Federal es la tercera entidad con mayor número de adictos a las drogas y la primera en el número de personas que consumen drogas ilegales sin llegar a la adicción (Encuesta nacional de adicciones 2008). Sin embargo, la capital del país ocupa el lugar decimotercero entre las entidades con más fallecimientos relacionados con el narcotráfico, de acuerdo con la base de datos de fallecimientos del gobierno federal (actualizada a diciembre 2010). El argumento también es insostenible a nivel internacional. El país con el principal mercado de consumidores de droga en el mundo no es el más violento. Estados Unidos asume una política de tolerancia hacia el consumo de drogas, considera la marihuana como medicina y no vive una guerra interna.

Es claro que la violencia no proviene de un crecimiento del consumo o de la lucha por los mercados locales sino del sesgado intento de Calderón por combatir solamente a algunos cárteles de la droga, en beneficio del cártel de Sinaloa. A partir de la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox y durante el gobierno de Calderón, sólo 2 por ciento de los detenidos en relación con la narcoguerra pertenecían a éste (“Organised crime in Mexico: outsmarted by Sinaloa”, The Economist, enero de 2010).

Manuel Clouthier, panista de cepa, señala que “el narco no ha sido tocado en Sinaloa”. Y tiene toda la razón. Las acusaciones en contra de servidores públicos por recibir sobornos de algún cártel son ilustradoras. Por pagos provenientes del cártel de Sinaloa sólo suman 19. En contraste, las acusaciones en contra de los Beltrán Leyva duplican las del de Sinaloa; para el cártel de Tijuana, resultan ser el triple; y por los sobornos provenientes del cártel del Golfo y de los Zetas, hay 13 veces más acusaciones (“Mexico seems to favor Sinaloa cartel in drug war”, mayo de 2010, National Public Radio).

Lo que padecemos es en realidad una guerra capitalista por el monopolio del narcotráfico. A largo plazo, el Chapo será una figura prescindible, tal como sucedió con Osama bin Laden. Joaquín Guzmán Loera será traicionado por los gobiernos mexicano y estadunidense, probablemente cuando decidan legalizar las drogas y tomar el control directo del gran negocio monopólico. Pero por ahora es necesario para eliminar la competencia.

Se descalifica a quienes criticamos la estrategia del gobierno al argumentar que no ofrecemos alternativas. ¿Por qué no escuchan cuando insistimos en dotar de autonomía plena a la Procuraduría General de la República?

Urge instituir protocolos de actuación para los cuerpos policiacos, como lo indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Atenco. Debemos ampliar la matrícula en la educación superior de forma inminente. Otra propuesta es combatir realmente el lavado de dinero. Y finalmente, exigir que las autoridades cómplices de los criminales sean juzgadas. Por ello hemos impulsado el juicio penal contra de Felipe Calderón y sus mandos militares ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La competencia de la CPI se actualiza, entre otras cosas, porque México carece de un tipo penal que prevenga posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. La eventual aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional, que legaliza la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, también ratifica la existencia de una política de Estado violatoria de derechos humanos.

La violación y el ultraje de mujeres se han convertido en una estrategia represiva cotidiana por parte del Ejército que es encubierta y fomentada por Calderón. Ello también actualiza la competencia de la CPI.

Los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables es evidentemente parte de una política de Estado.

Si quedara alguna duda de la responsabilidad directa de Calderón, hay que recordar que en mayo de 2007 firmó y publicó un decreto para crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal bajo el mando directo del Ejecutivo. No obstante, en 2007 sus propias cifras reconocieron 2 mil 826 homicidios ligados a la narcoguerra. Las órdenes directas que giró a ese Cuerpo Especial llevaron a la muerte a muchas de esas personas.

Las decisiones del Ejecutivo Federal arrastran al país a un conflicto armado permanente. Cada día la vida de nuestra sociedad se encuentra más lacerada. Sabemos que Calderón es responsable de la muerte de cerca de 50 mil personas y la desaparición forzada de más de 3 mil (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011). Llevémoslo a él y a los capos que protege ante la CPI para que sean juzgados por sus crímenes.

*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia

[TEXTO PARA TWITTER: Las razones jurídicas y sociales de juzgar a Calderón: Netzaí Sandoval]