Obama empuja para que sea aprobada lo antes posible
El proyecto obtiene más votos de los necesarios para su discusión
Se presentaron 300 enmiendas en su primera etapa; se esperan más
El proceso de legalización y ciudadanía podría tardar hasta 13 años
Obama urge al Congreso a aprobarla antes de que finalice el verano
Avanza reforma migratoria en EU; supera bloqueo en el Senado
Aún es largo el camino hacia una ley; en la Cámara de Representantes buscarán descarrilarla
Legisladores republicanos advierten que no prosperará sin un severo control fronterizo
El presidente Barack Obama durante el mensaje de ayer para urgir a congresistas a aprobar una reforma migratoria integral. Lo acompañaron líderes empresariales, sindicales y religiosos, entre otros
Foto Ap
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de junio de 2013, p. 19
Miércoles 12 de junio de 2013, p. 19
Nueva York, 11 de junio.
El presidente Barack Obama instó hoy al Congreso a aprobar, para finales del verano, la reforma migratoria integral que ahora está ante el pleno del Senado, donde se intentará su aprobación en las próximas tres semanas, sólo para enfrentar después un futuro aún más incierto ante la cámara baja este año.
Hoy el Senado acordó proceder por 82 votos a favor y 15 en contra, 60 más de los requeridos para impedir su bloqueo, hacia el debate del proyecto de ley elaborado por un grupo bipartidista de ocho senadores. En su primera escala, ante el Comité Judicial de la cámara alta, se presentaron alrededor de 300 enmiendas, y se espera que decenas más sean consideradas. La meta expresada por Harry Reid, líder de la mayoría demócrata, es concluir el proceso y aprobar el proyecto de ley antes del receso legislativo del 4 de julio.
Millones de personas en comunidades inmigrantes que viven en las sombras en este país –en un clima de temor generado tanto por fuerzas antimigrantes como por algunas de las políticas del gobierno de Barack Obama, que han detenido y deportado indocumentados en cantidades sin precedente (unos 400 mil al año)– escucharon al presidente promover la reforma y poner énfasis en el incremento a las medidas de seguridad fronteriza y el estricto control de la inmigración.
Ahora, los indocumentados tendrán que observar a los senadores debatir las condiciones que deberán aceptar por el
privilegiode vivir en este país, y ver bajo qué condiciones se les
permitirátrabajar, estudiar, tener acceso a servicios de salud y viajar para ver a sus familias.
El presidente Obama, en un mensaje desde la Casa Blanca, rodeado de representantes nacionales de la inusual coalición pro- reforma de empresarios, sindicatos, religiosos, comunidad latina, estudiantes inmigrantes y oficiales de seguridad pública, recordó que
esta es una nación de inmigrantes, y advirtió a los senadores que
si verdaderamente toman en serio componer el sistema (de inmigración), este es el vehículo (legislativo) con qué lograrlo. Si no lo toman en serio, si piensan que un sistema descompuesto es lo mejor que Estados Unidos puede hacer, entonces supongo que tiene sentido bloquearlo. Indicó a los legisladores que el Congreso
necesita actuar y el momento es ahora.
Este proyecto de ley no es perfecto, afirmó, al señalar que la propuesta de 867 páginas es producto de negociaciones y concesiones donde
nadie conseguirá todo lo quiere. Consciente de que el futuro de la propuesta enfrenta la oposición de conservadores, sobre todo republicanos, Obama subrayó que el proyecto incluye las medidas de control fronterizo más extensas en la historia del país, y reiteró que el flujo de inmigración indocumentada está cerca de los índices más bajos en décadas.
El presidente también aseguró que el proceso de legalización y la vía hacia la ciudadanía incluida en la propuesta es larga y difícil, con condiciones que incluyen el pago de impuestos, una multa, aprender inglés, y después de todo eso, formarse al
final de la colaa quienes soliciten la ciudadanía. En promedio, dijo, el proceso implica unos 13 años de espera.
A pesar de estas medidas para apaciguar a opositores, varios senadores republicanos, incluidos el líder de la minoría Mitch McConnell, los influyentes John Cornyn y Marco Rubio (quien fue uno de los autores de esta versión del proyecto de ley) han dicho que esta versión no prosperará si no se fortalecen las medidas de control fronterizo y de
seguridad. Cornyn, por ejemplo, considera proponer una enmienda que impone como condición para iniciar las medidas de regularización de indocumentados que la frontera sea sellada ciento por ciento.
El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, donde hay aún más oposición que en el Senado, también ha expresado la necesidad de
asegurarla frontera e imponer mayores controles y requisitos a la comunidad indocumentada antes de proceder con cualquier medida de regularización y legalización.
Gran parte del debate girará en torno a este asunto, aunque para algunos conservadores el objetivo es descarrilar el proceso por completo, pues consideran todo intento de legalización como una
amnistíapara los ilegales.
Para los promotores –la Cámara de Comercio, la central obrera AFL-CIO y otros sindicatos como el SEIU, las cúpulas de las iglesias católica y varias protestantes, algunas (pero no todas) de las organizaciones nacionales latinas y una amplia gama de agrupaciones de promoción y defensa de los derechos de los inmigrantes– las medidas ya incluidas en el proyecto como el proceso de
regularizaciónde 11 millones de indocumentados (sobre todo el derecho a trabajar y viajar legalmente), algunas medidas para reunificar familias, la legalización acelerada de indocumentados que llegaron como menores de edad, la inclusión de programas de trabajadores huésped, el aumento de ciertos tipos de visas de trabajo y la vía a la ciudadanía son suficientes como para endosar y promover la versión ante el Senado.
Pero también hay críticos proinmigrantes que denuncian que la propuesta ofrece más
militarización de la fronteray otras medidas de control a cambio de la legalización, y que éstas sólo empeorarán las condiciones que han resultado en miles de muertes en la zona.
Por otro lado, agrupaciones como la Red Nacional de Organización de Jornaleros respondieron al discurso de Obama con la petición de que sea más consecuente con sus palabras.
Es muy amplia la distancia entre la retórica del presidente y sus acciones, y para cerrar esa brecha Obama tiene que acabar con las mil 100 deportaciones diarias que actualmente supervisa, así como los programas que han
criminalizado a los inmigrantes.
Observadores políticos consideran que las fuerzas proreforma ahora están ante una coyuntura más prometedora que las anteriores, ya que parte de la cúpula republicana considera, después de la derrota electoral que sufrió el año pasado, que el futuro político del partido depende de reparar relaciones con la comunidad latina de este país, y que la reforma migratoria es clave en ese intento.
Para algunos expertos, como Demetrios Papademetriou, presidente del Migration Policy Institute, si la
arquitectura básicade la propuesta logra sobrevivir el proceso legislativo, la reforma, con todas sus carencias, representaría un cambio significativo y positivo para millones de inmigrantes actuales y futuros en este país.
Legisladores cuestionan las estrategias de espionaje
Confirman que habrá cargos criminales contra el ex empleado de la CIA
Assange le sugiere que busque asilo en
algún país latinoamericano
En Europa se aconseja revisar acuerdos de intercambio de datos con EU
Congresistas buscarán poner fin a la supervisión judicial secreta de estos programas
Sesión informativa de altos funcionarios con legisladores de EU sobre el espionaje
La Unión Americana de Libertades Civiles interpone una demanda contra el gobierno en NY
Imágenes de Edward Snowden, el informante que filtró los programas del gobierno estadunidense para obtener registros telefónicos y contenidos de usuarios de Internet, y del presidente Barack Obama, en diarios de Hong Kong
Foto Reuters
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de junio de 2013, p. 20
Miércoles 12 de junio de 2013, p. 20
Nueva York, 11 de junio.
Mientras el presidente de la Cámara de Representantes calificó de
traidoral responsable de filtrar documentos clasificados que revelan programas masivos de espionaje de las comunicaciones de millones de ciudadanos y extranjeros, otros legisladores empezaron a cuestionar las políticas de vigilancia del gobierno de Barack Obama, y la principal organización de defensa de libertades civiles presentó una demanda legal contra el gobierno por estos programas secretos, en un día en el que todos evaluaban las dimensiones y consecuencias potenciales de la crisis provocada por la divulgación de los secretos oficiales.
El gobierno de Barack Obama informó que no sólo se inició una investigación criminal contra Edward Snowden, quien se identificó después de entregar una serie de documentos sobre programas masivos de vigilancia de comunicaciones telefónicas y cibernéticas manejadas por la ultrasecreta Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a los rotativos The Guardian y el Washington Post la semana pasada, sino también una evaluación
internasobre los
dañosque estas filtraciones podrían tener para la
seguridad nacional.
A la vez, altos funcionarios de agencias de inteligencia y del gobierno iniciaron una serie de sesiones informativas, a puerta cerrada, con legisladores para ofrecer su versión sobre los programas revelados y las consecuencias de la filtración que sacudió al gobierno aquí.
Es un traidor, dijo hoy el representante republicano John Boehner, presidente de la cámara baja, al referirse a Snowden, y agregó que
la divulgación de esta información pone en riesgo a estadunidenses, muestra a nuestros adversarios cuáles son nuestras capacidades, y es una gigantesca violación de la ley, indicó en un programa de ABC News. Insistió en que los programas de vigilancia son legales y que la privacidad de los estadunidenses se protege
absolutamente. Otros políticos de ambos partidos también condenaron el acto de Snowden.
Pero al mismo tiempo, muchos se vieron obligados a investigar no al mensajero, sino el mensaje. Un grupo bipartidista de senadores está formulando un proyecto de ley para poner fin al proceso secreto de supervisión judicial de estos programas y ha solicitado la divulgación de los fallos del tribunal secreto encargado de autorizarlos.
Los estadunidenses merecen saber qué tanta información sobre sus comunicaciones privadas puede obtener el gobierno, comentó el senador Jeff Merkley a la agencia Reuters.
Otros legisladores prometieron que habrá numerosas audiencias e investigaciones sobre estos programas, y con ello adelantarán una ampliación de un debate sobre lo que aquí llaman el
equilibrio entre privacidad y libertad de expresión y seguridad nacional. De hecho, algunos legisladores evalúan si el gobierno de Obama, sobre todo sus directores de inteligencia, ofrecieron respuestas deshonestas.
El senador Ron Wyden, uno de los legisladores más persistentes y críticos sobre los alcances de los programas secretos de vigilancia, comentó hoy que el Senado no puede ejercer responsablemente su función de supervisar a la comunidad de inteligencia
si los senadores no están recibiendo respuestas rectas a preguntas directas.
Mientras tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles anunció que ha interpuesto una demanda legal en un tribunal federal en Nueva York cuestionando la legalidad del programa de vigilancia de registro de llamadas telefónicas revelado por Snowden, que viola las garantías de libertad de expresión y privacidad garantizadas en la Constitución.
Por otro lado, en un anuncio poco sorprendente, la contratista privada Booz Allen Hamilton para la que trabajaba Snowden en la NSA, anunció que lo estaba despidiendo por
violaciones a su código de conducta. Informó que sólo había trabajado ahí tres meses con un salario anual de 122 mil dólares, y no los 200 mil que él dijo que recibía. La empresa obtiene casi 23 por ciento de sus ingresos, unos mil 300 millones de dólares, por contratos con agencias de inteligencia estadunidenses, incluida la NSA.
Este escándalo, entre otras cosas, también ha provocado un debate sobre las relaciones entre el aparato de seguridad nacional y las empresas privadas. De hecho, el Departamento de Defensa ha empezado una evaluación de su dependencia sobre contratistas privados, reportó The Guardian.
A la vez, algunas de las empresas de Internet nombradas en los secretos divulgados como cooperadoras con estos programas al permitir el ingreso al contenido de comunicaciones entre sus millones de clientes, buscaron defenderse de una pesadilla de relaciones públicas, ya que todas aseguran que la privacidad de los usuarios son su prioridad. Google, Microsoft y Facebook emitieron declaraciones y cartas solicitando a las autoridades federales permiso para aclarar a sus clientes las dimensiones de su participación en este tipo de programas de vigilancia y así ser
más transparentes.
Washington también tuvo que enfrentar la reacción y posibles complicaciones de este asunto en el ámbito internacional. Políticos en varios países europeos están preguntando qué tanto se espió sobre sus ciudadanos y algunos sugirieron que todos los acuerdos sobre el intercambio de datos con Estados Unidos debería ser revisado.
La presencia inicial de Snowden en Hong Kong (desde ayer ya no se sabe de su paradero) también generó especulación sobre el impacto de todo esto en las siempre complicadas relaciones entre Pekín y Washington. A la vez, Rusia anunció hoy que consideraría una solicitud de asilo si Snowden la presenta. Julian Assange, fundador de Wikileaks, sugirió a Snowden que buscara asilo en algún país latinoamericano. En entrevista con CNN el lunes, afirmó que
América Latina ha demostrado en los últimos 10 años que está promoviendo los derechos humanos. Hay una larga tradición de asilo.
Por otro lado, después de más de una década de la llamada
guerra contra el terror, la opinión pública aquí aún favorece al gobierno. Al inicio del debate detonado por la filtración una encuesta del Washington Post y el Centro de Investigación Pew registra que la mayoría, 62 por ciento, cree que es más importante que investigue amenazas terroristas aun si eso afecta la privacidad personal, mientras 34 por ciento cree que la privacidad es prioritaria. De hecho, 45 por ciento cree que al gobierno se le debería permitir hacer más de lo que hace actualmente.
Mientras todo esto se desencadenaba en Washington, la corte marcial del soldado Bradley Manning procedía en su segunda semana (se calcula que el juicio durará tres meses) acusado de la mayor filtración de documentos clasificados en la historia del país. Algunos defensores de Manning han reiterado que el gobierno tenía la intención, al acusarlo de los delitos más graves –
ayudar al enemigo– y buscar la máxima pena, de hacer un
ejemplode este caso para disuadir e intimidar a otros que pretendieran atreverse a divulgar al público secretos oficiales. Con el caso de Snowden, esto aparentemente no funcionó.
Enlaces:
La policía desalojó ayer con violencia en dos ocasiones a manifestantes que ocupaban la plaza Taksim de Estambul. Por la mañana, las fuerzas de seguridad con equipos antidisturbios se apoderaron del lugar luego de tres horas de enfrentamientos. No obstante, los miles de opositores retornaron por la tarde y se desató un nuevo choque con saldo de numerosos heridos. Al cierre de esta edición, el emblemático sitio estaba desocupado y se observaba la presencia policial. El primer ministro Recep Tayyip Erdogan advirtió:
este asunto ya se acabó
Foto Reuters
Disturbios iniciados hace 11 días han dejado más de 5 mil personas heridas, dice fundación
Desaloja la policía turca a manifestantes en Estambul;
se acabó la tolerancia: premier
Un manifestante envuelto en fuego durante los enfrentamientos con la policía turca que irrumpió ayer en la plaza de Taksim, en Estambul, disparando balas de goma contra opositores al gobierno de Tayyip Erdogan
Foto Afp
Afp, Reuters, Dpa, Xinhua y The Independent
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de junio de 2013, p. 21
Miércoles 12 de junio de 2013, p. 21
Ankara, 11 de junio.
La policía turca desalojó hoy en dos ocasiones a las personas presentes en la emblemática plaza Taksim de Estambul, en momentos en que el primer ministro Recep Tayyip Erdogan aseguró que se acabó la
toleranciahacia los manifestantes opositores, que exigen su renuncia porque consideran que ha gobernado el país de forma autoritaria e intenta imponer un estilo de vida religioso.
El primer operativo policial fue sorpresivo, pues el gobierno turco anunció que Erdogan se reuniría este miércoles con representantes de los manifestantes.
Por la mañana, fuerzas antidisturbios se apoderaron de la emblemática plaza del centro de Estambul, tras tres horas de enfrentamientos. Los agentes pasaron por encima de las improvisadas barricadas y expulsaron a decenas de personas que pernoctaron ahí; además dispararon gas lacrimógeno y usaron cañones de agua mientras los manifestantes arrojaron todo tipo de proyectiles.
No obstante, miles de manifestantes regresaron por la tarde y una hora después las fuerzas del orden volvieron a desalojar los de Taksim, con saldo de numerosos heridos. Hasta el cierre de esta edición, la emblemática plaza estaba desocupada y se observaba presencia policial y de maquinaria pesada.
Tras el primer operativo en la plaza, el premier islamita Erdogan indicó:
No habrá más tolerancia. Me dirijo a aquellos que quieren seguir aterrorizando: este asunto ya se acabó, dijo en el parlamento de Ankara, ante diputados de su Partido de la Justicia y el Desarrollo.
Si bien las fuerzas de seguridad no intervinieron en el parque Gezi, donde también hubo manifestantes, Erdogan recalcó que
Gezi es un parque, no una zona de ocupación por lo que invito a todos aquellos que son sinceros a retirarse. Las muestras de rechazo han cobrado la vida de cuatro personas, tres manifestantes y un policía, declaró el primer ministro.
La Fundación Turca de Derechos Humanos informó que 5 mil personas han resultado heridas a raíz de los disturbios y las autoridades señalaron que 600 uniformados fueron lesionados.
Los manifestantes ocupan Gezi desde hace una semana para denunciar un controvertido proyecto de acondicionamiento de la Plaza Taksim que prevé que se talen los 600 árboles del parque y construir un centro comercial. Tras la represión policial, las protestas se extendieron a todo el país y en forma general contra el gobierno de Erdogan.
El gobernador de Estambul, Hüseyin Avni Mutlu, aseguró que la policía no entrará en Gezi y pidió a los ahí reunidos tener calma y no provocar a las fuerzas del orden.
El grupo ecologista de defensa de Gezi denunció el uso de la fuerza.
Nos quedaremos aquí mientras no se tome ninguna medida concreta para cumplir con los pedidos de los jóvenes que protegen Taksim y el parque Gezi.
Por la tarde, el gobierno turco reiteró que Erdogan decidió mantener este miércoles una reunión con representantes de los grupos de manifestantes.
La cámara de abogados turca protestó por la detención de 44 abogados en el edificio judicial de Caglayan, en Estambul. Los abogados pidieron investigar las intervenciones policiales, dijo el presidente de la cámara, Metin Feyzioglu. En vez de eso, fueron detenidos.
Los aliados occidentales expresaron preocupación por los problemas de Turquía, socio clave de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que limita con Siria, Irak e Irán. Estados Unidos ha defendido a la Turquía de Erdogan como un ejemplo de una democracia islámica que podría ser imitada en otras partes de Medio Oriente.
A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Miami, Florida, el ex gobernador de Tabasco dijo:
vengo a cumplir mi palabra. Vengo a hacer las declaraciones pertinentes; no tengo por qué huir y estoy dispuesto a aclarar todo. El político, quien está acusado por la procuraduría de su estado, junto con otros ex funcionarios, del desvío de 2 mil 400 millones de pesos, se retiró de la terminal aérea enmedio de un tumulto. Integrantes de las policías Federal y Ministerial, así como de migración, estuvieron presentes
Foto Guillermo Sologuren
Aprehenden a ex funcionaria de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco
Llega Andrés Granier a México; asegura que limpiará su nombre
No tengo nada que ocultar, afirma en medio de un tumulto en el AICM
Debió regresar hace más de un mes, señala Gamboa Patrón
El ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, rodeado de abogados, policías y vigilantes, trata de abrirse paso entre los reporteros que lo aguardaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, adonde llegó ayer por la tarde procedente de Miami. Granier aseguró que responderá las acusaciones que lo vinculan con un desfalco de 2 mil 400 millones de pesos al erario estatalFoto Reuters
Ariane Díaz, Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de junio de 2013, p. 28
Miércoles 12 de junio de 2013, p. 28
A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de Miami, el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo aseguró, en un accidentado encuentro con la prensa, que viene a
limpiarsu nombre y a hacer
las aclaraciones pertinentesante las autoridades, pues
no tengo nada que ocultar.
En medio de empujones entre reporteros y personal de seguridad, el ex mandatario tabasqueño sostuvo:
Vengo a cumplir mi palabra de honor. Vengo a hacer las aclaraciones pertinentes. No tengo por qué huir; soy una persona que dio lo mejor por Tabasco y estoy dispuesto a aclarar todo lo que sea pertinente para limpiar mi nombre.
Granier Melo se retiró de la terminal aérea en medio de un tumulto, en el que incluso sufrió una caída, y abordó una camioneta blanca que partió hacia las oficinas de su abogado, Eduardo Luengo Creel.
Granier Melo arribó a las 20:15 horas de ayer en el vuelo AMX413 de Aeroméxico, que se situó en la posición 52 de la terminal 2 del aeropuerto.
En su arribo hubo agentes de la Policía Federal, la policía ministerial, del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tabasco responsabiliza a varios funcionarios de la administración de Granier del presunto desvío de 2 mil 400 millones de pesos del presupuesto estatal, e investiga el origen de 88.5 millones de pesos encontrados en un domicilio de Marlis Cupil López, colaboradora del ex secretario de Administración y Finanzas del estado, José Manuel Saiz Pineda.
Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que Granier, quien anunció el pasado lunes que regresaría a México,
debió hacerlo hace más de un mes. Que dé la cara y aclare todo de lo que se le acusa.
–¿Confía en que se respete el debido proceso, como señaló el gobernador Arturo Núñez?
–Escuché claramente al gobernador Núñez, quien es un hombre de leyes. Espero que sea un proceso limpio, transparente y justo”.
Lo cita la PGJE para el viernes
La PGJE citó a comparecer a Andrés Granier el próximo viernes a las 18 horas. En el documento AP-DGI-67/2013, la dependencia indica que al no especificarse un domicilio donde se pueda localizar al ex mandatario, el citatorio se replicará en medios de comunicación electrónicos.
El texto, firmado por Luz de Alba Pardo Cruz, agente del Ministerio Público, indica que Granier declarará en calidad de probable responsable en la indagatoria sobre desfalco al erario estatal.
Revisarán uso de recursos del Fonden
René A. López, Gustavo Castillo y Fabiola Martínez
Villahermosa, Tab., 11 de junio.
Efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a Esperanza Mayo Martínez, ex jefa de la caja general de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Tabasco, por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos de los cuales también está acusado el ex titular de dicha dependencia, José Manuel Saiz Pineda.
Ambos funcionarios del anterior gobierno estatal, encabezado por el priísta Andrés Granier Melo, habrían participado en el desfalco de 2 mil 400 millones de pesos en agravio del erario estatal, por lo que en febrero la Secretaría de la Contraloría de la entidad presentó sendas denuncias ante las procuradurías General de Justicia del Estado (PGJE) y General de la República (PGR).
La aprehensión de Mayo Martínez fue ordenada por el juzgado segundo de distrito con sede en esta capital. A la medianoche del lunes la ex servidora pública de 55 años fue ingresada a la cárcel de mujeres del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.
La mañana de este martes, tras haber sido puesta a disposición de las autoridades federales, la acusada rindió declaración preparatoria ante el juez segundo de distrito, ante el cual solicitó ampliar a 144 horas el plazo para definir su situación legal (el 17 de junio). Se le asignó un defensor de oficio.
Mayo Martínez fue colaboradora de Saiz Pineda, quien también está recluido en el penal de Tabasco, por peculado y lavado de dinero, tras ser detenido el sábado en Reynosa, Tamaulipas.
Con ella suman dos ex funcionarios de la administración de Granier Melo detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR). El gobernador Arturo Núñez Jiménez dijo el lunes que había 14 pordenes de aprehensión pendientes.
Las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita también involucrarían a Granier Melo, pero no se ha librado orden de aprehensión en su contra.
Preparan informe de gastos derivados de inundaciones
En la ciudad de México, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que prepara un reporte de los gastos ejercidos durante la administración de Granier Melo para atender los efectos de fenómenos naturales.
El ex mandatario adujo que su administración erogó grandes cantidades para hacer frente a inundaciones. Puente dijo que, luego de una primera revisión, se puede asegurar que la Federación entregó los recursos al estado y que su ejercicio es de responsabilidad local.
Granier, señalado como responsable de la crisis financiera de Tabasco, afirmó en entrevista televisiva que Tabasco perdió 50 mil millones de pesos por fenómenos naturales y que vivió situaciones peores que las que ocasionó el huracán Katrina en Estados Unidos.
Comentó que en 11 ocasiones su administración recibió recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y que la entidad aportó 4 mil millones de pesos para atender emergencias.
Su declaración –añadió Puente en entrevista en la sede de Gobernación– es reciente, por lo que instruyo al director del Fonden a que prepare un informe de los recursos entregados a Granier en el lapso 2007-2010 y en qué se usaron.
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