Apuntes postsoviéticos- Dignidad ciudadana contra Barrick Gold en Valle del Huasco- Redes sociales y derechos humanos

Apuntes postsoviéticos

Ánimos revanchistas

Juan Pablo Duch

Han pasado sólo poco más de 20 años de la disolución de la Unión Soviética y, en algunas de las repúblicas que se declararon independientes, la generación de los nacidos en los primeros años de los 90 del siglo pasado no conoce su pasado o, mejor dicho, da por única y correcta la versión que conviene a los políticos que ejercen el poder.

 

Sólo así se explica que durante lo que en tiempos soviéticos era la fiesta más entrañable para todas las naciones que formaban parte del país, el Día de la Victoria, es decir, del triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, un centenar de jóvenes haya desplegado en la plaza principal de su capital una inmensa manta hasta hace poco impensable: ¡Váyanse a casa, ocupantes rusos!

Sucedió en Moldavia, el país más pobre de Europa según los criterios de clasificación del Banco Mundial, el 9 de mayo anterior, a iniciativa de la organización Ac_iunea-2012, que propugna por la unificación con Rumania, donde quedan 200 mil rusos, sin contar los 165 mil que viven en la región independentista del Transdniéster.

Hubo quien trató de minimizar el agravio a la memoria de los 18 mil 700 soldados soviéticos que murieron durante los combates para liberar a Moldavia del fascismo diciendo que se trató de una respuesta al gran concierto que se llevó a cabo el mismo día para celebrar el Día de la Victoria, financiado por la embajada de Rusia.
Es cierto que, ante 50 mil personas reunidas en la plaza de la Gran Asamblea Nacional, emblemático sitio donde se proclamó la independencia de Moldavia, actuaron famosos cantantes rusos y felicitó a los congregados –con un discurso tan encendido como incendiario–, Dimitri Rogozin, vicepremier del gobierno de Rusia.
 

Sin embargo, el problema parece venir de lejos porque 10 años antes, cuando el Partido Comunista tenía mayoría en el Parlamento de Moldavia, se aprobó la ley que iguala en derechos a los veteranos soviéticos y a los moldavos que sirvieron en el ejército rumano.

 

Aliados de la Alemania de Hitler, a los soldados rumanos-moldavos –guardias en campos de concentración y en funciones de policías– se atribuye la muerte de entre 380 mil y 600 mil judíos en los territorios de Moldavia, Ucrania y Bielorrusia.

 

Los ánimos revanchistas, en realidad, no pretenden propiciar un conflicto armado con previsible guión diferente al del mito bíblico entre un indefenso David y un gigante Goliat con misiles nucleares, sino son sólo una muestra más de la intención de hacer evidente la ruptura con Rusia para facilitar la integración en la Unión Europea.

Con ello se pretende mostrar de qué lado se quiere estar. Igual que la reciente decisión del Parlamento de que Moldavia –que a partir del siguiente 9 de mayo va a conmemorar el Día de Europa– no participe en los actos conjuntos de las ex repúblicas soviéticas para celebrar el 70 aniversario de la Victoria, en 2015.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Dignidad ciudadana contra Barrick Gold en Valle del Huasco

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Escribo estas líneas la víspera del 8 de junio, cuando los ciudadanos de diversas comunidades del Valle del Huasco, en Chile, realizan la décima Marcha por la vida y el agua contra Pascua Lama, proyecto minero del corporativo canadiense Barrick Gold, primer productor mundial de oro. La importancia de la movilización encabezada por el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco trasciende el ámbito local, no sólo por enfrentar a Barrick y su negro historial que la convierte en el sucio emblema global de las mineras canadienses, sino por la defensa del territorio y las reservas estratégicas de agua fósil de los glaciares, entre otros aspectos relevantes asociados a la urgencia de cancelar la megaminería a cielo abierto y replantear a escala mundial el modelo extractivo. Desde la llegada de Barrick a la provincia del Huasco los habitantes de la región han vivido en carne propia la experiencia de convivir con un poder trasnacional que, además de confrontar con mentiras y dinero a las comunidades, llegó al extremo de lograr que los gobiernos de Chile y Argentina le transfieran una franja de territorio binacional para su proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto en plena zona glaciar y periglaciar.

 

Las exploraciones mineras en la región donde se asienta Pascua Lama se iniciaron en los 70, mas la adquisición del proyecto por Barrick Gold, en 1995, fue parte de una estrategia de expansión que incluyó gestiones del gobierno canadiense. Para entonces habían pasado casi 10 años desde que en 1986 una pequeña compañía petrolera denominada Barrick Resources Corporation comprara la mina Goldstrike en Nevada, en medio de la revolución tecnológica provocada por el surgimiento de la megaminería de tajo a cielo abierto para extraer partículas de oro diseminadas en extensos territorios. Goldstrike, explotada en unos cuantos años, dotó a Barrick de capital y ambición suficientes para querer repetir la experiencia en África y América Latina. A comienzos de los 90, el corporativo organizó un peculiar consejo consultivo internacional formado, entre otros, por el ex presidente estadunidense George HW Bush y el entonces primer ministro canadiense Brian Mulroney, quien presumió años después haber pasado la mayor parte de su tiempo en África, América Latina y China trabajando en pro de los intereses de Barrick. En sincronía con sus trasnacionales, Canadá realizó gestiones con gobiernos latinoamericanos y desarrolló complicidades políticas, logrando marcos regulatorios ventajosos a sus intereses.

Uno de los resultados más lamentables de estas gestiones de corte neocolonial fue el Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno, firmado en 1997 por Carlos Menem y Eduardo Frei, que hace posible los proyectos de extracción minera en espacios formados por territorios de ambos países en zonas de frontera, y que tuvo dedicatoria para Barrick, pues Pascua Lama se compone en 70 por ciento de territorio chileno y 30 por ciento de argentino. Al principio, Barrick ocultó información sobre la presencia de glaciares en la zona del emplazamiento minero. Posteriormente planteó la remoción de tres de ellos en territorio chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza) para liberar superficie de explotación, propuesta que ante la presión ciudadana fue rechazada por la autoridad ambiental de la Región de Atacama. En 2005, un informe difundido por Greenpeace determinó que la superficie de dichos glaciares disminuyó entre 56 y 70 por ciento a consecuencia de las actividades de exploración minera realizadas en tres décadas, y de forma acelerada a partir de la presencia de Barrick en la zona. No obstante, mediante un opaco proceso, Barrick obtuvo en 2006 la aprobación de sus estudios de impacto ambiental tanto en Chile como en Argentina.
 

Los severos impactos de la minería sobre glaciares y zonas periglaciares han sido ampliamente documentados; por ejemplo, la vulnerabilidad de estas formaciones frente a procesos geoquímicos propios de sitios mineros, como la liberación de metales pesados o la generación extensiva de drenajes ácidos que interactúan con el agua de descarga de los glaciares y contaminan hielos milenarios y ríos. Poca cosa para Barrick, que además de perseguir a sus críticos se le han documentado, entre otros, alianzas con señores de la guerra en la República Democrática del Congo (antiguo Zaire); o encubrimiento de actos criminales como la inhumación en Tanzania de mineros artesanales vivos que se oponían a la expropiación de su territorio en favor de Sutton Mining, adquirida por Barrick; o la contaminación y destrucción del sistema hidrográfico en la zona de su mina Porgera, en Papúa-Nueva Guinea, situación que llevó a Noruega, por recomendación de su Consejo de Ética, a retirar en 2009 las inversiones de fondos de pensión en acciones de Barrick; o el bloqueo sistemático en Argentina a la ley que protege glaciares y zonas periglaciares.

 

El pasado mayo la autoridad chilena multó a Barrick por 16 millones de dólares y paralizó sus operaciones. La empresa reconoció como errores haber contaminado el río Estrecho, incumplir el Plan de Manejo de Protección de las Aguas y Glaciares, y haber omitido la construcción de infraestructura para prevenir contaminación. Barrick también enfrenta proceso judicial en la Corte de Apelaciones de Copiapó, que en abril ordenó paralizar completamente la mina. Mientras la sociedad avanza por la vía legal y con la razón en la mano, Barrick aprovecha la visita del presidente Sebastián Piñera a Canadá para buscar su apoyo político. Ante un horizonte de destrucción que podría extenderse por dos décadas de vida calculada para Pascua Lama, la movilización del Valle del Huasco nos recuerda que la solución no vendrá de los gobiernos cómplices de poderes fácticos trasnacionales, sino de la dignidad de los pueblos.

*Investigador de El Colegio de San Luis, AC

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Redes sociales y derechos humanos

Miguel Concha

En el prólogo del informe 2013 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que lleva el significativo título de Los derechos humanos no conocen fronteras, el secretario general del organismo, Salil Shetty, constata que las redes sociales –que no conocen fronteras–, junto con el sufrimiento y el valor del ser humano, han transformado la lucha por esas garantías, la igualdad y la justicia y han generado desde la práctica un cambio perceptible en torno a la soberanía y los derechos humanos, lo cual no deja de ser importante en un mundo donde con frecuencia los gobiernos que los violan recurren al sobado argumento de la soberanía del Estado para pretender justificarse, con el señuelo de la seguridad nacional. Hoy –dice– las personas utilizan sus teléfonos móviles para grabar y subir a Internet videos que muestran en directo la existencia de abusos contra los derechos humanos y sacan a la luz la verdad oculta tras la retórica hipócrita y las justificaciones interesadas. Observa también con atingencia que resulta más fácil vigilar a empresas y otros agentes no estatales poderosos, porque cuando su actuación es turbia o delictiva, cada vez les cuesta más ocultar las consecuencias.

 

El carácter abierto del medio digital –añade más adelante– permite la participación en condiciones de igualdad y facilita que muchas más personas accedan a la información que necesitan para cuestionar a gobiernos y empresas. Es por ello una herramienta que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, empodera a las personas y les permite compartir información para trabajar conjuntamente, solucionar problemas, promover la seguridad y el desarrollo, así como alcanzar la promesa de los derechos humanos. Todo esto ha venido a contribuir igualmente desde la práctica a la configuración de una ciudadanía universal de hecho, que debe ser ya reconocida y protegida por la comunidad internacional. “No hay duda –afirma con lucidez– de que ha llegado el momento de cuestionar esta mezcla tóxica que forman los estados cuando exigen soberanía absoluta y dan prioridad a la seguridad nacional y no a los derechos humanos y a la seguridad humana. Basta de excusas. Ha llegado la hora de que la comunidad internacional dé un paso adelante y redefina su obligación de proteger a la ciudadanía de todo el planeta”. Sin embargo, todos estos beneficios no han hecho sino alertar a los que detentan el poder, quienes a toda costa intentan controlar el medio digital y contrarrestarlo, pretendiendo con ello reproducir en él, el control que tienen de sus fronteras.

De entre los gobiernos violadores de los derechos humanos que están explorando medios de control menos evidentes, a través de la vigilancia a gran escala y formas ingeniosas de manipular el acceso a la información, el autor destaca el caso de Estados Unidos, que además de seguir mostrando una notable falta de respeto a la hora de aceptar los límites establecidos, como demuestran los ataques que lleva a cabo en todo el mundo con aeronaves no tripuladas, ha proclamado recientemente su derecho a vigilar toda la información guardada en sistemas de almacenamiento en la nube de Internet y archivadores digitales que no están vinculados a los límites territoriales, aclarando que esto incluye información propiedad de personas y de empresas que no son estadunidenses ni radican en ese país. Frente a estos hechos, que a pesar de los obstáculos vienen haciendo realidad el sueño de Peter Benenson, de que las personas colaboren traspasando las fronteras para exigir libertad y derechos para todos los seres humanos, Amnistía Internacional quiere asegurarse de que todas las personas dispongan de las herramientas necesarias para acceder a la información, compartirla y cuestionar al poder y a la soberanía cuando se abusa de ellos contra la gente. Con Internet, afirma ahora ya no sólo desde la reflexión teórica, sino desde las posibilidades de interrelación e intercomunicación tan amplias y penetrantes que ofrecen las redes sociales, podemos crear un modelo de ciudadanía global, pues la red supone también el contrapunto de soberanía y derechos basados en el lugar de residencia. Y por ello, como parte de la lucha social por los derechos humanos, la libertad y la justicia, Amnistía Internacional recomienda exigir que los estados garanticen que todas las personas bajo su gobierno tengan acceso eficaz al medio digital, de preferencia mediante un acceso a Internet de alta velocidad realmente asequible, y de un dispositivo portátil de bolsillo, tipo teléfono celular, o de una computadora de escritorio. Con ello los gobiernos no harán otra cosa que cumplir uno de los principios de derechos humanos expresado en el número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prescribe gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Además del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Al reconocer el derecho de las personas a acceder a Internet, los estados cumplirán también con su obligación de respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, sin discriminar a las mujeres, pues a la fecha sólo 37 por ciento de ellas tiene algún tipo de acceso a Internet.

FUENTE: LA JORNADA OPINION