La Unión y Los Tepis se enfrentaron el día de la desaparición
Esos grupos son narcomenudistas; no es delincuencia organizada, asegura
Brotes de violencia
Una
pandillase llevó a 8 jóvenes del Heaven: Ríos
Presentan video; no registra encapuchados ni armas
Dentro del antro se enfrentaron La Unión y Los Tepis, señala
El procurador Rodolfo Ríos presentó un video que muestra el exterior del bar Heaven
Foto Yazmín Ortega Cortés
Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Sábado 8 de junio de 2013, p. 2
Sábado 8 de junio de 2013, p. 2
Una riña entre integrantes de dos pandillas rivales del barrio de Tepito, denominadas La Unión y Los Tepis, que se encontraban en el bar Heaven el pasado 26 de mayo, habría detonado la desaparición de ocho de las 12 personas cuyo paradero se desconoce desde hace dos semanas, informó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza.
Lo anterior, precisó, se desprende de la declaración de uno de los testigos de los hechos, que refirió que luego del altercado empezaron a llegar personas de una de las bandas y poco a poco fueron sacando a sus rivales a los que se llevaron en varios vehículos compactos.
En conferencia de prensa, luego de reunirse con los familiares de las personas afectadas, presentó un video de la parte exterior del antro, donde se ve la llegada de varios vehículos y personas, algunas de las cuales ingresan al establecimiento y luego obligan a los jóvenes a subir en automóviles para después retirarse del lugar.
Con base en estas imágenes, afirmó, queda descartada la hipótesis de que en estos hechos participó un comando armado, ya que en el video no se ve a personas armadas ni que estén vestidas de civil o con la cara cubierta, aunque reconoció que alguna declaración afirma que sí había quienes estaban armados.
De esta manera, reconoció que la principal hipótesis de la investigación tiene que ver con lo que llamó
pandillas de delincuentes, específicamente La Unión y Los Tepis, que señaló se dedican a actividades ilegales, como la venta de drogas al menudeo, pero, afirmó, no se trata de delincuencia organizada.
Asimismo, señala que se investiga una probable relación de lo ocurrido en el Heaven con el homicidio de un presunto narcomenudista afuera del bar Black en la colonia Condesa, pero aseguró que no tiene relación con la ejecución de cuatro personas en un gimnasio en la colonia Morelos.
Sobre Mario Alberto Ledesma, uno de los propietarios del Heaven, quien fue presentado el jueves ante el agente del Ministerio Público por policías de investigación, informó que fue arraigado por su presunta responsabilidad en la desaparición de estas personas, con lo que suman cuatro las que se encuentran bajo esta medida cautelar.
El procurador confirmó que Gabriel Carrasco, El Diablo, jefe de seguridad del antro, se reservó su derecho a declarar, por lo que se echa abajo la versión de que el secuestro iba dirigido contra Jerzy Ortiz –hijo de El Tanque, uno de los principales narcomenudistas de Tepito, preso desde hace ocho años–, como supuestamente el hoy arraigado había declarado ante la autoridad ministerial.
De hecho, afirmó Rodolfo Ríos, hasta el momento sólo se ha acreditado que ocho de las personas reportadas como desaparecidas fueron sacadas del bar Heaven, y entre estas no se encuentran Jerzy Ortiz ni Said Sánchez, ambos familiares de narcomenudistas de Tepito.
Asimismo, señaló que de los testimonios obtenidos se ha elaborado un retrato hablado de uno de las al menos 17 personas que participaron en la privación de la libertad de los jóvenes, quienes para tal caso utilizaron alrededor de ocho vehículos compactos.
Ríos Garza insistió en que estos hechos de violencia ocurridos en días recientes en la ciudad de México son casos aislados y que la dependencia a su cargo los resolverá, por lo que no habrá impunidad.
Mínimas acciones del Estado, acusan familiares de víctimas
Concluye foro internacional en Coahuila, financiado por el Estado
Sólo con medidas claras creeremos en el gobierno, dicen familiares de desaparecidos
La respuesta oficial se reduce a un desempeño mínimo y deficiente que perpetúa la impunidad
Marcha en la ciudad de México para demandar solución a casos de desaparecidos, en imagen de archivo
Foto Carlos Ramos Mamahua
Blanche Petrich y Leopoldo Ramos
Enviada y corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 8 de junio de 2013, p. 12
Sábado 8 de junio de 2013, p. 12
Saltillo, Coahuila, 7 de junio.
Las familias de los desaparecidos –cuya cifra aún no es precisa, pero supera los 20 mil, según estimaciones oficiales–
hemos retirado la confianza a la autoridad y ésta tiene que hacer un esfuerzo claro y concreto para restituirla.
Después de esta advertencia, que aparece en la declaración final del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas que concluyó hoy aquí, se espera que el gobierno de Enrique Peña Nieto
se atreva a verse en ese espejo, aunque no le guste el reflejo de la realidad, explicó el organizador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fundec), Juan López Villanueva.
El foro elaboró una serie de propuestas para la administración federal y las legislaturas, entre las que destaca la demanda de que el gobierno reconozca el estado de emergencia humanitaria y el carácter urgente de la localización de las víctimas.
Propone también que la recién creada Unidad Especializada de Búsqueda tenga competencias claras y recursos, así como personal suficiente, que la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías estatales firmen convenios de acceso rápido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, servicios médicos forenses y otras entidades, además del acceso de las familias a los expedientes y diligencias.
Instan que así como se debe atender y visibilizar el problema de los migrantes desaparecidos, se haga lo mismo con los policías en esa situación
por motivo de sus funciones.
Derecho a la verdad
Un centenar de familiares que perdieron el rastro de uno o varios de sus parientes elaboraron en su propia mesa de trabajo un documento que fue punto de partida para muchos de los debates posteriores.
Este empieza así:
Como familiares de víctimas de desaparición forzada partimos de la desconfianza a las autoridades. Y exigen al gobierno:
Para confiar, lo que necesitamos es ver garantizado el derecho a la verdad, encontrar a nuestros familiares y que se haga justicia en todos los casos.
Después de definir la actual crisis humanitaria como
multifactorial, la declaración del foro sostiene:
Los perpetradores actúan sin distingo de competencias ni jurisdicciones, trasladan rápidamente y a grandes distancias a las víctimas, tienen equipos de acción inmediata para desaparecer. Frente a lo cual, el Estado no se mueve y su desempeño se reduce a una atención mínima y deficiente.
En otro punto, reafirmaron su disposición a colaborar con las autoridades y recordaron que ellos, a lo largo de los años, investigaron por cuenta propia,
labor que debe ser considerada fundamental para continuar en los procesos de búsqueda e investigación.
Entre los funcionarios que trabajaron en las mesas estuvo el subprocurador de derechos humanos, Ricardo García Cervantes, y su coordinadora de políticas públicas, Eliana García; el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez; el secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna, y Juan Jesús Yáñez Arreola, subprocurador estatal para la búsqueda de personas no localizadas (de nueva creación), todos con numerosos colaboradores que llevaban grandes paquetes de documentos y expedientes.
El resultado fue satisfactorio, a decir de María Dolores González Saravia, de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), ya que se logró que algunas de las propuestas quedaran como compromisos para políticas públicas integrales.
La zona oscura
Durante tres días, trabajaron juntos en plenarias y mesas de trabajo funcionarios federales de alto nivel, expertos sobre este problema de instancias nacionales e internacionales y familiares, intentando
entender mejorel fenómeno de las desapariciones que explotó en todo el país, principalmente en el norte, sobre todo a partir del sexenio de Felipe Calderón.
La mecánica adoptada, indicó López Villanueva, permitió un intercambio libre para analizar sin filtros el momento que se está viviendo.
Fue como juntar todos los elementos en una pizarra para ver el mapa de la impunidad, ya que el delito de desaparición forzada está diseñado específicamente para perpetuar la impunidad.
La experiencia fue inédita, ya que el foro fue financiado por el Estado,
lo cual lo compromete, fue convocado por la academia y reunió a los expertos en el tema más destacados: ONU, Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En cuatro mesas de trabajo –de búsqueda efectiva, investigación científica, armonización legal y atención integral de las víctimas– se buscó
mirar al fondo, a la raíz, no sólo a las hojas y al tronco, para entender cómo funciona la maquinaria de la desaparición, añadió López. Pero también identificar al perpetrador y a las autoridades responsables por colusión o bien por ser omisas o renuentes en la búsqueda.
Este tema de la colusión
es como la gran área vedada, la que está justo en la raízde este delito masificado, dijo el organizador de Fundec, agrupación que se fundó hace siete años con 20 casos de desapariciones.
Describe un proceso que aparece como patrón:
Primero pasa por la fase dolorosa en la que topa con una autoridad que no lo protege. Luego va comprendiendo que el Estado es el agresor, que o bien está copado por la delincuencia organizada o, peor, coordina su acción. Esta es una faceta muy dura, pero tiene que nombrarse, salir a la luz.
Participaron también: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Cadhac de Monterrey, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, Afadem, Fundación para la Justicia de Centroamérica, Victoria 10 de Guanajuato, Hasta Encontrarlos de Michoacán, de Red de Madres que buscan a sus hijos del estado de México, HIJOS y Eureka, así como el Comité Juan de Larios, coahuilense.
En la apertura de la muestra ¡No nos callarán!, en el Museo Memoria y Tolerancia, organizaciones civiles señalaron que, contra lo que puede pensarse, no es el narco el principal agresor de periodistas, sino funcionarios públicos, a quienes se adjudica 43 por ciento de los ataques
Foto Roberto García Ortiz
Crecen agresiones a trabajadores de medios: activistas
México, el país más peligroso para ejercer el periodismo
No hay estrategia en el gobierno actual para atacar el fenómeno, dicen
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 8 de junio de 2013, p. 13
Sábado 8 de junio de 2013, p. 13
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y un lugar no apto para hacer efectiva la libertad de expresión. De norte a sur, van en aumento los casos de agresiones a comunicadores (571 durante el periodo 2009-2012), y en los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto no se percibe una estrategia efectiva para atacar el fenómeno, advirtieron grupos civiles, nacionales y extranjeros.
Contrario a lo que pudiera pensarse, no es el crimen organizado el principal autor de las agresiones, sino los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno (a quienes se adjudica 43 por ciento de los casos), así como otros integrantes del Estado mexicano. La delincuencia está detrás de 14 por ciento de los hechos violentos en contra de periodistas y medios.Lo anterior forma parte de la información difundida en la muestra
¡No nos callarán! Las batallas por la libertad de expresión, que se exhibe desde ayer –y hasta octubre próximo– en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en la plaza Juárez, en el Centro Histórico de la capital del país.
La exhibición es plural y única en su tipo, no sólo porque en su elaboración participaron organizaciones civiles así como medios de comunicación diversos, sino porque ocurre en un momento en el que el nivel de agresiones se ha disparado y, como apuntó Sergio Aguayo, uno de los promotores de la misma, jamás se había visto en México tal nivel de agresividad, tan diversificada, grave, seria y peligrosa.
“Antes sabíamos que en Bucareli (Secretaría de Gobernación) se movían los hilos de ‘pégale o mátalo’, pero ahora no sabemos de dónde viene. Esa es la ubicuidad de la amenaza”, dijo.
Darío Ramírez, de Artículo 19, señaló que si bien la prensa en México es valiente porque muchos de los colegas salen a buscar información en lugares catalogados por organizaciones internacionales como
zonas de guerra, hay también una batalla que se está perdiendo.
Es una batalla donde ya en regiones del país el silencio y el miedo están demasiado asentados en las salas de redacción. Ahí perdemos todos, expresó durante la presentación de esta exposición que pretende informar de manera
lúdica y elocuente–sobre la violencia en México–, pero sobre todo
señalar claramente la ausencia de un Estado mexicano comprometido con la libertad de expresión.
Los primeros meses de esta administración –dijo– ha sido el año más violento de los tres recientes, lo que heredó de una administración indolente; hoy el gobierno tiene un gran déficit heredado.
Hay 72 periodistas asesinados, 14 desaparecidos, más de 500 agresiones y amenazas.
El primero que firmó esta misiva fue el jefe de gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera quien –refirió Aguayo– se impactó cuando se enteró que el 43 por ciento de las amenazas las hacen los funcionarios.
La muestra fue posible con la participación de los siguientes medios: Diario de Ciudad Juárez; El Mañana, de Nuevo Laredo; Siglo de Torreón, Grupo Reforma, La Jornada, periódico El Norte, Semanario Z, de Tijuana, Proceso y Noticieros Televisa, entre otros.
Luego de que el jueves por la noche fueron heridas de muerte cuatro personas en un gimnasio de la colonia Morelos, cientos de policías fueron desplegados en la zona. De acuerdo con vecinos del lugar, la presencia de los agentes es notoria cada vez que hay un asesinato, pero después todo vuelve a la normalidad. Ayer fue posible observar cada tres minutos rondines en camionetas con al menos cinco efectivos armados
Foto Alfredo Domínguez
Brotes de violencia
Tepito, blindado por ahora; los vecinos
nada saben
Mirna Servín Vega
Periódico La Jornada
Sábado 8 de junio de 2013, p. 3
Sábado 8 de junio de 2013, p. 3
Ayer Tepito amaneció blindado. Después de la ejecución de cuatro personas en un gimnasio ubicado en la calle de Panaderos 49, casi esquina con Carpintería, ocurrido la noche del jueves, cientos de policías de distintos sectores de la ciudad se han apostado en este barrio.
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció esa misma noche que retomaría el control de la zona desplegando 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y 200 de la policía de investigación de la procuraduría capitalina.Desde esa instrucción, en las calles de la colonia Morelos, delegación Venustiano Carranza, los rondines en camionetas con elementos armados se pudieron observar cada tres o cinco minutos. Los vehículos iban con al menos cinco elementos de los agrupamientos Fuerza de Tarea, Relámpagos o Granaderos.
El local donde ocurrieron los hechos, con razón social Body Extreme, quedó asegurado desde la madrugada con sellos de la procuraduría capitalina relacionados con la averiguación previa FVC/VC-1/T3/01029/13-06 por el delito de homicidio.
De acuerdo con los vecinos de la zona, la presencia policiaca ocurre cada vez que hay un asesinato y luego todo vuelve a la normalidad.
El viernes pasado mataron a otra persona que se resistió a ser asaltada a unas cuadras de aquí y la vigilancia sólo duró dos días, acusó uno de los vecinos que trabaja en la calle de Carpintería.
Sin embargo, otros habitantes del lugar temen que a partir de ahora cada semana haya ejecuciones en la zona, luego de la desaparición de 12 jóvenes del barrio ocurrida en el antro Heaven, de la Zona Rosa, el 26 de mayo pasado.
Por ello, la presencia policiaca, que inundó cada calle de la zona desde la noche del jueves, fue percibida por los habitantes del lugar
como una forma de calmar las cosas.
Al lado del gimnasio Body Extreme, donde un grupo de hombres armados entró a asesinar a tres personas y dejó herida una más, que posteriormente murió en el Hospital Balbuena, los comercios permanecieron cerrados. Pero tan sólo unos metros más allá, los vecinos transitaban de forma normal.
Al ser cuestionados sobre si conocían a las personas fallecidas o reconocían ese lugar como un punto de riesgo, los habitantes de la colonia, respondían automáticamente que ellos nada saben y a nadie conocen. No obstante, dirigían saludos cercanos a cada lugareño que pasaba a curiosear.
Aquí siempre ha sido así. Hay balaceras y luego todo se tranquiliza. Nomás se matan los que se tienen que mataraseguró un vendedor de refacciones usadas de la calle Panaderos.
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