Astillero
Terrorismo como coartada
Riesgo para disidencia
Presionar, sin
daños
PAN y PRD: repartos
Julio Hernández López
RESCATE DE MIGRANTES. Conferencia de las secretarías de Gobernación, Marina y la Defensa Nacional para informar sobre la liberación de más de 150 indocumentados que estaban secuestrados desde hace tres semanas en una casa de seguridad en Tamaulipas; en la imagen, Martín Terrones Calvario, Eduardo Sánchez Hernández, Carlos Cervantes y Jorge Víctor Vázquez
Foto Jesús Villaseca
Es cuando menos irónico (por usar un término suave) que los dirigentes de los partidos que han ayudado a consolidarse a Enrique Peña Nieto en el poder, mediante el Pacto por México, que les ha significado beneficios grupales y personales, ahora pretendan oponerse aunque sea declarativamente a que el PRI-gobierno siga haciendo las mismas tretas tan sabidas para adjudicarse elecciones estatales como hace un año lo hizo con la presidencial.
El panismo gusmaderista (esta neología busca diferenciar al maderismo histórico, el de Francisco I., de lo que hoy hace Gustavo) y el perredismo chucho (con los jesuses al frente: Zambrano hoy, y Ortega explorando la posibilidad de remendar normas que le permitan buscar un nuevo periodo para sí) tienen hoy como fuente de poder lo mismo que dicen impugnar: Los Pinos que, al estilo del primer presidencialismo salinista, reparte en la mesa lo que los reportes electorales finales habrán de dictaminar, hayan dicho lo que hayan dicho las urnas y los votantes.
Ya está hecho y funcionando el tendido de las redes priístas para la captación tramposa de los votos a emitirse, y para la adulteración de los procesos y sus resultados. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles en busca de ascenso rumbo a 2018, ha instalado su cruzada electoral con una estructura de funcionarios locales que en pleno entendimiento con otras delegaciones federales están al servicio de los planes priístas.
Aun así, conforme avanzan las campañas electorales en 14 entidades, los dirigentes pactados aceran el discurso y agrian el gesto. Gustavo Madero necesita que el PAN siga en el poder en Baja California, con un Kiko Vega que pasaría por encima del beltronista Fernando Castro Trenti, para demostrar a los de blanco y azul que la apasionada entrega al peñismo ha tenido una graciosa paga, y que no es necesario escuchar los destemplados llamados calderonistas en busca de cambios directivos. Los chuchos tendrán también su cuota de ganancias en determinadas zonas en las que ya pusieron el dedo solicitante y éste recibió el visto bueno de la superioridad.
Los arreglos de cúpula no cuentan, sin embargo, con una base social de apoyo, pues el propio priísmo está solamente a la espera de lo que los jefes corporativos arreglen y del tradicional escurrimiento de pequeños réditos hacia esa clientela movilizable con disciplina pero sin pasión, mientras que el PAN sigue en la crisis profunda de la pérdida del poder luego de dos sexenios fracasados, y el PRD carece de poder de convocatoria, anclado en el mero alquiler de firmas, siglas y estructuras menores.
Y, sin embargo, las expectativas rápidamente incumplidas por el PRI, la voracidad facciosa que está a la vista y las reformas para beneficiar a élites han propiciado protestas y movilizaciones a las que de manera enigmática el gobierno federal ha dejado crecer (un sospechosista extremo consideraría que hasta las ha alentado) y manifestarse de manera violenta, incluso delictiva, sin que aflore el espíritu de Atenco que como confesa medalla de honor lleva el peñanietismo y que en otras circunstancias habría propiciado la aparición de la muy cantada mano dura contra movimientos y movilizaciones sociales adversas.
La calculada tolerancia de los halcones tendrá oportunidad de cesar, y dar paso al puño de hierro, si son aprobadas las iniciativas de reformas legales presentadas el último día del mes recién pasado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por Peña Nieto, y en especial la referente al redimensionamiento de los actos de terrorismo y sus sanciones.
No solamente se actualizan las normas relacionadas con ese delito, en consonancia con la normativa estadunidense rectora, agravando penas y agregando causales, sino que se abre la puerta para que movimientos, protestas y liderazgos puedan caer fácilmente en la tipificación de terrorismo, con lo que se facilitarían los encarcelamientos selectivos deseados por el poder, se crearía un ambiente de miedo social que inhibiera la disidencia y se podría llegar a la declaratoria de un estado de excepción conforme los gobernantes lo desearan y necesitaran.
La propuesta peñista debe cumplir un proceso legislativo de análisis, discusión y votación, aunque los nuevos tiempos pactistas pueden acelerar esos trámites y volcar el tema en un pleno camaral en el que los votos convenidos aprueben los cambios. Desde ahora es necesario advertir los riesgos que entraña la normativa deseada por Peña Nieto, en el sentido de que los movimientos sociales de protesta podrán expresarse y presionar, pero sin atentar contra bienes jurídicos de otras personas.
Bajo ese criterio, bastará con que infiltrados en movimientos legítimos de protesta causen daños a vehículos, oficinas o inmuebles en general, o que obstruyan una calle o vía de comunicación, para que el cargo de terrorismo sea fincado. También se advierte que tal consideración delictiva caerá en quienes causen daños a la economía nacional. Y podrán ser involucrados en esos procesos contra el terrorismo quienes sean ubicados en hipótesis conspiracionistas, pues
la misma sanción se impondrá al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido...(para la confección de estos apuntes astillados, el arribafirmante leyó lo que en Twitter colocó ayer mismo el abogado @gabrielregino, quien no tiene ninguna culpa de lo aquí escrito).
La tragedia de los migrantes rumbo a Estados Unidos ha tenido una nueva fase de exposición al conocerse del caso de 165 personas, entre ellas algunos mexicanos, que estaban presas en una casa del municipio de Díaz Ordaz, en Tamaulipas, y fueron liberadas por militares. Esto es lo que se da a conocer oficialmente, pero de manera cotidiana, en un trayecto pleno de violencia inhumana; muchos de esos viajeros por necesidad sufren esas y otras penas extremas, mientras Estados Unidos exige apretar en el sur mexicano para que no lleguen más centroamericanos al presunto paraíso de las barras y las estrellas. ¡Feliz fin de semana!
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De vaquero a mariguanero-Rocha 
¿Es posible la lucha armada?
Pedro Salmerón Sanginés/ II
Sí es posible. Ahí está el EZLN, las policías comunitarias, las guerrillas dormidas, la autodefensa. La pregunta que me interesa es otra: ¿se puede derribar el régimen político por la vía armada? Trataré de dar respuesta haciendo algo de historia. En México, al menos en dos ocasiones, la resistencia popular convertida en guerrilla y luego en Ejército ha alcanzado sus objetivos: en 1863-1867 y en 1911-1914 (en otro momento podremos discutir esta temporalidad). El primero de estos movimientos fue explicado así por su jefe político, Benito Juárez:
Tras debilitar al enemigo y dominar el campo, los juaristas pasaron a la ofensiva, derrotaron al invasor en el campo de batalla y lo expulsaron del país. La manera, el momento en que las guerrillas deben convertirse en ejército fue explicado claramente por otro legendario comandante, Francisco Villa, quien al convocar el 29 de septiembre de 1913 en La Loma, Durango, a los guerrilleros del norte, argumentó que cuanto podía alcanzarse mediante la lucha guerrillera se había alcanzado ya, y había llegado el momento de pasar a la guerra regular o estancarse y ceder la iniciativa al enemigo. Ahí nació la División del Norte, el ejército revolucionario que rompió el espinazo del régimen en memorables batallas.
En ese momento, los rebeldes dominaban todo el campo norteño y tenían firmes bases de apoyo. En un país predominantemente agrícola, en el que 71 por ciento de la población vivía en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, el control del campo les permitió obtener apoyos y recursos suficientes para cercar las ciudades y equilibrar las condiciones de fuerza, hasta vencer al ejército federal. Cuando medio siglo después otros mexicanos intentaron reditar la lucha guerrillera (o fueron empujados a ella por la violencia del Estado), más de la mitad de la población vivía en localidades de más de 10 mil habitantes, lo que limitó enormemente las posibilidades de la guerrilla rural, hasta llevarla a su derrota. Por ello, muchos rebeldes intentaron la guerrilla urbana que, como en otros países, demostró su ineficacia, pues aislaba a los revolucionarios de la sociedad y, por tanto, de sus potenciales bases de apoyo.
En el México actual, con una población urbana de 78 por ciento, en la que cada vez hay menos zonas que cumplan el segundo requisito necesario para una guerrilla (terrenos aislados o poco accesibles para las fuerzas del Estado) y en un mundo en que la tecnología armamentística, de espionaje y telecomunicaciones no permite ya el proceso de construcción de un ejército revolucionario capaz de equilibrar las condiciones de fuerza, parece indudable que la lucha armada no es la vía para el cambio de régimen, aunque la autodefensa y la resistencia, ejemplarmente en Chiapas, sean a veces el único recurso de los oprimidos.
Tampoco hay que olvidar que, como señalaba José Santos Valdés al escribir la historia inmediata del asalto al Cuartel Madera en septiembre de 1965, que inauguró simbólicamente 15 años de guerra popular en nuestro país, que también los muertos
del otro bandolos pone el pueblo: jóvenes, muy jóvenes soldados del ejército. No olvidemos tampoco que en el siglo XX la batalla, acto central de la guerra, se fue volviendo cada vez más brutal e inhumana hasta provocar el colapso emocional y síquico del soldado de a pie; no olvidemos que entre 1940 y 1970 los ejércitos del mundo se convirtieron en fuerzas mecanizadas y aerotransportadas, y que el último enfrentamiento exitoso contra fuerzas de ese tipo se dio en Vietnam. De hecho, la era de la batalla, como la de las revoluciones modernas, parece haber terminado.
Por lo aquí esbozado, salvo que nos muestren una estrategia que pase por alto la inexistencia de posibilidades reales de la lucha guerrillera, así como la superioridad tecnológica y de armamento del Estado, estamos obligados a derribar el régimen por otras vías, que pasan por la política, la ética, la organización del pueblo y la imaginación. Asumamos que nos ha tocado una época difícil, de desafíos que ponen a prueba nuestra creatividad política.
El ingenioso agricultor-Helguera 
Pensiones: pérdidas y vulnerabilidad
En su reporte correspondiente a mayo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó sobre una pérdida de 80 mil 492 millones de pesos registrada en las cuentas de jubilación de los trabajadores con empleo formal en el país, como consecuencia de la volatilidad de los mercados bursátiles en México y en el extranjero.
En términos comparativos, la pérdida informada por la Consar equivale a una caída de aproximadamente 4 por ciento del valor total del sistema pensionario del país, en un solo mes. Semejante desplome pone en relieve el carácter poco responsable con que se han manejado en los pasados tres lustros los ahorros de los asalariados mexicanos, en coincidencia con la imposición de un sistema de pensiones basado en cuentas individualizadas y bajo la administración de empresas financieras privadas: las administradoras de fondos para el retiro (Afores).
En dicho esquema, la administración de los recursos para las jubilaciones de los trabajadores ha dejado de ser vista como un factor de seguridad económica y de bienestar social, para convertirse en un instrumento de especulación financiera en beneficio de un puñado de instituciones particulares, en su mayoría extranjeras. Para la mayoría de los asalariados ese viraje ha representado una afectación constante a sus intereses, ya sea a consecuencia de malos resultados en las inversiones que se realizan con sus ahorros en los mercados bursátiles, o bien como resultado de los cobros, injustificablemente altos, que suelen hacer los bancos por concepto de comisiones.
Para las entidades encargadas de administrar esos recursos, en cambio, el sistema individualizado ha representado una enorme oportunidad de negocio y las ha convertido en concentradoras de gran cantidad de dinero, el cual es empleado en préstamos al sector público y al privado, con el respectivo cobro de intereses, y las ha dotado de vastas ganancias como resultado de la especulación financiera con los recursos de sus clientes.
Además de su carácter intrínsecamente inequitativo y nocivo para los trabajadores, el actual modelo de pensiones constituye un factor de vulnerabilidad económica, en la medida en que coloca un volumen significativo de recursos a merced de los vaivenes de la especulación bursátil.
Con el recuerdo fresco de los desbarajustes ocasionados en Estados Unidos y Europa por el colapso de sus respectivos sistemas de jubilaciones, y de las consecuentes afectaciones para los ahorradores y pensionados del vecino país y del viejo continente, es pertinente y necesario que los encargados de la conducción económica del país tomen cartas en el asunto, si no para emprender una reconfiguración del modelo pensionario actual, sí al menos para impedir que los particulares encargados de administrar esos recursos ocasionen, sea por irresponsablidad o por ambición, nuevos quebrantos al patrimonio de los asalariados y a la economía nacional.
Ya entrado en gastos-Magú 
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