Astillero
Doctora escopeta
Faro radiofónico
La ‘‘nueva’’ APPO
Frente oriente
Julio Hernández López
Una de las figuras más emblemáticas y queridas del movimiento social oaxaqueño de 2006 fue la médica epidemióloga Berta Elena Muñoz Mier, popularmente conocida como Doctora Escopeta (el sobrenombre fue creado con fines descalificatorios por los grupos de choque mediático del entonces gobernador Ulises Ruiz, pero ella lo tomó como una descripción acertada y lo mantuvo con orgullo).
Delgada, de voz grave, la Doctora Escopeta fue una especie de faro radiofónico en aquellos meses difíciles. Recibía información y la retransmitía, analizaba los hechos, arengaba en ocasiones y en otras llamaba a no caer en las provocaciones. Afuera se vivía el fragor de la lucha, mientras ella continuaba voluntariamente recluida en las paredes de la estación transmisora que la proyectaban con fuerza hacia el exterior.
Cuando el golpe de los gobiernos estatal (Ulises Ruiz) y federal (Fox, el saliente; Calderón, el entrante) aplastaron aquella revuelta social, la Doctora Escopeta fue dada de baja de su empleo en la Secretaría de Salud, al tiempo que las amenazas en contra de ella y su familia se multiplicaban. Decidió salir del país y llegó a Bolivia, donde residió hasta que en 2009 regresó a Oaxaca, donde la lucha había sido reprimida, infiltrada y cooptada. Se alejó de todo y se concentró en la Facultad de Medicina. Ahora está en una delicada situación de salud (en 2007, Blanche Petrich le hizo en La Jornada una entrevista (http://bit.ly/11Hi5jS).
El decaimiento físico de la Doctora Escopeta ha coincidido con el anuncio de que está en proceso de reconstitución la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APPO. Bajo la conducción de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (como también sucedió en 2006), se realizó el congreso del Frente Único de Lucha, que pretende relanzar el modelo de organización asumido justamente siete años atrás, luego de una embestida policiaca contra profesores en plantón. El profesor Sócrates Santiago Chiñas, secretario de alianza y gestoría social de la sección 22, explicó: ‘‘El magisterio de manera unilateral no podrá enfrentar los embates de los gobiernos estatal y federal referente a las reformas estructurales que vienen a lesionarnos como gremio y a la sociedad en general, por eso es indiscutible la necesidad de reagruparnos nuevamente como Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca’’ (http://bit.ly/16cihMg ).
Es posible que el uso de una marca afamada tenga más un sentido de voluntarismo nostálgico o de amago táctico, pues las condiciones en el estado de Oaxaca parecen poco propicias para la restauración del espíritu que se manifestó en 2006. Por el contrario, campean ahí el desánimo y la confusión. Si el objetivo único de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca había sido ‘‘la salida del asesino y mal gobernador de Oaxaca’’, Ulises Ruiz Ortiz, ha de reconocerse que esto no fue alcanzado, pues este mandatario estatal cumplió puntualmente su periodo de gobierno. No sólo eso: no ha sido procesado ni castigado por los actos de corrupción y represión de los que multitudinariamente se le acusó, y está de regreso en la política priísta oaxaqueña, con menos fuerza que su adversario José Murat (revitalizado éste por el Pacto por México), pero aún presente.
ENTREVISTA DE TRABAJO. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Londres con el viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, con quien abordó el tema de las reformas que se han materializado en el país en el marco del Pacto por México, y sobre este acuerdo entre las distintas fuerzas políticas del país y el gobierno de la República. Además, dijo que hay coincidencia en que el flujo comercial entre ambas naciones puede crecer, ‘‘si bien hoy es del orden de los 5 mil millones de dólares, y se ha acrecentado en los últimos años, advertimos que tiene un enorme potencial para que, al menos, podamos duplicar este flujo de comercio en los próximos dos años’’
Foto Presidencia
La única satisfacción, relativa y efímera, que tuvieron los opositores a URO (Ulises Ruiz Ortiz) fue la alternancia de siglas que llevó al poder a Gabino Cué Monteagudo. Pero éste, como ha sucedido con otros candidatos de ‘‘oposición’’ llegados a gubernaturas mediante alianzas pluripartidistas, ha mostrado con una crudeza pedagógica el fracaso de esas alternativas electorales, pues ha sostenido una complicidad absoluta con el ulisismo y otras fuerzas priístas y ha venido gobernando de manera equívoca, además de desorientada e intrascendente.
En ese contexto explosivo (ayer se encontró calcinado el vehículo en el que viajaba Nicolás Estrada Merino, presidente del consejo estatal del PRD) es posible que pueda prender un nuevo movimiento social con los profesores de la 22 como núcleo directivo, pero tal vez sea un exceso el recurrir a la facilidad mercadológica para denominar lo que difícilmente podrá parecerse al original (el propio Santiago Chiñas dijo: ‘‘No es la intención de la APPO llegar a una situación de una lucha como la que se dio en 2006’’. Entonces, ¿por qué revivir las siglas?) Por lo pronto, ayer, en el zócalo de la capital oaxaqueña se anunció que esta nueva edición de la APPO boicoteará la Guelaguetza gubernamental, las elecciones de julio próximo e ‘‘impulsará una popular y magisterial’’, e incrementará ‘‘las manifestaciones por la exigencia de la liberación de los presos políticos’’ (http://bit.ly/18TtvKR ). Es una lástima que la Doctora Escopeta ya no tenga fuerza en su voz para opinar sobre esta segunda versión en curso.
Astillas
Ayer fueron liberados los siete jóvenes que seguían detenidos por los hechos violentos del pasado 10 de junio en la ciudad de México. Hubo un tratamiento político y jurídico distinto al de otros adolescentes que también fueron apresados, pero ya habían salido desde días atrás. Esa diferencia proviene del hecho de que los siete retenidos, incluso por pequeñas pifias procesales con tufo a intencionalidad, pertenecen al Frente Oriente, cuya beligerencia lleva a las autoridades a una apenas disfrazada pretensión de más rigor. Al salir del Reclusorio Oriente, los siete jóvenes levantaron el puño izquierdo y corearon: ‘‘¡Frente Oriente, proletario y combatiente!’’ Sobre el tema habrá de escribirse aquí más delante... Y, mientras en Brasil crecen las protestas en el contexto de la futbolera Copa Confederaciones contra alzas en tarifas de transporte público, ¡hasta mañana!
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FUENTE: LA JORNADA OPINION
La lana del calderonismo-Rocha 
Quién es el enemigo
Pedro Miguel
Al poder le encanta espiar, pero espiar casi siempre es delito: lo es, en la mayoría de las legislaciones modernas, cuando se espía a las personas sin orden judicial, y lo es también cuando en un país cualquiera un agente al servicio de un gobierno extranjero intenta escudriñar los secretos de estado del anfitrión. Por eso, la sola existencia de oficinas de
inteligenciaconstituye casi una admisión tácita de que el poder está dispuesto a violar las leyes –las propias y las de otros países– en la materia. La seguridad nacional es uno de esos terrenos en los que, se nos dice, el fin justifica cualquier medio.
decenas de amenazas terroristas. En el discurso de la clase política estadunidense, Snowden merece ser llamado traidor por haber dado a conocer los aparatos montados por Washington, Londres y otros aliados para entrometerse en la confidencialidad de altos funcionarios de gobiernos extranjeros, pero también en las comunicaciones, la correspondencia y las actividades privadas de los ciudadanos comunes y corrientes.
Desde luego, los datos divulgados por Snowden hacen quedar mal al gobierno británico ante sus huéspedes, los mandatarios que acudieron a Gran Bretaña a la reunión del G20 de 2009, los cuales fueron implacablemente espiados con
métodos innovadorespor el Government Communications Headquarters, entidad oficial inglesa que, oficialmente, sirve para
mantener segura y exitosa a nuestra sociedad en la era de Internet.
Pero hay algo más grave: las órdenes a empresas telefónicas de que entregaran al espionaje gubernamental los datos de sus abonados, así como el programa PRISM, que permitió a Washington meter la nariz en millones de cuentas personales de las principales empresas internéticas, constituye una flagrante violación a la letra y al espíritu de la Cuarta Enmienda Constitucional de Estados Unidos, que establece
el derecho de los habitantes a que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrariasy prohíbe la expedición de órdenes que vulneren ese derecho y que
no se sustenten en un mortivo verosímil, estén corroboradas mediante juramento o protesta y especifiquen el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.
Ahora el gobierno de Obama chapotea en esbozos de justificaciones y trata de argumentar que el programa PRISM y otros por el estilo no son violatorios de la Constitución. Pero no la tiene fácil: tras las revelaciones de Snowden la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda en contra del gobierno. Y, además de la ilegalidad, la mentira: apenas en marzo pasado, el general Keith Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional, había negado enfáticamente en una audiencia en el Capitolio que esa institución realizara un espionaje indiscriminado sobre la ciudadanía estadunidense.
Hasta ahora la clase política de Washington y sus operadores mediáticos han logrado engatusar a un sector de la opinión pública con la idea de que las revelaciones de 2010, en las que participaron Bradley Manning, Julian Assange y Wikileaks, fueron un acto de
colaboración con el enemigoque puso en riesgo vidas de estadunidenses. A fin de cuentas, las víctimas de las atrocidades e inmundicias sacadas a la luz por los papeles de las guerras de Irak y Afganistán y por los cables del Departamento de Estado fueron personas, organizaciones o dependencias extranjeras. Aquellas filtraciones cimbraron al mundo pero no fueron suficientes para crear en la mayoría de la sociedad estadunidense la conciencia de que su gobierno se gasta el dinero público en enviar a sus muchachos a matar y a que los maten para sembrar una deliberada barbarie en la cual las corporaciones próximas a la Casa Blanca puedan hacer negocio, así como para obtener más bastiones estratégicos remotos desde los cuales el complejo militar-industrial podrá lanzar nuevas guerras.
La hazaña de Sonwden es distinta porque su escala no es tan planetaria, pero sí de efectos más concentrados: ahora las víctimas de la ilegalidad estructural del poder de Washington son los propios ciudadanos estadunidenses; no pocos de ellos, celosos hasta la paranoia de la preservación de su privacidad y enemigos jurados de cualquier interferencia gubernamental en sus vidas.
Ahora, el presidente de Estados Unidos no la tiene nada fácil. Las verdades expuestas por el ex empleado de la CIA no gustan a buena parte de los conservadores y tampoco a los progresistas que dieron el voto a Obama. Muchos de ellos estarán cayendo en la cuenta, ahora sí, que el hombre por el cual votaron en dos ocasiones es en realidad un prominente enemigo de los derechos civiles y las libertades individuales.
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FUENTE: LA JORNADA OPINION
Hitler panista-Fisgón 
Empresarios al borde de un ataque de nervios
Luis Hernández Navarro
Los empresarios están nerviosos. Su asalto a la educación pública se topó con grandes inconvenientes. No lo esperaban. Centenares de miles de maestros la resisten. Sus argumentos para justificar su ofensiva pierden peso en la opinión pública. La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) –que ellos publicitan como la panacea que sana todos los males educativos– hace agua.
De inmediato se prendieron las luces de alarma en el cuarto de guerra patronal. La organización empresarial Mexicanos Primero, dedicada a cabildear políticas públicas privatizadoras en el terreno educativo y a organizar campañas contra el magisterio, salió en defensa de la prueba. David Calderón, su director general, escribió:
que Enlace no permita evaluar todos los propósitos de la educación no significa que sea inútil, inválida o erróneay advirtió que
romper la secuencia histórica de la prueba sería muy grave.
Conmocionados por el anuncio gubernamental, los dirigentes patronales salieron a defender el examen ante la opinión pública y con las autoridades educativas. El 13 de junio, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió:
hemos expresado nuestro total convencimiento que la Prueba Enlace debe continuar y que la única forma en que podemos mejorar el país es evaluando nuestros propios resultados a través de una prueba que corresponda a las realidades del país.
Un día después, el 14 de junio, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunió a puerta cerrada con Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, para tratar el asunto. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo, informó que ellos van a continuar empujando
los resultados de la prueba Enlace en todo el país y seguir midiendo a nuestros niños y jóvenes a nivel internacional con la prueba PISA.
El dirigente patronal añadió que el encuentro tuvo por objetivo
que la visión y propuestas del sector privado estén incluidas en esa ley secundaria. Adicionalmente buscan coadyuvar con la SEP para la instrumentación plena del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el avance en la agenda de la educación con calidad.
Sin que les falte razón, los empresarios presumen que las recientes modificaciones constitucionales en el terreno de la enseñanza pública son obra suya. Así lo proclaman a los cuatro vientos. En el documento
Por un cambio en el paradigma de la educación en México, fechado el pasado 4 de marzo, el sindicato patronal afirma:
Coparmex ha sido uno de los grandes impulsores de la reforma educativa; a lo largo de nuestros 83 años de existencia hemos pugnado por cambios estructurales que fueron incluidos en este decreto. Y entre esos logros incluye: la incorporación del concepto de calidad educativa en el artículo tercero constitucional;
la medición objetiva y pública de los resultados de evaluaciones de los maestros y alumnos, y,
el ingreso al servicio docente y promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión con previa certificación de competencias, capacidades y conocimientos de los docentes.
Pero ahora sienten que estos triunfos están en peligro. El movimiento magisterial democrático ha conquistado una interlocución que a los empresarios les resulta inadmisible. Cuando el pasado 14 de mayo, después de numerosas protestas impugnando la reforma educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió con el consejo rector del Pacto por México, los empresarios publicaron en la prensa nacional un desplegado en el que anuncian la formación del movimiento Juntos por la Educación. El movimiento apoya la reforma educativa y exige al gobierno federal que no acepte presiones políticas ni
acciones de chantajede los profesores de la coordinadora.
Juntos por la Educación es un membrete del mundo patronal en el que participan organizaciones como Fundación Chespirito, Federación de Escuelas Particulares del Estado de México, Rotary International, Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Coparmex y Mexicanos Primero. Pretende frenar cualquier posibilidad de que la presión docente logre la abrogación de la reforma educativa, o haga que se declare una moratoria. Busca que en las leyes secundarias no se establezcan candados a los exámenes estandarizados de opción múltiple, no se respete el federalismo, ni se garanticen conquistas laborales de los profesores como el de la permanencia en el empleo.
Las movilizaciones de la disidencia magisterial democrática, su crítica a la reforma educativa, sus diagnósticos de la situación de la enseñanza en el país y sus propuestas alternativas han modificado la correlación de fuerzas en el terreno político-educativo.
El gobierno federal tiene dificultades reales para seguir adelante con su proyecto legislativo-pedagógico. Ignorar la nueva situación puede acarrearle graves costos. Si en agosto da un albazo y hace aprobar leyes secundarias lesivas a los docentes, provocará una ola de malestar de proporciones insospechadas. Esta ola de descontento fácilmente puede entrar en sincronía con la que propiciará la aprobación de las reformas hacendarias y energética y la situación económica cada vez más precaria.
Nada de esto lo ignoran las cámaras patronales. Van perdiendo terreno en la batalla de la opinión pública, que creían ganada, y sufrieron un fuerte descalabro con la prueba Enlace. Su intención de disfrazarse de sociedad civil abortó. Salvo dar manotazos en la mesa, no tienen argumentos que ofrecer. Están al borde de un ataque de nervios.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Hartazgo-Hernández 
Activismo empresarial contra los pueblos indígenas
Magdalena Gómez
Las crecientes movilizaciones indígenas en América Latina en defensa de sus territorios están centradas en la reivindicación del derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado que con ser de naturaleza procedimental, su violación sistemática es hoy por hoy el más fuerte reclamo de cara a las concesiones sobre minería y megaproyectos.
En cada uno de estos países se incluyó, con texto similar, la comunicación referida en la cual se anotan como problemas
la identificación de las instituciones representativas, la definición de territorio indígena y la falta de consenso entre los pueblos indígenas y tribales sobre sus procesos internos, y la importancia de que la Comisión de Expertos sea consciente de las consecuencias que estos asuntos tienen para la seguridad jurídica, el costo financiero y la previsibilidad de las inversiones tanto públicas como privadas.
La OIE se refiere a las dificultades, los costos y el impacto negativo que el incumplimiento por parte de los estados de la obligación de consulta puede tener en los proyectos que llevan a cabo empresas tanto públicas como privadas y observa que la mala aplicación e interpretación del requisito de consulta previa puede implicar obstáculos legales y acarrear dificultades para los negocios, afectar a la reputación y tener costos financieros para las empresas, entre otras cosas.
También declara que
las dificultades para cumplir con la obligación de consulta pueden tener repercusiones sobre los proyectos que las empresas quieren llevar a cabo a fin de crear un entorno propicio para el desarrollo económico y social, la creación de trabajo productivo y decente y el desarrollo sostenible del conjunto de la sociedad. Esta postura tiene como telón de fondo el fracaso empresarial en sus iniciativas orientadas a dividir a los pueblos a través de ofertas económicas destinadas a construir supuestos consensos contra las organizaciones que están resistiendo a estas empresas con la complicidad activa en algunos casos de los estados o bien con la omisión de los mismos frente a su deber de consultar a los pueblos.
Ya desde 2011 la OIT había presentado una observación general justificada en las crecientes quejas de los empleadores (empresas) y conflictos, donde aclaró que la consulta no es equivalente al derecho a veto para lo cual señaló que tal criterio fue rechazado por los estados desde que se discutió el texto del Convenio 169. En esta ocasión se optó por pasar a los estados la pelota incluyendo una nota similar para los países referidos en el sentido de invitar al gobierno respectivo a incluir en su próxima memoria los comentarios que juzgue oportuno al respecto de las observaciones de la OIE.
En México encontramos posturas similares a las de la OIE, donde las empresas se justifican y el Estado pretende tapar el sol con un dedo mediante respuestas triviales. En el informe presentado en la reciente sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU (E/C.19/2013/11) se consigna la postura de la Cámara Minera de México (Camimex) que reivindica
buenas prácticas, las cuales, según sostienen, constituyen uno de los sectores más dinámicos de la industria mexicana y aporta mayores beneficios a la balanza comercial de México, ofrece a los trabajadores los mejores salarios y realiza sus operaciones de manera sostenible, respetando el ambiente y los códigos de conducta establecidos a escala internacional para este tipo de empresas. Así tenemos la réplica de lo planteado por la OIE por una parte, pero también a los pueblos indígenas movilizados y además con la ley en la mano acuden a tribunales en busca de justicia con resultados dispares. La agenda pendiente para los tres poderes del Estado es amplia y de nueva cuenta está colocado el desafío para modificar la política y legislación relativa a concesiones y propiciar en serio la justiciabilidad del derecho indígena.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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