Astillero
A Dios, lo que es del César
Jesucristo a gobernar
Oleada de
consagraciones
¿Estado laico, Constitución?
Julio Hernández López
ANIVERSARIO 42 DEL HALCONAZO. Jóvenes embozados, autodenominados
anarquistas, se lanzaron contra los policías que resguardaban la Plaza de la Constitución, ayer mientras la vanguardia de la manifestación por el aniversario de la represión estudiantil del Jueves de Corpus de 1971 ingresaba al Zócalo Foto Carlos Ramos Mamahua
Se ha puesto de moda entre políticos de diversas adscripciones ideológicas el invocar a presuntas fuerzas superiores para que ellas resuelvan lo que los políticos terrenos no pueden. La fórmula parece simple: ceder, entregar o consagrar la cosa pública a dioses y auxiliares de ellos que así se convertirían en corresponsables, interventores, tutores o cuando menos escudo disuasor. La religión traída al centro de lo político en intento de disfrazar o suavizar el fracaso del ejercicio gubernamental y el hundimiento de la clase política nacional que nomás no atina más que a beneficiar sus muy particulares intereses.
La letra legal que ha dado forma a un pacto de convivencia republicana, con separación de Iglesia y Estado, queda así convertida en pieza de museo sin visitas. Y se abre el paso a la nueva oleada vaticana que luego de haber apoyado al priísmo en su retorno al poder cree llegada la hora de cobrar réditos acordados, mediante una mayor presencia en las escuelas, las plazas, las calles y los medios de comunicación y con un adosamiento sin pudor de ciertos políticos a la elite religiosa estadísticamente dominante.
El pasado 20 de abril, en la ciudad de Chihuahua, el gobernador de la entidad habló en un auditorio al que asistieron más de 10 mil personas y cuyos asientos principales fueron ocupados por arzobispos y obispos correspondientes a esa región norteña. El priísta pronunció allí palabras rituales:
Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público en la sociedad; pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude a la intercesión del Inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua.
Antes de esa
entrega, Duarte pidió perdón a Dios
por todo lo sucedido en el pasado en Chihuahua. Como testigos, el presidente municipal de la capital y los presidentes locales de los poderes Legislativo y Judicial. Una enorme imagen de la Virgen de Guadalupe había cruzado todo el auditorio, propiedad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, hasta ser instalada, rectora, al frente. Emmanuel Acha y su hijo Alejandro interpretaron una versión pop de La Guadalupana y el actor y cantante Manuel Capetillo también participó. En su turno al micrófono, el obispo de la Tarahumara, Rafael Sandoval, explicó lo que había sucedido:
Consagrar significa dar en propiedad a Dios algo o alguien, en este caso al estado de Chihuahua (...) Es introducirlo en su ambiente para que sea todo de Dios. Ahora, perteneciendo totalmente a Dios(nota de Alejandro Salmón en El Diario de Chihuahua, http://bit.ly/16Yfjzt y artículo de Carlos Martínez García en La Jornada, http://bit.ly/17DlTuD ).
Un año atrás, otro Duarte, el de Veracruz (una especie de santo patrono de periodistas y opositores, varón sin mácula electoral, aplicado en el rezo del rosario Sedesol), había asistido a la ceremonia de consagración del estado de Veracruz que encabezó el obispo Luis Felipe Gallardo Martín del Campo en la catedral del bello puerto. El gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que asistía a ese ritual como ciudadano en ejercicio de sus derechos constitucionales y al ser entrevistado por la prensa habló de la importancia de promover los buenos valores en la sociedad. Al acto asistieron la madre del gobernador, Cecilia de Ochoa Guasti; la presidenta del Patronato Salvemos Catedral, Tere Malpica; la alcaldesa Carolina Gudiño Corro; Anselmo Estandía Colom y el líder católico John Rick Miller, según nota del Diario de Xalapa (http://bit.ly/11bGKxS).
Miller fue
ejecutivo corporativo y de gobierno de Reino Unido hasta su conversión total a través de la Virgen María hace ya 21 añosy se ha dedicado a actividades apostólicas en varias partes del mundo, entre otras:
En Colombia, como consecuencia de las conversaciones con el cardenal primado del país, su eminencia Pedro Rubiano y con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se hizo una renovación de la consagración de la nación al Sagrado Corazón de Jesús y una consagración al Inmaculado Corazón de María(http://bit.ly/13vvKwJ).
Este fin de semana tocó turno a la presidenta municipal de Monterrey, con su fórmula ampliamente difundida a través de Internet:
Yo, Margarita Alicia Arellanes, entrego la ciudad de Monterrey a nuestro señor Jesucristo para que su reino de paz y bendición sea establecido. Arellanes tiene licenciatura en derecho y ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León e hizo
estudios de posgrado en derecho constitucional y derecho público por la Universidad de Salamanca, España(bit.ly/11pw9yb). Se le acusa de formar parte de un grupo político financiado por el empresario de casinos Juan José Rojas Cardona Rojas y en el que participan los hermanos Larrazábal, famosos por el escándalo de los quesos y los juegos de apuesta en aquella metrópoli.
Antes que Arellanes, el presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, el priísta César Garza, hizo similar
entrega, como puede verse en http://bit.ly/17Dpby4 y en el municipio de Benito Juárez, también en Nuevo León, el panista Rodolfo Ambriz Oviedo hizo lo propio (http://bit.ly/ZFY9Bh). En Baja California, el presidente municipal de Ensenada, el priísta Enrique Pelayo Torres, entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo (http://bit.ly/165Zmn2). Y no se olviden los tonos religiosos usados en su segunda campaña presidencial por AMLO, no sólo en cuanto a su república amorosa, y ahora la concurrencia de Miguel Ángel Mancera al atrio de la Catedral Metropolitana para desarrollar una campaña de desarme voluntario. Amén.
Y, mientras es escuchada la grabación del candidato del PRI a presidir el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo (que incluye a Cancún), en la que habla de programas del gobernador Roberto Borge que dan
argumentospara pedir votos (http://bit.ly/11vq1ph), ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
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Denuncia-Hernández 
De Acteal a Chenalhó: paramilitares e impunidad
De acuerdo con un análisis difundido ayer por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), los recientes ataques contra los católicos de San Pedro Chenalhó, Chiapas, pueden estar relacionados con el regreso a la entidad de los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal hace casi 16 años y que han sido liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
o a algunos de los que han sido sus miembros, de que pueden actuar impunemente agrediendo a quienes no se pliegan a su voluntad; tal podría ser el caso de la colonia Puebla, de donde es originario uno de los paramilitares recientemente liberados y originalmente señalado como el líder del grupo que ejecutó la matanza de Acteal.
Como contexto, cabe recordar que, ante la inacción de las autoridades municipales, estatales y agrarias, la comunidad católica de San Pedro Chenalhó fue recientemente despojada del terreno en el que se encuentra su ermita, así como de materiales de construcción, acción perpetrada por una asamblea ejidal cuyo control ostenta Agustín Cruz Gómez, pastor presbiteriano que en 1997 bendijo las armas usadas por los paramilitares para masacrar a 45 personas en Acteal. El dato es alarmante si se considera que, según la versión oficial, el conflicto que culminó con ese asesinato masivo se inició por la posesión de
un banco de arenaentre grupos confrontados de la misma comunidad.
A posteriori, los señalamientos del Frayba justifican las críticas formuladas a la SCJN por los fallos reiterados (en 2009, 2010 y 2012) que permitieron la excarcelación de 51 de los responsables materiales de la masacre de Acteal. Como lo señaló el organismo humanitario a fines del año pasado, con motivo del 15 aniversario de esa atrocidad,
quedan sólo 27 personas presas, lo cual refleja la nula voluntad del Estado mexicano de esclarecer los hechos, su empeño en seguir ocultando lo que pasó y negando una y otra vez justicia y verdad para las familias tzotziles que perdieron a sus familiares y a las y los sobrevivientes de la masacre. La paulatina excarcelación de los autores materiales obliga a recordar, por otra parte, que los organismos gubernamentales nunca investigaron las posibles responsabilidades intelectuales y políticas de quienes se desempeñaban entonces como altos funcionarios del gobierno de Chiapas, ni las de los mandos militares, ni aquellas en las que pudieron incurrir el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y su secretario de Gobernación, hoy titular de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.
Esa falta de compromiso con la justicia no sólo es exasperante por básicas consideraciones éticas, sino también porque la impunidad es el caldo de cultivo para la comisión de nuevos crímenes. En el caso de Chiapas, sólo el esclarecimiento pleno y el castigo a los responsables puede cancelar la posibilidad de que vuelva a ocurrir una masacre como la que tuvo lugar en Acteal.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Las austeras razones de Granier-Rocha 
Aguas turbias sobre El Zapotillo
Francisco López Bárcenas
Las esperanzas que los habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, vieron surgir con la llegada de un priísta al gobierno del estado, por mucho tiempo gobernado por los panistas, están desapareciendo, devoradas por las turbias aguas de la política y los intereses que rodean la cancelación o reducción de la cortina de la presa El Zapotillo a su altura primigenia, con la finalidad de evitar que inunde el pueblo y al final lo desaparezca. El 28 de enero el nuevo titular del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que el futuro de la presa El Zapotillo y por lo mismo el de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, dependían del entonces gobernador electo del estado, porque el gobierno federal actuaba en coadyuvancia de él para atender las necesidades de agua en los estados de Jalisco y Guanajuato; al día siguiente el gobernador electo refrendó una promesa hecha durante su campaña de no inundar Temacapulín.
Como parte de esa estrategia, funcionarios del gobierno estatal han estado visitando el poblado de Temacapulín y realizando mesas de diálogo con sus habitantes, sin avances sustanciales para la solución del problema. Como parte de ellas el gobierno del Estado ha anunciado que aceptará la recomendación 35 que desde 2009 le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado, que el anterior gobierno rechazó, de acuerdo con la cual, en el proceso de construcción de la presa El Zapotillo, el gobierno del estado de Jalisco violó a sus habitantes los derechos de legalidad, seguridad jurídica, propiedad, vivienda, conservación del medio ambiente, patrimonio común de la humanidad, desarrollo y a la salud, recomendándole una serie de medidas para su reparación. Sólo que en la carta de aceptación que el gobernador y secretario de Gobierno envían al presidente de dicho organismo humanitario aceptando tal recomendación la condicionan de tal manera que le suprimen prácticamente todos los derechos a reparar para llevar las acciones de gobierno que por ley deben realizar.
En los tiempos de la Colonia, cuando una disposición real violaba algún derecho natural se ordenaba que las autoridades obedecieran, pero no se les obligaba a cumplir, es decir, asumían una actitud pasiva. Tal vez porque los tiempos actuales son similares a los de entonces, en los actos gubernamentales opera la misma lógica, aunque con distintos actores y diversos objetivos. El centro de la discusión no son los ciudadanos y los pueblos con sus derechos, sino los intereses de los grupos económicos, y si éstos van contra los derechos de los ciudadanos y pueblos tampoco se respetan; para los gobernantes es suficiente con simular que no se violan. Y si no se habla del respeto a las leyes, menos de actuar en justicia y dar a cada quien lo que necesita para vivir dignamente. Estamos frente a lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli ha denominado poderes salvajes, grupos de poder a los que no se puede contener porque no están regulados pero su actuación pesa más que las instancias reconocidas. Mientras eso no se corrija el descontento social irá en aumento. A ver después quién se hace cargo de sus consecuencias.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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