Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

miércoles, 5 de junio de 2013

Bajo la Lupa- Argentina: punto final a “…lo que la señora ordene"- Leer la crisis colombiana para entender la reforma mexicana de salud

Bajo la Lupa
Guerra financiera asimétrica del siglo XXI: EU militariza el terrorismo de los hedge funds
Alfredo Jalife-Rahme
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Actividad en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, la semana pasada
Foto Ap
 
En mi reciente conferencia magistral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (youtube.com) abordé el ominoso tema del terrorismo financiero que practica Estados Unidos como nueva arma disuasiva de destrucción masiva mediante el letal género de derivados: los hedge funds (HF: fondos de cobertura de riesgos), según James Rickards (JR).
 
Rickards conoce el sistema financiero de Wall Street desde sus entrañas, donde trabajó 35 años: internacionalista, abogado, banquero de inversiones, graduado de la Universidad Johns Hopkins y en el think tank Paul H. Nitze School of International Advanced Studies; fue consejero general del célebre LTCM, que con su estrepitosa quiebra inició la debacle del sistema financiero global en 1997/1998.
 
A James Rickards le tocó liquidar LTCM con la Reserva Federal de Nueva York y hoy es consejero de finanzas de la comunidad de Seguridad Nacional y del Pentágono. ¡Nada menos!
 
 
Autor del libro Guerra de las divisas –posterior al best-seller chino de Song Hongbing (Bajo la Lupa, 12 y 19/9/10)–, impartió una conferencia sobre la Geopolítica de las finanzas, reservas y sistema financiero global (30/9/12) en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), el mayor think tank militar británico, que versa sobre la guerra financiera.
 
 
Destaca la lucha por el crecimiento en un mundo con fuentes inadecuadas de crecimiento debido al exceso de la deuda impagable, por lo que los principales protagonistas comerciales tratan de hurtar (sic) el crecimiento uno del otro a través de devaluaciones sucesivas. Considera que dicha dinámica se despliega en años y aun en décadas pero que al final nadie gana, y cuyo resultado es: inflación, deflación y contracción del comercio mundial.
 
Define la guerra financiera como un daño económico: consecuencia deliberada de actos malignos; es la guerra con otros medios y forma parte de la guerra asimétrica (¡supersic!), que incluye el uso estratégico de armas de destrucción masiva (nota: atómicas, biológicas, químicas y radiológicas).
 
Aduce que la guerra financiera es menos familiar a los estrategas militares y políticos debido a su naturaleza muy especializada (sic) y a su reciente arribo al terreno de combate: involucra actos malignos en los mercados con acciones, bonos, divisas, materias primas y derivados financieros.
 
Diagnostica que en el pánico financiero de 2008 se gestó una destrucción global de riqueza por más de 60 billones de dólares (trillones en anglosajón) –casi el PIB global– y su causa se debió a la autoflagelación de sobreapalancamiento, desregulación y deficiente comprensión de las propiedades del riesgo.
 
La guerra financiera provocaría un pánico deliberado similar al de 2008 y cuyo objetivo serán ciertos mercados y clases de activos para infligir daño económico desproporcionado (sic) a los rivales, mientras el perpetrador resulta ileso.
 
Desestima un dumping instantáneo por China de la deuda de Estados Unidos (Bonos del Tesoro), ya que sería detectado a través de una red de sistemas electrónicos y de tratantes primarios controlados por el Tesoro/Reserva Federal, además de que la Casa Blanca tiene la autoridad de congelar todas las cuentas de bonos de China si su actividad comercial significa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
 
La guerra financiera empleará “canales disfrazados y elementos dispersos con el fin de que los ataques no sean detectados fácilmente en sus fuentes, por lo que los chinos y otros (sic) adoptarán técnicas ya en uso por los HF que desean esconder sus identidades (sic) e intenciones (sic) en los mercados.
 
El atacante, sea China, Rusia o Irán (sic), establece una red de HF en paraísos fiscales oscuros, que usarían intermediarios privados conocidos de la banca suiza para ocultar sus identidades con típicos nombres anodinos.
 
Cada HF sería financiado con mil millones de dólares de capital enemigo disfrazado. Así que cinco HF utilizarían 5 mil millones de dólares: menos que el costo de un solo portaviones y potencialmente más destructivo.
 
Los HF estarían legalmente situados en los paraísos fiscales, pero serían comercializados por empresas de gestión separadas en plazas más sofisticadas (Ginebra/Zurich/Londres), lo cual agrega otra capa de disfraz a la estructura.
 
Algún día, el ataque se escenificaría cuando los mercados de Estados Unidos bajen en forma significativa y su objetivo serían las grandes acciones Apple, Exxon, General Electric y otras; al unísono, adquirirían opciones de compra durante el desplome, para maximizar sus ganancias.
 
El ataque bursátil se extendería a los mercados de bonos, divisas y materias primas: un ataque exitoso resultaría en una pérdida de riqueza de trillones de dólares, cierre del mercado de divisas y posibles (sic) disturbios sociales.
 
Para contrarrestar la guerra financiera, los países necesitan desarrollar capacidades y ofensiva con el fin de crear un género de destrucción financiera asegurada mutua (MAFD), en reminiscencia de la estrategia nuclear de la era bipolar, por lo que se han desempolvado doctrinas de la guerra fría para ser reaplicadas en el mundo feliz de la guerra financiera.
 
Confirma que las sanciones financieras contra Irán forman parte de la guerra financiera cuando el 5/2/12 Estados Unidos desencadenó su última arma (sic) financiera: los bancos fueron advertidos de que serían eliminados del sistema de pagos del dólar si realizaban transacciones con el banco central de Irán, lo cual provocó la sequía inmediata de dólares, que desembocó en transacciones en el mercado negro: el rial (divisa persa) se desplomó “más de 40 por ciento (…) con hiperinflación, fuga de depósitos y alza de las tasas de interés, con consecuencias de malestar popular”.
 
Irán pudo sortear el sistema dólar mediante otros sistemas de pago (euro, yen, franco suizo) a través de sus bancos correspondientes y la Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), con sede en Bruselas.
 
Estados Unidos presionó exitosamente al consejo de gobierno del SWIFT para excluir a los bancos de Irán, que no podían recibir pagos por su venta de petróleo ni pagar por la importación crucial de alimentos.
 
Estados Unidos no percibió en su radar un efecto bumerán: Irán negocia con sus principales socios comerciales (Rusia, India y China) el desarrollo de mecanismos financieros comerciales alternativos con grandes depósitos de divisas en los bancos chinos y rusos.
Pese a las sanciones deletéreas, Irán surgió muy poderoso debido a su petróleo vital (sic) para el comercio global.
 
Consecuencias inesperadas: los países asiáticos y el BRICS empiezan a salirse de la hegemonía global del dólar que ha prevalecido desde 1944 y estudian la creación de un nuevo banco multilateral, lo cual arreglaría pagos alternativos para Irán.
 
Así, la guerra financiera de Estados Unidos contra Irán está siendo derrotada por la guerrilla financiera asimétrica del BRICS, que sugiere un nuevo sistema de pagos y una divisa que no sería necesariamente convertible a dólares sino que haría al dólar irrelevante en sus transacciones.
Twitter: @AlfredoJalife
Facebook: AlfredoJalife
FUENTE: LA JORNADA OPINION


Argentina: punto final a “…lo que la señora ordene”

José Steinsleger
“Y si usted lo quiere, se hará regalar alguna preciosa ‘chinita’ de 14 abriles, tímida como una corzuela, de quien tendrá los huesos menudos y dócil como los gatos de San Juan” (de una carta del autor de Don Segundo Sombra, Ricardo Güiraldes, a su amigo francés Valery Larbaud. San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, 22 de octubre de 1921).
 
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012), el trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe incluye a más de 19 millones de mujeres. De cada 100 trabajadoras, 14 son empleadas en casas de familia, sin contabilizar a las que no se encuentran registradas, migrantes indocumentadas o menores de edad.

Las mujeres –agrega el informe– representan 7.5 por ciento del total de mano de obra en la zona, cuando la media mundial es de 1.7 por ciento. La mayoría carece de educación y proviene de hogares pobres indígenas o de afrodescendientes, y sin redes colectivas en las que apoyarse para buscar empleo.

En Argentina, el servicio doméstico emplea poco más de 800 mil personas en todo el país (10 por ciento de los trabajadores asalariados), y ha sido uno de los menos atendidos y visibilizados. En su gran mayoría (90 por ciento), mujeres de 14 a 49 años que desarrollan distintas labores: mucamas, cocineras, niñeras, amas de llaves, mayordomía, institutrices puertas adentro o puertas afuera, etcétera, que venían desenvolviendo su actividad con mecanismos seudolegales y confusos que en términos de derechos rozaban la esclavitud.

El 8 de marzo de 2010, en conmemoración del Día de la Mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley similar (aunque naturalmente actualizado), al que Eva Perón impulsó en 1952 y el golpe democrático de 1955 botó al cesto de la basura: equiparar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico.

Dos años después, en un acto en la Casa Rosada, Cristina anunció la promulgación del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Nos lo debíamos todos los argentinos, dijo la presidenta. Por su lado, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fustigó a un régimen de rebaja de derechos, que durante 60 años trató como personas de segunda a los trabajadores del sector.

La norma fue aprobada por unanimidad y sin debate final. Con todo, es interesante consignar las opiniones de la senadora progresista María Eugenia Estensoro (titular de la Comisión de Trabajo), quien observó los aspectos conflictivos y los costos que tendrían para el sector empleador tanto la licencia por enfermedad cuanto la indemnización por despido. La trabajadora debe estar más protegida, pero se debe proteger también la integridad patrimonial de los hogares dadores…dijo.
 
Pero la nueva ley rechazó justamente, la noción de dador de trabajo. En modo alguno. Quien contrata es el empleador, y no dador de trabajo. Y la relación laboral rige desde el mismo momento que la persona entra a trabajar. Si antes la obligación del aporte regía a partir de que la empleada trabajara más de seis horas semanales, ahora basta que trabaje una hora por semana.
 
En los nuevos formularios para pagar el personal doméstico, hay que consignar la antigüedad y la categoría que corresponda. Por otro lado, la iniciativa prohíbe el trabajo a menores de 16 años, incluyendo a niñeras o a quienes cuiden adultos o discapacitados sin conocimientos profesionales.
 
Las nuevas condiciones laborales para las empleadas de casas particulares cuentan ahora con los derechos de cualquier trabajador argentino:
Descanso dominical y semanal de 35 horas.
Licencia por maternidad y exámenes.
Vacaciones pagadas.
Aguinaldo.
Indemnización por despido (dos meses de sueldo por cada año de ­antigüedad).
Límite de la jornada a ocho horas diarias.
Pago de horas extras.
Recargo de 100 por ciento sobre el salario habitual los días sábados.
Seguro obligatorio de riesgos de trabajo.
 
Sin embargo, y a pesar del descuento en el impuesto a las ganancias a modo de estímulo… ¿cómo lograr que la ley se cumpla en un trabajo que sucede a puertas cerradas (invisible), dentro de los hogares, y donde las obligaciones del trabajador suelen ser difusas una vez que se lo contrata para desarrollar una multiplicidad de tareas?
 
Como fuere, las trabajadoras domésticas argentinas cuentan ahora con un marco legal para defender sus derechos frente a clases medias y altas que se resisten a reconocerlas como lo que son, trabajadoras, así como su propia responsabilidad como empleadores.
 
Por su lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos deducirá quién tiene servicio doméstico según los ingresos. A los que perciben 500 mil anuales (95 mil dólares) les cobrará aportes y contribuciones a la seguridad social si no registran a sus empleadas domésticas, determinando de oficio deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
 
Leer la crisis colombiana para entender la reforma mexicana de salud

Asa Cristina Laurell
Los argumentos de los textos de mayor circulación sobre el Seguro Popular son circulares al referirse a los mismos documentos base, casi todos escritos por el grupo emanado de Funsalud. Por ello, no dan elementos para visualizar cuáles serían los efectos de su plena instrumentación, particularmente en la perspectiva de la oscura reforma de seguridad social universal. Es entonces importante analizar la información internacional sobre los diferentes componentes del modelo que se promueve desde el gobierno.
 
El caso más aleccionador es el colombiano, cuyo sistema de salud inició una reforma, semejante a la mexicana, en 1993. Actualmente, está inmerso en una profunda crisis que ha propiciado un número importante de estudios y evaluaciones realizados por el propio gobierno y otros actores involucrados, sean éstos centros académicos o de investigación, asociaciones civiles o instancias del Estado, como la Corte Constitucional, la Contraloría o los gobiernos municipales. Todos coinciden en la gravedad de la crisis aunque proponen soluciones distintas. Existen evidencias contundentes de que los tres objetivos principales de cobertura, acceso y equidad financiera no se han cumplido y del grave deterioro de las acciones de salud pública.

La cobertura del aseguramiento es de 95 por ciento de la población, considerando sus dos regímenes, el contributivo financiado por cuotas obrero-patronales y el subsidiado, financiado por el erario público. A partir de 2004 se incrementó la cobertura básicamente vía el régimen subsidiado que hoy abarca 55 por ciento del total de asegurados. Sin embargo, resalta la falacia de considerar que cobertura es igual a acceso.

De esta manera un estudio de 2008 demostró que 83.5 por ciento de los afiliados al régimen contributivo usó los servicios por lo menos una vez al año, 42.9 por ciento de los del subsidiado y 37 por ciento de los no-asegurados. Es un acceso desigual que depende de la condición de aseguramiento, en la que la discrepancia entre los subsidiados y los no-asegurados es pequeña.

Otro cálculo entre los que habían enfermado, clasificados según el quintil de ingreso, demostró que 71.5 por ciento con el ingreso más bajo (quintil I) se había atendido con un médico o una enfermera, mientras el dato correspondiente del quintil más alto (V) era 88.6 por ciento con una brecha de 17 por ciento. Sin embargo, el acceso a la atención especializada o a la hospitalización era baja para todos y diferenciado por el tipo de aseguramiento al igual que el acceso a los medicamentos. Asimismo, varios estudios han determinado que la población rural y dispersa no tiene acceso a los servicios de salud por su inexistencia en el lugar donde vive y por el alto costo de traslado. Existe una situación semejante en las zonas urbanas donde los recursos de salud –centros de salud, servicios y médicos especializados, hospitales– se concentran en los barrios con las mejores condiciones socio-económicas. La premisa de que el mercado distribuiría equilibradamente los recursos y garantizaría el acceso equitativo como resultado del aseguramiento es otra falacia.
 
El tercer objetivo de la reforma, la equidad financiera, está lejos de cumplirse. La competencia entre los múltiples administradores de fondos y entre los prestadores simplemente no ha funcionado para lograrlo. En 2008 la distribución del gasto en salud por quintil mostraba que el del I era 62.8 por ciento del disponible para el quintil V, el del II, 70.7; el del III, 82.5, y el del IV, 93.4 por ciento, a pesar de un sistema de concentración de los ingresos en un fondo y su redistribución en unidades de capitación por persona asegurada, sistema semejante al que propone Funsalud. La Contraloría colombiana calculó que sólo 23 por ciento del monto transferido a los administradores del sistema subsidiado se tradujo en servicios efectivamente prestados en 2011. Asimismo, la Corte Constitucional constató un alto grado de corrupción, el predominio de intereses particulares, la debilidad del control estatal, así como el inadecuado y el ineficiente manejo administrativo que ha dado como resultado que cientos de miles se hayan amparado contra la negación de servicios.
 
Esta situación se explica por redes de complicidad que permiten que los administradores gasten el dinero en otras actividades y no en la prestación de servicios y hagan compras o subcontrataciones de servicios por encima de los precios de mercado a empresas relacionadas con ellos o como el resultado del cabildeo de las compañías transnacionales de salud.
 
Es obligada la lectura y discusión de los estudios colombianos con su riqueza de información para evitar que se siga destruyendo el sistema de salud mexicano.

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