El preso político más antiguo de AL
Ángel Guerra Cabrera
Estados Unidos ocupó Puerto Rico contra la voluntad de su pueblo en 1898 y hasta hoy lo mantiene en condición colonial. Ha hecho cuanto ha podido por despojarlo de sus raíces culturales, su idioma, su sentimiento nacional y su autoestima, y por reprimir o ningunear a quienes reivindican estos derechos. Sin embargo, la identidad puertorriqueña ha sido más resistente que el poderío económico, político y militar de Washington.
Hoy ocurre igual con el reclamo por la libertad del también militante por la independencia puertorriqueña Óscar López Rivera, el preso político más antiguo de América Latina. El 29 de mayo Óscar cumplió 32 años tras los inclementes barrotes de las cárceles de Estados Unidos.
Ese día cientos de personalidades en San Juan y otras cuatro ciudades de Puerto Rico se encerraron simbólicamente en celdas diseñadas por el pintor Nick Quijano, iguales en sus diminutas dimensiones a la que ocupa Óscar. Dijeron presente representantes de todas las tendencias políticas, entre ellos connotados independentistas como Carlos Gallisá o Martha, la viuda del líder Juan Mari Bras, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, las alcaldesas de San Juan Carmen Yulín y de Ponce María Meléndez así como sus pares de otros municipios, René Martínez el Residente de Calle 13, otros relevantes artistas e intelectuales, conocidos periodistas, la presidenta del Colegio de Abogados Ana Irma Rivera, peloteros de grandes ligas, universitarios, obispos y líderes de todas las iglesias, activistas de la comunidad LGBT, diputados, senadores, empresarios, eminentes médicos y abogados. El cantante Ricky Martin envió un cálido mensaje de solidaridad desde Australia y el gobernador Alejandro García Padilla expresó que su excarcelación es un asunto de
justicia social, humanidad y compasiónpor lo que la había reclamando al presidente Barak Obama.
Nacido en el pueblo de San Sebastián, los padres de Óscar lo llevaron a vivir a Chicago intentando huir de la pobreza. Combatiente condecorado de Vietnam, allí comenzó su toma de conciencia anticolonial. Al regreso de la guerra a la ciudad de los vientos devino un dinámico activista por la educación descolonizadora, la cultura puertorriqueña, contra la discriminación racial y por la independencia de su patria.
Acusado de pertenecer a las independentistas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la fiscalía gringa le levantó el difuso cargo de conspiración sediciosa (
intento de derrocar por la fuerza al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico). El premio Nobel Desmun Tutu –una de muchas personalidades internacionales que piden su liberación– ha dicho que lo que el cargo quiere decir es
conspirar para liberar a su pueblo de la justicia imperial. Negado a aceptar la jurisdicción de los tribunales yanquis, Óscar se declaró prisionero de guerra en una lucha anticolonial y rehusó cooperar con el proceso. Aunque no pudieron probarle ninguna acusación y su conducta como recluso ha sido ejemplar, la exorbitante sentencia impuesta expiraría en 2023.
Mantenido en confinamiento solitario 12 años, no salió de su celda más que unas pocas horas a la semana, nunca vio la luz natural y se le impidieron las visitas. Cuando las pudo recibir fue al otro lado de un cristal antibalas. Su hija se hizo mujer sin poder tocarlo y su nieta sólo lo pudo abrazar siendo una adolescente. Ha sufrido constantes tratos inhumanos y degradantes incluyendo negativa de asistencia médica, debidamente documentados. La ONU ha pedido su liberación.
Hombre de gran sensibilidad, ha hecho una notable obra pictórica y epistolar en prisión. Nací boricua, seguiré siendo boricua y moriré boricua, ha dicho. Apoyémoslo para que así sea, pero en su patria y libre. ¡Viva Puerto Rico libre!
Twitter: aguerraguerra
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Ajustando el abecedario-Magú 
La banca social y solidaria y la iniciativa de reforma financiera
Orlando Delgado Selley
El funcionamiento del sistema financiero en el país es completamente anómalo: tenemos una banca sólida, con altos niveles de capitalización y bajos índices de cartera vencida, que presta muy poco. Medido tanto por el crédito otorgado al sector privado como por la proporción de este tipo de crédito en los activos bancarios, el nivel de penetración bancario en México es extremadamente limitado. Obviamente esta falta de crédito es mucho más aguda si nos referimos al sector social de la economía.
Reconociendo la capacidad otorgada al Estado, en el artículo IV de la Ley de Instituciones de Crédito, para promover que la banca apoye el crecimiento de la capacidad productiva del país y con ello pueda convertirse en un verdadero impulso al desarrollo nacional, y no como hasta ahora ha sido una simple generadora de utilidades para sus matrices en el extranjero, la iniciativa de Reforma Financiera presentada a la consideración del Congreso de la Unión se propone como objetivo central, en palabras del Presidente, que los bancos presten más y más baratoy que, además,
a quienes tienen un pequeño o mediano negocio les presten los recursos necesarios para modernizarlo y para hacerlo crecer.
Para lograr esto, la propuesta de reforma plantea cuatro ejes fundamentales: fomentar el crédito a través de banca de desarrollo, ampliar el crédito que otorgan los bancos privados, incrementar la competencia en el sector financiero y fortalecer la solidez del sistema financiero. En este planteamiento no aparece la banca social y solidaria.
La relevancia de este tipo de entidades de la economía social y solidaria, en términos de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 constitucional, es reconocida por su aporte al desarrollo económico y social del país, la generación de fuentes de trabajo digno, el fortalecimiento de la democracia, la equitativa distribución del ingreso y la mayor generación de patrimonio social (artículo segundo).
Para los autores de la propuesta de Reforma Financiera, integrantes del Pacto por México, es decir, dirigentes de los tres partidos políticos con mayor respaldo electoral, este importante sector de las finanzas populares, que ha permitido que la economía social tenga mecanismos de financiamiento ajenos a la banca comercial y con propósitos efectivamente sociales ajenos al lucro, sólo tiene interés en dos sentidos: en su posibilidad de contratantes de servicios financieros con terceros y como sujetos de supervisión, vigilancia y sanción de parte de la autoridad bancaria.
En cuanto al primero, tanto para las cooperativas de ahorro y préstamo como para las sociedades financieras populares y comunitarias, parece indispensable justificar la razón por la que se sustituya la facultad de descontar operaciones de crédito con otras instituciones de banca, destacadamente la banca de desarrollo, por la autorización que le otorga la propuesta de Reforma para contratar con terceros la prestación de servicios financieros.
En cuanto a lo segundo, la ampliación de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria, de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, parece indicarse que la preocupación central de estas autoridades está en el mantenimiento de la normatividad vigente y no en los problemas de gestión, capacitación y acceso a financiamientos de mayor plazo y mejor costo de las entidades financieras del sector de la economía social y solidaria.
Por lo anterior, antes de plantearse aprobar la Reforma Financiera avalada por los firmantes del Pacto por México, que pretende tener vía rápida en la Cámara de Diputados, convendría que el Poder Legislativo en ambas instancias abriese una consulta amplia con las sociedades cooperativas de ahorro y crédito, las financieras populares, las comunitarias para que pudiesen expresar sus planteamientos en relación con lo propuesto y, más importante, con las dificultades que viven actualmente para lograr su registro ante la Comisión Nacional Bancaria.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
El edén tabasqueño-Rocha 
El fetiche de la reforma electoral
Soledad Loaeza
Sobre la mesa de la discusión pública el PAN y el PRD han puesto un tema que se nos ha convertido en fetiche: una reforma electoral. Desde que consagramos la Lfoppe de 1977 como uno de los mojones del desmantelamiento de la hegemonía del PRI, hemos atribuido a este tipo de ordenamientos un poder mágico de transformación de la realidad. Tanto así que desde la ley de Reyes Heroles hasta ahora se han votado cinco códigos electorales diferentes, de los cuales casi cada uno ha registrado una larga lista de enmiendas. Y uno se pregunta si realmente todos esos cambios han sido necesarios, o si no se trata de una frivolidad de nuestros políticos, para quienes una reforma electoral sustituye trabajo legislativo sobre temas mucho más difíciles, como las famosas reformas estructurales.
A nuestros políticos les encantan las reformas electorales porque es un asunto que controlan ellos, que examinan y discuten entre ellos. Algo muy distinto a lo que ocurre con otras reformas, como la hacendaria o la de telecomunicaciones, que involucran a grupos de interés, a líderes empresariales con los que hay que negociar, a los que hay convencer o de los que los legisladores y los partidos querrán dejarse convencer. De todas formas, por más mansos que se muestren diputados y senadores frente a las demandas de los particulares, o de los representantes del Poder Ejecutivo, dirán que es mucho más agradable trabajar entre ellos mismos que tener que escuchar exigencias o solicitudes tercas que les roban el tiempo a sus desayunos, comidas, cenas y visitas al bar, en las que, por el bien de la patria, se hacen tan amigos aunque pertenezcan a partidos adversarios.
Las discusiones que se anuncian sobre la reforma electoral tienen muchos aspectos: pero en la mira está en primerísimo lugar el IFE, la corona de nuestra democracia que tanta irritación ha causado a las fuerzas políticas a lo largo de su breve historia, que no rebasa el cuarto de siglo. El instituto encargado de organizar y administrar los procesos electorales federales ha frenado en muchos casos los comportamientos atrabiliarios de los actores políticos, ha querido someterlos a las reglas que ellos mismos se dieron –pues finalmente el IFE es obra de los partidos–, y cuando las han violado, el instituto los ha sancionado (aunque habrá que admitir que no siempre lo ha hecho). Se creó como un órgano del Estado mexicano pero, lamentablemente, se ha convertido en un órgano de representación partidista que está sujeto al equilibrio de las fuerzas políticas, que no es de ninguna manera un dato permanente.
La propuesta del PAN y del PRD de sustituir el IFE por un instituto nacional electoral revela la incapacidad de las oposiciones de fortalecerse en los estados, y de resistir la presión de las estructuras locales de poder que, no obstante la democratización, se mantienen intactas. Los partidos de oposición pretenden compensar esta debilidad recentralizando la autoridad electoral, con el apoyo del poder federal. El propuesto INE podría hacer valer los derechos ciudadanos en el ámbito local, que ahora está firmemente controlado por los gobernadores, que han secuestrado a las autoridades electorales estatales.
La propuesta evoca la ley electoral de 1946, la primera legislación moderna en materia de comicios y partidos, uno de cuyos principales objetivos era precisamente centralizar la organización y la administración de las elecciones para poner fin a los abusos de gobernadores y presidentes municipales, que hasta entonces eran los responsables de esos procedimientos. El propósito de esa ley, entre otros muchos, era regularizar y estabilizar los comicios, pero sólo el gobierno federal, con todo el peso político del Poder Ejecutivo podía imponerse a los Gonzalo N. Santos de este mundo. Medio siglo después descentralizamos la responsabilidad electoral, porque creímos que era una de las condiciones de la democratización. Entonces regresaron los abusos de los poderosos locales y, ahora, para frenarlos recurrimos de nuevo al fetiche. Los políticos se frotan las manos con satisfacción y ya están pensando en los desayunos, las comidas, las cenas y los bares adonde se van a ir a jugar.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Tugurios peligrosos-Helguera 
Reforma energética: reflexiones
Jorge Eduardo Navarrete
En los últimos días del primer semestre, la Academia Mexicana de Economía Política (AMEP) dedicó un par de mesas redondas a una discusión en profundidad de dos de las reformas que se espera sean recibidas, debatidas y votadas por el Poder Legislativo el próximo otoño. La prensa se refiere a ellas como reforma energética y reforma hacendaria. Estos apelativos distan de reflejar los jirones que al momento se conocen del contenido de las respectivas iniciativas, que parecen apuntar a nuevos ajustes a la legislación secundaria en materia petrolera y a una suerte de súper miscelánea fiscal basada en impuestos indirectos. Tuve oportunidad de moderar el debate y actuar como relator de la primera mesa, en el que se escucharon y discutieron nueve presentaciones. Presento algunas de las reflexiones que derivé del intercambio sostenido a lo largo de cinco horas sobre uno de los temas de los que dependerá la prospectiva nacional en los dos o tres próximos decenios y más allá.
Este persistente sueño puede verse limitado por diversos factores: el auge de los hidrocarburos no convencionales será casi exclusivo de Norteamérica, sobre todos de Estados Unidos –en 2030 aportará cerca de tres cuartas partes del total mundial. La ventaja de precios relativos en que se ha basado puede desaparecer cuando se imputen los costos ambientales de la explotación y de licuefacción y regasificación para su eventual exportación. El shale gas y el tight oil pueden significar una revolución energética, pero más bien limitada a Norteamérica.
En este entorno regional, el horizonte de 2030 guarda también una promesa de independencia para México. Si Estados Unidos desea librarse de su adicción al petróleo importado, México puede liberarse de la dependencia de sus finanzas públicas de los ingresos por exportación de crudo. Un componente esencial de cualquier reforma energética en México se encuentra en evitar la exportación de crudo, en especial en la angustiosa situación de reservas en que el país se encuentra. El petróleo mexicano realizó su mayor aportación al desarrollo del país cuando se dedicó a satisfacer la demanda interna. Tal es su destino preferente: proveer la energía y las materias primas que demanda el desarrollo industrial, comenzando por las petroquímicas, y la operación de la planta productiva nacional. Las exportaciones de crudo deberían abatirse para dar margen al renacimiento industrial de la nación.
Por un largo periodo en la segunda mitad del siglo pasado, las importaciones de crudo estadunidenses les permitieron conservar sus reservas y acumular stocks estratégicos. Ahora, en la primera mitad del actual, la reducción de las exportaciones mexicanas de crudo permitirá conservar y ampliar las reservas, energizar la diversificación industrial y de servicios tecnológicos, y hallar de nuevo la base real de la recaudación: no la imposición inmoderada de un recurso no renovable sino la imposición progresiva del ingreso de los individuos. El vínculo entre las reformas energética y hacendaria es más que evidente.
En los años setenta del siglo pasado, alrededor del reajuste histórico de los precios internacionales del crudo por parte de la OPEP –el club al que nunca nos atrevimos a asociarnos– se dijo célebremente que, en el siglo XXI, extraer petróleo para quemarlo como combustible se consideraría tan primitivo como talar bosques para usar de ese modo la leña. Los nuevos recursos de hidrocarburos, en aguas profundas o en formaciones de lutitas, deben conservarse para usos económicos superiores en un futuro que se extiende a la segunda mitad del siglo. En el caso del shale gas, además, existen incertidumbres ambientales que hacen aconsejable establecer una moratoria de varios decenios para su explotación, que no excluye trabajos exploratorios para localizar, delimitar y cuantificar las reservas. La moratoria serviría también para no desalentar el sostenido desarrollo de las fuentes de energía bajas o exentas de carbono, que en Norteamérica y en el mundo habían empezado a ganar terreno antes de que el auge del shale gas alterase las relaciones de precios relativos y desalentara los esfuerzos en favor de la verdadera transición energética, sustituyéndolos por una transacción más bien ficticia dentro de los propios combustibles fósiles –emisores todos de gases de efecto invernadero.
Es probable que buena parte del debate de la reforma energética se concentre en cómo llevar adelante el tipo de reforma aprobado en 2008. Se debatirá qué segmentos de la industria petrolera pueden abrirse a la participación adicional del capital privado sin reformar las disposiciones constitucionales vigentes. Con base en la falacia de la insuficiencia de recursos –financieros, técnicos y humanos– de Pemex, se sostendrá que es indispensable complementarlos con aportes de particulares, nacionales y extranjeros. Se sostendrá, con desvergüenza, que nada de esto equivale a privatizar o a afectar, en favor de los privados, el reparto de la renta petrolera. Se tratará, otra vez, de un teatro de sombras. Es claro que si Pemex se orienta a satisfacer la demanda interna de combustibles y petrolíferos –sustituyendo importaciones costosas–; si deja de confiscarse la mayor parte de sus ingresos brutos, por parte de una hacienda pública ávida de ingresos pero renuente a reformar la estructura impositiva; si se le reconoce la autonomía presupuestal y de gestión que le corresponde para actuar como organismo público eficaz y redituable; si se permite a sus trabajadores elegir liderazgos sindicales honestos y legítimos, no sólo no requerirá del auxilio de particulares ávidos de apropiarse de parte de la renta sino que puede orientarse hacia una internacionalización de parte de sus actividades como han hecho varios de sus pares: otras empresas petroleras estatales en éste y otros continentes.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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