Los gobiernos de Dios y Jesucristo
Octavio Rodríguez Araujo
Antes que la alcaldesa de Monterrey, como documentan Astillero y los corresponsales de La Jornada (11/06/13), hubo gobernadores (los de Chihuahua y de Veracruz) y alcaldes (de Ensenada, Baja California, y de Guadalupe y Benito Juárez, ambos de Nuevo León) que entregaron sus estados y municipios a Dios y a Jesucristo. Unos del PAN y otros del PRI, sin distinción, no sólo consagraron las entidades que gobiernan a Dios y a Jesucristo, sino que cedieron la autoridad que obtuvieron en las urnas a dichas figuras religiosas.
La panista, de 36 años de edad, le abrió las puertas de Monterrey a Dios y la entregó explícitamente a Jesucristo, a pesar de que en su toma de protesta como presidenta municipal había dicho que no permitiría ningún acto por encima de la ley. ¿Y el laicismo de la República establecido en el artículo 40 constitucional? Letra muerta para ella y también para algunos de sus homólogos.
La abogada Arellanes sabe, entonces, que al entregar la ciudad a una figura religiosa (Jesucristo) no sólo está pasando por encima de la ley sino que contradice el principio de tolerancia y respeto a todas las creencias religiosas que sin duda profesan los miembros de la sociedad plural de esa ciudad. ¿Los judíos y los musulmanes, sólo para poner dos ejemplos, estarán de acuerdo en que la ciudad pertenezca ahora a un símbolo del cristianismo?
La panista no entregó las llaves de la ciudad a un visitante extranjero y distinguido, como cortesía diplomática. No. La señora Arellanes le entregó públicamente la ciudad (no las llaves) a una entidad religiosa y, añadió, como para evitar dudas, que le entregaba la ciudad a Jesucristo para que su reino sea establecido y que le abría las puertas a Dios como ¡la máxima autoridad! en Monterrey. Lo mismo había declarado el priísta César Garza, alcalde de Guadalupe, Nuevo León, el 8 de diciembre pasado. En ambos municipios, en otros y en los estados mencionados, la máxima autoridad es Dios, como se ve –valga la ironía–, en perfecta armonía con la República laica.
La postura de la señora Arellanes no es anecdótica. Nunca antes, ni en tiempos de Fox, un gobernante había usado su voto popular para cederle la máxima autoridad, la suya como gobernador o presidente municipal, a una deidad de clara connotación religiosa. Ni Dios ni Jesucristo, como podrá demostrarlo la autoridad electoral, figuraron en las boletas electorales. No se votó por ellos, por lo que la alcaldesa no está en condiciones legales para cambiar la voluntad popular por un capricho religioso, por más que su religión sea su más íntima convicción. Dicho sea de paso, su convicción es respetable en la lógica de la tolerancia y de la libertad de creencias, pero no nos confundamos: no la puede convertir en política de gobierno. ¿Religión municipal ya que no puede ser religión de Estado?
La única religión que constitucionalmente puede tener el Estado mexicano es la no religión: el laicismo, y con éste la absoluta libertad de creencias para todos y cada uno de sus ciudadanos. Lo que está haciendo la alcaldesa es imponer a todos una corriente religiosa (ambigua, por cierto) y cederle el poder a su dios sin tomar en cuenta la libertad de creencias e incluso la ausencia de éstas.
De permitirse estos excesos, equivalentes –guardando las proporciones debidas– a un Estado cuya Constitución está basada en un texto religioso (como el Corán en algunos países musulmanes), no será difícil pensar que la alcaldesa pugne por volver religiosa la educación pública en su municipio (ahora municipio de Dios), incluir el creacionismo o el catecismo en la enseñanza, o prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia y sin las salvedades que establece el Código Penal de Nuevo León (artículo 331).
La alcaldesa regiomontana se sabe más o menos protegida por los poderes fácticos de esa ciudad capital que, tradicionalmente, pertenecen o han pertenecido a grupos religiosos, principalmente al Opus Dei y a los Caballeros de Colón. El famoso Grupo Monterrey, muy poderoso económicamente, es y ha sido desde hace décadas muy conservador, por no decir reaccionario. Pero si bien ellos dominan en la ciudad. no quiere decir que todos sean sus empleados o, peor, sus correligionarios incondicionales. Ella, en las elecciones estatales, obtuvo sólo 51.7 por ciento de la votación total (276 mil votos), y su partido (el PAN), en elecciones del Congreso local, logró 20 diputados (15 de mayoría y cinco de representación proporcional) en tanto que la oposición en conjunto colocó a 22 diputados.
Aceptemos que tiene la legitimidad de las urnas (dado nuestro imperfecto sistema electoral) y que es la primera mujer en ocupar ese cargo en la Sultana del Norte. Pero ninguna de estas ventajas le da derecho a violentar y derivar la voluntad ciudadana a una figura religiosa que no estaba inscrita como candidata ni apoyada por partido alguno, ni siquiera por el PAN.
Esta película ya la hemos visto en la década de los 20 del siglo pasado y también hace tres años, cuando los jerarcas católicos llamaron a obedecer la supuesta
ley de Diospor encima de las leyes de los mexicanos. En 1925, el arzobispo primado de México, José Mora y del Río, llamó a sus feligreses no sólo a desconocer varios artículos constitucionales sino a combatirlos, pues se consideraban contrarios a su fe y a su religión. Al año siguiente estalló la guerra cristera. Y en enero de 2010, el cardenal Rivera dijo que los católicos sólo debían obedecer a Dios y que toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa. Creíamos que no había logrado eco, pero estamos viendo que sí, incluso entre gobernantes priístas.
Si se deja pasar lo dicho por la señora Arellanes en Monterrey y sus homólogos en otras entidades, puede ocurrir que el ejemplo se multiplique, que los grupos religiosos (católicos y cristianos) tomen nuevos bríos y que se nos escurra entre los dedos la República laica que no fue fácil conseguir.
Estado laico en problemas
Adolfo Sánchez Rebolledo
Asistimos a un boom de las ideas religiosas puestas al servicio de los políticos. Ante el precipicio insondable de los problemas que agobian a la sociedad, nada se antoja como
más naturalque pedir la intervención sagrada. Y de asegurarla se trata. Las ciudades se consagran al Creador en actos de fervor masivo y munícipes y gobernadores tejen alianzas que los purifican y fortalecen. Si no fuera porque lo veo en la pantalla a todo color, me sería difícil creer que las oraciones de la alcaldesa Arellanes, de Monterrey, al igual que la fastuosa ceremonia celebrada por el chihuahuense Duarte hace varias semanas, son como la réplica actual de un viejo acto sacramental del medievo, algo así como el intento desesperado de conjurar las plagas bíblicas mediante la completa entrega a la divinidad.
No importa si los mandatarios son católicos o evangelistas, miembros del PAN, militantes del PRI (o extraviados de otras parroquias políticas), lo cierto es que estamos ante nuevas formas de la simbiosis entre politica y religión que nadie cuestionaría si no fuera porque se trata de claras infracciones al orden constitucional; es decir, porque afecta el funcionamiento del Estado.
En Monterrey, la ciudad de los grandes orgullos fundadores, la alcaldesa conjura la tragedia del casino, los colgados en los puentes, la del terror de los zetas,
reconociendo que la participación humana es indispensable, (pero) sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que sólo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. No distingue entre la esfera pública y la privada, no ve la necesaria línea divisoria entre sus creencias personales y la representación de todos que le confiere el cargo.
Para justificarse, apela a una sola línea del Himno Nacional, al acta fundacional regiomontana, pero elude cualquier referencia a la historia nacional capaz de cuestionar dicha mezcolanza. En cierto modo, es el rechazo a ese pasado la raíz de actitudes como las suyas. Ya no se trata, como en otras épocas, del choque vivo entre dos concepciones claramente delimitadas, pues la derecha formal ha dejado de ser la única expresión de tales ideas y compite –lo vimos durante la penosa discusión en los congresos locales de la llamada ley del aborto– con las figuras del priísmo renovado que ya muy poco tiene que ver con el respeto al Estado laico. La indiferencia del Ejecutivo ante las expresiones de numerosos mandatarios deja frío, al parecer, al presidente de la República, en cuyo haber se cuentan algunas de las más desmedidas muestras de afinidad con la jerarquía católica, incluida, claro, la que manda en Roma.
Sin embargo, los
infractores, digamos, gozan de cabal salud y no se arredran ante las críticas. De hecho, ni siquiera las escuchan. Más que el abuso, sorprende la soberbia con la cual se enarbola la verdad única en el nombre de todos. En ese sentido, nos hemos norteamericanizado, de modo que la religión está en todas partes, venga o no a cuento, aunque ya no sea infrecuente darle un viso espiritual a las peores supersticiones existentes en el mercado.
Lo más preocupante es que esta suerte de religiosidad administrada por los políticos fluye sin contratiempos, sin preocuparse demasiado por las quejas de todos aquellos que despectivamente clasifican como jacobinos, es decir, como irredentos libreprensadores de otras épocas. Se sienten muy seguros con su propio sentido común como para obligarse a reflexionar. No escuchan y sí, en cambio, aprovechan la relación con las iglesias para fortalecer candidaturas y cosechar silencios o complicidades; en suma, para medrar desde el poder apelando a la religión. El Estado laico está en problemas y más vale reconocerlo.
El tema, parece redundante, estará en el orden del día con la discusión sobre las leyes de Educación, pero planeará sobre cualquier intento de reforma política que se debata en el futuro.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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