Periodismo, agresiones y poder público- Guardería ABC: intencionalidad del incendio y subrogación

Periodismo, agresiones y poder público

En el contexto de la inauguración de la exposición No nos callarán. Las batallas por la libertad de expresión, que se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia, la organización Artículo 19 dio a conocer que la mayor parte de las agresiones contra comunicadores cometidas en el país (43 por ciento) provienen del Estado. Las organizaciones delictivas, por su parte, son responsables de 14 por ciento de los ataques contra periodistas en México, y un porcentaje similar es atribuido, de acuerdo con la citada agrupación, a la iniciativa privada.

 

Las cifras son reveladoras en la medida en que contribuyen a desmentir, con esos datos, uno de los más recurrentes alegatos discursivos de la pasada administración federal: que la principal amenaza contra los trabajadores de la información, contra la libre expresión y contra las garantías individuales en general es el accionar de los grupos delictivos. Es cierto que las organizaciones criminales constituyen una amenaza constante e innegable al ejercicio periodístico, sobre todo en las regiones que se encuentran bajo control de los cárteles de la droga y de sus grupos de sicarios, pero incluso desde antes de que esos estamentos criminales adquirieran el poder que hoy detentan, los gobiernos estatales, algunos municipales, así como los cacicazgos, han sido –y siguen siendo, según puede verse– un factor de intimidación y represión de la tarea informativa.

El ejercicio indebido del poder público en contra de la libertad de prensa se expresa no sólo en casos de censura, agresión física o verbal, acciones legales o privación de la libertad en contra de los periodistas; se manifiesta también en forma de represalias mucho más sutiles, como la distribución discrecional, patrimonialista y facciosa de la publicidad oficial a los medios, comúnmente usada para premiar actitudes obsecuentes y castigar voces críticas.
 

A la responsabilidad directa del Estado en una porción mayoritaria de las agresiones en contra de los comunicadores en el país ha de sumarse una responsabilidad política innegable en la totalidad de esos episodios. A fin de cuentas, la salvaguarda de la libertad de expresión, la seguridad de los medios informativos y la integridad física de sus integrantes no son responsabilidad de las organizaciones delictivas, sino de los gobiernos federal, estatales y municipales, de las instancias de procuración de justicia, de los órganos legislativos y del Poder Judicial.

 

Por lo demás, el hecho de que en nuestro país proliferen amenazas, atropellos, persecución y violencia en contra de los comunicadores, y de que la mayor cuota de responsabilidad de las mismas sea atribuible a las autoridades de los distintos niveles, constituye una muestra del trasfondo autoritario en que tiene lugar la interacción entre la sociedad y el poder público, poniendo en perspectiva un rezago político incompatible con los intentos por presentar el México contemporáneo como una democracia, donde existe un estado de derecho. Tales metas son irrealizables en la medida en que no exista un compromiso gubernamental genuino con la libertad de expresión y con el derecho de la ciudadanía a la información.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Sistema de saqueo-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Guardería ABC: intencionalidad del incendio y subrogación

Gustavo Leal F.*

Aunque el 5 de febrero de 2013, celebrando el Día de la Constitución, Enrique Peña Nieto invocó la urgencia de hacer efectivo el interés superior de la niñez, en su primer Presupuesto de Egresos de la Federación reservó 3 mil 500 millones de pesos a la operación de uno de los programas calderonistas que más exponen a los niños: las casi 10 mil estancias changarro de Sedesol, empleadas electoralmente por los panistas y nunca suficientemente descalificadas por Susana Sottoli, ex representante en México de la Unicef.

 

Incluso, la funcionaria ex panista que armó el criticado programa a su presidente Calderón, como gustaba entonces ostentarlo, hoy día se desempeña como una de las subsecretarias de Peña en la Secretaría de Gobernación: Lía Limón.

No resulta, pues, casual que la realidad sobre el derecho superior de la niñez de Peña Nieto para que no sólo exista en el papel pueda encontrar pronto la misma ruta de verdad que Calderón impuso a la fantástica cobertura universal del Seguro Popular que sólo sigue publicitando la OCDE-Gurría (2012, México. mejores políticas para un desarrollo incluyente; 2013, Getting it Right. Una agenda estratégica para las reformas en México).

Pero si realmente se tratara del derecho superior de la niñez, el gobierno eficaz de Peña debería asumir como una de sus prioridades inmediatas el fortalecimiento del desarrollo sicomotor, tal y como se ejerce en los programas de las guarderías no subrogadas del IMSS y el Issste. Para ello debería reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (Ley 5 de junio, Diario Oficial de la Federación 24/10/11) y su reglamento (22/8/12) que regula a las guarderías subrogadas –por Levy-Molinar Horcasitas en el IMSS y Yunes en el Issste– y todas las estancias changarro de Sedesol.

El gran pendiente reposa en la calidad que se ofrece a ese desarrollo sicomotor de los niños de cero a cinco años, los 13.5 millones que componen nuestra primera infancia.

Al finalizar 2012, las guarderías subrogadas IMSS con el modelo diseñado por Santiago Levy arrastraban casi 45 mil solicitudes pendientes. Entre 2006 y 2012 el número de infantes inscritos creció ¡sólo 12 mil 408 lugares! mientras el de guarderías caía de mil 561 a mil 451, con una cobertura de 239 mil niños inscritos.

La Asociación Nacional de Guarderías (Asnagu) reconoció que ello tiene que ver con la necesidad de reforzar la seguridad, con lo que todos están de acuerdo, pero no cuando se destinan pocos recursos y se establecen medidas unilaterales, horarios insuficientes y un exceso de burocracia. En su opinión, el problema de fondo radica en que las nuevas disposiciones del IMSS-González Anaya exigen hacer más con menos recursos y ni siquiera redundan en la verdadera atención del niño.

Según la Asnagu, el costo aproximado por niño oscila entre 3 mil 900 y 4 mil 200 pesos, aunque el IMSS sólo entrega 3 mil 165. El instituto exige puertas más grandes, pero cinco centímetros de una puerta no te da más seguridad; sin embargo, un buen equipo capacitado, con buenos sueldos y comprometido, actuará de inmediato.

Los pendientes en las estancias changarro de Sedesol son aún más urgentes. Dentro del uso electorero que el calderonismo hizo de ellas, en diciembre de 2010 Diconsa amplió su cobertura a mil 215 y las surtió no sólo con leche, también con pasta para sopa, galletas, chocolate, atún y gelatina, entre otros, mediante un crédito de pago por 15 días.

Además, los 700 pesos mensuales por hijo, que constituyen el subsidio de Sedesol, está estancado desde 2007, lo que impacta sobre el servicio otorgado: al menos dos comidas calientes y una colación. El resultado fue incrementar el cobro a los padres: 800 pesos mensuales por niño, con independencia de la aportación de los materiales que se requieran.

La capacitación es otro gran tema. Las encargadas de estas estancias consideran inadecuada la que reciben de Sedesol: los instructores carecen de experiencia en el trabajo con menores, el manejo de grupos y los primeros auxilios.

Afortunadamente, el Movimiento Ciudadano 5 de Junio consolidó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil. Si bien condensa más que claros avances en materia de protección civil y derechos de los niños, persiste la indefinición respecto de las vías y medios para conciliar la naturaleza de los modelos subrogados, los cuales buscan rentabilidad abatiendo costos, con la garantía de calidad del servicio que, en este caso, se materializa en el adecuado desarrollo sicomotor.

Por abatir costos, esos esquemas subrogados –en particular el de modelo-contrato IMSS diseñado por Santiago Levy, que derivó en la tragedia de Hermosillo por la estructura de mínimos con que se operaba el servicio– comprometen de entrada la adquisición de funciones motoras, sensitivas, sensoriales, intelectuales y afectivas que integran ese desarrollo sicomotor en el periodo de cero a cinco años.

¿Cómo fortalecerlo en el debate sobre la urgente reforma de la llamada ley 5 de junio para que los niños sean realmente personas? De entrada, evitando la ambigüedad con que se expresa el secretario ejecutivo del Coneval, González Licona, para quien hay que celebrar el papel de las estancias infantiles, (La Jornada, 4/2/13). ¿Después de los 49 niños fallecidos y más de 70 lastimados de por vida de la guardería ABC a los que no se les ha hecho justicia?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

FUENTE: LA JORNADA OPINION