Tabasco: hasta el exchofer de José Saiz Pineda vivía en la opulencia
El exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Saíz Pineda, posa con su automóvil.
Foto: Tabasco Hoy
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Durante un cateo efectuado anoche por la Procuraduría General de Justicia del Estado en la casa de Uriel Sánchez Barrios, chofer del extesorero de Tabasco, se encontraron costosos electrodomésticos, cámaras internas de seguridad y muebles de un alto valor comercial.
Las autoridades realizaron el cateo en el marco de las investigaciones contra el exgobernador Andrés Granier y el exsecretario de Finanzas, José Saiz Pineda.
En el caso de la residencia de Uriel Sánchez Barrios, ubicada en la calle Mangle del fraccionamiento Santa Fe, en Villa Parrilla, municipio de Centro, los vecinos declararon que ésta fue construida en solo un mes.
Agregaron que el domicilio, compuesto de dos plantas, de color blanco y portón negro, está deshabitado desde hace dos semanas, según Reforma.
En el cateo participó un convoy de 12 camionetas con 18 elementos ministeriales y seis del Grupo de Operaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia. Los agentes acordonaron las inmediaciones y limitaron el acceso y salida de vehículos y personas.
Los elementos rompieron y excavaron el piso de la antesala de la casa, que fue remodelada y ampliada a dos pisos; originalmente la vivienda era de interés social.
Los elementos buscaban más dinero del desfalco registrado durante la administración de Andrés Granier.
La vivienda contaba con un sistema de vigilancia electrónica interior y exterior con cinco cámaras en la fachada, una en el área de tendedero, dos en el techo, dos en el patio interior y otras tres dentro de la casa, las cuales captaban imágenes a color y de visión nocturna.
También se encontraron diversos electrodomésticos, pantallas de 50 por 80 pulgadas y exclusivos muebles de caoba.
Además, cinco bicicletas de montaña profesionales, un vehículo Dodge Advenger, color plata con placas WRB 94-31 del estado de Tabasco y tres cajas de cartón con diversa documentación.
El operativo inició aproximadamente a las 19:00 horas y concluyó a las 22:25 horas.
El exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Saíz Pineda, posa con su automóvil.
Foto: Tabasco Hoy
Foto: Tabasco Hoy
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Durante un cateo efectuado anoche por la Procuraduría General de Justicia del Estado en la casa de Uriel Sánchez Barrios, chofer del extesorero de Tabasco, se encontraron costosos electrodomésticos, cámaras internas de seguridad y muebles de un alto valor comercial.
Las autoridades realizaron el cateo en el marco de las investigaciones contra el exgobernador Andrés Granier y el exsecretario de Finanzas, José Saiz Pineda.
En el caso de la residencia de Uriel Sánchez Barrios, ubicada en la calle Mangle del fraccionamiento Santa Fe, en Villa Parrilla, municipio de Centro, los vecinos declararon que ésta fue construida en solo un mes.
Agregaron que el domicilio, compuesto de dos plantas, de color blanco y portón negro, está deshabitado desde hace dos semanas, según Reforma.
En el cateo participó un convoy de 12 camionetas con 18 elementos ministeriales y seis del Grupo de Operaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia. Los agentes acordonaron las inmediaciones y limitaron el acceso y salida de vehículos y personas.
Los elementos rompieron y excavaron el piso de la antesala de la casa, que fue remodelada y ampliada a dos pisos; originalmente la vivienda era de interés social.
Los elementos buscaban más dinero del desfalco registrado durante la administración de Andrés Granier.
La vivienda contaba con un sistema de vigilancia electrónica interior y exterior con cinco cámaras en la fachada, una en el área de tendedero, dos en el techo, dos en el patio interior y otras tres dentro de la casa, las cuales captaban imágenes a color y de visión nocturna.
También se encontraron diversos electrodomésticos, pantallas de 50 por 80 pulgadas y exclusivos muebles de caoba.
Además, cinco bicicletas de montaña profesionales, un vehículo Dodge Advenger, color plata con placas WRB 94-31 del estado de Tabasco y tres cajas de cartón con diversa documentación.
El operativo inició aproximadamente a las 19:00 horas y concluyó a las 22:25 horas.
Las autoridades realizaron el cateo en el marco de las investigaciones contra el exgobernador Andrés Granier y el exsecretario de Finanzas, José Saiz Pineda.
En el caso de la residencia de Uriel Sánchez Barrios, ubicada en la calle Mangle del fraccionamiento Santa Fe, en Villa Parrilla, municipio de Centro, los vecinos declararon que ésta fue construida en solo un mes.
Agregaron que el domicilio, compuesto de dos plantas, de color blanco y portón negro, está deshabitado desde hace dos semanas, según Reforma.
En el cateo participó un convoy de 12 camionetas con 18 elementos ministeriales y seis del Grupo de Operaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia. Los agentes acordonaron las inmediaciones y limitaron el acceso y salida de vehículos y personas.
Los elementos rompieron y excavaron el piso de la antesala de la casa, que fue remodelada y ampliada a dos pisos; originalmente la vivienda era de interés social.
Los elementos buscaban más dinero del desfalco registrado durante la administración de Andrés Granier.
La vivienda contaba con un sistema de vigilancia electrónica interior y exterior con cinco cámaras en la fachada, una en el área de tendedero, dos en el techo, dos en el patio interior y otras tres dentro de la casa, las cuales captaban imágenes a color y de visión nocturna.
También se encontraron diversos electrodomésticos, pantallas de 50 por 80 pulgadas y exclusivos muebles de caoba.
Además, cinco bicicletas de montaña profesionales, un vehículo Dodge Advenger, color plata con placas WRB 94-31 del estado de Tabasco y tres cajas de cartón con diversa documentación.
El operativo inició aproximadamente a las 19:00 horas y concluyó a las 22:25 horas.
Seguridad nacional, en chino
Peña y Jinping. Acercamiento diplomático.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- En los servicios de inteligencia del Estado mexicano más de un analista tendrá que estar preocupado con la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de liberalizar la relación con China.
En su expansión económica mundial, China tiene a México como una zona estratégica. Con Dragon Mart o sin él, el país asiático ve a México como un gran centro de producción y distribución no sólo para América Latina, sino para todo el Pacífico. Más aún, a la puerta de Estados Unidos, al que le disputa el liderazgo económico mundial.
Aunque aún se está lejos de un tratado de libre comercio entre México y China, Peña Nieto pavimenta el camino para la liberalización y, con ello, la entrada de todo tipo de recursos y bienes.
Cuando Carlos Salinas eliminó las fronteras comerciales con Estados Unidos a partir de 1994 a través del Tratado de Libre Comercio, entre los más y primeros beneficiados estuvo la delincuencia organizada.
Desde entonces, el comercio ilegal de drogas y armas entre México y Estados Unidos se incrementó tanto que el mismo periódico de negocios The Wall Street Journal se ha referido al North American Free Trade Agreement (NAFTA) como el North America Drug Trade Agreement.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que apenas había sido creado en 1989, fue el principal ausente en ese acuerdo económico que ha incidido de manera negativa en la seguridad nacional.
No es que antes del TLC con el modelo de sustitución de importaciones la seguridad nacional de México estuviera a salvo en pleno periodo de Guerra Fría, pero la liberación a ultranza de los últimos 30 años ha generado nuevos mercados ilegales.
La violencia desbordada que padece México tiene entre sus explicaciones la disputa por esos mercados ilegales de drogas, armas y personas. Una disputa en la que la presencia china no está ausente. Según la DEA, Los Zetas se han relacionado con la mafia china para el tráfico de asiáticos a México y luego a Estados Unidos.
Invadido de por sí con mercancía de manufactura china, con los efectos perniciosos en la nacional, México está por abrir más la puerta al mercado asiático, gran surtidor de sustancias para la elaboración de drogas ilegales. Zhenli Ye Gon, por ejemplo, se surtía en China para la elaboración de metanfetaminas, según lo acusó el gobierno de Felipe Calderón.
Desde Miguel de la Madrid, a principios de los años 80, el Estado mexicano ha decidido desregular y liberalizar; es decir, hacerse a un lado. El laisser faire, laisser passez (dejar hacer, dejar pasar) de la religión neoliberal se ha traducido en el caso de México en una ausencia de autoridad.
Si ya toda una generación de gobernantes mexicanos ha adoptado la idea de que la mejor regulación es la que no existe, no es extraño que el Estado mexicano padezca una guerra económica por el control de esos mercados ilegales.
Con las inversiones prometidas de China en Pemex y en instalaciones estratégicas como ferrocarriles llegará algo más que inversión: se desplegarán aún más los efectivos servicios chinos de inteligencia en el país. Habrá nuevos actores en la seguridad nacional.
Con la decisión de China de llegar a México, el Cisen y los servicios de seguridad e inteligencia militares tendrán que ver más allá de que el tequila podrá entrar a China, por cierto, con la principal empresa tequilera que ya no es mexicana.
jcarrasco@proceso.com.mx
Elecciones bajo amenaza, como siempre
Tamaulipas. Elecciones bajo vigilancia.
Foto: Juan Cedillo
Foto: Juan Cedillo
MÉXICO, D.F. (apro).- Como en 2009, candidatos a puestos de elección popular han empezado su retiro de la política ante la amenaza del crimen organizado.
Aquel año, ante las elecciones federales al Congreso de la Unión, candidatos de Michoacán renunciaron a sus candidaturas; luego en 2010, durante las campañas locales de Tamaulipas, fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas; un mes antes, el 13 de mayo, el candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, José Guajardo, fue asesinado junto a su hijo… Y la lista siguió.
Hoy, a un mes de que se celebren los comicios en 14 estados de la República, han iniciado las amenazas en contra de candidatos; en los municipios de Maguarichi y Gómez Farías, Chihuahua, los aspirantes del PAN a ocupar dichas alcaldías decidieron retirarse de la contienda ante la abierta amenaza del crimen organizado, quien los amenazó advirtiéndoles que ahí sólo el PRI vale.
Desde el inicio de la administración federal priista que encabeza Enrique Peña Nieto, se comentó en este mismo espacio del peligro de la llamada “pax mafia”, es decir, del posible acuerdo entre el gobierno priista y los grupos del crimen organizado para mantener “la paz” en algunas zonas, siempre y cuando las autoridades les retribuyan con el “dejar hacer y dejar pasar”.
También se habló de los funcionarios federales de segundo nivel que por diversas vías tienen vínculos con personajes del crimen organizado, incluso se comentó del tío del joven que detuvieron en España en agosto pasado por ser presunto integrantes de una célula de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy su tío forma parte de la estructura administrativa de Sagarpa; además, se mencionó a otros que laboran en el área de Hacienda, y se establecieron las hipótesis de que su ubicación en dichos puestos pueda forma parte de una estrategia del crimen organizado.
Edgardo Buscaglia, uno de los estudiosos –en campo– del crimen organizado, la presencia de los carteles en más de cien países y su análisis del trabajo en Italia para atacar a las mafias, ha dicho que los primeros lugares donde capos de la droga ubican a su gente son las dependencias de Seguridad de los municipios, la presidencia y en Dirección de Obras.
Seguridad es para eso, precisamente, para que les brinden trabajar con seguridad y no ser molestados por otras autoridades o que les avisen cuando se realice algún operativo; en Obras, para lavar dinero mediante precios inflados y la contratación de sus empresas; así, lavan parte de sus ganancias ilícitas y, bueno, la presidencia para que manipule al cabildo y logre la autorización de proyectos.
Hoy, los candidatos del PAN de los municipios de Maguarichi y de Gómez Palacios han tenido que renunciar a sus aspiraciones políticas ante las amenazas del crimen organizado; les dicen que ahí sólo el PRI vale. Es probable que “la pax mafia” se haya establecido con antelación en esos ayuntamientos del norteño estado de Chihuahua.
Y mientras los políticos son amenazados, los periodistas asesinados, los defensores de derechos humanos levantados o ejecutados, y los jóvenes atrapados por el crimen organizado para luego ser sacrificados, el gobierno de Peña Nieto hace como si no pasara nada. Se placea tranquilamente con el presidente de China por Yucatán o hace eventos en la caliente Sinaloa para asegurar que no se privatizará el petróleo.
En lugar de pacificar al país, de menguar el poder del crimen organizado, de atacar el corazón de la mafia: el lavado de dinero, echa más leña al fuego de la incertidumbre y la violencia. Dice que se respetarán los comicios del próximo 7 de julio, pero ni siquiera puede garantizar proceso electorales seguros, ¿cómo espera hacer lo otro? Es pregunta.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso
Aquel año, ante las elecciones federales al Congreso de la Unión, candidatos de Michoacán renunciaron a sus candidaturas; luego en 2010, durante las campañas locales de Tamaulipas, fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas; un mes antes, el 13 de mayo, el candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, José Guajardo, fue asesinado junto a su hijo… Y la lista siguió.
Hoy, a un mes de que se celebren los comicios en 14 estados de la República, han iniciado las amenazas en contra de candidatos; en los municipios de Maguarichi y Gómez Farías, Chihuahua, los aspirantes del PAN a ocupar dichas alcaldías decidieron retirarse de la contienda ante la abierta amenaza del crimen organizado, quien los amenazó advirtiéndoles que ahí sólo el PRI vale.
Desde el inicio de la administración federal priista que encabeza Enrique Peña Nieto, se comentó en este mismo espacio del peligro de la llamada “pax mafia”, es decir, del posible acuerdo entre el gobierno priista y los grupos del crimen organizado para mantener “la paz” en algunas zonas, siempre y cuando las autoridades les retribuyan con el “dejar hacer y dejar pasar”.
También se habló de los funcionarios federales de segundo nivel que por diversas vías tienen vínculos con personajes del crimen organizado, incluso se comentó del tío del joven que detuvieron en España en agosto pasado por ser presunto integrantes de una célula de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy su tío forma parte de la estructura administrativa de Sagarpa; además, se mencionó a otros que laboran en el área de Hacienda, y se establecieron las hipótesis de que su ubicación en dichos puestos pueda forma parte de una estrategia del crimen organizado.
Edgardo Buscaglia, uno de los estudiosos –en campo– del crimen organizado, la presencia de los carteles en más de cien países y su análisis del trabajo en Italia para atacar a las mafias, ha dicho que los primeros lugares donde capos de la droga ubican a su gente son las dependencias de Seguridad de los municipios, la presidencia y en Dirección de Obras.
Seguridad es para eso, precisamente, para que les brinden trabajar con seguridad y no ser molestados por otras autoridades o que les avisen cuando se realice algún operativo; en Obras, para lavar dinero mediante precios inflados y la contratación de sus empresas; así, lavan parte de sus ganancias ilícitas y, bueno, la presidencia para que manipule al cabildo y logre la autorización de proyectos.
Hoy, los candidatos del PAN de los municipios de Maguarichi y de Gómez Palacios han tenido que renunciar a sus aspiraciones políticas ante las amenazas del crimen organizado; les dicen que ahí sólo el PRI vale. Es probable que “la pax mafia” se haya establecido con antelación en esos ayuntamientos del norteño estado de Chihuahua.
Y mientras los políticos son amenazados, los periodistas asesinados, los defensores de derechos humanos levantados o ejecutados, y los jóvenes atrapados por el crimen organizado para luego ser sacrificados, el gobierno de Peña Nieto hace como si no pasara nada. Se placea tranquilamente con el presidente de China por Yucatán o hace eventos en la caliente Sinaloa para asegurar que no se privatizará el petróleo.
En lugar de pacificar al país, de menguar el poder del crimen organizado, de atacar el corazón de la mafia: el lavado de dinero, echa más leña al fuego de la incertidumbre y la violencia. Dice que se respetarán los comicios del próximo 7 de julio, pero ni siquiera puede garantizar proceso electorales seguros, ¿cómo espera hacer lo otro? Es pregunta.
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Acoso laboral contra taquilleras del Metro
Una taquilla en la línea 12 del Metro.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
Ejemplo de cómo en este país el mayor de los corruptos puede mantenerse vigente y operar a la luz pública con plena impunidad, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, emprendió una campaña de acoso laboral y presión contra las trabajadoras de taquilla del Metro.
Las anécdotas podridas en torno a Espino Arévalo son el espejo del cliché del país: líderes charros que gradualmente devoran los recursos públicos para sí y su familia, y trabajadores rasos que, en contraste, viven con un pie exprimiendo su rostro.
Con una biografía que nada le pide a Carlos Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo, Fernando Espino ha sido acusado de todo: golpizas, abusos físicos, desvío de recursos públicos, amenazas, represión, chantaje político… Eterno legislador resguardado en el fuero, Espino se ha convertido en una estatua inamovible que depreda el destartalado y oxidado Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Desde que en 1979 emprendió su carrera para apoderarse del SNTSTC, Espino Arévalo se caracterizó por su grosera hambre de poder. Uno de los recursos que de manera sistemática empleó para controlar el sindicato y difuminar a la disidencia, fue mandar a golpear a sus críticos. Así lo hizo en agosto de 1991, cuando agredió a José Remedios Maldonado, candidato a diputado federal por el Partido Popular Socialista, y entonces su rival en la campaña por el distrito 37 del DF. También reprimió una manifestación de miembros del Frente de Trabajadores Unidos del Metro, el 25 de febrero de 1994, provocando que muchos de ellos tuvieran que ser hospitalizados por la gravedad de las heridas.
Entre las múltiples facetas nauseabundas de Espino se encuentra el desvío, desaseo y mal uso de los recursos públicos. El 3 de marzo de 1999, de acuerdo con un trabajo de investigación del periodista Raúl Monge en la revista Proceso, obtuvo 700 mil pesos para la celebración del XIV Congreso General Ordinario del sindicato y un mes después la dirección del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) le entregó 647 mil pesos por concepto de “complemento de gastos”. Estos son sólo dos ejemplos, Proceso ha publicado muchos más documentos sobre “la generosidad” del SCT hacia Espino, quien, entre muchas otras cosas, controla plazas laborales y contratos.
El nepotismo es otra de las caras de Espino. El 11 de marzo de 2007, la revista Proceso publicó que la hermana del dirigente, Guadalupe Espino Arévalo, llevaba años controlando las finanzas del sindicato, y la exesposa del líder, Ana María Suárez, cuenta con plaza de ”técnico profesional A” y su hermana, Guadalupe, de analista administrativa.
“En la nómina de la empresa también figura su actual esposa, María Enriqueta García Villarreal, y cuatro hermanos de ésta. Patricia, Eugenia, Fernando y Roberto”, cita la investigación referida.
Pero este artículo no trata solamente sobre Espino, sino de las inhumanas condiciones de trabajo de las trabajadoras de taquilla del STC, situación directamente vinculada con el líder del sindicato. En 1989, veinte años después de que se inaugurara la primera línea del Metro, la periodista Cristina Pacheco publicó un reportaje al respecto:
“Las doscientas cincuenta taquilleras que trabajan en el Metro lo hacen en las mismas condiciones de incomodidad y de inseguridad. Cada una mide aproximadamente metro y medio por dos. El calor se encierra allí, el aire se vicia y los extractores casi nunca funcionan. Abundan los roedores e insectos. En las taquillas el mal olor es intolerable a causa de que los cárcamos se encuentran precisamente abajo, lo mismo que el cableado”.
Diez años más tarde, en diciembre de 1999, los escritores Jorge Berlamino y Paco Ignacio Taibo II publicaron en el periódico La Jornada el caso de María Isabel Valverde Martínez, una taquillera que desde noviembre de 1994 sufrió acoso sexual, agresiones y finalmente violación:
“(…) pero el 25 de noviembre pasado no hay quien la apoye y afuera del Metro La Viga es violada por un grupo de guaruras del sindicato del Metro de nuestra ciudad. Levanta una denuncia, le hacen el estudio común, se presenta en la clínica del Sistema y le dicen que miente, que el estudio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sólo demuestra que había semen en su interior, ‘pero como todos sabemos que eres tan puta…’”.
Hoy, pleno 2013, las condiciones de vida de las trabajadoras de taquilla del Metro no han mejorado. Con admirable valentía, sabiendo que podrán ser intimidadas, agredidas e incluso perder su empleo, Nélida Reyes, María del Socorro Romano Castro, María Guadalupe Reyes Hernández y Rocío Hernández, todas con no menos de 20 años de antigüedad, me buscaron para hacer públicos los abusos que comete Espino contra empleadas de este sector.
La Coordinación de Taquillas, área administrativa, es controlada por Espino a través de su operadora, Rebeca Hassan Barrera, quien somete a las trabajadoras a condiciones de hostigamiento y sometimiento para apaciguar cualquier intento de democratizar su vida laboral, denuncian.
Uno de los abusos más comunes es acusarlas de dinero faltante en los cobros del día. Se les levantan reportes de que no aparecieron, cien, doscientos o cincuenta pesos. Este dinero, además de que lo deben reponer, les hace perder muchos incentivos, que finalmente se traducen en efectivo. El punto primordial es que, anualmente, el STC cuenta con un presupuesto determinado que incluye estos alicientes, con lo que se estima, existe una cantidad inmensa de dinero que el Sistema se ahorra con el contubernio del sindicato oficial y no se sabe en qué bolsillos queda.
“El faltante implica que a mí me van a llamar a esta mesa de investigación (controlada por Rebeca Hassan), y me van a decir: fíjate que tu tuviste un faltante y es tu palabra contra dos verificadoras y contra la empresa. Tienes que pagar, me lo descuentan y me quitan dos estímulos, de buena conducta y de trabajo realizado según las condiciones generales de trabajo, entonces van a ser 100 pesos más dos estímulos, van a ser 700 pesos, pero me van a descontar el estímulo anual, que son 1700 pesos, entonces me están descontando más de 2000 pesos”, explica María del Socorro Romano Castro.
Las trabajadoras de ventanilla ganan un promedio de 7 mil pesos al mes, cifra ínfima si se toma en cuenta que las rentas en un departamento céntrico del DF no bajan de cuatro o cinco mil pesos.
A cambio, sufren condiciones laborales paupérrimas, entre ellas, el problema de ir al baño. Cuando se ausentan, así sea unos minutos, a su regreso las esperan filas enormes de usuarios furibundos que comúnmente las ofenden y no en pocas ocasiones las han llegado a golpear. Ellas son el rostro visible del Metro, un sistema de transporte público que los últimos años se ha deteriorado a tal grado que está al punto del colapso, según documentó recientemente el investigador Ernesto Villanueva en un artículo publicado en Proceso.
“Nadie puede escalar una sola plaza si Espino no la autoriza, te vayas de supervisora, te vayas a transportación, te vayas a cualquier área, Espino las controla”, denuncia María del Socorro Castro en una conversación sostenida en las instalaciones de la revista Proceso.
Estas cuatro trabajadoras, junto con más compañeras que pidieron guardar su nombre bajo reserva, interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por las deplorables condiciones laborales que padecen, que incluyen presiones y constante intimidación psicológica.
Salvo la gente más cercana al líder sindical, nadie sabe con precisión a cuánto asciende la fortuna de Espino; sin embargo, las trabajadoras me cuentan que se da vida de millonario, tiene guardaespaldas a su servicio, varias casas en el Distrito Federal y departamentos vacacionales.
Las trabajadoras cuentan que es un secreto a voces los negocios que Espino ha establecido en el STC. Uno de ellos, se asume, son espacios publicitarios colocados al interior de los andenes; otro, los “Tacos Don Lucho”, que han proliferado en las estaciones del Metro, así como locales farmacéuticos.
Espino vive eternamente como legislador, local o federal, resguardado en el fuero gracias al PRI, partido donde ha militado la mayor parte de su vida, y a sus aliados-satélites PVEM y Panal. Por lo anterior, los bonches de denuncias en su contra no han prosperado. Incluso durante su gestión como jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador intentó defenestrarlo, lo que llevó a Espino al chantaje de paralizar el Metro, obteniendo finalmente su supervivencia.
La impunidad con la que opera Espino sólo se puede entender en un país donde una mujer semi-analfabeta dirigió el sindicato de profesores o donde un hombre que apenas puede citar mal el nombre de tres libros y sus respectivos autores se convierte en presidente de la República.
www.juanpabloproal.com
P.D. Este sábado 8 de junio se celebrará en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, el concierto de música electrónica “Todos por un kilo de música”, que tiene por objetivo ayudar a los miles de indígenas que anualmente arriban al DF para buscar mejores condiciones de vida. Los asistentes deben llevar comida de la canasta básica para ayudar a la causa. Participan los artistas: Alyosha Barreiro, Lithium y Willy Sanjuan.
Las anécdotas podridas en torno a Espino Arévalo son el espejo del cliché del país: líderes charros que gradualmente devoran los recursos públicos para sí y su familia, y trabajadores rasos que, en contraste, viven con un pie exprimiendo su rostro.
Con una biografía que nada le pide a Carlos Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo, Fernando Espino ha sido acusado de todo: golpizas, abusos físicos, desvío de recursos públicos, amenazas, represión, chantaje político… Eterno legislador resguardado en el fuero, Espino se ha convertido en una estatua inamovible que depreda el destartalado y oxidado Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Desde que en 1979 emprendió su carrera para apoderarse del SNTSTC, Espino Arévalo se caracterizó por su grosera hambre de poder. Uno de los recursos que de manera sistemática empleó para controlar el sindicato y difuminar a la disidencia, fue mandar a golpear a sus críticos. Así lo hizo en agosto de 1991, cuando agredió a José Remedios Maldonado, candidato a diputado federal por el Partido Popular Socialista, y entonces su rival en la campaña por el distrito 37 del DF. También reprimió una manifestación de miembros del Frente de Trabajadores Unidos del Metro, el 25 de febrero de 1994, provocando que muchos de ellos tuvieran que ser hospitalizados por la gravedad de las heridas.
Entre las múltiples facetas nauseabundas de Espino se encuentra el desvío, desaseo y mal uso de los recursos públicos. El 3 de marzo de 1999, de acuerdo con un trabajo de investigación del periodista Raúl Monge en la revista Proceso, obtuvo 700 mil pesos para la celebración del XIV Congreso General Ordinario del sindicato y un mes después la dirección del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) le entregó 647 mil pesos por concepto de “complemento de gastos”. Estos son sólo dos ejemplos, Proceso ha publicado muchos más documentos sobre “la generosidad” del SCT hacia Espino, quien, entre muchas otras cosas, controla plazas laborales y contratos.
El nepotismo es otra de las caras de Espino. El 11 de marzo de 2007, la revista Proceso publicó que la hermana del dirigente, Guadalupe Espino Arévalo, llevaba años controlando las finanzas del sindicato, y la exesposa del líder, Ana María Suárez, cuenta con plaza de ”técnico profesional A” y su hermana, Guadalupe, de analista administrativa.
“En la nómina de la empresa también figura su actual esposa, María Enriqueta García Villarreal, y cuatro hermanos de ésta. Patricia, Eugenia, Fernando y Roberto”, cita la investigación referida.
Pero este artículo no trata solamente sobre Espino, sino de las inhumanas condiciones de trabajo de las trabajadoras de taquilla del STC, situación directamente vinculada con el líder del sindicato. En 1989, veinte años después de que se inaugurara la primera línea del Metro, la periodista Cristina Pacheco publicó un reportaje al respecto:
“Las doscientas cincuenta taquilleras que trabajan en el Metro lo hacen en las mismas condiciones de incomodidad y de inseguridad. Cada una mide aproximadamente metro y medio por dos. El calor se encierra allí, el aire se vicia y los extractores casi nunca funcionan. Abundan los roedores e insectos. En las taquillas el mal olor es intolerable a causa de que los cárcamos se encuentran precisamente abajo, lo mismo que el cableado”.
Diez años más tarde, en diciembre de 1999, los escritores Jorge Berlamino y Paco Ignacio Taibo II publicaron en el periódico La Jornada el caso de María Isabel Valverde Martínez, una taquillera que desde noviembre de 1994 sufrió acoso sexual, agresiones y finalmente violación:
“(…) pero el 25 de noviembre pasado no hay quien la apoye y afuera del Metro La Viga es violada por un grupo de guaruras del sindicato del Metro de nuestra ciudad. Levanta una denuncia, le hacen el estudio común, se presenta en la clínica del Sistema y le dicen que miente, que el estudio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sólo demuestra que había semen en su interior, ‘pero como todos sabemos que eres tan puta…’”.
Hoy, pleno 2013, las condiciones de vida de las trabajadoras de taquilla del Metro no han mejorado. Con admirable valentía, sabiendo que podrán ser intimidadas, agredidas e incluso perder su empleo, Nélida Reyes, María del Socorro Romano Castro, María Guadalupe Reyes Hernández y Rocío Hernández, todas con no menos de 20 años de antigüedad, me buscaron para hacer públicos los abusos que comete Espino contra empleadas de este sector.
La Coordinación de Taquillas, área administrativa, es controlada por Espino a través de su operadora, Rebeca Hassan Barrera, quien somete a las trabajadoras a condiciones de hostigamiento y sometimiento para apaciguar cualquier intento de democratizar su vida laboral, denuncian.
Uno de los abusos más comunes es acusarlas de dinero faltante en los cobros del día. Se les levantan reportes de que no aparecieron, cien, doscientos o cincuenta pesos. Este dinero, además de que lo deben reponer, les hace perder muchos incentivos, que finalmente se traducen en efectivo. El punto primordial es que, anualmente, el STC cuenta con un presupuesto determinado que incluye estos alicientes, con lo que se estima, existe una cantidad inmensa de dinero que el Sistema se ahorra con el contubernio del sindicato oficial y no se sabe en qué bolsillos queda.
“El faltante implica que a mí me van a llamar a esta mesa de investigación (controlada por Rebeca Hassan), y me van a decir: fíjate que tu tuviste un faltante y es tu palabra contra dos verificadoras y contra la empresa. Tienes que pagar, me lo descuentan y me quitan dos estímulos, de buena conducta y de trabajo realizado según las condiciones generales de trabajo, entonces van a ser 100 pesos más dos estímulos, van a ser 700 pesos, pero me van a descontar el estímulo anual, que son 1700 pesos, entonces me están descontando más de 2000 pesos”, explica María del Socorro Romano Castro.
Las trabajadoras de ventanilla ganan un promedio de 7 mil pesos al mes, cifra ínfima si se toma en cuenta que las rentas en un departamento céntrico del DF no bajan de cuatro o cinco mil pesos.
A cambio, sufren condiciones laborales paupérrimas, entre ellas, el problema de ir al baño. Cuando se ausentan, así sea unos minutos, a su regreso las esperan filas enormes de usuarios furibundos que comúnmente las ofenden y no en pocas ocasiones las han llegado a golpear. Ellas son el rostro visible del Metro, un sistema de transporte público que los últimos años se ha deteriorado a tal grado que está al punto del colapso, según documentó recientemente el investigador Ernesto Villanueva en un artículo publicado en Proceso.
“Nadie puede escalar una sola plaza si Espino no la autoriza, te vayas de supervisora, te vayas a transportación, te vayas a cualquier área, Espino las controla”, denuncia María del Socorro Castro en una conversación sostenida en las instalaciones de la revista Proceso.
Estas cuatro trabajadoras, junto con más compañeras que pidieron guardar su nombre bajo reserva, interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por las deplorables condiciones laborales que padecen, que incluyen presiones y constante intimidación psicológica.
Salvo la gente más cercana al líder sindical, nadie sabe con precisión a cuánto asciende la fortuna de Espino; sin embargo, las trabajadoras me cuentan que se da vida de millonario, tiene guardaespaldas a su servicio, varias casas en el Distrito Federal y departamentos vacacionales.
Las trabajadoras cuentan que es un secreto a voces los negocios que Espino ha establecido en el STC. Uno de ellos, se asume, son espacios publicitarios colocados al interior de los andenes; otro, los “Tacos Don Lucho”, que han proliferado en las estaciones del Metro, así como locales farmacéuticos.
Espino vive eternamente como legislador, local o federal, resguardado en el fuero gracias al PRI, partido donde ha militado la mayor parte de su vida, y a sus aliados-satélites PVEM y Panal. Por lo anterior, los bonches de denuncias en su contra no han prosperado. Incluso durante su gestión como jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador intentó defenestrarlo, lo que llevó a Espino al chantaje de paralizar el Metro, obteniendo finalmente su supervivencia.
La impunidad con la que opera Espino sólo se puede entender en un país donde una mujer semi-analfabeta dirigió el sindicato de profesores o donde un hombre que apenas puede citar mal el nombre de tres libros y sus respectivos autores se convierte en presidente de la República.
www.juanpabloproal.com
P.D. Este sábado 8 de junio se celebrará en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, el concierto de música electrónica “Todos por un kilo de música”, que tiene por objetivo ayudar a los miles de indígenas que anualmente arriban al DF para buscar mejores condiciones de vida. Los asistentes deben llevar comida de la canasta básica para ayudar a la causa. Participan los artistas: Alyosha Barreiro, Lithium y Willy Sanjuan.
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