27 de junio de 2011
Videos de México
Humberto y Rubén Moreira, video probatorio de su red de enriquecimiento ilegal
En México aumentan a diario los desaparecidos
Las desapariciones de personas aumentan a diario en México, organizaciones no gubernamentales como Asociación de Niños Desaparecidos y Robados, calculan que hay 11 mil personas extraviadas en esa nación. TeleSUR
Aumenta desempleo en México
En México aumenta el desempleo con respecto a Mayo del año pasado, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística de la nación latinoamericana. TeleSUR
Cierra campaña Encinas junto a las grandes figuras de la izquierda
El gran ausente fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien sería la sorpresa.
La descarga…
Declaró ayer Bravo Mena que “se nos va a caer la baba” porque va a ganar….
si, si es cierto…pero nada mas el tercer lugar wey.
¡Hago lo que puedo!
Espacio de Reflexión Alma Carolina Viggiano
Hace algunos meses, el dictador egipcio Mubarak fue derrocado y perseguido por crímenes y opresión cometidos contra su pueblo. Semanas después, afirmó ante miles de egipcios que “será la historia quien se encargue de juzgarlo”.
El pasado jueves, durante el encuentro con el poeta Javier Sicilia en el Castillo de Chapultepec, el presidente Felipe Calderón utilizó la misma táctica que el dictador egipcio, para justificar las decisiones que ha tomado y que han sumido al país en condiciones de inseguridad e inestabilidad económica, pues afirmó que aunque en el futuro lo juzguen injustamente, “la historia lo dirá”.
Además, el Presidente declaró que los jueces están en la nómina (refiriéndose a la del crimen organizado) y que sabe cuánto reciben por dejar en libertad a los criminales.
Peligroso que el primer mandatario especule o acuse sin pruebas sobre todo porque el tiene bajo su mando y control las instituciones que pueden y deben investigar este tipo de conductas.
Sin duda, el sistema de justicia mexicano requiere de una gran visión para superar las condiciones desfavorables que hoy día viven los jueces, particularmente del fuero común, para poder llevar a cabo sus actividades en un clima de inseguridad y donde se ve amenazada su integridad y la de su familia, ello sin contar las bajas percepciones que favorecen que el crimen organizado logré en algunos casos influir en los fallos judiciales.
Sin embargo, la política de seguridad implementada por Felipe calderón que ha sumido al país en un clima de violencia, no es culpa de los jueces; los 40 mil muertos inocentes que ha dejado el combate al narcotráfico, no fueron ocasionados por los jueces; los miles de jóvenes que por falta de oportunidades se han sumado a las filas del crimen, no lo hicieron por culpa de los jueces y los cientos de mexicanos que han perdido su empleo en lo que va del sexenio, tampoco ha sido a causa de las actuaciones de los jueces.
Por el contrario, las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de los mexicanos bajo el pretexto de salvaguardar el orden y la falta de pericia de la Procuraduría General de la República para integrar de manera adecuada las averiguaciones previas, sí son causa directa de la política implementada por el Gobierno federal, donde se privilegia más el juicio mediático que el castigo para los delincuentes.
Calderón afirmó que le gustaría que lo recordaran por sus acciones en materia de educación y no por los 40 mil muertos que ha dejado el crimen organizado.
Tiene razón, México recordará a Calderón porque durante su sexenio, la escolaridad de los mexicanos apenas superó, en promedio, el sexto de primaria y porque la cobertura de educación media, apenas alcanzó el 5.8%.
Y cómo recordar de otra manera al hombre que logró colocar a México en los primeros lugares a nivel América Latina en impunidad, en corrupción, en secuestro, en ambiente violento en las escuelas y que sumió al país en una situación donde sólo 1 de cada 100 delitos que se cometen es castigado.
Lo que Calderón busca, es justificarse para que sus decisiones no afecten a su partido en las elecciones que se viven en diversas entidades de la República, pero si el Presidente verdaderamente deseara sumarse al movimiento liderado por el poeta Sicilia, no olvidaría que la seguridad y la justicia demandan corresponsabilidad, suma de esfuerzos, liderazgo, visión de estado y la entereza para enfrentar la responsabilidad que a cada quien le corresponde.
Calderón se justificó con Sicilia afirmando que hace lo que puede. Valdría la pena recordarle que un hombre de estado no debe hacer lo que puede, sino lo que debe, lo que la ley le permite y lo que sus gobernados necesitan.
El pasado jueves, durante el encuentro con el poeta Javier Sicilia en el Castillo de Chapultepec, el presidente Felipe Calderón utilizó la misma táctica que el dictador egipcio, para justificar las decisiones que ha tomado y que han sumido al país en condiciones de inseguridad e inestabilidad económica, pues afirmó que aunque en el futuro lo juzguen injustamente, “la historia lo dirá”.
Además, el Presidente declaró que los jueces están en la nómina (refiriéndose a la del crimen organizado) y que sabe cuánto reciben por dejar en libertad a los criminales.
Peligroso que el primer mandatario especule o acuse sin pruebas sobre todo porque el tiene bajo su mando y control las instituciones que pueden y deben investigar este tipo de conductas.
Sin duda, el sistema de justicia mexicano requiere de una gran visión para superar las condiciones desfavorables que hoy día viven los jueces, particularmente del fuero común, para poder llevar a cabo sus actividades en un clima de inseguridad y donde se ve amenazada su integridad y la de su familia, ello sin contar las bajas percepciones que favorecen que el crimen organizado logré en algunos casos influir en los fallos judiciales.
Sin embargo, la política de seguridad implementada por Felipe calderón que ha sumido al país en un clima de violencia, no es culpa de los jueces; los 40 mil muertos inocentes que ha dejado el combate al narcotráfico, no fueron ocasionados por los jueces; los miles de jóvenes que por falta de oportunidades se han sumado a las filas del crimen, no lo hicieron por culpa de los jueces y los cientos de mexicanos que han perdido su empleo en lo que va del sexenio, tampoco ha sido a causa de las actuaciones de los jueces.
Por el contrario, las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de los mexicanos bajo el pretexto de salvaguardar el orden y la falta de pericia de la Procuraduría General de la República para integrar de manera adecuada las averiguaciones previas, sí son causa directa de la política implementada por el Gobierno federal, donde se privilegia más el juicio mediático que el castigo para los delincuentes.
Calderón afirmó que le gustaría que lo recordaran por sus acciones en materia de educación y no por los 40 mil muertos que ha dejado el crimen organizado.
Tiene razón, México recordará a Calderón porque durante su sexenio, la escolaridad de los mexicanos apenas superó, en promedio, el sexto de primaria y porque la cobertura de educación media, apenas alcanzó el 5.8%.
Y cómo recordar de otra manera al hombre que logró colocar a México en los primeros lugares a nivel América Latina en impunidad, en corrupción, en secuestro, en ambiente violento en las escuelas y que sumió al país en una situación donde sólo 1 de cada 100 delitos que se cometen es castigado.
Lo que Calderón busca, es justificarse para que sus decisiones no afecten a su partido en las elecciones que se viven en diversas entidades de la República, pero si el Presidente verdaderamente deseara sumarse al movimiento liderado por el poeta Sicilia, no olvidaría que la seguridad y la justicia demandan corresponsabilidad, suma de esfuerzos, liderazgo, visión de estado y la entereza para enfrentar la responsabilidad que a cada quien le corresponde.
Calderón se justificó con Sicilia afirmando que hace lo que puede. Valdría la pena recordarle que un hombre de estado no debe hacer lo que puede, sino lo que debe, lo que la ley le permite y lo que sus gobernados necesitan.
Astillero
¡Manos arriba!
Fraudes en preparación
Encinas, el mejor
Bravo Mena y las babas
Julio Hernández López
En el estado de México no se ven encaminadas a ganar las manos opositoras que ayer en naturales expresiones de aliento a sus candidatos se vieron alzadas en templetes de notables que acudieron a cierres de campañas, sino las manos oscuras que a ras de tierra han realizado una ostentosa y descarada tarea de defraudación, previa a las urnas, que constituye un escandaloso retroceso político hacia los peores momentos del priísmo más dinosáurico.
Enrique Peña Nieto ha preparado un auténtico atraco electoral para el próximo 3 de julio, mediante el abuso de los recursos públicos en favor de su chapeado candidato coyuntural, Eruviel Ávila, empecinado en mostrar en el estado de México las armas sucias con que pretende hacerse el año venidero de Los Pinos. Montando una contienda absolutamente inequitativa, con medios de comunicación y órganos electorales bajo control, trazada sin duda la ruta del fraude mediante la operación de un equipo multidisciplinario que ya tiene el mapa de votantes, sus datos básicos (entre ellos, obviamente, los relacionados con las credenciales de elector) y que ha repartido mercancías y materiales para comprar la voluntad cívica, el virtual candidato presidencial tricolor está ilustrando (para usar el dominguero término usado en días pasados por Silvestre Fox) lo que será 2012: sindicatos de delincuencia electoral volcados en actos de virtuosismo adulterador, financiados con dinero proveniente de arcas de mandatarios actuales y de ex gobernadores bien forrados que dejaron heredero-financista y ahora invierten sus haberes en el federativo negocio sexenal que esperan recuperar. ¡Manos arriba: ésta es una elección!, podría ser el grito de guerra, ya confeso, a partir del primer domingo del mes en puerta.
A pesar de todo el revuelo causado en la etapa preliminar a su candidatura formal, cuando se debatía sobre su viabilidad domiciliaria y se forcejeaba para definir si habría alianza con el PAN, Alejandro Encinas no ha alcanzado la plenitud electoral que le lleve a gobernar el estado de México. Es el mejor candidato posible de la izquierda, tuvo una buena imagen en los debates televisados y a juicio de muchos fue el ganador de ellos, mantuvo congruencia ideológica que contrastó notablemente con la dispersión o la superficialidad de sus contrincantes, presentó un programa de gobierno inteligente y susceptible de cumplimiento, congregó motivadoramente en su derredor a líderes nacionales distanciados (aunque, en el acto de ayer, Cuauhtémoc Cárdenas nuevamente se ausentó) y seguramente conseguirá una votación muy por encima de lo que esa izquierda hubiera conseguido de no haber participado él.
Sin embargo, Encinas no creció lo suficiente, en parte por discordias internas (la pluralidad festejada en las fotografías significó, ya traducida en reparto de responsabilidades y promesa de futuros pagos políticos, en causa de colaboraciones a medias, alejamientos apenas disfrazados y una temprana elusión de culpas por eventuales fracasos electorales), pero en esencia porque el modelo de competencia impuesto por el penañietismo ha llevado lo electoral a niveles que se pensaban no solamente superados sino difícilmente repetibles. Ni Encinas ni nadie podrían haber remontado la prostitución cívica que se ha implantado en el estado de México, mediante la compra abierta del voto y la operación abierta de brigadas de mapaches en espera de conseguir el 3 de julio marcas históricas para abonar la expectativa de su jefe encopetado.
Luis Felipe Bravo Mena ni siquiera ha alcanzado el objetivo de convertirse en el principal candidato opositor. Llegó de relleno, porque el jefe de su partido (Calderón, no el diluido Gustavo Madero) fue impedido por una rebelión lopezobradorista de cerrar trato con los Chuchos perredistas para realizar una más de sus alianzas de oportunidad. Y sus mejores esfuerzos fueron dedicados en el último tramo de su campaña a combatir la versión de que habría de declinar en favor del opositor puntero, sin poderse quitar el aire endurecido y sombrío de la militancia yunquista ejecutiva y sin producir más que frases poco exitosas (la de ayer, augurando que se les caerá la baba a muchos cuando vean que él ganará la gubernatura).
A pesar de todo, movidos por la inmediatez, entendible el obligado aire triunfalista escenográfico, los notables del perredismo y el panismo insistieron en mostrarse ayer, en los cierres de campaña, convencidos de que podrán ganarle al cártel tricolor. Ebrard, AMLO y Zambrano junto a Encinas. Madero y algunos de los precandidatos presidenciales con Bravo Mena. Las manos entrelazadas sosteniendo la presunta victoria de su favorito, convalidando con esos augurios amables el proceso en sí. Esperanzados todos en la posibilidad de cambiar en otro momento los dados ahora tan cargados: ha sido un duelo de erarios y equipos financiados mediante transferencias económicas presuntamente habilidosas (Peña Nieto y los ex gobernadores detrás de Eruviel; Ebrard y las triangulaciones hechas en otros estados, en apoyo de Encinas; una parte representativa del gobierno federal en respaldo simbólico del también simbólico Bravo Mena), pero los presuntos perdedores creen posible recuperar terreno en la Madre de todas las batallas, 2012, aunque ya vayan perdiendo, así fuera a la mala, la que decían sería la preliminar mexiquense muy predictiva.
Allí está una de las trampas de 2012. Desde ahora es de advertirse que no habrá competencia mínimamente aceptable, y no sólo por las nubes de violencia que presagia el narcotráfico encaminado a servir de arma electoral en favor de sus derechistas manejadores actuales, sino también por el manejo de dineros oscuros y blanqueados y de equipos de defraudación electoral que hoy están realizando un ensayo triunfal desde Toluca. ¡Hasta mañana, ahora sí abiertamente con panistas y priístas movidísimos para que haya periodo extraordinario de sesiones legislativas y se aprueben las reformas que Calderón reactivó horas después de que Jorge Hank fue liberado!
No por otra cosa-Helguera
La guerra sin fin de Felipe Calderón
Por Reforma
México, DF.- En su encuentro con el presidente Felipe Calderón, el poeta Javier Sicilia dejó en claro cuál es la crítica del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a la estrategia de seguridad del Gobierno federal: “son responsables de haber tratado el problema de la droga no como un asunto de salud pública, sino de seguridad nacional”. Y le advirtió que el resultado es “una guerra que tiene al país en una emergencia nacional”.
Tras describir cómo el Estado revictimizaba a las víctimas, y enumerar los pasos a seguir para proporcionarles justicia, que van desde la instrumentación de una reforma política hasta la creación de una Comisión de la Verdad, Sicilia pidió un viraje en la estrategia gubernamental, a todas luces equivocada. Las víctimas no quieren que se deje de combatir a los delincuentes, aclaró, lo que demandan es hacerlo bajo otro enfoque.
“(Tenemos) nuestro derecho como ciudadanos a una redefinición de la estrategia de seguridad. Para ello es necesario terminar con el enfoque militarista de combate al crimen organizado mediante un enfoque más amplio y estructural que contenga el diseño de una estrategia que parta de los conceptos de seguridad humana y ciudadana, y con un énfasis absoluto en los derechos humanos y no en la seguridad de las instituciones, como hasta ahora, para nuestra desgracia, se ha hecho”, declaró.
La exigencia se unió a la de especialistas y académicos que en diversos foros han solicitado el cambio en la estrategia punitiva de combate al crimen, que apareció en la retórica del Presidente desde su primer discurso como Mandatario.
El 1 de diciembre de 2006, ante un Auditorio Nacional lleno, Calderón anunció que encabezaría la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad. Ese día dio a conocer el fundamento de su estrategia de combate.
Ahí ordenó a los secretarios de Marina y Defensa “redoblar el esfuerzo para garantizar la seguridad nacional por encima de cualquier otro interés”, y urgió a mejorar las condiciones de vida de soldados y marinos. Desde ese momento las Fuerzas Armadas se perfilaron como fundamentales en el combate al crimen organizado.
El 11 de diciembre de 2006 se instrumentó otro de los puntos visibles de la estrategia, el Operativo Conjunto Michoacán, el primero en el que elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal trabajaban en una sola entidad.
Desde entonces las acciones punitivas se han redoblado y fortalecido: actualmente por lo menos 106 mil elementos del Ejército y la Policía Federal participan mensualmente en esas acciones.
Hoy, ante avances cuestionados por organizaciones civiles y académicos, el Gobierno federal se ha esmerado en difundir la idea de que sí había un diagnóstico de la situación a la que se enfrentaría, de que la guerra no se hizo a ciegas.
Sin embargo, a diferencia de sexenios anteriores, el presidente Calderón no presentó a la sociedad un diagnóstico de la situación ni un plan con objetivos y metas precisas. No existe a la fecha un programa nacional para el control de drogas, como sí ocurrió en los últimos tres sexenios.
En dicho documento, independientemente de los resultados obtenidos, el Gobierno federal daba a conocer no sólo su diagnóstico sobre la situación del tráfico de drogas, sino las dependencias involucradas en combatirlo, así como objetivos específicos.
Durante el sexenio de Carlos Salinas, el programa fue presentado el 30 de enero de 1992, tres años y dos meses después de llegar a la Presidencia.
El programa durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue presentado el 16 de octubre de 1995, 10 meses después de su toma de posesión. El presidente Fox lo presentó el 4 de noviembre de 2002, casi dos años después de iniciado el sexenio.
Todos los documentos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues la Ley de Planeación así lo exige para la implementación de programas sectoriales.
Fue hasta el 13 de junio del 2010 –seis meses después de la mitad del sexenio– cuando el gobierno de Calderón hizo pública su Estrategia Nacional de Seguridad en un desplegado firmado por el Presidente tras una contundente explosión de violencia: el 12 de junio había sido hasta ese momento el día más violento del sexenio, con 85 personas ejecutadas.
El documento delineó, por primera vez, la estrategia implementada para combatir a la delincuencia organizada, conformada por cinco ejes: los operativos conjuntos en apoyo a autoridades locales; escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado; reformar el marco legal e institucional; crear una política activa de prevención del delito y fortalecer la cooperación
internacional.
Sin embargo, hasta hoy no se ha publicado en el Diario Oficial ningún documento con el nombre Estrategia Nacional de Seguridad. En cambio, se nombró a un vocero encargado de explicar la “estrategia” y difundir sus resultados cotidianamente: Alejandro Poiré, quien desde el 20 de agosto pasado es a la vez secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Los resultados
Tras cuatro años y medio de gobierno, los resultados de la estrategia calderonista están lejos de ser
esperanzadores.
El presupuesto en seguridad se ha incrementado considerablemente, pero de manera desigual. Entre 2007 y 2011 el dinero destinado a las cuatro dependencias involucradas en la estrategia contra el crimen organizado (Sedena, Semar, SSP y PGR) creció 75 por ciento.
Acorde al enfoque punitivo de la estrategia, la dependencia más beneficiada con el aumento ha sido la Secretaría de Seguridad Pública, pues su presupuesto se triplicó, al pasar de 13 mil 664.6 millones de pesos a 35 mil 519.1 millones de pesos. El de la Sedena se incrementó en 55.4%; el de la Semar, 66.8. La dependencia menos beneficiada ha sido la PGR, con un incremento de 30.1% entre 2007 y 2011.
El apoyo a la Secretaría dirigida por Genaro García Luna se nota también en el aumento del estado de fuerza de la Policía Federal: pasó de 12 mil 907 elementos en 2006 a 35 mil 450 en 2011, 174% más. Ahí también la PGR ha sido mermada: el número de elementos de la Agencia Federal de Investigación se redujo en casi 40 por ciento.
Sin embargo, mayor gasto no ha representado menos violencia. A pesar de la implementación de operativos en la mitad de las entidades federativas, las muertes se han multiplicado y acelerado. Hay más de 30 mil muertos, más de mil 600 policías y militares entre ellos.
En el enfoque punitivo, el desmantelamiento a las estructuras financieras de negocios ilegales ha sido relegada. Según datos de la PGR, de las 547 mil 562 averiguaciones previas iniciadas por delitos federales entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, apenas 64 han resultado en sentencias condenatorias por lavado de dinero. De las 131 mil 117 personas detenidas por fuerzas federales en ese periodo, sólo 527 fueron acusadas por este delito.
Tampoco se ha golpeado al tráfico y comercio de estupefacientes. Del total de averiguaciones previas iniciadas, apenas 21 mil 254 han sido por comercio de estupefacientes, y sólo 514 por tráfico, menos de 1% del total.
La impunidad no ha disminuido con la estrategia. El Gobierno federal ha presumido durante todo el sexenio la detención y abatimiento de los grandes capos. El vocero de seguridad mencionó la semana pasada que de los 37 capos considerados más peligrosos para el país, 21 han sido detenidos, ejecutados o abatidos. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2010 había 18 mil 41 órdenes de aprehensión relacionadas con delitos federales sin cumplimentar, y más de la mitad de las averiguaciones previas consignadas (80 mil 852) han sido sin detenido.
En la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia, organizada por la UNAM en la primera semana de junio, el investigador del CIDE, Sergio López Ayllón, usó una metáfora para describir la situación: “estamos conduciendo un auto sin parabrisas en medio de una tormenta, sin saber a dónde vamos”.
Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el recuento de la guerra en lo que va del sexenio arroja resultados que no satisfacen ni al propio Calderón, como lo reconoció el pasado jueves.
Aumentan operativos, detenciones... y violencia
Los operativos conjuntos iniciados por las fuerzas federales en diciembre de 2010 en Michoacán se extendieron a casi todo el país; se han logrado detenciones pero aumentó la violencia
» En apoyo a autoridades locales, durante esta administración se han emprendido operativos conjuntos en 16 entidades: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
» Destacan los operativos conjuntos Michoacán, Tijuana, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas-Campeche-Tabasco, Monterrey, San Luis Potosí Seguro, Operativo de Atención Especial Veracruz, La Laguna, Cancún, Aguascalientes, Sierra Madre, Operativo Culiacán, Operativo Carretero Veracruz y Operación Coordinada Chihuahua.
» Según información oficial, de diciembre de 2006 a agosto de 2010 el Gobierno federal había logrado la detención de 117 mil 283 criminales; 82 mil 423 vinculados al narcotráfico, 2 mil 990 al secuestro y 31 mil 870 por delitos conexos.
» Según el conteo del Gobierno federal, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 habían muerto 34 mil 612 personas en el país por “presunta rivalidad delincuencial”. De estos homicidios, 41.8% se concentran en 10 municipios, con Ciudad Juárez a la cabeza.
»El conteo de ejecutados consigna 31 mil 901 muertos, hasta el 17 de junio del 2011.
Las otras policías
Mientras la Policía Federal se fortalece, las policías locales siguen en crisis; sin embargo no se ha podido consolidar un nuevo modelo.
» Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 427 mil 354 elementos policiacos que existen en el país, 61% tiene ingresos mensuales menores a 4 mil pesos y sólo 14 entidades y 196 municipios han implementado el sistema de desarrollo policial, con el que se pretende dignificar la labor policial.
» Hay rezago en las certificaciones de confianza en las entidades y municipios (sólo Aguascalientes tiene un avance de más de 75% en sus evaluaciones hasta junio).
» El 6 de octubre de 2010, el Presidente envió al Senado la iniciativa de Mando Único, que pretende crear un Mando Único policial por entidad federativa. La iniciativa sigue detenida en el Congreso.
» Para encaminar a las policías locales a ese modelo, en 2011 asignó una bolsa de 2 mil 400 millones de pesos para instaurar el Modelo de Policía Estatal Acreditable, mientras se aprueba la iniciativa de ley.
Lavado de dinero: lento avance
Otra parte fundamental de una estrategia integral contra el narcotráfico, apuntan especialistas, es el combate al lavado de dinero, en donde sólo se han dado unos cuantos pasos en esta administración.
» Cada año se realizan operaciones ilícitas entre México y Estados Unidos por un valor de entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, según el Departamento de Seguridad Interior del Gobierno de Estados Unidos.
» Entre 2007 y 2010 el Gobierno federal ha logrado 64 sentencias condenatorias por lavado de dinero (4 en 2007; 28 en 2008; 19 en 2009 y 13 en 2010).
» Según la PGR, 525 personas han sido detenidas entre 2007 y 2010 por este delito, y se han asegurado 107.4 millones de pesos y 273.1 millones de dólares por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
» El 26 de agosto de 2010, el presidente Calderón presentó la estrategia antilavado: cambios legislativos, entre ellos la creación de una ley en la materia a nivel federal. Hoy todavía se discute en el Congreso.
» De acuerdo con la PGR, sólo seis estados cuentan con iniciativas de ley en proceso para combatir este ilícito.
Políticos y criminales
Aunque especialistas como Edgardo Buscaglia han insistido en la necesidad de desmantelar las redes de complicidad entre políticos y crimen organizado, durante la guerra sólo se ha intentado echar el guante a unos cuantos.
» 26 de mayo de 2009: El Ejército y la PFP detienen a 28 funcionarios estatales y municipales de Michoacán, acusados de vínculos con La Familia. Otros siete funcionarios fueron detenidos en acciones distintas. El Gobierno federal no pudo sustentar sus acusaciones y todos salieron libres.
» 14 de julio de 2009
La SSP federal acusó al entonces diputado federal electo por el PRD, Julio César Godoy, de vínculos con el crimen organizado. Durante 15 meses Godoy evadió la justicia, y el 23 de septiembre del 2010 tomó protesta del cargo con un amparo. Fue desaforado el 14 de diciembre del 2010, pero para entonces ya se había fugado.
» 25 de mayo del 2010
Fue detenido en el aeropuerto de Cancún el entonces candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, ‘Greg’ Sánchez, acusado de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero. En junio del 2010 se le dictó auto de formal prisión y sigue preso.
» 28 de junio de 2010
Fue ejecutado el candidato a la Gubernatura de Tamaulipas, el priista Rodolfo Torre Cantú.
» 21 de noviembre de 2010
Es asesinado en Colima el ex gobernador Silverio Cavazos.
» 4 de junio de 2011
Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, fue detenido en su rancho en esa ciudad. Diez días después salió libre, pues sus defensores demostraron a la juez asignada al caso que el relato de los militares que lo detuvieron tenía inconsistencias. Tampoco pudieron retenerlo acusándolo de homicidio.
» 15 de junio del 2011
Aparecen descuartizados los cuerpos de dos elementos de la escolta personal del Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
» En lo que va del sexenio han sido ejecutados 23 alcaldes.
Tras describir cómo el Estado revictimizaba a las víctimas, y enumerar los pasos a seguir para proporcionarles justicia, que van desde la instrumentación de una reforma política hasta la creación de una Comisión de la Verdad, Sicilia pidió un viraje en la estrategia gubernamental, a todas luces equivocada. Las víctimas no quieren que se deje de combatir a los delincuentes, aclaró, lo que demandan es hacerlo bajo otro enfoque.
“(Tenemos) nuestro derecho como ciudadanos a una redefinición de la estrategia de seguridad. Para ello es necesario terminar con el enfoque militarista de combate al crimen organizado mediante un enfoque más amplio y estructural que contenga el diseño de una estrategia que parta de los conceptos de seguridad humana y ciudadana, y con un énfasis absoluto en los derechos humanos y no en la seguridad de las instituciones, como hasta ahora, para nuestra desgracia, se ha hecho”, declaró.
La exigencia se unió a la de especialistas y académicos que en diversos foros han solicitado el cambio en la estrategia punitiva de combate al crimen, que apareció en la retórica del Presidente desde su primer discurso como Mandatario.
El 1 de diciembre de 2006, ante un Auditorio Nacional lleno, Calderón anunció que encabezaría la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad. Ese día dio a conocer el fundamento de su estrategia de combate.
Ahí ordenó a los secretarios de Marina y Defensa “redoblar el esfuerzo para garantizar la seguridad nacional por encima de cualquier otro interés”, y urgió a mejorar las condiciones de vida de soldados y marinos. Desde ese momento las Fuerzas Armadas se perfilaron como fundamentales en el combate al crimen organizado.
El 11 de diciembre de 2006 se instrumentó otro de los puntos visibles de la estrategia, el Operativo Conjunto Michoacán, el primero en el que elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal trabajaban en una sola entidad.
Desde entonces las acciones punitivas se han redoblado y fortalecido: actualmente por lo menos 106 mil elementos del Ejército y la Policía Federal participan mensualmente en esas acciones.
Hoy, ante avances cuestionados por organizaciones civiles y académicos, el Gobierno federal se ha esmerado en difundir la idea de que sí había un diagnóstico de la situación a la que se enfrentaría, de que la guerra no se hizo a ciegas.
Sin embargo, a diferencia de sexenios anteriores, el presidente Calderón no presentó a la sociedad un diagnóstico de la situación ni un plan con objetivos y metas precisas. No existe a la fecha un programa nacional para el control de drogas, como sí ocurrió en los últimos tres sexenios.
En dicho documento, independientemente de los resultados obtenidos, el Gobierno federal daba a conocer no sólo su diagnóstico sobre la situación del tráfico de drogas, sino las dependencias involucradas en combatirlo, así como objetivos específicos.
Durante el sexenio de Carlos Salinas, el programa fue presentado el 30 de enero de 1992, tres años y dos meses después de llegar a la Presidencia.
El programa durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue presentado el 16 de octubre de 1995, 10 meses después de su toma de posesión. El presidente Fox lo presentó el 4 de noviembre de 2002, casi dos años después de iniciado el sexenio.
Todos los documentos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues la Ley de Planeación así lo exige para la implementación de programas sectoriales.
Fue hasta el 13 de junio del 2010 –seis meses después de la mitad del sexenio– cuando el gobierno de Calderón hizo pública su Estrategia Nacional de Seguridad en un desplegado firmado por el Presidente tras una contundente explosión de violencia: el 12 de junio había sido hasta ese momento el día más violento del sexenio, con 85 personas ejecutadas.
El documento delineó, por primera vez, la estrategia implementada para combatir a la delincuencia organizada, conformada por cinco ejes: los operativos conjuntos en apoyo a autoridades locales; escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado; reformar el marco legal e institucional; crear una política activa de prevención del delito y fortalecer la cooperación
internacional.
Sin embargo, hasta hoy no se ha publicado en el Diario Oficial ningún documento con el nombre Estrategia Nacional de Seguridad. En cambio, se nombró a un vocero encargado de explicar la “estrategia” y difundir sus resultados cotidianamente: Alejandro Poiré, quien desde el 20 de agosto pasado es a la vez secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Los resultados
Tras cuatro años y medio de gobierno, los resultados de la estrategia calderonista están lejos de ser
esperanzadores.
El presupuesto en seguridad se ha incrementado considerablemente, pero de manera desigual. Entre 2007 y 2011 el dinero destinado a las cuatro dependencias involucradas en la estrategia contra el crimen organizado (Sedena, Semar, SSP y PGR) creció 75 por ciento.
Acorde al enfoque punitivo de la estrategia, la dependencia más beneficiada con el aumento ha sido la Secretaría de Seguridad Pública, pues su presupuesto se triplicó, al pasar de 13 mil 664.6 millones de pesos a 35 mil 519.1 millones de pesos. El de la Sedena se incrementó en 55.4%; el de la Semar, 66.8. La dependencia menos beneficiada ha sido la PGR, con un incremento de 30.1% entre 2007 y 2011.
El apoyo a la Secretaría dirigida por Genaro García Luna se nota también en el aumento del estado de fuerza de la Policía Federal: pasó de 12 mil 907 elementos en 2006 a 35 mil 450 en 2011, 174% más. Ahí también la PGR ha sido mermada: el número de elementos de la Agencia Federal de Investigación se redujo en casi 40 por ciento.
Sin embargo, mayor gasto no ha representado menos violencia. A pesar de la implementación de operativos en la mitad de las entidades federativas, las muertes se han multiplicado y acelerado. Hay más de 30 mil muertos, más de mil 600 policías y militares entre ellos.
En el enfoque punitivo, el desmantelamiento a las estructuras financieras de negocios ilegales ha sido relegada. Según datos de la PGR, de las 547 mil 562 averiguaciones previas iniciadas por delitos federales entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, apenas 64 han resultado en sentencias condenatorias por lavado de dinero. De las 131 mil 117 personas detenidas por fuerzas federales en ese periodo, sólo 527 fueron acusadas por este delito.
Tampoco se ha golpeado al tráfico y comercio de estupefacientes. Del total de averiguaciones previas iniciadas, apenas 21 mil 254 han sido por comercio de estupefacientes, y sólo 514 por tráfico, menos de 1% del total.
La impunidad no ha disminuido con la estrategia. El Gobierno federal ha presumido durante todo el sexenio la detención y abatimiento de los grandes capos. El vocero de seguridad mencionó la semana pasada que de los 37 capos considerados más peligrosos para el país, 21 han sido detenidos, ejecutados o abatidos. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2010 había 18 mil 41 órdenes de aprehensión relacionadas con delitos federales sin cumplimentar, y más de la mitad de las averiguaciones previas consignadas (80 mil 852) han sido sin detenido.
En la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia, organizada por la UNAM en la primera semana de junio, el investigador del CIDE, Sergio López Ayllón, usó una metáfora para describir la situación: “estamos conduciendo un auto sin parabrisas en medio de una tormenta, sin saber a dónde vamos”.
Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el recuento de la guerra en lo que va del sexenio arroja resultados que no satisfacen ni al propio Calderón, como lo reconoció el pasado jueves.
Aumentan operativos, detenciones... y violencia
Los operativos conjuntos iniciados por las fuerzas federales en diciembre de 2010 en Michoacán se extendieron a casi todo el país; se han logrado detenciones pero aumentó la violencia
» En apoyo a autoridades locales, durante esta administración se han emprendido operativos conjuntos en 16 entidades: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
» Destacan los operativos conjuntos Michoacán, Tijuana, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas-Campeche-Tabasco, Monterrey, San Luis Potosí Seguro, Operativo de Atención Especial Veracruz, La Laguna, Cancún, Aguascalientes, Sierra Madre, Operativo Culiacán, Operativo Carretero Veracruz y Operación Coordinada Chihuahua.
» Según información oficial, de diciembre de 2006 a agosto de 2010 el Gobierno federal había logrado la detención de 117 mil 283 criminales; 82 mil 423 vinculados al narcotráfico, 2 mil 990 al secuestro y 31 mil 870 por delitos conexos.
» Según el conteo del Gobierno federal, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 habían muerto 34 mil 612 personas en el país por “presunta rivalidad delincuencial”. De estos homicidios, 41.8% se concentran en 10 municipios, con Ciudad Juárez a la cabeza.
»El conteo de ejecutados consigna 31 mil 901 muertos, hasta el 17 de junio del 2011.
Las otras policías
Mientras la Policía Federal se fortalece, las policías locales siguen en crisis; sin embargo no se ha podido consolidar un nuevo modelo.
» Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 427 mil 354 elementos policiacos que existen en el país, 61% tiene ingresos mensuales menores a 4 mil pesos y sólo 14 entidades y 196 municipios han implementado el sistema de desarrollo policial, con el que se pretende dignificar la labor policial.
» Hay rezago en las certificaciones de confianza en las entidades y municipios (sólo Aguascalientes tiene un avance de más de 75% en sus evaluaciones hasta junio).
» El 6 de octubre de 2010, el Presidente envió al Senado la iniciativa de Mando Único, que pretende crear un Mando Único policial por entidad federativa. La iniciativa sigue detenida en el Congreso.
» Para encaminar a las policías locales a ese modelo, en 2011 asignó una bolsa de 2 mil 400 millones de pesos para instaurar el Modelo de Policía Estatal Acreditable, mientras se aprueba la iniciativa de ley.
Lavado de dinero: lento avance
Otra parte fundamental de una estrategia integral contra el narcotráfico, apuntan especialistas, es el combate al lavado de dinero, en donde sólo se han dado unos cuantos pasos en esta administración.
» Cada año se realizan operaciones ilícitas entre México y Estados Unidos por un valor de entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, según el Departamento de Seguridad Interior del Gobierno de Estados Unidos.
» Entre 2007 y 2010 el Gobierno federal ha logrado 64 sentencias condenatorias por lavado de dinero (4 en 2007; 28 en 2008; 19 en 2009 y 13 en 2010).
» Según la PGR, 525 personas han sido detenidas entre 2007 y 2010 por este delito, y se han asegurado 107.4 millones de pesos y 273.1 millones de dólares por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
» El 26 de agosto de 2010, el presidente Calderón presentó la estrategia antilavado: cambios legislativos, entre ellos la creación de una ley en la materia a nivel federal. Hoy todavía se discute en el Congreso.
» De acuerdo con la PGR, sólo seis estados cuentan con iniciativas de ley en proceso para combatir este ilícito.
Políticos y criminales
Aunque especialistas como Edgardo Buscaglia han insistido en la necesidad de desmantelar las redes de complicidad entre políticos y crimen organizado, durante la guerra sólo se ha intentado echar el guante a unos cuantos.
» 26 de mayo de 2009: El Ejército y la PFP detienen a 28 funcionarios estatales y municipales de Michoacán, acusados de vínculos con La Familia. Otros siete funcionarios fueron detenidos en acciones distintas. El Gobierno federal no pudo sustentar sus acusaciones y todos salieron libres.
» 14 de julio de 2009
La SSP federal acusó al entonces diputado federal electo por el PRD, Julio César Godoy, de vínculos con el crimen organizado. Durante 15 meses Godoy evadió la justicia, y el 23 de septiembre del 2010 tomó protesta del cargo con un amparo. Fue desaforado el 14 de diciembre del 2010, pero para entonces ya se había fugado.
» 25 de mayo del 2010
Fue detenido en el aeropuerto de Cancún el entonces candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, ‘Greg’ Sánchez, acusado de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero. En junio del 2010 se le dictó auto de formal prisión y sigue preso.
» 28 de junio de 2010
Fue ejecutado el candidato a la Gubernatura de Tamaulipas, el priista Rodolfo Torre Cantú.
» 21 de noviembre de 2010
Es asesinado en Colima el ex gobernador Silverio Cavazos.
» 4 de junio de 2011
Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, fue detenido en su rancho en esa ciudad. Diez días después salió libre, pues sus defensores demostraron a la juez asignada al caso que el relato de los militares que lo detuvieron tenía inconsistencias. Tampoco pudieron retenerlo acusándolo de homicidio.
» 15 de junio del 2011
Aparecen descuartizados los cuerpos de dos elementos de la escolta personal del Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
» En lo que va del sexenio han sido ejecutados 23 alcaldes.
Cierre de campaña-Rocha
El expediente del doctor Villa
Activo servidor público en el gobierno de Felipe Calderón, el doctor José Enrique Villa Rivera ha sido distinguido por el presidente de la República al nombrarlo director General de tres organismos públicos en distintos momentos: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Como es tradición, después de su renuncia al IPN, todos los exdirectores de esta honrosa institución académica mantienen un salario vitalicio igual al que recibían al momento de su salida, que en el caso de Villa Rivera ascendería a unos 170 mil pesos mensuales, algo más que el sueldo del mismo jefe del Ejecutivo. Pero lo mismo sucede con los expresidentes de la República y los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes al dejar su encargo público, mantienen su salario con todas sus prestaciones mientras viven. ¿Qué sería de México si también los obreros, jornaleros y campesinos tuvieran un salario vitalicio?
En el caso del doctor Villa Rivera, actual director General del Conacyt, la pensión no sería el único beneficio. Incluso enfrenta una investigación en la Secretaría de la Función Pública por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Identificada con el folio DE/015/011, la indagatoria también involucra a otros cuatro exfuncionarios del Instituto Mexicano del Petróleo.
En la acusación –presentada el 1 de junio de este año ante la Secretaría Técnica de la oficina del secretario de la Función Pública–, el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP acusa al exdirector General de haber cobrado una indemnización por 512 mil 463 pesos, mediante el cheque número 0026186 de BBVA Bancomer, y un finiquito por 134 mil 246 pesos, cheque 0026187 del mismo banco. En total, el doctor Villa Rivera cobró por su salida del IMP 646 mil 709 pesos. El salario mensual integrado del director general del IMP asciende a 197 mil 198 pesos mensuales.
El alegato del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP ante la Función Pública es que Enrique Villa no debió cobrar una liquidación (512 mil 463 pesos), porque él renunció al cargo para ocupar la Dirección General del Conacyt, y en consecuencia no tenía más derecho que a su finiquito (134 mil 246 pesos).
Advertido de la acusación en su contra, el ahora director General del Conacyt se adelantó al dictamen de la Función Pública y devolvió el monto recibido por la liquidación, según informó la Secretaría que mantiene abierto el expediente y que en breve tendrá que resolver. Aunque este caso se trata de sólo unos cuantos cientos de miles de pesos, implica una cuestión ética y moral de los servidores públicos y el abuso que hacen del poder público.
Otros cuatro exfuncionarios del IMP están en la misma situación que el doctor Villa Rivera: aunque renunciaron a sus responsabilidades en el Instituto para seguir a su jefe al Conacyt, fueron liquidados.
Fuentes de la Secretaría de la Función Pública adelantan que el exdirector del IMP no tendría responsabilidad alguna porque ya devolvió el dinero. Aun así, habrá que esperar cómo resolverá esa dependencia –responsable de velar por el buen comportamiento de los funcionarios– el caso de los cuatro subordinados de Villa Rivera que se niegan a regresar la liquidación que ya se gastaron.
La carta de renuncia
Como pruebas de su denuncia, el Sindicato del IMP presentó varios documentos originales ante la Función Pública. Con fecha del 28 de febrero de 2011, el doctor José Enrique Villa Rivera envió su carta de renuncia al doctor Juan José Suárez Coppel, director General de Petróleos Mexicanos y presidente del Consejo Directivo del IMP, en la que le informa:
“Muy estimado Sr. Presidente del Consejo Directivo:
“Con esta fecha me permito respetuosamente presentar ante el Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Petróleo mi renuncia al cargo de Director General del IMP, por asumir nuevas responsabilidades. Expreso mi más profundo agradecimiento al Consejo Directivo y en particular a su Presidente, por el gran apoyo brindado durante mi gestión. Le ruego hacer extensivo este agradecimiento a la comunidad del Instituto Mexicano del Petróleo.
“Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo” (sic).
Una segunda carta, también fechada ese día, dirigida al nuevo director general del IMP, expone:
“Atendiendo a circunstancias personales y a las condiciones operativas que imperan en el Instituto Mexicano del Petróleo, me permito comunicarle la terminación de la relación de trabajo que me vincula a este instituto, con efectos a partir del 28 de febrero de 2011.
“En ese tenor, agradeceré su gestión para que me sean cubiertas todas y cada una de las cantidades y conceptos a que tengo derecho, y que deriven del mutuo acuerdo que motiva la conclusión laboral” (sic).
Un tercer documento entregado como prueba ante la Función Pública es el “Convenio de terminación de la relación de trabajo” entre el IMP y Villa Rivera.
Adelantamos que la Secretaría de la Función Pública exonerará al director general del Conacyt de cualquier responsabilidad administrativa y, tal vez, también a sus cuatro compañeros de trabajo que lo han acompañado por las tres direcciones generales que ha ocupado durante los cuatro años y medio del gobierno de Felipe Calderón.
Manualidades-Hernández
Pide Ifai a PGR informe sobre 35 mil muertos en el combate al crimen
Se deberá precisar las circunstancias en que perdieron la vida, así como los nombres de los fallecidos
El MP federal había pedido una prórroga y luego dijo que no contaba con esos datos
La emplaza a hacer una búsqueda exhaustiva de documentos, averiguaciones y sentencias
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Lunes 27 de junio de 2011, p. 5
Lunes 27 de junio de 2011, p. 5
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer una búsqueda exhaustiva de documentos sobre los hechos relacionados con el fallecimiento de 35 mil personas, a partir de la política de combate al crimen organizado de la gestión de Felipe Calderón.
La búsqueda debe revelar el número de averiguaciones previas abiertas, el estado que guardan, las circunstancias en que perdieron la vida las personas, nombres y/o bandas de delincuentes, los que ya fueron sentenciados, así como la condena que recayó sobre cada uno de los casos de más de 35 mil muertos a la fecha de la presentación de la solicitud, el 21 de febrero pasado.
El demandante de esa información refirió en su solicitud que en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Presidencia de la República se reveló que existe una base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, presentada por el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, el pasado 12 de enero de 2011.
La PGR solicitó primero una prórroga para la entrega de esos documentos. Tras 40 días hábiles, la dependencia dio respuesta declarando la inexistencia de la información.
Después de presentada la queja, el Ifai hizo una búsqueda de la información difundida en el portal electrónico de la PGR, y localizó boletines, comunicados y otros documentos donde se informa de ejecuciones de diferentes tipos de personas: delincuentes, autoridades –federales o estatales– y civiles.
La ponencia, a cargo de la comisionada presidenta del instituto, Jacqueline Peschard, indica que de la revisión de los documentos se hace evidente que la Procuraduría General de la República ha hecho pública información relacionada con ejecuciones o muertes posibles de imputar a la delincuencia organizada, pese a que los datos no están desagregados.
El Ifai también revisó las respuestas que la PGR ha dado a varias solicitudes de información, y de ello resultó que esa entidad sí ha proporcionado estadísticas, datos del número de muertes atribuidas a la delincuencia organizada, con un desglose que incluye información por año, entidad federativa, municipio y causa de muerte.
La dependencia federal omitió buscar en todas y cada una de sus áreas el documento que Poiré presentó públicamente en enero pasado. La búsqueda se limitó a la información de manera sistematizada y concentrada, cuando otras áreas por sus atribuciones podrían contar con boletines o información estadística en la que pudiera obrar parte de la información de interés del recurrente.
Por ello, el IFAI revocó la inexistencia e instruyó a la PGR para que busque en la dirección de comunicación social y en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, incluyendo la estadística y boletines sobre esa información.
Desbandada-Magú
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