Fuente: CONTRALINEA
Viacrucis del migrante
Corresponde a la Policía Federal combatir la inseguridad en el
país, sostiene el INM
El albergue Hermanos en el Camino, en la imagen, tiene datos
de al menos 131 migrantes de los 250 que abordaron La bestia el viernes
pasado, horas antes de ser interceptados en Veracruz por criminales armados con
R-15Foto José Carlo González
Fabiola Martínez y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 3
Miércoles 29 de junio de 2011, p. 3
El Instituto Nacional de Migración (INM) se desmarcó de la
responsabilidad en el nuevo secuestro colectivo de migrantes, ocurrido el
viernes pasado en Veracruz, cuando se hallaban a bordo de un tren.
Aseveró que los hechos denunciados por el cura Alejandro Solalinde, fundador
del albergue Hermanos en el Camino, no ocurrieron durante el traslado oficial de
extranjeros, sino en un suceso que se relaciona con la inseguridad que prevalece
en las carreteras y diversas rutas terrestres del país.
Ese mismo argumento fue emitido por el instituto el año pasado cuando fueron
secuestrados y asesinados 72 migrantes en un rancho de Tamaulipas. Cecilia
Romero, entonces comisionada del INM, dijo que la inseguridad es un asunto que
sobrepasa las facultades y estructura de este organismo.
Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo estar a
la espera de denuncias y datos que puedan llevar a la identificación de los
migrantes privados de su libertad y sus victimarios, revelaron integrantes del
Ministerio Público Federal. La dependencia integra, sobre este caso, dos
averiguaciones.
Y aunque se presume que los autores pudieran estar vinculados al grupo
delictivo Los Zetas, carece de elementos sólidos que conduzcan a
conocer la identidad de los secuestradores de migrantes, hechos ocurridos en la
comunidad de Medias Aguas, donde presuntamente un grupo de hombres armados, a
bordo de varias camionetas de lujo, obligaron a los migrantes a subir a las
unidades.
La seguridad en las carreteras es un asunto que compete directamente a la Policía Federal (PF), no a los agentes migratorios, quienes tienen otras funciones y, además, no portan armas. La investigación de los hechos denunciados la realiza la Procuraduría General de la República, indicaron ayer funcionarios del INM.
Cabe recordar que el gobierno mexicano no ha podido proteger a los migrantes
incluso en operativos a su cargo.
Fue el propio organismo el que denunció que durante las primeras semanas de
junio, la PF –perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública federal–
desdeñó la custodia de los traslados de migrantes, ya sea a alguna estación
migratoria o en la ruta para la deportación de indocumentados.
Esta situación fue revelada precisamente tras el asalto y secuestro de un
autobús que transportaba migrantes centroamericanos para su repatriación. Los
delincuentes los dejaron ir cuando comprobaron que los pasajeros no eran
turistas sino migrantes pobres de quienes no podían sacar provecho.
Según las fuentes consultadas, la semana pasada hubo una reunión entre
funcionarios de ambas instancias (PF y el INM) y se logró restablecer la
custodia en las comandas del instituto.
Justo en el lapso de ese encuentro ocurrió el secuestro de entre 60 y 80
migrantes –según las primeras denuncias– en Medias Aguas, Veracruz.
El INM sólo ofreció coadyuvar en las indagatorias aunque marcó distancia de
la responsabilidad en la situación que priva en las carreteras federales y
estatales del país, así como en las rutas ferroviarias, permanentemente
acechadas por delincuentes.
Mañana, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, comparecerá ante la
Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Secuestros al mayoreo-Ahumada
Violencia: retrocesos inadmisibles
En carta dirigida al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón
Hinojosa, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano iniciar de
inmediato una
investigación civilsobre el paradero de al menos seis personas privadas de su libertad –según testimonios– entre el primero y el 5 de junio por presuntos elementos de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El hecho denunciado por el organismo internacional permite constatar la
instalación del país en escenarios de violencia que incorporan, como prácticas
recurrentes, las desapariciones forzadas y las ejecuciones
extrajudiciales. El segundo de estos elementos se ejemplifica con la
denuncia, presentada anteayer ante la Procuraduría General de Justicia de
Veracruz, por el asesinato del mecánico Joaquín Figueroa Vásquez y el
laboratorista Tito Landa Argüelles, abatidos por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal el pasado 17 de junio y señalados como integrantes de
la delincuencia organizada por el gobernador de esa entidad, Javier Duarte. Otro
caso paradigmático del quebranto del estado de derecho por parte de quienes
debieran resguardarlo es el homicidio, ocurrido en marzo del año pasado, del
presunto narcomenudista José Humberto Márquez Compeán, quien tras haber
sido detenido por la policía municipal y transportado por efectivos de la Armada
en Santa Catarina, Nuevo León, apareció muerto en un lote baldío con visibles
signos de tortura.
Ante la creciente evidencia de crímenes como los referidos –que se suman a la
cuota diaria de ejecuciones y levantones asociados al
narcotráfico–, el discurso oficial se presenta cada vez más ajeno a la realidad
y más extraviado en sus propios laberintos: el pasado lunes el presidente Felipe
Calderón ofreció atender a las víctimas de la violencia con
mayor sensibilidad y eficacia, ofrecimiento que contrasta con una realidad en la que funcionarios del propio gobierno se ven involucrados en episodios de asesinato, tortura y desaparición de personas. Más que de sensibilidad, la gran carencia de las autoridades es la capacidad o la voluntad de apegarse a los derechos humanos y, cuando son quebrantados por servidores públicos, de hacer justicia y combatir la impunidad que suele cubrir a quienes, desde el poder, cometen tropelías contra la población.
Hace más de cuatro años, cuando la actual administración emprendió
espectaculares operativos y desplazamientos de soldados y policías por
todo el territorio nacional con el supuesto propósito de restablecer el estado
de derecho en las regiones controladas por la criminalidad, diversas voces de la
sociedad organizada, la clase política y la academia señalaron que combatir a la
delincuencia mediante la violencia oficial y la militarización de la vida
pública no sólo no garantizaba el éxito, sino que alentaba peligrosamente la
configuración de circunstancias de pesadilla como las que hoy transita el
país.
A la luz de los elementos de juicio mencionados, es meridianamente claro que
uno de los saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública –además
de los más de 40 mil muertos y de una creciente descomposición institucional– ha
sido colocación al país en la antesala de escenarios de guerra sucia
similares a los que se vivieron durante las dictaduras militares en Centro
y Sudamérica, o bien en México, durante las administraciones de Luis Echeverría
y José López Portillo, y la consecuente apertura de márgenes de maniobra para el
exterminio de opositores políticos y sociales con el pretexto de combatir a la
delincuencia.
En esa circunstancia, no resulta descabellado preguntarse si será cuestión de
tiempo para que los integrantes de los partidos formales de oposición en el
país, quienes ya han enfrentado acusaciones penales torcidas por los cálculos
políticos y electorales del gobierno federal, comiencen a ser víctimas de una
violencia de Estado como la que sistemáticamente se ceba sobre activistas,
luchadores sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de
derechos humanos y ambientalistas, la cual ha sido un hilo de continuidad entre
las administraciones priístas y panistas y cuya persistencia pone en entredicho
el pretendido avance democrático de la nación.
Ejecuciones extrajudiciales-Fisgón
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