Parlamento europeo: Descarados conflictos de interés
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| El eurodiputado alemán Klaus-Heiner Lehne, presidente del Comité Interno de Asuntos Legales. Foto: AP |
BRUSELAS (apro).- A pesar de que desde enero de 2012 existe en el Parlamento Europeo un nuevo Código de Conducta que busca evitar conflictos de intereses entre sus miembros, el eurodiputado alemán Klaus-Heiner Lehne, presidente del Comité Interno de Asuntos Legales, recibe un salario de más de 10 mil euros mensuales del despacho internacional de abogados Taylor Wessing, para cuya oficina en Düsseldorf, Alemania, se desempeña desde 2003 como jefe del departamento de “temas de regulación”, ocupado en advertir y asesorar a las empresas clientes acerca de futuras leyes en la Unión Europea (UE).
Lehne, que cumple su cuarto mandato consecutivo como eurodiputado desde 1994, participó directamente en la reciente elaboración de leyes en áreas prioritarias del interés de Taylor Wessing, tales como la Directiva de 2011 sobre Administradores de Fondos Alternativos de Inversión –que Lehne inició–, o los reportes del Parlamento Europeo –de los que él fue ponente– sobre las propuestas de la Comisión Europea en transparencia de inversores institucionales o en materia de Directivas sobre Contabilidad.
Más aún, el eurodiputado alemán –que defiende un marco estricto de propiedad intelectual y patentes, y que votó en junio de 2012 a favor del polémico Acuerdo Comercial contra la Piratería (ACTA, por sus siglas en inglés)– fue también ponente de reportes del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo relativos al sistema jurisdiccional para disputas de patentes (en enero de 2012) y sobre la creación de una patente unitaria (en febrero de 2011). Ello sin importarle que el despacho Taylor Wessing que lo emplea, y para el que ofrece conferencias en ese tema en su función de eurodiputado, se presente como “una de las firmas europeas líderes en el litigio de patentes”.
En mayo de 2008, cuando se discutía la amplitud que tendría el nuevo registro de cabilderos ante las instituciones de la UE, Lehne y otros eurodiputados del grupo del Partido Popular Europeo presentaron una enmienda que proponía excluir de tal instrumento de vigilancia la “asesoría legal” provista por abogados como él, la cual fue rechazada y el registro entró en función en 2010 con carácter voluntario, pero hasta julio pasado Taylor Wessing no aparecía inscrito a pesar de contar con nueve abogados en su oficina de Bruselas.
“El caso de Klaus-Heiner Lehne muestra que, pese a la clara coincidencia entre los intereses de la firma de abogados y las funciones públicas del eurodiputado, las autoridades europarlamentarias parecen haber pasado de lado los potenciales conflictos de intereses”, advierte un reporte conjunto de las organizaciones no gubernamentales Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth Europe (ambas ubicadas en Bruselas), la alemana Lobby Control y la británica Spin Watch, que se enfocan en denunciar la opacidad y el poder desproporcionado de las compañías en la toma de decisiones en la UE.
El reporte de 27 páginas, cuya copia obtuvo Apro, agrega que el caso de Lehne prueba que, mientras el contenido del Código de Conducta deja claro que todos los potenciales conflictos de interés individuales deben ser tratados, la interpretación que hacen las autoridades del Parlamento Europeo permiten que algunos eurodiputados persistan en ellos. Lehne, por ejemplo, al ser socio de Taylor Wessing también tiene el interés personal de cuidar el bienestar de la firma, “lo cual crea una percepción de conflicto con sus deberes como eurodiputado”, expone el reporte titulado Nuevo código, vieja conducta.
A menos de un año de que los ciudadanos de la Unión Europea (UE) acudan a las urnas para elegir a sus diputados en el Parlamento Europeo, el nuevo código ético de esa institución no es lo suficientemente preciso para evitar los conflictos de intereses de los diputados e impedir que el sector empresarial influya indebidamente en sus procesos legislativos internos, señalan las ONG en su reporte, publicado en julio último.
En julio de 2012, seis meses después de que entrara en vigor, un reporte de Friends of the Earth Europe encontró que persistían los vacíos legales en el nuevo código, que se suponía que introduciría una nueva era de rendición de cuentas y transparencia.
Así, uno de cada cuatro eurodiputados (de 754 en total) no habían declarado a esa fecha sus ocupaciones anteriores a convertirse en miembros del Parlamento Europeo, y 118 de aquellos que declararon obtener otros ingresos fuera de sus salarios como europarlamentarios no precisaron el monto.
“El riesgo de conflictos de intereses aún existe entre los actuales eurodiputados que fueron electos para servir como representantes populares”, por lo que “es necesaria la implementación de medidas estrictas que garanticen el cumplimiento del código y salvaguarden la ética y la integridad del Parlamento Europeo”, afirman las ONG.
Código insuficiente
El nuevo Código de Conducta del Parlamento Europeo establece que todos los eurodiputados están obligados a declarar sus intereses financieros y obtener autorización para desarrollar cualquier actividad con potencial de causar un conflicto de interés, lo cual va más allá de las previas Reglas de Procedimiento que en su Anexo I cubrían aspectos limitados del comportamiento ético de los europarlamentarios, explica el reporte de Corporate Europe Observatory y otras ONG.
El nuevo código fue introducido por el anterior presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, en un intento por reparar el daño que, en 2011, causó a la reputación de la institución el escándalo conocido como “pago por enmiendas”, en el cual se vieron involucrados tres eurodiputados que aceptaron dinero de una periodista del diario británico Sunday Times que, haciéndose pasar por empleada de una firma de cabildeo, les solicitaba a cambio introducir enmiendas favorables a sus clientes.
El reporte de las ONG recuerda que la Agencia Europea Anti-Fraude abrió una investigación y, como lo dictan las leyes europeas, entregó sus conclusiones a las autoridades judiciales de los países de donde provenían los inculpados, y subraya que, hasta ahora, el único procesado por los hechos y declarado culpable –por lo que fue removido– es Ernst Strasser, quien anteriormente fue ministro del Interior de Austria y miembro del Partido Popular Europeo.
Otro de los acusados, el eurodiputado rumano Adrian Severin, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, está sujeto a una investigación en curso y continúa ocupando su escaño.
En concreto, el Código de Conducta estipula que los eurodiputados tienen la obligación de actuar con “desinterés, integridad, apertura, diligencia, honestidad, responsabilidad y respeto por la reputación del Parlamento Europeo”, y “actuar únicamente en el interés público y abstenerse de obtener o buscar obtener cualquier beneficio financiero directo o indirecto u otras recompensas”.
Establece que los eurodiputados tampoco deben, en el ejercicio de su deber, “participar en ningún acuerdo para actuar o votar en el interés de cualquier otra persona legal o natural que comprometiera su libertad de voto”, “ni solicitar, aceptar o recibir ningún beneficio financiero directo o indirecto u otras recompensas a cambio de influir o votar una ley (…) y debe conscientemente buscar evitar cualquier situación que implique soborno o corrupción”.
El reporte de las ONG indica que “la forma en que los eurodiputados deberían declarar sus intereses dentro del Código de Conducta les permite declarar cualquier interés o relación que pudiera influir indebidamente en los miembros, incluso si (tales intereses) no cayeran en ninguna de las categorías específicas (en el código), tal como el relativo al empleo de la esposa o la pareja y sus propios intereses financieros”.
Además, insiste el reporte, el código obliga a los eurodiputados a plantear cualquier potencial conflicto de intereses en el que pudieran estar involucrados o reportarlo por escrito al presidente del Parlamento Europeo, pero, lamentan las ONG, las medidas de implementación del código, acordadas en abril pasado por un grupo de trabajo conformado por eurodiputados, sólo incluyen en particular la declaración de regalos, alojamiento y viajes pagados por una tercera parte.
Casos preocupante
Ninguno de los eurodiputados “parece capaz de identificar las situaciones que son susceptibles de crear un conflicto de interés”, por lo que “es requerida una mayor claridad y una guía más estricta del Parlamento Europeo”, refiere el reporte, y pone como ejemplo de lo anterior los casos del mencionado Lehner y sus colegas Bendt Bendtsen, de Dinamarca, Othmar Karas y Paul Rübig, ambos de Austria y todos ellos miembros del grupo del Partido Popular Europeo.
Tales eurodiputados, acusan las ONG, “han aceptado pagos por proveer servicios a compañías u organizaciones corporativas que tienen interés en influir en la legislación de la UE”, y puntualizan que, “incluso si esos eurodiputados no han cabildeado personalmente a nombre de firmas privadas, estimamos que esas relaciones violan el espíritu del código, el cual busca terminar con esos potenciales conflictos de interés”.
El primero, Bendt Bendtsen, miembro del comité europarlamentario de Industria, Investigación y Energía, y quien fuera en su país ministro de Comercio e Industria, declara ser miembro del Consejo de Asesores del Banco de Dinamarca, el más grande de esa nación nórdica, del cual recibe un pago anual fijo de 3 mil 341 euros, que Bendtsen no tiene la obligación de declarar pues la retribución del cargo no supera los 500 euros mensuales.
El 26 de enero de 2012, Bendtsen fue el anfitrión de una conferencia sobre regulación bancaria y, en particular, sobre la Directiva IV de Requerimientos de Capital, la cual, advirtió durante el evento, tendría “un potencial impacto negativo sobre el comercio, el crecimiento y la actividad de las pequeñas y medianas empresas”. La conferencia fue organizada por la firma de relaciones públicas Fleishman-Hillard, entre cuyos clientes se encuentra el Banco de Dinamarca y dos asociaciones de cabildeo a las que pertenece: la de Mercados Financieros de Europa y la de Capital Europeo de Acciones Privadas y de Empresa.
Pero hay más: el eurodiputado, que es uno de los principales promotores de que las firmas marítimas de la UE tengan el acceso prioritario a los recursos naturales de Groenlandia y de que se mejoren las rutas de interconexión con el mercado energético de la región báltica y el euroatlántico, forma parte de los consejos de las compañías navieras Lauritzen Fonden (de la que declara recibir mensualmente un ingreso de entre mil y 5 mil euros), Esvagt y Seamall, corporativo en el que funge como director de su consejo, además de que el conglomerado marítimo AP Moller Maersk Group, que opera en 130 países, es propietario de 22% del Banco de Dinamarca y de Esvagt.
Por su parte, el austriaco Othmar Karas es eurodiputado desde 1999, es miembro del Comité de Economía y, desde enero de 2012, es también vicepresidente del Parlamento Europeo, con lo que participa en el grupo que establece los reglamentos internos; además, es vicepresidente de la Fundación Robert Schuman y forma parte del Consejo Ejecutivo del Partido Popular de Austria.
Luego de que lo revelara la prensa de su país, recuerda el reporte de las ONG, Karas declaró al Parlamento Europeo que, también como su connacional Paul Rübig, miembro del Comité de Industria, Investigación y Energía, él dispone de jóvenes asistentes provistos por la Cámara Austriaca de Economía (WKÖ, por sus siglas en alemán) y por el Instituto para la Educación y la Innovación, un organismo creado por la Asociación Austriaca de Industriales, integrada, a su vez, a BusinessEurope, que presume de ser el grupo de cabildeo más influyente de Bruselas.
Cuando los autores del reporte solicitaron más precisiones al respecto, la oficina de Karas respondió que tales asistentes, cuyo número e identidades no informaron, participaban en un programa temporal de prácticas en las instituciones europeas y en las compañías privadas para ganar experiencia profesional, y que éstos eran pagados, “en gran parte”, con el presupuesto disponible del eurodiputado.
Karas, analizan las ONG, “no veía ningún problema en recibir apoyo financiero o tener personal que se moviera entre las compañías privadas y el Parlamento Europeo”.
Peor aún, información a la que tuvieron acceso las ONG indicaba que uno de los asistentes acreditados de Karas era al mismo tiempo empleado del Departamento de Coordinación para la UE de la WKÖ, cuyas actividades, según mencionaba la propia página del organismo, son las de proveer asesoría en cabildeo y publicar reportes que sirvieran a los intereses de la WKÖ.
Consultado, Karas respondió a las ONG que se trataba de un “error” de la WKÖ.
Lo anterior, remarca el texto, va contra el código de conducta de los eurodiputados, pero igualmente contra el código ético de los cabilderos, ya que el Registro de Transparencia fija que éstos “no deben inducir a los miembros de las instituciones de la UE, funcionarios u otro tipo de personal de la UE, asistentes o practicantes de tales miembros, a contravenir las reglas y estándares de conducta aplicables a ellos”.
Lehne, que cumple su cuarto mandato consecutivo como eurodiputado desde 1994, participó directamente en la reciente elaboración de leyes en áreas prioritarias del interés de Taylor Wessing, tales como la Directiva de 2011 sobre Administradores de Fondos Alternativos de Inversión –que Lehne inició–, o los reportes del Parlamento Europeo –de los que él fue ponente– sobre las propuestas de la Comisión Europea en transparencia de inversores institucionales o en materia de Directivas sobre Contabilidad.
Más aún, el eurodiputado alemán –que defiende un marco estricto de propiedad intelectual y patentes, y que votó en junio de 2012 a favor del polémico Acuerdo Comercial contra la Piratería (ACTA, por sus siglas en inglés)– fue también ponente de reportes del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo relativos al sistema jurisdiccional para disputas de patentes (en enero de 2012) y sobre la creación de una patente unitaria (en febrero de 2011). Ello sin importarle que el despacho Taylor Wessing que lo emplea, y para el que ofrece conferencias en ese tema en su función de eurodiputado, se presente como “una de las firmas europeas líderes en el litigio de patentes”.
En mayo de 2008, cuando se discutía la amplitud que tendría el nuevo registro de cabilderos ante las instituciones de la UE, Lehne y otros eurodiputados del grupo del Partido Popular Europeo presentaron una enmienda que proponía excluir de tal instrumento de vigilancia la “asesoría legal” provista por abogados como él, la cual fue rechazada y el registro entró en función en 2010 con carácter voluntario, pero hasta julio pasado Taylor Wessing no aparecía inscrito a pesar de contar con nueve abogados en su oficina de Bruselas.
“El caso de Klaus-Heiner Lehne muestra que, pese a la clara coincidencia entre los intereses de la firma de abogados y las funciones públicas del eurodiputado, las autoridades europarlamentarias parecen haber pasado de lado los potenciales conflictos de intereses”, advierte un reporte conjunto de las organizaciones no gubernamentales Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth Europe (ambas ubicadas en Bruselas), la alemana Lobby Control y la británica Spin Watch, que se enfocan en denunciar la opacidad y el poder desproporcionado de las compañías en la toma de decisiones en la UE.
El reporte de 27 páginas, cuya copia obtuvo Apro, agrega que el caso de Lehne prueba que, mientras el contenido del Código de Conducta deja claro que todos los potenciales conflictos de interés individuales deben ser tratados, la interpretación que hacen las autoridades del Parlamento Europeo permiten que algunos eurodiputados persistan en ellos. Lehne, por ejemplo, al ser socio de Taylor Wessing también tiene el interés personal de cuidar el bienestar de la firma, “lo cual crea una percepción de conflicto con sus deberes como eurodiputado”, expone el reporte titulado Nuevo código, vieja conducta.
A menos de un año de que los ciudadanos de la Unión Europea (UE) acudan a las urnas para elegir a sus diputados en el Parlamento Europeo, el nuevo código ético de esa institución no es lo suficientemente preciso para evitar los conflictos de intereses de los diputados e impedir que el sector empresarial influya indebidamente en sus procesos legislativos internos, señalan las ONG en su reporte, publicado en julio último.
En julio de 2012, seis meses después de que entrara en vigor, un reporte de Friends of the Earth Europe encontró que persistían los vacíos legales en el nuevo código, que se suponía que introduciría una nueva era de rendición de cuentas y transparencia.
Así, uno de cada cuatro eurodiputados (de 754 en total) no habían declarado a esa fecha sus ocupaciones anteriores a convertirse en miembros del Parlamento Europeo, y 118 de aquellos que declararon obtener otros ingresos fuera de sus salarios como europarlamentarios no precisaron el monto.
“El riesgo de conflictos de intereses aún existe entre los actuales eurodiputados que fueron electos para servir como representantes populares”, por lo que “es necesaria la implementación de medidas estrictas que garanticen el cumplimiento del código y salvaguarden la ética y la integridad del Parlamento Europeo”, afirman las ONG.
Código insuficiente
El nuevo Código de Conducta del Parlamento Europeo establece que todos los eurodiputados están obligados a declarar sus intereses financieros y obtener autorización para desarrollar cualquier actividad con potencial de causar un conflicto de interés, lo cual va más allá de las previas Reglas de Procedimiento que en su Anexo I cubrían aspectos limitados del comportamiento ético de los europarlamentarios, explica el reporte de Corporate Europe Observatory y otras ONG.
El nuevo código fue introducido por el anterior presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, en un intento por reparar el daño que, en 2011, causó a la reputación de la institución el escándalo conocido como “pago por enmiendas”, en el cual se vieron involucrados tres eurodiputados que aceptaron dinero de una periodista del diario británico Sunday Times que, haciéndose pasar por empleada de una firma de cabildeo, les solicitaba a cambio introducir enmiendas favorables a sus clientes.
El reporte de las ONG recuerda que la Agencia Europea Anti-Fraude abrió una investigación y, como lo dictan las leyes europeas, entregó sus conclusiones a las autoridades judiciales de los países de donde provenían los inculpados, y subraya que, hasta ahora, el único procesado por los hechos y declarado culpable –por lo que fue removido– es Ernst Strasser, quien anteriormente fue ministro del Interior de Austria y miembro del Partido Popular Europeo.
Otro de los acusados, el eurodiputado rumano Adrian Severin, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, está sujeto a una investigación en curso y continúa ocupando su escaño.
En concreto, el Código de Conducta estipula que los eurodiputados tienen la obligación de actuar con “desinterés, integridad, apertura, diligencia, honestidad, responsabilidad y respeto por la reputación del Parlamento Europeo”, y “actuar únicamente en el interés público y abstenerse de obtener o buscar obtener cualquier beneficio financiero directo o indirecto u otras recompensas”.
Establece que los eurodiputados tampoco deben, en el ejercicio de su deber, “participar en ningún acuerdo para actuar o votar en el interés de cualquier otra persona legal o natural que comprometiera su libertad de voto”, “ni solicitar, aceptar o recibir ningún beneficio financiero directo o indirecto u otras recompensas a cambio de influir o votar una ley (…) y debe conscientemente buscar evitar cualquier situación que implique soborno o corrupción”.
El reporte de las ONG indica que “la forma en que los eurodiputados deberían declarar sus intereses dentro del Código de Conducta les permite declarar cualquier interés o relación que pudiera influir indebidamente en los miembros, incluso si (tales intereses) no cayeran en ninguna de las categorías específicas (en el código), tal como el relativo al empleo de la esposa o la pareja y sus propios intereses financieros”.
Además, insiste el reporte, el código obliga a los eurodiputados a plantear cualquier potencial conflicto de intereses en el que pudieran estar involucrados o reportarlo por escrito al presidente del Parlamento Europeo, pero, lamentan las ONG, las medidas de implementación del código, acordadas en abril pasado por un grupo de trabajo conformado por eurodiputados, sólo incluyen en particular la declaración de regalos, alojamiento y viajes pagados por una tercera parte.
Casos preocupante
Ninguno de los eurodiputados “parece capaz de identificar las situaciones que son susceptibles de crear un conflicto de interés”, por lo que “es requerida una mayor claridad y una guía más estricta del Parlamento Europeo”, refiere el reporte, y pone como ejemplo de lo anterior los casos del mencionado Lehner y sus colegas Bendt Bendtsen, de Dinamarca, Othmar Karas y Paul Rübig, ambos de Austria y todos ellos miembros del grupo del Partido Popular Europeo.
Tales eurodiputados, acusan las ONG, “han aceptado pagos por proveer servicios a compañías u organizaciones corporativas que tienen interés en influir en la legislación de la UE”, y puntualizan que, “incluso si esos eurodiputados no han cabildeado personalmente a nombre de firmas privadas, estimamos que esas relaciones violan el espíritu del código, el cual busca terminar con esos potenciales conflictos de interés”.
El primero, Bendt Bendtsen, miembro del comité europarlamentario de Industria, Investigación y Energía, y quien fuera en su país ministro de Comercio e Industria, declara ser miembro del Consejo de Asesores del Banco de Dinamarca, el más grande de esa nación nórdica, del cual recibe un pago anual fijo de 3 mil 341 euros, que Bendtsen no tiene la obligación de declarar pues la retribución del cargo no supera los 500 euros mensuales.
El 26 de enero de 2012, Bendtsen fue el anfitrión de una conferencia sobre regulación bancaria y, en particular, sobre la Directiva IV de Requerimientos de Capital, la cual, advirtió durante el evento, tendría “un potencial impacto negativo sobre el comercio, el crecimiento y la actividad de las pequeñas y medianas empresas”. La conferencia fue organizada por la firma de relaciones públicas Fleishman-Hillard, entre cuyos clientes se encuentra el Banco de Dinamarca y dos asociaciones de cabildeo a las que pertenece: la de Mercados Financieros de Europa y la de Capital Europeo de Acciones Privadas y de Empresa.
Pero hay más: el eurodiputado, que es uno de los principales promotores de que las firmas marítimas de la UE tengan el acceso prioritario a los recursos naturales de Groenlandia y de que se mejoren las rutas de interconexión con el mercado energético de la región báltica y el euroatlántico, forma parte de los consejos de las compañías navieras Lauritzen Fonden (de la que declara recibir mensualmente un ingreso de entre mil y 5 mil euros), Esvagt y Seamall, corporativo en el que funge como director de su consejo, además de que el conglomerado marítimo AP Moller Maersk Group, que opera en 130 países, es propietario de 22% del Banco de Dinamarca y de Esvagt.
Por su parte, el austriaco Othmar Karas es eurodiputado desde 1999, es miembro del Comité de Economía y, desde enero de 2012, es también vicepresidente del Parlamento Europeo, con lo que participa en el grupo que establece los reglamentos internos; además, es vicepresidente de la Fundación Robert Schuman y forma parte del Consejo Ejecutivo del Partido Popular de Austria.
Luego de que lo revelara la prensa de su país, recuerda el reporte de las ONG, Karas declaró al Parlamento Europeo que, también como su connacional Paul Rübig, miembro del Comité de Industria, Investigación y Energía, él dispone de jóvenes asistentes provistos por la Cámara Austriaca de Economía (WKÖ, por sus siglas en alemán) y por el Instituto para la Educación y la Innovación, un organismo creado por la Asociación Austriaca de Industriales, integrada, a su vez, a BusinessEurope, que presume de ser el grupo de cabildeo más influyente de Bruselas.
Cuando los autores del reporte solicitaron más precisiones al respecto, la oficina de Karas respondió que tales asistentes, cuyo número e identidades no informaron, participaban en un programa temporal de prácticas en las instituciones europeas y en las compañías privadas para ganar experiencia profesional, y que éstos eran pagados, “en gran parte”, con el presupuesto disponible del eurodiputado.
Karas, analizan las ONG, “no veía ningún problema en recibir apoyo financiero o tener personal que se moviera entre las compañías privadas y el Parlamento Europeo”.
Peor aún, información a la que tuvieron acceso las ONG indicaba que uno de los asistentes acreditados de Karas era al mismo tiempo empleado del Departamento de Coordinación para la UE de la WKÖ, cuyas actividades, según mencionaba la propia página del organismo, son las de proveer asesoría en cabildeo y publicar reportes que sirvieran a los intereses de la WKÖ.
Consultado, Karas respondió a las ONG que se trataba de un “error” de la WKÖ.
Lo anterior, remarca el texto, va contra el código de conducta de los eurodiputados, pero igualmente contra el código ético de los cabilderos, ya que el Registro de Transparencia fija que éstos “no deben inducir a los miembros de las instituciones de la UE, funcionarios u otro tipo de personal de la UE, asistentes o practicantes de tales miembros, a contravenir las reglas y estándares de conducta aplicables a ellos”.
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