Reunión con el secretario de Energía- Días de riesgo- Energía: detrás de los comerciales

Reunión con el secretario de Energía

Javier Jiménez Espriú

Tuve la oportunidad de asistir a una reunión en las instalaciones de La Jornada en la que el secretario de Energía y sus colaboradores presentaron lo que consideran los beneficios de la iniciativa de reforma energética del presidente Peña Nieto, a un grupo de reporteros de la fuente y colaboradores de esta casa editorial, entre los que me encuentro.

 

Tengo la sensación de que no convencieron a nadie de las ventajas de la iniciativa; escucharon en cambio críticas importantes y fundadas y dejaron, y en esto me refiero aquí sólo a las mías, serias y preocupantes dudas. Tuvieron, sí, la sensibilidad política de no mencionar para nada al general Cárdenas, y menos que su objetivo de reforma constitucional era restaurar en todo lo que él había dejado plasmado en la Constitución, como pregona el Presidente.

Luego de una exposición del secretario sobre la iniciativa y su diagnóstico del sector, y particularmente sobre Pemex, intervinimos los asistentes. A pregunta expresa de mi parte sobre hasta cuánto de la renta petrolera estaba el gobierno dispuesto a ceder a las empresas que participaran en los contratos de utilidades compartidas, el secretario me contestó con un contundente: Nada, la renta petrolera no se comparte. Ante mi asombro, me expresó que la renta petrolera era la diferencia entre el precio en que se vende el producto y los costos en que se incurre, y que de ese remanente que es la renta petrolera no se les entregaría nada. Las utilidades a compartir están seguramente, según él, en los costos.

Sorprendido, le manifesté que hablábamos dos lenguajes distintos: la privatización para mí no es privatización para ellos, y las utilidades que piensan compartir, a diferencia de lo que yo pienso, para ellos no son renta petrolera. Con esa concepción, ahora entendía por qué hablaban de que no había privatización y que no se entregaba nada de la renta petrolera. Pero obviamente me quedaron muchas y preocupantes dudas sobre si quienes nos querían aclarar cosas tienen claro el asunto delicadísimo que está en sus manos y con el que están jugando con fuego.

Mi desconcierto creció más, aunque mis dudas se aclararon, al leer esta mañana, en el periódico Reforma (23/8/13) las siguientes declaraciones del secretario:

“Entre más complejo sea desarrollar un campo, mayores serán las utilidades de las empresas que lleguen a México –obviamente extranjeras, porque llegarán a México– a extraer crudo con los contratos de utilidad compartida”, lo que ya nos había dicho a nosotros, pero agregó algo que no dijo en nuestra reunión:
 

“Si el pozo produce más petróleo del que se tenía estimado… pagarán un bono por los rendimientos extraordinarios. Eso impide que el privado se lleve todo el rendimiento…., que no se lleve toda la utilidad porque hay un pago al Estado”. Yo fui el que se quedó casi privado al leer este despropósito. ¡Nos van a dar un bono!, ellos a nosotros, por el mayor éxito de nuestro yacimiento, que seguramente deberemos agradecerles amablemente. De lo aparecido, algo que no se pierda, sería el nuevo dicho petrolero.

 

Dijo también que a Pemex se le asignarán los campos menos complejos –y por lo tanto, agrego yo, con menos utilidades–, donde haya menos riesgo, para no meterle dinero bueno al malo. Eso se lo dejarán a las ingenuas empresas extranjeras, que vendrán, seguramente, tras la zanahoria de la utilidad compartida.

 

Y digo que mis dudas se aclararon porque ya no tengo ninguna de hacia dónde nos puede conducir la reforma petrolera de Peña Nieto. ¡Al despeñadero!

 

Expuse ante el secretario la tragedia de los contratos de utilidades compartidas en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Kazajstán en los que a cada nación le costaba, en beneficio de las empresas, 50, 70, 82 y casi 98 por ciento de la renta petrolera, respectivamente, a lo que me respondieron que esos contratos, especialmente el último, eran un espléndido ejemplo de contratos mal negociados. ¡Ellos seguramente los negociarán bien!

 

Todos expresamos, con argumentos difíciles de contrarrestar, nuestra posición en contra de la intención de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución, que quitan la condición de estratégicos a los hidrocarburos y entregan a la inversión privada el crecimiento de la industria y con gravísimas consecuencias para la nación, y creo que a ninguna de las muchas inquietudes expresadas por los presentes se dio una respuesta no ya que convenciera, sino simplemente que tranquilizara nuestras preocupaciones.

 

De la reunión recupero, sin embargo, dos asuntos positivos de gran importancia. El primero, que los funcionarios de la Secretaría de Energía escucharon opiniones serias que debieran tomar en cuenta –ese era, según nos manifestó el secretario, el motivo fundamental de la reunión–. Y el segundo, que expresó su convicción de que este tema obliga a un gran debate nacional. ¡Ojalá estos dos asuntos se cumplan a cabalidad!

Twitter: @jimenezespriu

jimenezespriu@prodigy.net.mx

FUENTE: LA JORNADA OPINION

Reprobados-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Días de riesgo

Adolfo Sánchez Rebolledo

¿Por qué se desestimaron las aportaciones del magisterio disidente? ¿A quién corresponde la responsabilidad? ¿A los legisladores? ¿Al pacto y los partidos que lo integran? ¿A la Presidencia de la República? ¿A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿A todos? Quién lo sabe, pero lo cierto es que el dictamen aprobado en comisiones resultó ser una calca de las posturas defendidas por los grupos de presión vinculados al sector privado, afines al PAN (pero más cercanos a la operación oficial).

 

Meses de críticas y debates se evaporaron sin dar resultados positivos, de modo que al cuarto para las 12, cuando el periodo extraordinario llegaba a su fin sin tomar en cuenta las aportaciones, la impugnación en las calles puso en jaque el funcionamiento de la ya de por sí caótica ciudad capital, exasperando a los ciudadanos que en teoría debían apoyar a los maestros. A exacerbar el clima de irritación contribuye sin duda la abusiva campaña mediática lanzada contra los maestros, pero también la insensibilidad de éstos para evitar acciones inaceptables, como la toma del aeropuerto, causante del griterío contra el Gobierno del Distrito Federal, al que se le pide provocadoramente desatar la represión contra los profesores acampados en el Zócalo. Es imposible no ver en estas airadas actitudes algo más que la indignación de las clases medias por el desquiciamiento del tránsito vehicular.

Cuando se dice que la posposición de la ley sobre el servicio profesional y la apertura de una rendija para dialogar implican que la Presidencia se dobló ante la coordinadora, hay detrás un cálculo político, la expresión de los mismos intereses que se quejan, en otros campos, de no avanzar al ritmo que sus ambiciones les dictan. Hay una suerte de temor preventivo que busca ahogar en la cuna protestas mayores. No es casual que una periodista radiofónica absolutamente histérica dijera que el gobierno se había arrodillado ante la protesta y que la reforma educativa estaba herida de muerte. Todo se puede perdonar, dijo otro liberal de cepa, pero no la exclusión de esa reforma que era la parte esencial de la transformación estructural.

Tal estado de ánimo a favor de la mano dura tiene muchas vertientes, pero en el caso de la reforma educativa es inseparable de algunos de los equívocos que la acompañan desde que Peña Nieto la presentó como pieza angular de su estrategia sexenal. El reconocimiento de la tragedia silenciosa de la enseñanza nacional no era nuevo, pero la admisión pública de las deficiencias asociadas al papel del sindicato en la crisis marcó el destino de los cambios.

La desafiante prepotencia de la dirigente vitalicia, cada vez más entregada a los juego de poder y con el poder, confirmó a los ojos de muchos que la reforma pasaba por la caída de esa dirigencia. Sin embargo, jamás entró en la mente de los reformistas la necesaria democratización de la organización de los trabajadores, así como la necesidad de su intervención para darle curso a las propuestas. Se les identificó como objeto de las reformas, pero se les negó su condición de sujetos indispensables en el proceso.
 

La Presidencia, en efecto, metió en la cárcel a Elba Esther Gordillo, pero mantuvo en pie el acuerdo corporativo con la dirigencia que le era cercana, la sumisión del aparato burocrático que le sirve para neutralizar las imaginables protestas de sus agremiados que no se ven por ninguna parte. La autoridad y sus consejeros áulicos jamás comprendieron el impacto que tendrían las campañas de los alegres evaluadores surgidos como hongos en la sociedad civil con voz asegurada en los mass media. Ignoraron la situación social concreta en varios estados o se aferraron a una idea política de lo que estaba en juego. Así, la reforma en ciernes –aun carente de contenidos pedagógicos– se identificó más y más con una propuesta antisindical, en la cual el único y gran responsable de la crisis eran los profesores, a los que se ensució con toda suerte de calumnias derivadas del enfoque para medir los puntos negros del sistema. La idea de evaluar a los profesores, un instrumento necesario, se pervirtió al convertirlo en el medio punitivo para purgar a la docencia, quebrar al sindicato sin renovarlo y liberar las potencialidades de la rectoría del Estado, perdida durante décadas a manos de la mafia protegida por la autoridad. La evaluación se vendió como el recurso punitivo por excelencia contra un magisterio cargado en el imaginario de todos los defectos.

 

Por eso, pienso que tiene mucha razón Jorge Javier Romero al señalar, en un texto publicado en el periodico digital Sin Embargo, que “el problema central de la iniciativa aplazada es el modelo en el que se basa. La cabeza de la nota interior de Reforma –Frenan diputados ley de evaluación– no es sólo el reflejo de un malentendido; lamentablemente, expresa de manera cruda la idea que domina el fallido proyecto gubernamental, pues éste no diseña un servicio de carrera basado en el reconocimiento del esfuerzo de los maestros, sino que confunde la profesionalización con un sistema de evaluación orientado a correr a los maestros que no superen las pruebas periódicas.

 

La inspiración del proyecto de la SEP proviene de los muy cuestionados preceptos del movimiento por la reforma de la educación desarrollado desde hace algunos años en Estados Unidos, según el cual las evaluaciones recurrentes deben usarse para presionar a los maestros a mejorar en su desempeño. No haría mal esclarecer cuál sería, legalmente hablando, la relación entre un servicio profesional y la actividad propia del sindicato. Lo peor es dar por supuesto que todo es preciso y cristalino. En fin.

 

Resulta lamentable que a lo largo de los meses la cuestión de la reforma se pensara sólo como una asunto de gobernabilidad y no como el proyecto integral que el país requiere, como lo demuestra la casi nula presencia del secretario de Educación en la discusión. ¿Y ahora? Un saldo especialmente negativo ha sido la instalación del discurso del odio, que ya se comienza a escucha con frecuencia peligrosa. Vienen días de riesgo.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

No aprecian lo bueno-Magú

magu@jornada.com.mx

Energía: detrás de los comerciales

Jorge Eduardo Navarrete

La propuesta gubernamental de reforma energética –que, entre otros planteamientos lesivos, propugna por el abandono del principio de exclusividad del Estado en la industria petrolera– se ha presentado envuelta en una apabullante turbonada publicitaria caracterizada por la intensidad y la estulticia, para no mencionar el enorme dispendio de recursos públicos que supone. Los estrategas publicitarios la orientaron a exaltar imágenes simples de un futuro promisorio y apetecible desde su punto de vista, asequible sólo por la vía de la aprobación de esa reforma. Casi en su totalidad, estas visiones del futuro que vendrá con la reforma se presentan, con deliberada vaguedad, en lemas demagógicos. Un buen ejemplo de esta peculiar mercadotecnia se encuentra en el mensaje Vas a pagar menos por la luz y el gas, ofrecido a usuarios resentidos por el alza sistemática del precio del gas LP, el combustible doméstico más usado, o afectados por las erráticas políticas de facturación de la CFE, denunciadas ante la Profeco tan repetida como inútilmente. Otro es el que promete el acceso a la tecnología más avanzada del mundo, traída por empresas extranjeras, sin señalar que en México, como hizo notar Javier Flores en este diario el martes último, se estranguló a las entidades nacionales de investigación y desarrollo energéticos y se optó por la dependencia.

 

Una excepción es la oferta que señala que, de aprobarse la reforma, la extracción de crudo en México se elevaría a 3.5 millones de barriles diarios (MBD) en 2025. Siendo quizá la única proyección específica que se maneja, vale la pena detenerse en examinarla. El documento propagandístico oficial que intenta explicar la propuesta ofrece tres cifras históricas de extracción petrolera en México: 1997, 3.022 MBD; 2004, 3.383, y junio de 2013, 2.538 MBD. Muestran que entre 1997 y 2004, en seis años, la extracción aumentó en 361 mil BD (11.9 por ciento) y en los nueve siguientes, se redujo en 845 mil (25 por ciento). Con la reforma, según sus proponentes, en 12 años, hasta 2025, se llegaría a 3.5 MBD. Si tal fuese el caso, a pesar de su clara orientación extractiva, tras dos sexenios la reforma ofrecería un resultado paupérrimo. Dejaría al país en un nivel de extracción casi igual –apenas 3.5 por ciento mayor– que el alcanzado en 2004.

No se señala, desde luego, que este modestísimo aumento, apenas 80 mil BD por año, probablemente provendría en su mayor parte de los operadores externos que contratasen directamente con el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Esas empresas o consorcios firmarían contratos de utilidad compartida con la CNH. Siendo operadores únicos, sólo ellos tendrían utilidades y, por tanto, lo que compartirían sería la renta petrolera, que fluiría en función del volumen extraído, del precio del crudo y del costo total de extracción. Cae por tierra la noción, subrayada en la propaganda, de que los agentes privados no se llevarían una tajada –de magnitud no determinada– de la renta petrolera de la nación.

La alternativa catastrofista que ofrece la propaganda oficial es que, sin reforma, México se convertiría en importador neto de energéticos. En el caso del crudo, esta perspectiva es insostenible: el actual volumen de extracción, del orden de 2.5 MBD, sería suficiente para satisfacer la demanda interna esperada al menos hasta 2025. Entre 2000 y 2012 el consumo aparente nacional de crudo (extracción menos exportación) se redujo de 1.4 a 1.3 MBD. Se requeriría un aumento medio anual de 100 mil BD de crudo para agotar el margen que la actual producción ofrece. Se abatiría el excedente exportable, pero no se llegaría a la condición de importador neto.
 

El riesgo de que el país se torne importador neto de derivados ya se materializó: en 2012, el déficit en la balanza comercial de petrolíferos se situó en 521 mil BD, con valor de 24 mil 609 millones de dólares, alrededor de la mitad del valor del crudo exportado. Este es el resultado, por una parte, del brutal sesgo exportador de crudo que se ha impuesto a la industria, que lleva a vender al exterior cuando menos la mitad de la extracción total. Por otra, de la sostenida negativa a ampliar la capacidad de refinación en el país: en 2011 (última cifra disponible) Pemex procesó 60 mil BD menos que en 2000.

 

También se propone abandonar la exclusividad del Estado en las actividades de refinación, entre otras. Tras años de proclamar que la refinación no es un negocio rentable, por lo que conviene concentrarse en la extracción, ahora se espera una avalancha de inversionistas privados en refinación, sobre todo foráneos, para competir en igualdad de circunstancias con Pemex. Puede imaginarse que una corporación, habiendo firmado con la CNH un contrato para extraer crudo, firme otro o reciba un permiso, también de la CNH, para refinarlo y quizá otros para transportar, distribuir y comercializar los productos. Por lo general, esas corporaciones reconocen las ventajas de la operación petrolera integrada y las ponen en práctica.

 

En 10 o 15 años el panorama de la refinación en México estará cada vez más dominado por los refinadores privados, de manera similar al panorama de generación eléctrica en el que han ganado importancia los PIE (productores independientes de energía), que comenzaron a instalarse a principios de siglo. En 2012, dueños ya de una cuarta parte (24 por ciento) de la capacidad instalada, aportaban casi un tercio (31.4 por ciento) de la energía generada, desplazando a la CFE. Con la reforma aprobada, será muy improbable que Pemex invierta en refinación (o en procesamiento de gas, o en transporte por ductos). Volverá a decirse que, para Pemex, el mejor negocio es extraer, en especial si lo hace mediante contratos de utilidad compartida –el nuevo nombre de los contratos-riesgo–. Los refinadores privados bien pueden convertirse en el jugador dominante del mercado mexicano de combustibles automotrices, otros petrolíferos y petroquímicos.

 

Tras la propaganda engañosa, la reforma apunta a un Pemex declinante y a un sector petrolero crecientemente dominado por operadores privados. Con la reforma, el territorio mexicano, después de 75 años, volvería a integrarse al great game, ya no de las siete hermanas, sino de sus herederas.

FUENTE: LA JORNADA OPINION