Napoleón Gómez Urrutia
Los casi 12 años transcurridos de los gobiernos incompetentes bajo las presidencias de Vicente Fox y de Felipe Calderón, de 2000 a 2012, pueden sintetizarse en una sola palabra: fracaso.
Ambos gobiernos le han fallado al país y a los mexicanos. En la economía, que no ha crecido sino decrecido y no le han abierto oportunidades reales de avance. En lo estrictamente político, ya que la endeble democracia se ha convertido en la suma de los intereses de una elite que difícilmente abarca el complejo espectro de las fuerzas sociales que existen en México. En lo social, donde la pobreza y la injusta distribución de la riqueza han empeorado dramáticamente, además de que en esa misma línea se han aplicado políticas que golpean a las clases trabajadora y populares, aumentan el rezago de empleos y lanzan a amplios sectores a refugiarse para sobrevivir en el clavo ardiente de la economía informal. En lo laboral, donde Calderón irresponsablemente ha continuado la política antisindical de su antecesor Fox, de golpear a los sindicatos independientes y democráticos, utilizando ambos a seres de los más despreciables como Francisco Javier Salazar y Javier Lozano Alarcón. En lo educativo, que vio sólo intentos de privatizar la enseñanza pública, tanto la básica como la media y la superior, abriendo la perspectiva de que futuras generaciones queden sin la protección de la educación y condenadas a ingresar a los peligros de la violencia y la delincuencia. En lo internacional, donde antes la figura y el prestigio de México eran observados con respeto y hoy se les ve sólo como la degradada imagen de un gobierno que no sabe dónde están sus objetivos, mucho menos sus metas, y carece de visión para conducir el país hacia la soberanía, la justicia y el bienestar.
Desafortunadamente ha habido una enorme y perversa complicidad en este proceso de descomposición en los últimos 12 años. La pérdida del valor de la economía mexicana durante la última década, que pasó del lugar 9 al 14 en el mundo, frente a Brasil, que en cambio ascendió de la posición 15 a la 6 en el mismo periodo –tal como Carlos Fernández-Vega lo ha señalado–, comprueba de manera clara y contundente el hundimiento de este gobierno y del Partido Acción Nacional.
Los índices macroeconómicos y las evaluaciones internacionales ampliamente difundidas sobre el desempeño de México como país no dejan lugar a dudas de esta terrible frustración y caída. Ello se debe a que estos dos gobiernos han pretendido actuar sólo a favor de un sector de la sociedad, los empresarios, y dentro de éste, de un pequeño grupo cuyos integrantes se han convertido en los acaparadores del poder económico y se han apropiado ilegalmente del país y de las débiles mentes de los gobernantes. Un gobierno que sólo actúa a favor de un sector y nunca escucha las voces mayoritarias de la sociedad para tomar rumbos adecuados o para corregir caminos desviados no puede calificarse como gobierno, y menos como de éxito. Más bien ha actuado como un simple administrador o gerente de los intereses privados, los cuales lo han manipulado y utilizado como marioneta a su antojo.
En cuanto a los más de 60 mil muertos en la guerra contra el crimen organizado en este sexenio, indican el fracaso de esta acción, más propia de un régimen policiaco y no de uno democrático, con la agravante de que no se respetan los derechos humanos básicos de los mexicanos. No son pocas las voces que se levantan para señalar que este gran despliegue militar y policiaco tiene por finalidad no declarada, pero en los hechos efectiva, de intimidar, inhibir y amedrentar las protestas populares contra la carestía, la injusticia social y la extendida corrupción.
Y no hay modo de escaparse a esta realidad. El último gesto de este gobierno en su vergonzoso sometimiento a los grandes intereses privados es la aprobación apresurada, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con la que el gobierno no sólo renuncia irresponsablemente a que el Estado siga siendo Estado, sino que entrega a las grandes corporaciones y empresas la tarea vital de construir la infraestructura para el desarrollo nacional, en condiciones más que abusivas para los recursos públicos. Lo mismo ha ocurrido con la entrega indiscriminada de los recursos naturales no renovables del país, como minería, petróleo y gas, a manos privadas nacionales y extranjeras.
No hay asunto o problema de la nación donde no se advierta el rotundo fracaso del gobierno. Es evidente que todos los días voces responsables y autorizadas han señalado este hundimiento junto con las protestas de los sectores que han sido sus víctimas. Lo cual implica necesariamente que la nación entera debe responder adoptando nuevas políticas que impliquen un cambio radical del modelo neoliberal del gobierno y de la economía que tanto Fox como Calderón, y antes tanto Salinas como Zedillo, le impusieron al país.
Urge que las fuerzas sociales y económicas abandonen su indiferencia ante esta equivocada estrategia gubernamental y puedan desarrollar una política que refleje plenamente los verdaderos intereses nacionales, sin exclusión de nadie. Esa será la verdadera vía para que México asuma de nueva cuenta el camino que nunca debió abandonar, el de la eficiencia, la equidad, la responsabilidad social compartida y la política nacionalista, que con todos sus defectos fue guía eficiente y auténtica del progreso de México.
Tim Johnson, corresponsal de los diarios McClatchy, publica hoy: “Las denuncias de violaciones de los derechos humanos por los militares de México acosan a Felipe Calderón, aumentando un dilema familiar de los presidentes de América Latina: ¿A dónde puede ir al dejar el cargo para mantenerse a salvo y fuera de un juicio? Desde ahora, la especulación en México es cada vez mayor sobre a donde irá Calderón, a quien le restan 10 meses de su mandato, después de dejar la silla presidencial; y llega a la conclusión de que tal vez busca de refugio en los Estados Unidos”.
“Pero eso no es garantía de que no se enfrentará a problemas legales, como los que tienen los ex presidentes de Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala y su país”, agrega. El grupo de periódicos es dueño, entre otros, de The Miami Herald, The Telegraph, The Kansas City Star, The Sacramento Bee y The Tribune.
“La gente como Calderón están mucho más nerviosos de lo que solía estar. Hay un escrutinio mucho mayor. Hay tendencia hacia la justicia global, y nunca se sabe lo que va a suceder una vez que se deja el cargo”, dijo Michael Shifter al corresponsal norteamericano. Shifter es el presidente de Inter-American Dialogue, un centro de investigación en Washington.
Shifter dijo que los líderes de América Latina se enfrentan a un difícil acto de equilibrio en mantener el orden público y hacer que los derechos humanos sean respetados.
Calderón, de 49 años, no ha hecho ninguna mención pública de lo que va a hacer después de entregar la banda presidencial el 1 de diciembre. Su esposa, Margarita Zavala, una ex legisladora, tendría ambiciones políticas en México.
“Como jefe de un gobierno de centro-derecha, Calderón preside una batalla para acabar con la violencia de los grupos del crimen organizado que ha dejado más de 50,000 muertos. Cualquier número de pandilleros podría tomar venganza, y Calderón se preocupan acerca de si el dispositivo de seguridad, que se reduce después de que termine su mandato, hace vulnerables a su esposa, sus dos hijos y su hija”, dice el corresponsal.
“Luego están los potenciales problemas legales. Los adversarios políticos tratan de presentar cargos de violaciones de derechos humanos. En noviembre pasado, activistas de derechos humanos mexicanos -que lleva una petición con más de 23,000 firmas- viajaron a La Haya, en Países Bajos, para solicitar al Tribunal Penal Internacional investigar si Calderón podría ser juzgado por crímenes de guerra a raíz de su lucha contra la delincuencia organizada. El fiscal jefe del tribunal dijo que ‘tomará una decisión a su debido tiempo’”, agrega.
En México, este mismo debate ha arreciado. Algunos dicen que la residencia de Calderón después del 1 de diciembre sería Washington. Otros España o Canadá. Unos más, que Inglaterra, en donde Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública, ex director del organismo de inteligencia Cisen y ex procurador general de la República es embajador.
Apenas en diciembre, citando la demanda contra el ex presidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal, el ex canciller Jorge Castañeda escribió: “Si algunos familiares de algunas víctimas de una masacre [en Acteal] de 47 personas pudieron, al término de 14 años, integrar finalmente un expediente, encontrar abogados y presentar una demanda de 53 páginas, ¿qué no podrán los familiares de más de 50 mil víctimas en los primero días del siguiente sexenio? Si el entonces ex presidente Felipe Calderón, o los ex comandantes del Ejército o los ex responsables de las policías federales o estatales deciden en algún momento residir en algún país donde rigen leyes semejantes a las de Estados Unidos, o en Estados Unidos mismo, el universo de demandantes potenciales es demasiado extenso para que no vaya a suceder algo”.
“Conviene subrayarlo –agrega Castañeda–: nadie dice que Calderón, los militares o los funcionarios civiles deban ser juzgados por violaciones a los derechos humanos en tribunales internacionales, ya sin hablar de cortes mexicanas. Esa eventualidad es remota o francamente imposible. Lo que no es improbable, o más bien resulta casi seguro, es que por distintos motivos —políticos, de animosidades y agravios personales, o de dolor auténtico por pérdida de seres queridos— se generen intentos más o menos responsables, más o menos exitosos, de este tipo de juicios. Es un costo más de esta guerra fallida”.
El periódico El Universal publicó apenas el 16 de enero pasado en la columna Bajo Reserva: “El presidente Felipe ha confirmado a su círculo cercano que analiza la posibilidad de radicar en el extranjero una vez concluida su gestión, en diciembre próximo. Es sabido que la búsqueda de una nueva casa es conducida por Margarita Zavala. Una primera alternativa la constituyen diversas ciudades de Estados Unidos, y ya han existido señales desde Washington en el sentido de que ven bien tal posibilidad. Pero no se desecha a España como opción. Algunas instituciones académicas y multilaterales han tenido igualmente expresiones de interés para un acercamiento con el mandatario mexicano, lo que puede modificar la sede final de lo que sería su lugar de residencia al menos en los próximos años”.
René Avilés Fabila publicó en La Razón un seguimiento de esa misma noticia, el 18 de enero: “La presidencia de Calderón concluye entre mil dificultades: tuvo que explicar que su trabajo no sólo está concentrado en la guerra contra el crimen organizado, que hace otras cosas, las enumera y a pocos convence. Así como recordamos a Díaz Ordaz por su actitud criminal contra los estudiantes y aceptamos que López Portillo y Echeverría fueron demagogos perfectos, a Calderón le aguarda un futuro ingrato: no deja buenos recuerdos y sí miles de deudos esparcidos por el país”.
Francisco Rodríguez agregó, en una columna de las mismas fechas: “De nada servirá el cuartel de invierno (político) que en la capitalina colonia Las Águilas –un terreno de 1 mil 940 metros cuadrados sobre el que hay varias residencias, un edificio de departamentos incluso– ha venido agregando a su patrimonio familiar el michoacano. Lo más probable es que quede vacío los próximos años… aunque existe la esperanza de que tal pueda ser el domicilio en el que la justicia le arraigue para ser juzgado por los crímenes de su estúpida guerra, la violación de los derechos humanos, el genocidio del que son víctimas indígenas y habitantes de zonas rurales a quienes se da asistencia sólo para que tengan la fuerza suficiente para acercarse a las urnas a votar por sus ‘benefactores’”.
“Está claro que la ex presidencia de Calderón será como pocas o como ninguna. Es evidente que, al dejar el cargo, será perseguido como pocos presidentes mexicanos. La pregunta es si el propio Estado garantiza —a él o a cualquier otro— la seguridad de su vida, la de su familia y de sus bienes”, escribió hace unos días Ricardo Alemán en Excélsior”.
Hasta ahora, ni el presidente, ni Margarita Zavala, ni la residencia oficial de Los Pinos han aclarado si Calderón está buscando refugio en el extranjero. Las autoridades federales son extremadamente sensibles a estos temas. La ausencia de respuesta parece confirmar que la familia Calderón sí busca un lugar fuera de México para vivir.
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