Cunde la desesperación, expresan
Molestos, varios habitantes de esa localidad retienen a 66 soldados y los liberan por la noche
Es imposible la estabilidad con tanta violencia y sin fuentes de empleo, advierten
Michoacán, en grave caos que puede propiciar un estallido social: empresarios
Dicen estar entre dos fuegos: el de los criminales y el de delincuentes vestidos de policías
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 10
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 10
Representantes de varios sectores productivos y de la sociedad civil de Michoacán exigieron al presidente Enrique Peña Nieto poner especial atención a lo que ocurre en la entidad, pues el clima de violencia e inseguridad que prevalece desde hace tiempo puede derivar en un estallido social.
En conferencia de prensa, más de una veintena de productores del campo, académicos y profesionistas, representantes de comunidades indígenas y de organizaciones civiles, así como empresarios del sector turístico y de la construcción se dijeron desesperadospor la situación de violencia y la desaceleración económica que ha generado en prácticamente todas las actividades de la entidad.
Señalaron que la política de seguridad aplicada por la administración del presidente Peña y la anterior, de Felipe Calderón, son muy similares, pues se han centrado en el envío de elementos policiacos y militares, cuando lo que necesita el estado son acciones concretas, recursos económicos y políticas públicas eficaces que restablezcan la planta productiva.
En medio de esta situación, en la que se combina la violencia y la falta de empleo y de oportunidades para la gran mayoría de la población, será imposible sostener la estabilidad social del estado, dijo Sotero Samuel Fernández, ex vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción sección Michoacán.
Por su parte, Tito Fernández Torres, presidente del Movimiento Paz y Dignidad, que agrupa a 40 asociaciones civiles, aseguró que Michoacán
vive un verdadero caos, en una situación extremadamente grave. Además, reprochó que en sus casi nueve meses de iniciado su gobierno, el presidente Peña Nieto no ha realizado una sola gira por la entidad.
Además, varios representantes de los productores de aguacate admitieron en la conferencia que son obligados a pagar
derecho de pisoa la delincuencia para poder comercializar su producto. El pago es de mil pesos por hectárea.
No lo hacemos (el pago) porque queramos, pero con eso ya no nos roban y dejan que vendamos nuestro producto, dijo el pequeño productor originario de Uruapan, quien para este caso pidió omitir su nombre.
En tanto, Miguel Urbina, prestador de servicios turísticos, y Bulmaro González López, restaurantero de Apatzingán, señalaron la caída dramática de las actividades económicas en general, y de manera particular la turística, pues
no hay libre tránsito de las personasdebido a la violencia.
De igual forma, participaron entre otros, el presidente del comisariado indígena de San Juan Nuevo, Ambrosio Ruiz Soto; Hugo Domínguez, académico, y Arturo Galván, del Colegio de Abogados de Uruapan. Este último señaló que los empresarios y los ciudadanos se encuentran a dos fuegos:
el fuego de las actividades criminales y el fuego de los delincuentes vestidos de policías que no han dejado de atropellar los derechos de los ciudadanos.
La PGR obtuvo el mandamiento judicial con fines de extradición
Sería puesto a disposición de una corte en California por varios delitos
Ya no podrá ser enjuiciado por la muerte del agente de la DEA
EU habría hecho la solicitud un día después de la liberación del capo
Ordena juez aprehender a Caro Quintero con fines de extradición
Ya no podrá ser juzgado por la muerte del agente Camarena, de la DEA
Rafael Caro Quintero en la rejilla de prácticas del Reclusorio Norte de la ciudad de México, en abril de 1985
Foto Xinhua
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 12
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 12
Un juez federal libró orden de localización y detención con fines de extradición contra Rafael Caro Quintero. En cuestión de horas y con base en el argumento de obvia urgencia, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y obtuvo ayer el mandamiento judicial.
Con ello, las autoridades mexicanas deberán buscar y aprehender al ex líder del cártel de Jalisco para que sea puesto a disposición de una corte en California, Estados Unidos, y sea juzgado por diversos delitos, informó la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam.
Versiones extraoficiales señalaron que Estados Unidos envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el sábado pasado –un día después de que Caro Quintero recuperara su libertad–, pero apenas ayer la procuraduría recibió la petición e inmediatamente le dio trámite.
La PGR no reveló qué juzgado federal libró el mandamiento judicial ni si presentará un recurso de revisión contra la sentencia que pemitió que Caro Quintero recuperará su libertad la semana pasada, luego de 28 años de prisión –estaba condenado a 40–, ni los delitos de que se acusa al capo, quien ya no podrá ser enjuiciado por el homicidio del agente estadunidense Enrique Camarena Salazar.
De acuerdo con el tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, una vez que Caro Quintero sea detenido, el gobierno de aquel país tendrá 60 días para formalizar su solicitud de extradición. Asimismo, deberá entregar al juez que autorizó la aprehensión un expediente en el cual constarán los delitos que se le imputan y las pruebas que posee la autoridad que lo solicita.
El juez mexicano deberá iniciar un proceso para determinar si es procedente la extradición, para lo que deberá revisar que no haya sido juzgado en territorio nacional por los delitos por los que es solicitado, y que no se le impongan castigos que incluyan cadena perpetua o pena de muerte.
Desde hace 28 años, Caro Quintero es considerado uno de los hombres más buscados por las autoridades estadunidenses, luego de ser acusado de participar, en 1985, como uno de los autores intelectuales y materiales del homicidio de Camarena Salazar, elemento de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que operaba en la zona norte de México.
Camarena Salazar, originario de Baja California, México, se convirtió en agente encubierto de la DEA, y con apoyo de Alfredo Zavala, piloto aviador que trabajaba para la Secretaría de Agricultura, descubrió el rancho El Búfalo, en el estado de Chihuahua, que tenía una extensión de mil hectáreas y en el que laboraban más de 700 jornaleros y se almacenaban más de 10 mil toneladas de mariguana.
Ese hallazgo provocó que los líderes del cártel de Guadalajara, organización en la cual Caro Quintero era uno de los jefes, ordenaran –según las investigaciones de la época– que el agente de la DEA y el piloto fueran privados de la libertad por los narcotraficantes, torturados y asesinados en la ciudad de Guadalajara, en febrero de 1985; sus cadáveres fueron descubiertos un mes después en el poblado de La Angostura, en Michoacán.
Caro Quintero huyó a Costa Rica, donde fue detenido en abril de 1985; desde entonces estuvo en prisión y se le iniciaron seis procedimientos penales.
La semana pasada, tribunales federales, con sede en Jalisco, sobreseyeron cuatro de los procesos penales contra el capo; es decir, dejaron sin efecto las sentencias impuestas en los juicios por delitos contra la salud y por los homicidios de cuatro personas, entre ellos los de Camarena Salazar y Alfredo Zavala, por haber sido juzgado por una autoridad incompetente.
En otra de las causas se le absolvió, y en la sexta se le condenó a 15 años, y como ya había pasado más tiempo en prisión, salió libre del Reclusorio Preventivo Estatal, en Puente Grande, Jalisco. Su caso se resolvió en el mismo tribunal que durante 15 años le concedió amparos directos que lograron llevarlo de cárceles de alta seguridad a una de mediana, resoluciones que también allanaron el camino para su liberación.
El primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, con sede en Jalisco, resolvió amparos cruciales en el proceso judicial que se siguió al narcotraficante sinaloense, como el de abril de 1997, cuando le otorgó uno directo para anular la condena de 40 años dictada en 1988 por el secuestro y homicidio del agente de la DEA y del piloto Zavala, expediente que se llevaba en el juzgado cuarto de distrito en materia penal de Jalisco, con número 224/95.
Más tarde, unos careos que no se desahogaron fueron motivo para que ordenara la reposición del procedimiento. Ante ese amparo, hubo rumores sobre la posible salida de prisión de Caro Quintero que obligaron a la PGR a emitir un comunicado para desmentir las especulaciones y señalar que la resolución no alteraba otras pruebas ofrecidas por la fiscalía para condenar al capo, entre otros.
Con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal
Durante 10 horas El Cairo vivió momentos de terror ante un feroz ataque perpetrado por las fuerzas de seguridad en contra de simpatizantes islamitas del derrocado presidente Mohamed Mursi. La agresión armada provocó un saldo de al menos 278 muertos y centenas de heridos. El fuego de ametralladoras alcanzó a dos periodistas, uno británico y una egipcia, quienes perdieron la vida. La comunidad internacional reprobó el exceso de fuerza usado contra la población civil y pidió restablecer los derechos humanos básicos
Foto Ap
Visos de guerra civil
Brutal represión en Egipto
Ejército y policía atacan a islamitas; hay al menos 278 muertos
Desmantelan campamentos de seguidores de Mursi; dimite el viceprimer ministro El Baradei
Detienen a los principales líderes de la Hermandad Musulmana
Seguidores del derrocado presidente islamita Mohammed Mursi capturan un vehículo de las fuerzas de seguridad del gobierno de Egipto, frente al Ministerio de Finanzas, en El Cairo
Foto Ap
Alastair Beach
The Independent
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 2
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 2
El Cairo, 14 de agosto.
Mientras en torno al sitiado campamento islamita atronaba el fuego de ametralladoras este miércoles, un chico de 12 años, llamado Omar, estaba sentado en un colchón bebiendo jugo de naranja. A unos metros, los cuerpos de 31 manifestantes yacían en el sucio suelo, con gruesos manchones de sangre.
Muchos habían recibido disparos en la cabeza y el pecho con balas de alta velocidad; los labios retorcidos delataban los espasmos de la agonía.
Al preguntarle cómo se sentía al presenciar tales escenas, el muchacho, que llevaba tenis Puma y jeans azules, se quedó mudo unos segundos; parecía confundido. Luego, con candor infantil, comentó:
No es muy agradable.
Cualquiera que haya sido el objetivo del Estado egipcio al lanzar este ataque tan anunciado, los cientos de niños que se escondían dentro del campamento no olvidarán la ferocidad de un gobierno que ahora ha declarado la guerra a los islamitas del país.
Los líderes egipcios han puesto en marcha una serie de sucesos cuyas consecuencias son impredecibles. Enfrentamientos a muerte se reportaban en provincias de toda la nación, donde al parecer se produjeron ataques en represalia a estaciones de policía, instituciones gubernamentales e iglesias coptas. Hubo decenas de muertos, cientos de heridos.
Un indicio de hasta dónde esta ofensiva gubernamental afectará la transición política es que Mohamed El Baradei, premio Nobel, renunció al cargo de viceprimer ministro en señal de protesta. El gobierno interino ha impuesto el estado de emergencia, que durará un mes, y un toque de queda. Se informó que agentes de seguridad detuvieron a los principales líderes de la Hermandad Musulmana, entre ellos Mohammed Beltagy, cuya hija de 17 años fue asesinada en meses recientes.
Dentro de la mezquita de Rabaa Adawiya, ubicada en el corazón del campamento, en el este de El Cairo, bebés lloraban aferrándose a sus madres mientras el fuego de ametralladoras ardía a su alrededor. En el centro de la sala de oraciones, tendidos sobre la alfombra entre cientos de mujeres y niños pequeños bajo el calor sofocante, habían colocado 10 cuerpos uno junto a otro, rodeados con un cordón.
Una niña de siete u ocho años, que vestía pantalón color de rosa y playera, se abrió paso de un lado a otro de la mezquita saltando entre los cadáveres.
La policía y el ejército no entienden más lenguaje que la fuerza, expresó Jalid Mosén, un ingeniero de 50 años que estaba atrapado aquí.
Quieren matar a todos los que tengan opiniones adversas a ellos.
Dado el poder de fuego desatado contra los manifestantes, a muchos islamitas les resultaría difícil ver las cosas de otro modo.
Según testigos, el fuego comenzó por la mañana, a eso de las seis, cuando las fuerzas de seguridad que rodeaban el lugar lanzaron su feroz ataque. En otro campamento ubicado en el oeste se ordenó una operación similar.
Hacia el final de la tarde continuaban los disparos. Pesadas descargas de ametralladoras semiautomáticas resonaron todo el día en suburbios cercanos. Si hubo alguna tregua, fue breve. Durante unas 10 horas, los partidarios de Mohamed Mursi fueron sujetos a una continua lluvia de fuego.
Por la calle Nasr, la principal vía que cruza el campamento, silbaban disparos de francotiradores; en edificios cercanos se escuchaba el continuo tableteo de ametralladoras; por entre el laberinto de tiendas de campaña sonaban persistentes balaceras.
Un médico del hospital, quien sólo dio su nombre, Ahmed, dijo que ni siquiera la invasión israelí en Gaza de 2008 llegó a estos extremos.
Durante la batalla trabajé allá como médico. En 12 días de combates en Gaza hubo menos muertos que en seis horas acá.
Entre el vertiginoso caos de la masacre –la tercera perpetrada contra islamitas egipcios en poco más de un mes–, es difícil encontrar cifras confiables. Según el Ministerio de Salud, se han confirmado 278 muertos, pero es posible que el número sea mucho mayor. El doctor Hisham Ibrahim, jefe de la clínica de campo en Rabaa Adawiya, dijo a The Independent que habían perecido cientos de personas.
Sea cual fuere la cifra final, el flujo constante de manifestantes desfigurados, perforados por las balas, hace imposible guardar los cuerpos en forma adecuada. En una sala que en las dos matanzas anteriores fue usada como anfiteatro había 42 cuerpos apretujados en el suelo. Conforme se desenvolvía la matanza se improvisaron otras zonas como casas de la muerte.
Detrás de la plataforma estaban tendidos 25 cadáveres envueltos en mortajas blancas, sin refrigerar, bajo el quemante sol de agosto.
Es un genocidio, afirmó el doctor Yehia Makkayah, del hospital de Rabaa.
Quieren desaparecernos del país. Nunca imaginé que egipcios mataran a egipcios con armas como éstas. Era tal el caos en el hospital, que un área de recepción del segundo piso se utilizó como morgue para guardar 26 cuerpos. Un piso más arriba, en un minúsculo almacén, yacían otros dos cadáveres sobre charcos de sangre. Corredores de menos de un metro de ancho estaban tapizados de docenas y docenas de heridos. Los pacientes más afortunados eran alimentados gota a gota por algún amigo o pariente, e incluso algunos tenían el lujo de una cama. Los pisos estaban pegajosos de sangre y vómito.
La gran cantidad de muertos y moribundos hacía imposible transitar por la escalera principal. Manifestantes heridos, la mayoría derribados por armas de fuego, eran llevados en brazos a los quirófanos.
Los soldados son los perros de los israelíes, afirmó Mohamed Mostafá, veterinario que guardaba vigilia junto a la cama de su cuñado, un hombre de 36 años al que una bala le destrozó la espina dorsal.
No son egipcios.
En el anfiteatro principal, junto a la clínica de campo, Malik Safwat, la madre de una víctima de 16 años, luchaba por llegar hacia él entre hileras de cadáveres.
¡No mueva ese cuerpo!, gritó uno de los asistentes del anfiteatro a un voluntario que trataba de abrirle paso.
Mueva uno más ligero. Por fin la madre llegó hasta su hijo, y con lágrimas en los ojos se puso a sacudirle la rodilla derecha de un lado a otro, como tratando de despertarlo. También llegó la hermana del muchacho.
¡Mi amor!, murmuraba temblorosa.
¿Por qué, mi amor?
A eso de las 5 de la tarde, los servicios de seguridad habían ganado acceso al hospital y retiraban a todos hacia calles de los alrededores. Miles de personas comenzaron a salir del campo, mientras los buldózeres de la policía avanzaban para destruir las tiendas que quedaban en pie.
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya
Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante un recorrido con funcionarios de su administración por el Centro de Salud T-III, en la delegación de Iztapalapa. Detrás, el secretario capitalino del ramo, Armando Ahued Ortega
Foto Roberto García Ortiz
Incluye cambiar el nombre Distrito Federal por el de Ciudad de México y tener ley suprema
Modificar la Constitución, plantea Mancera en proyecto de reforma
Nueva redacción del artículo 122 reconocería su autonomía y como capital del país y sede de los Poderes de la Unión
Propone que en las 16 delegaciones exista un órgano supervisor
Alejandro Cruz
Periódico La Jornada
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 29
Jueves 15 de agosto de 2013, p. 29
La propuesta de reforma política del Distrito Federal que presentó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, considera que en cada una de las 16 delegaciones exista un órgano colegiado con la función de supervisar y evaluar a esos gobiernos, así como el ejercicio del gasto público.
Los integrantes de dicha instancia, señala el documento en su propuesta de reforma al artículo 122 de la Constitución, serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, y en dicho proceso podrán participar ciudadanos de manera independiente, los partidos políticos nacionales y con registro local, al igual que en el caso de los jefes delegacionales, quienes serán electos por votación universal, libre, secreta y directa, como hasta ahora.
La iniciativa, que el martes pasado entregó el titular del Ejecutivo local a la dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluye el cambio de nombre de Distrito Federal por el de Ciudad de México, con su propia constitución como ley suprema local.
La propuesta plantea una nueva redacción del artículo 122 constitucional: que la ciudad de México es la capital del país y sede de los Poderes de la Unión y
goza de autonomía en lo concerniente a su régimen interior, organización política y administrativa.
Agrega que la ciudad adoptará un régimen de gobierno republicano, democrático, representativo, popular y laico, el cual estará a cargo exclusivamente de sus poderes locales en los términos y modalidades fijados en su constitución, la cual definirá la división territorial y organización político administrativa, con las siguientes bases:
Administración pública centralizada, desconcentrada y paraestatal; hacienda pública unitaria, con mecanismos de coordinación con las autoridades federales, estados y municipios de la zona metropolitana; con organismos constitucionales autónomos, entre otras disposiciones.
Para la elaboración de la constitución local, en los artículos transitorios se propone la formación de una asamblea constituyente, que deberá ser instalada y empezar sus trabajos el 15 de mayo de 2014 –en la que la Junta de Coordinación Política del Senado participará como órgano garante–, y concluirlos a más tardar el 31 de agosto de ese mismo año con la publicación del ordenamiento legal.
Asimismo, estipula que
es facultad exclusiva del jefe de Gobierno capitalino elaborar y remitir el proyecto de constitución política para la ciudad de Méxicoa la asamblea constituyente, a más tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación, para que la discuta, modifique, adicione y apruebe.
Una vez expedida la constitución, Mancera Espinosa propone que no podrá ser vetada por ninguna autoridad y deberá ser promulgada y publicada en la Gaceta Oficial de la ciudad de México.
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