Nueva narrativa laboral escénica del peñismo- Derechos humanos y empresas trasnacionales- Caro Quintero: plata o plomo 2.0

Nueva narrativa laboral escénica del peñismo

Gustavo Leal F.*

El secretario Navarrete Prida no modifica la realidad laboral generada por 30 años de políticas económicas estabilizadoras, pero sí pone al servicio de la administración Peña una alteración mediática de su percepción.

 

Con la contrarreforma laboral aprobada por PRI-Peña en noviembre 2012 –disponiendo un México para los inversores y que hunde el futuro de los jóvenes en el mundo sin contrato, bajos salarios, tercerización y precariedad–, Navarrete publicita la democratización de la productividad, así como la instauración del seguro de desempleo temporal, mientras enmascara la realidad laboral con tres acciones escénicas: la firma del convenio de protección social básica con la OIT, que enmarca el pistoletazo de salida para el seguro universal mínimo de Peña; el hueco Programa para la formalización del empleo 2013, y una modernización –en el papel– del discurso oficial sobre el mundo del trabajo.

El 17 de junio suscribió con la OIT un convenio de cooperación para promover la aplicación de un piso de protección social, el primero que se firma en América Latina. Según Navarrete éste responde a transformaciones y retos en el mundo del trabajo y permitirá desarrollar nuevas ideas y proyectos viables. ¿Busca barnizar de internacionalidad el seguro universal mínimo de Peña que eleva impuestos (IVA) mientras reduce prestaciones a tres derechos exigibles básicos: atención a la salud, seguro de desempleo y pensión para el retiro?

Elizabeth Tinoco de la OIT-América Latina lo había expresado antes como un desafío que busca cobertura universal prestando servicios esenciales, por ejemplo en salud. ¿Como los ya tecnocráticamente racionados paquetes esenciales del Seguro Popular?

Ante los devastadores impactos de la subcontratación y esquivando las prestaciones integrales del IMSS-Issste, la narrativa escénica de Navarrete responde usando el piso básico de la OIT para legitimar el sótano básico de protección social del seguro universal en que confina a los jóvenes la tercerización. El convenio ya fue asumido por la UNT, CTM y CROC.

El Programa de formalización del empleo 2013 carece de metas precisas, aunque pretende aligerar las cargas patronales. Nuevamente la realidad es el subsidio a la informalidad, que Peña presenta como una salida falsa (vía el Seguro Popular) aunque, con la misma política económica es, más bien, un recurso de sobrevivencia. Ciertamente es una salida falsa para las firmas que recurren a la tercerización incrementando la informalidad al negar la debida contratación a sus trabajadores.

Pero la narrativa escénica de Navarrete se reduce a un juego de palabras hueras: La informalidad laboral es una de las principales causas de la baja productividad. El trabajo decente que se desarrolla en condiciones de libertad, con protección social y bajo la tutela de la ley debe estar al alcance de todos los mexicanos, palabras que van justo en el sentido contrario de lo que impuso la contrarreforma laboral de Peña de 2012. Al presentar el programa lo siguieron alegremente en esa narrativa huera los responsables del IMSS, Coparmex, CROC y Conago.
 

El programa no aclara el contenido de su estrategia: todos los trabajadores formalizados ¿tendrán sólo un registro ante Hacienda? ¿Dispondrán del paquete integral IMSS o el restringido del Seguro Popular? ¿Contarán con acceso efectivo a todo el derecho humano constitucional a la seguridad social o sólo al piso básico de la OIT y los tres reducidos derechos exigibles del seguro mínimo universal de Peña? ¿Serán basificados, regularizados o subcontratados?

 

Y con el programa efectista a todo lo alto, Navarrete apenas oferta sacar de la informalidad a 200 mil trabajadores durante 2013, sin precisar cómo. También declara que actuará sobre una difusa población objetivo (definida con la metodología de la OIT para medir la informalidad): 2.5 millones de trabajadoras domésticas, 6.6 millones de trabajadores informales que laboran en empresas formales y 6.2 millones de trabajadores agrícolas. Y, ¿cómo? Para las domésticas se propone un incentivo para la autogestión: que el patrón pague la seguridad social del trabajador; pero que el alta sea voluntaria, a fin de que cuando pase a otro trabajo se lleve su seguro social!

 

Por lo que toca a la modernización del discurso oficial sobre el mundo del trabajo, Navarrete invoca como núcleo duro de la política federal, justo lo contrario de lo que impuso Peña en su contrarreforma laboral.

 

Mientras reconoce que sólo el gobierno contabiliza 20 por ciento de informales y Joel Ayala Almeida asume que en instituciones públicas laboran “cerca de 100 mil, su narrativa escénica se atreve a afirmar –en Moscú y ante los agentes sociales del G-20– que una economía sana es fundamental para mantener controlada la inflación, pero no al precio de perjudicar a la población. No puede haber crecimiento económico donde se concentre el capital en manos de unos cuantos.

 

Simultáneamente Navarrete se llena la boca con ofertas abstractas en pro del trabajo decente –tomando la terminología ad hoc de algunos agrupamientos sindicales de avanzada– como materia prima para barnizar su discurso modernizador.

 

Frente a los grandes retos del mundo del trabajo, esa narrativa escénica emergente es propaganda. No resuelve, pero le imprime un reluciente –aunque extremadamente frágil– rostro de cristal al peñismo. En vez de fomentar y alentar el gran debate nacional que se requiere, Navarrete está empeñado en publicitar la retocada fotografía de un viejo buque rebarnizado, como si se tratara de una política federal nueva, límpida y en impresión digital.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Fuente: la jornada opinión

 

Caro Quintero: plata o plomo 2.0

Simón Vargas Aguilar*

Tras haber pasado 28 años en prisión, Rafael Caro Quintero obtuvo su libertad en la madrugada del pasado 9 de agosto gracias a una serie de fallas procesales por las cuales el primer tribunal colegiado de Guadalajara resolvió el juicio de amparo 180/2011 en el que determinó el sobreseimiento de cuatro cargos –entre ellos el del secuestro y asesinato del agente de la agencia antidrogas estadunidense (DEA), Enrique Camarena Salazar, y el funcionario de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, en 1985–, así como la absolución del delito de asociación delictuosa.

 

En el caso de los cargos por el homicidio de Camarena, la estrategia legal de la defensa de Caro Quintero se basó en el argumento de que su cliente fue indebidamente juzgado en el fuero federal, ya que no se logró acreditar que el agente de la DEA era funcionario de la embajada de Estados Unidos con autorización del gobierno mexicano para realizar labores de investigación, ni que entre las funciones de Zavala como servidor público estuviera el apoyo a las labores que realizaba el estadunidense, razones por las cuales el juicio correspondía al fuero común.

La decisión del segundo tribunal unitario de Jalisco, de dictar auto de libertad a Caro Quintero generó gran cantidad de reacciones de diversos funcionarios, agencias y del propio gobierno de Estados Unidos, y es que el asesinato del agente Camarena, sucedido hace casi tres décadas, llevó a la relación bilateral entre ambos países a uno de los momentos de mayor tensión, ya que para el gobierno estadunidense los ataques en contra de sus funcionarios en el extranjero son inadmisibles y cuando llegan a suceder, hacen hasta lo imposible para que la justicia llegue contra los involucrados.

En ese sentido, el viernes pasado la DEA publicó un comunicado en su página web en el que señaló estar profundamente atribulada y aseguró que continuará vigorosamente con sus esfuerzos para asegurarse de que Caro Quintero enfrente en Estados Unidos los cargos por los crímenes cometidos, en tanto, el Departamento de Justicia se dijo extremadamente contrariado por la decisión y refrendó su interés para extraditarlo.

Por su parte, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, expresó: Estamos tan decididos a que Caro Quintero afronte la justicia en Estados Unidos como lo estábamos inmediatamente después del asesinato de Camarena. Mientras el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Michael McCaul calificó la liberación del narcotraficante como insultante y señaló que esta no es una buena señal para el nuevo gobierno.

Asimismo, James Kuykendall, quien fue supervisor de Camarena en Guadalajara, dijo sentirse enfadado y muy disgustado por la liberación, y aseguró que el agente contaba con la autorización de Estados Unidos y que el gobierno mexicano estaba enterado de ello. El presidente de la Asociación de Antiguos Agentes Federales Narcóticos, Joe Gutensohn expresó: Esto es sólo otra cachetada más a nuestros esfuerzos para detener el tráfico de drogas en México. Finalmente, el director regional de la DEA en México en 1985, Edward Heath, fue contundente al señalar: Todo el mundo está feliz, empresarialmente.
 

Y es que en este contexto parece que el poder de facto está superando al poder de jure, que en la riqueza, el uso de la fuerza y la violencia encuentran la oportunidad para conseguir lo que quieren. La lógica plata o plomo de los narcotraficantes –bajo la cual actuaba Caro Quintero– ha favorecido la corrupción a través del soborno e incrementado el terror y la intimidación. “Si usted no hace lo que le pido le voy a matar al papá, la mamá, los tíos, la abuelita… y si la abuelita está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar”, así persuadía Pablo Escobar Gaviria a jueces y funcionarios.

 

Ante este panorama, desconocemos cuáles pueden ser las consecuencias de este hecho en el contexto de la relación bilateral; no obstante, debemos considerar como principales antecedentes las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos tras el asesinato de su agente: el sorpresivo cierre unilateral de la garita Tijuana-San Ysidro, por algunas horas, y la posterior operación de intercepción que implicó la revisión exhaustiva de vehículos y personas que cruzaban a Estados Unidos; la orden de la DEA a sus oficinas en todo el mundo por la cual todas las llamadas de México deberían ser consideradas comprometedoras, y la presión de la prensa y los medios de comunicación, como el libro El imperio subterráneo, escrito en 1986 por James Mills en el que se exhibió la connivencia que existía entre el narcotráfico y el gobierno, e inclusive, el videohome producido por NBC en 1990 Drug War: The Camarena Story.

 

Si bien el día de ayer el gobierno estadunidense formuló a la PGR la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Caro Quintero –quien fue ubicado nuevamente en el primer lugar de la lista de los delincuentes más buscados por la DEA– por posibles cargos de lavado de dinero, fraude y cohecho, lo cierto es que su liberación, podría generar nuevos desencuentros entre ambos gobiernos si no se logra cumplimentar dicha detención, a efecto de que el narcotraficante sea llevado ante la justicia estadunidense.

 

* Presidente de Educación y Formación con Valores AC y analista en temas de seguridad, educación y justicia

Twitter: @simonvargasa

Facebook: simonvargasa

simon.9@prodigy.net.mx

Fuente: la jornada opinión

 

Derechos humanos y empresas trasnacionales

Miguel Concha

En medio de contradicciones a escala global, los derechos humanos se enfrentan a nuevas dificultades en su cumplimiento. En México conocemos cantidades impresionante de casos en los que las empresas, sobre todo trasnacionales, hacen que se violenten derechos humanos de comunidades enteras con sus actividades. Es entonces urgente ampliar las estrategias para su defensa y exigir las obligaciones que el Estado tiene de protegerlos en todas sus políticas.

 

Hace algunos días se convocó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a un encuentro entre empresas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades a las que se les violentan sus derechos, y representantes del gobierno para reflexionar sobre la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PREDH), emitido por la Organización de Naciones Unidas en 2011. En ese instrumento se propone a las firmas que reconozcan como parte de su estrategia 10 principios de conducta relacionados con la observancia de los derechos humanos, laborales, medioambientales y la lucha contra la corrupción, además de que colaboren en la reparación de daños causados por sus actividades contra personas o pueblos.

Sin embargo, tales propuestas no tienen carácter vinculante para los Estados y mucho menos para las compañías, lo que las coloca entre uno más de los documentos soft law del sistema internacional de derechos humanos; es decir, criterios aleatorios, meramente orientadores, lo que constituye un serio obstáculo para su cumplimiento y, lo que es peor, para el fortalecimiento de las obligaciones de los Estados en relación con los derechos humanos de las personas.

Con los PREDH la ONU da cuenta del grave impacto que desde la década de los años 80 trajo consigo la impresionante expansión mundial del sector privado, y del correspondiente aumento de la actividad económica trasnacional sobre las comunidades. En nuestra área, los pueblos indígenas y campesinos han sido los principales afectados por este embate, ya que están siendo despojados de su patrimonio natural común y de su autodeterminación, y en muchas ocasiones se han visto desplazados de sus territorios, violentándose así sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

La falta de rendición de cuentas en el respeto de los derechos sociales por parte del Estado, junto con la ausencia de transparencia en las corporaciones trasnacionales y su ineficaz regulación en las instituciones financieras internacionales, hace indispensable exigir mayor contundencia en los instrumentos jurídicos, para obligar a los Estados a respetar y proteger a las personas que habiten o transiten por su territorio. Pero también para que se hagan responsables de las empresas que se adscriben a su jurisdicción y realizan actividades económicas en otras regiones, y las regulen para que actúen con la debida diligencia, evitando así violentar los derechos humanos en esos otros países. Estas obligaciones difícilmente se realizarán mientras el Estado se adelgace y repliegue frente a las grandes corporaciones. Y será todavía más difícil que las violaciones a los derechos humanos cesen mientras no construyamos e impulsemos alternativas al mito del progreso y, por tanto, a la compleja noción de desarrollo.
 

Por lo pronto, incumbe a los Estados respetar y proteger los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras, así como reparar las violaciones que se producen. Respecto a esto, redes de organizaciones internacionales, como el Consorcio ETO, han comenzado a desarrollar y a proponer lo que denominan Obligaciones Extraterritoriales de los Estados (ETO) en el campo de los derechos sociales.

 

Esta red de académicos, representantes de organizaciones civiles y ex funcionarios de Naciones Unidas ha generado los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados en el área de los derechos económicos, sociales y culturales, expedidos por la ONU en 2011. Su novedad consiste en que con base en el derecho internacional vigente y teniendo en cuenta los anteriores Principios de Limburgo sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y las precedentes Directrices de Maastrich sobre violaciones a DESCA, amplían lo referente a las obligaciones que los Estados tienen también fuera de su territorio. Y se presentan como una posibilidad más para la exigibilidad de los derechos humanos, pues abren la posibilidad de fincar responsabilidades a Estados que no cumplan con sus obligaciones dentro o fuera de sus fronteras.

 

Como defensoras y defensores de derechos humanos tendremos entonces que hacer uso de este otro instrumento, que aunque tiene el mismo carácter no vinculante que los PREDH mencionados, nos lanza a reflexiones y exigencias que antaño no se tenían para que los Estados que toman decisiones en el marco de las organizaciones intergubernamentales, sobre todo de corte económico, se apeguen a estos principios y a todos los instrumentos internacionales que protegen derechos humanos.

 

Las empresas, por su parte, particularmente las corporaciones internacionales, tendrán que respetar de manera amplía los derechos de las personas y pueblos a los que dirijan sus actividades económicas, así como sus decisiones sobre sus territorios, sus estilos y formas de vida, y su organización social y económica. Es irritante que las corporaciones pasen por encima de su dignidad, agravándose esta situación porque no se cuenta con mecanismos efectivos que permitan denunciar sus atropellos y la violencia que causan en colusión con el Estado. Si aspiramos a transformar un mundo en el que el crecimiento económico desmedido es la única brújula, necesitamos nuevas estrategias de defensa frente a las grandes trasnacionales.

Fuente: la jornada opinión