Políticos borrachos y drogadictos- Privatizar lo más público

Políticos borrachos y drogadictos

Por: Juan Pablo Proal - agosto 4 de 2013 - 0:00LOS ESPECIALISTAS, Proal en Sinembargo - 1 comentario

 

No es un escenario irreal: su gobernador en estos momentos puede estar ahogado de borracho, ordenando la encarcelación de un líder social.

En una alteración demoníaca debido a la sobredosis de metanfetaminas, su presidente municipal, aliado de algún grupo del crimen organizado, tomaría el teléfono para decretar el asesinato de una madre que reclama la aparición de su hijo.

El diputado que representa su distrito podría estar inhalando cocaína en el baño del Congreso, mientras aguarda para votar una ley que seguramente no será favorable para el electorado.

Ellos, los dueños del presupuesto, con un par de firmas pueden hacer que toda su descendencia viva en la opulencia. Con una llamada ponen fin a una vida o encarcelan otra. Pueden conducir borrachos sin que el agente de tránsito los detenga. Amos y señores del país, las leyes, nuestros impuestos y pesadillas. ¿Cuántas decisiones estarán tomando desde la inconsciencia, embriagados por alguna sustancia tóxica?

Es bien sabido que los políticos, por regla de convivencia, son por lo regular amigos del alcohol. En sus barrocas y zalameras comidas, donde el abrazo hipócrita es la única forma de saludar sus egos, no faltan las mejores botellas. Es ahí, embriagados de poder, donde no pocas veces toman sus decisiones. A quien desplazar, a quien borrar, a quien encumbrar.

No partimos de suposiciones. La historia ha brindado casos emblemáticos: Churchill, Bill Clinton, Yeltsin y Kim Jong-II. Menos representativos e ilustres tenemos a los mexicanos Emilio González Márquez, piadoso hasta decir salud, el amante del coñac Mario Marín, el siempre enfiestado y jamás noqueado Jorge Kahwagi y el torturado hasta los testículos Félix Salgado Macedonio.

Youtube nos ha regalado preciosas historias de políticos embriagados hasta la lengua, crudos de venganza. Muestra de que el tráfico de influencias no es sólo una práctica común, sino actividad necesaria para perpetuar los excesos que sus patologías requieren para sobrevivir.

En Uruguay, el pasado 6 de julio, el diputado José Carlos Cardoso propuso un análisis antidoping periódico para políticos. Expone en sus motivos:

“Para enfrentar el control del tráfico ilícito y el lavado de activos, es imprescindible que quienes integren instancias de decisión de políticas o tengan la posibilidad de incidir en ellas, o quienes participan en la ejecución de políticas vinculadas con el narcotráfico, con responsabilidades administrativas, relevantes en el campo político o judicial, tengan la libertad de enfrentar su combate sin ningún tipo de condicionamiento.

“Obviamente, si la comercialización está prohibida, quien consume drogas ilegales, necesariamente tendrá alguna forma de contacto con el mercado del narcotráfico, porque hay que comprar y por alguna vía- por más débil que sea- se producirá el contacto. Muchas veces esto genera condicionamientos, que incluso en el Uruguay no lo hemos visto con mucha atención o con mucha claridad, pero se han dado casos de funcionarios que cumplen funciones muy importantes, vinculados a la droga o incluso atrapados por consumo. Si queremos dar una lucha frontal y abierta la tenemos que dar en todos los campos y partir del supuesto de que la relevancia de la función no exime a nadie a estar expuesto al consumo de droga”.

El uruguayo tiene razón. Son esos funcionarios, desde el púlpito de la moral convenenciera dictada por Washington, quienes nos pretenden dar lecciones de buenas costumbres. Vive sin drogas, nos sermonea el establishment, mientras atascan de mierda tóxica la programación oficial. No uses sustancias ilegales, al tiempo que se sientan a pactar con un cártel.

El 10 de enero de 2009 fue publicado el Nuevo Código Electoral del Distrito Federal, en el que se le obliga a los candidatos a puestos de elección popular a someterse a dos pruebas antidoping. Por bizarro que parezca, en Veracruz se tipificó por ley la aplicación de exámenes antidoping periódicos a los funcionarios públicos.

El discurso oficial nos bombardea de publicidad contra el uso de sustancias tóxicas. En honor a la congruencia, los funcionarios públicos deberían someterse de manera periódica y sin previo aviso, a exámenes que nos garanticen que toman decisiones de manera consciente, o, al menos, sin la influencia de sustancias tóxicas y que no son juez y parte en esta, su guerra contra la droga.

Las adicciones a las llamadas drogas duras tienen un sinnúmero de efectos perjudiciales. Abstinencia, ansiedad, impulsividad, ausentismo laboral, violencia, problemas mentales, alteración del estado de ánimo. El adicto, fuera de sí, puede robar y hasta matar para conseguir las sustancias que su organismo exige para sobrevivir.

El abuso de sustancias tóxicas es, además, un problema público estrechamente ligado a una urgente discusión: la necesidad de que exista transparencia respecto al estado de salud de los funcionarios públicos.

Los doctores Pierre Rentchnick y Pierre Accoce estudiaron a varios mandatarios de primer grado; en uno de sus descubrimientos hallaron que el presidente Franklin D. Roosevelt padecía de presión arterial alta, lo que afectó su lucidez durante las negociaciones territoriales en la Segunda Guerra Mundial. De este tamaño es la relevancia de conocer el estado de salud de quienes nos gobiernan.

En Estados Unidos, desde 1972 los líderes de los partidos tienen la obligación de informar sobre el estado de salud de los funcionarios. Si bien existen restricciones sanas y necesarias para proteger la intimidad de los servidores públicos, como la reserva del historial clínico, es imprescindible que los ciudadanos sepamos si nuestros gobernantes están en condiciones intelectuales y físicas óptimas para ejercer su desempeño.

Los contribuyentes tenemos el derecho de saber si nuestros representantes padecen algún padecimiento intelectual, adicción o una alteración súbita que, en un momento de embriagues, aniquile millones de vidas.

 
Twitter: @juanpabloproal
www.juanpabloproal.com
FUENTE: Sin embargo.mx

Privatizar lo más público

Por: Mercedes Llamas - agosto 4 de 2013 - 0:01Llamas en SinEmbargo, LOS ESPECIALISTAS - Sin comentarios

 

¿Qué puede haber más público que la seguridad? Desde mi punto de vista, nada. Parece inminente la privatización de las cárceles, a pesar de los efectos perjudiciales que eso podría tener tanto sobre los internos como sobre sus familiares.

Es evidente que, con excepción de los países más avanzados en cuanto a políticas penitenciarias como los escandinavos, la exportación de políticas públicas no sólo en cuanto a lo penitenciario se refiere, sino en la mayoría de los ámbitos gubernamentales es una tendencia mundial. El problema de exportar políticas reside en las diferencias ideológicas y culturales de cada lugar. No se pueden ni se deben copiar políticas en su totalidad ya que no es lo mismo implementar un programa de tratamiento en externamiento en un país completamente controlado como Finlandia que en México, donde el control y la seguridad están altamente comprometidos.

En este sentido, la moda, penitenciariamente hablando, tiende a la privatización de las cárceles. Estados Unidos es el principal promotor de esta idea, que en ese país ya funciona ampliamente como “Corrections Corporation of America”. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué existe tanto interés en que las cárceles se privaticen? La respuesta más clara es el negocio que esto implica. ¿Qué mejor mano de obra explotable que los internos que se encuentran privados de su libertad?, quienes pareciera que ante la sociedad han perdido todos los derechos humanos existentes. Pocas sociedades se quejarán del hecho de que sus reclusos sean explotados.

En México ya existen indicios de lo anterior. El sistema de alimentación de algunos recintos ya no dependen de la administración pública sino de empresas privadas, sin embargo, creo que la privatización de ciertos aspectos como la alimentación y algunos otros servicios no constituyen el problema principal. Lo que en ningún caso debe ser quitado de las manos públicas son la seguridad interna así como todas las acciones encaminadas a la reinserción social (educación, salud, trabajo y deporte).

La corrupción es uno de los problemas fundamentales que fomentarían que la exportación de este modelo tuviera serios problemas y me atrevo a decir que llevaría al fracaso. Actualmente, cada una de las acciones dentro del sistema se ve inmersa en un continuo proceso lleno de corrupción y de actividades ilícitas. ¿Cómo controlar a los servidores públicos y al personal penitenciario si de pronto dejaran de depender del gobierno y de las autoridades pertinentes y pasaran a la administración privada?

El Estado es el único que tiene la potestad de privar legalmente de la libertad a alguien, por lo tanto es el único que puede y debe cumplir con el mandato constitucional de velar por los derechos humanos de los internos así como fomentar su reinserción a través de la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud y el deporte. Sería completamente incorrecto que privara de la libertad a una persona y a su vez la entregara a la administración privada para que ésta cumpliera con una obligación que no le es competente.

@criminologiamex

FUENTE: Sin embargo.mx