¡Qué falta de grandeza!- Problemas de justicia- Trunca, incoherente, errada, falaz...

¡Qué falta de grandeza!

Adolfo Sánchez Rebolledo

Algunos amigos me hicieron llegar un documento de Pemex que se ha difundido en las redes sociales dirigido a potenciales inversionistas de México y el extranjero (ExpoForo Pemex). Elaborado en julio de 2012, dicho texto es como la otra cara de la moneda del pesimismo oficialista que justifica la privatización en el desastre de la empresa, esa autoprofecía tejida durante años para convencer a los ciudadanos mexicanos de que no hay otro ni mejor camino que volver a abrir las puertas a los capitales privados en la industria energética. Para lograrlo, primero combatieron sin éxito los tabúes constitucionales, injustamente ridiculizados como reliquias incompatibles con la modernidad. Como no tuvieron eco, ahora se cuelgan de las banderas rechazadas, repitiendo –palabra, por palabra, del Peña Nieto para abajo– que la iniciativa presidencial no es más que la vuelta a la visión original cardenista de 1940. El priísmo camaleónico del siglo XXI cree con ello haber hallado la piedra filosofal de la reforma, la justificación ideológica para enterrar el espíritu de 1938 y, en definitiva, todo replanteamiento que insista en fortalecer el papel de la industria petrolera en una perspectiva de verdadero desarrollo nacional, sin cambiar la Constitución (artstículos 27 y 28). El truco de hacer del presidente Cárdenas el autor intelectual de la reforma peñanietista es un recurso inmoral, pues deja sin explicar las difíciles circunstancias internas y exteriores a las que debió enfrentarse el Estado y la naciente empresa pública frente a la voracidad de los capitalistas expropiados, ni tampoco toma en cuenta la astucia del presidente Cárdenas ante el amenazante contexto internacional convulsionado por el horizonte de la guerra. En el fondo, y al revés de lo que plantean, los oficiosos guardianes de la redacción de 1940 del artículo 27 niegan el legado cardenista, su coherencia en la defensa del patrimonio nacional, expuesta, entre otras muchas ocasiones, en la carta al director de Pemex de 1968, publicada aquí por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La campaña mediática de propaganda resultante es demagogia pura, pues al reconocer que el expropiador del petróleo no se oponía en 1940 al concurso de los particulares mexicanos (ni tampoco a la modernización de Pemex) sí alertaba ante quienes pretendían vigorizar los intereses privados que es de presumirse que llegaran a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales. Sabía que las fuerzas interesadas en ello no pararían hasta destruir la obra de la nacionalización. Memorables son, en este sentido, las polémicas libradas por el cardenista Natalio Vázquez Pallares, siendo diputado, contra los contratos de riesgo autorizados por Miguel Alemán y otros saqueadores del patrimonio nacional, los cuales no hubieran cesado de no haberse aplicado las reformas que hoy Peña Nieto quiere eliminar (aunque el contratismo halló su propias vías).

Decía al comienzo que la privatización se quiere justificar en la situación de la empresa. Pero aquí también hay un doble lenguaje, pues, ¡oh sorpresa!, hacia afuera el gobierno ofrece una visión soñada del estado actual de Pemex en el contexto mundial y mexicano, así como en la rentabilidad de las finanzas en Pemex. Como sería imposible resumir en este breve artículo las gráficas y las cifras contenidas en las 24 páginas originales, me limitaré a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, allí se nos hace saber que Pemex ocupa el lugar número 13 entre las principales compañías de América y la posición 34 a escala mundial. Que es, además, el cuarto productor mundial de crudo desde 2008; el tercer exportador de crudo a Estados Unidos y el número 13 en reservas de crudo, una posición fuerte considerando el crecimiento orgánico de la empresa y, ojo, Pemex ocupa el lugar 14 en ingresos, con más de 100 mil millones de dólares por ventas. Más aún, se indica en el texto, “los ingresos de Pemex son equiparables a las cinco empresas con más ingresos en el IPC… mostrando un buena estructura de costos y eficiencia operativa”. Como si se tratara de dar un mentís a quienes se solazan con la crisis de Petróleos Mexicanos, los autores del texto multicitado prefirieron dar una visión contundente sobre su fortaleza al recordar que hoy Pemex invierte más del doble de lo que invierte la empresa mexicana más grande en la Bolsa Mexicana de Valores, adicionalmente Pemex invierte más de lo que invierten todas las empresas mexicanas juntas, listadas en el IPC. Y más adelante: En 2011 los ingresos totales fueron los mayores en la historia de Pemex, producto de la estabilidad de nuestra plataforma de producción, así como por los precios internacionales de los hidrocarburos. Los autores citan a favor, cómo no, a las inefables agencias calificadoras que parecen más entusiasmadas por el futuro de Pemex, entre ellas Standard & Poor’s, cuando recuerda que La calidad de crédito de Pemex se beneficia de las extensas reservas probadas, desarrolladas y no desarrolladas de México, las cuales equivalen a 13.8 miles de millones de barriles de crudo equivalente en reservas 1P, lo cual permite aproximadamente diez años de producción. Como resultado de las intensivas inversiones de capital realizadas por la empresa, la tasa de restitución de reservas probadas alcanzó 101.1 por ciento al 1º de enero de 2012. ¿Entonces? ¿Por qué no darle la oportunidad a Pemex de modernizarse sin el yugo fiscal, eliminando la corrupción y sujetándolo a un régimen de transparencia y rendición de cuentas real? ¿Por qué no insertar las reformas estructurales en una transformación del Estado capaz de actualizar los grandes objetivos nacionales y sociales?
 

Queda claro que la intención del gobierno, al igual que la del PAN, es ofrecer un botín sustancioso para estimular los negocios privados. Esa es la visión dominante, el paradigma de la economía política que está en curso. Si para ello deben parapetarse en la imagen de Lázaro Cárdenas, lo harán sin dudarlo. El gobierno cuenta para ello con el PAN, que quiere poner en la subasta todo lo que sea vendible. Como en su tiempo los brillantes abogados de la derecha ilustrada sirvieron a las compañías extranjeras en sus afanes revanchistas, así hoy, reciclados como modernos neoliberales, combaten al Estado aliados al gobierno y rinden culto a la propiedad privada. ¡Qué falta de grandeza!

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Problemas de justicia

Soledad Loaeza

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hizo una presentación en El Colegio de México, el pasado martes 13, en la que expuso cómo entiende su responsabilidad, y las necesidades del aparato de procuración de justicia. También describió algunos de los aspectos centrales de la reforma institucional que ha emprendido para construir la nueva procuraduría. Después de escucharlo sentí enorme alivio, nada más porque dejó ver la distancia que nos separa de la vidente La Paca y de sus contactos con el más allá, que en 1996 dirigieron las investigaciones en el rancho de Raúl Salinas. Sólo recordar ese episodio de la justicia mexicana me sonroja de vergüenza.

 

Murillo Karam partió de la premisa de que el origen de la violencia es la desigualdad social, un problema grave y persistente en nuestro país, que la procuraduría no habrá de resolver. También reconoció que las principales víctimas de la violencia son los más pobres; de manera que atajar ese problema equivale a mejorar las condiciones de vida de tan amplio sector de la población.

De esta aseveración pasó a explicar que la estrategia del gobierno es atacar el problema de la violencia, antes que el narcotráfico. Este orden de prioridades es diferente del que había establecido el presidente Calderón, quien, en cambio, concentró sus esfuerzos en el desmantelamiento de las bandas de narcotraficantes. Según los críticos, esta estrategia desencadenó la aterradora espiral cuyo resultado ha sido un número aún indeterminado de muertos, no pocos descuartizados y muchos desaparecidos. Según Murillo Karam, el aparato de procuración de justicia fue sorprendido por la capacidad delictiva de los narcotraficantes, cuya magnitud rebasó por mucho los recursos a su disposición, y es posible que hasta lo haya destruido.

Murillo Karam evocó su experiencia de juventud, cuando era asistente del ayuntamiento de Tulancingo, y el delito más grave que perseguían era el robo nocturno de llantas de coches estacionados en la calle. Esta anécdota sirvió para ilustrar alguna de las razones de la falta de preparación de policías y ministerios públicos frente al brutal desafío del narcotráfico que surgió en los últimos 15 años, y para evocar los tiempos de paz y estabilidad, en que el PRI gobernaba a sus anchas. Y me pregunté cuál era la relación entre la democratización y la desaparición de condiciones de seguridad pública que hoy nos parecen idílicas. Por ejemplo, las referencias del procurador a los problemas de coordinación con los gobernadores y con las policías o los ministerios públicos estatales nos remiten forzosamente al proceso de descentralización que acompañó el fin de la hegemonía priísta y la supresión de los recursos con que contaba el gobierno federal para imponerse a los gobiernos estatales. Este fue uno de los grandes problemas del gobierno calderonista y es un tema central en la reforma propuesta por Murillo Karam.
 

En la exposición aparecieron las diferencias sustanciales que separan sus posturas de las premisas y los planteamientos de los gobiernos panistas. En primer lugar, cuando los panistas hablaban de justicia se referían siempre a la justicia criminal, antes que a la justicia social, que fue el punto de partida de la exposición en El Colegio de México. Luego, como se ha dicho, el énfasis en la necesidad de poner fin a la violencia, en lugar de concentrarse en la destrucción de los capos del narco, como lo hizo Calderón. La estrategia de descabezar a una organización de estas es una solución temporal, dado que otro capo vendrá para sustituir al que ha sido eliminado, o provocará la pulverización de las operaciones de distribución y venta, de tal suerte que será mucho más difícil frenarlas.

 

Entre los comentarios de los especialistas que intervinieron en la sesión, destaco uno que me parece central: la incertidumbre que se ha apoderado del aparato de procuración de justicia, y que es la negación misma del estado de derecho, uno de cuyos principales objetivos es brindar certeza a los ciudadanos, la que se deriva de la credibilidad de la norma, de la confianza en que habrá de aplicarse. El procurador coincidió en que era este un problema principal, y concluyó su exposición con una metáfora: reformar el aparato de procuración de justicia es como querer cambiar una llanta a un coche en movimiento. Si esto es así, entonces Murillo Karam tendrá que ponerse patines.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 Tras el narco-Magú

magu@jornada.com.mx

Trunca, incoherente, errada, falaz...

Jorge Eduardo Navarrete

Por fin, después de no escasos titubeos y anuncios en falso, se remitió al Senado la iniciativa gubernativa de reformas constitucionales en materia de petróleo y electricidad. Se decidió rodearla de una intensa turbonada publicitaria que quizá tendría algún sentido si se previese someterla a referendo, lo que, desde luego, no corresponde a la intención oficial. La publicidad tiene por objetivo implantar en la opinión pública una serie de lemas simplistas y engañosos, que ayuden a tragar la rueda de molino. Un buen ejemplo de esta estrategia de medios se halla en el mensaje presidencial del propio lunes 12, cuyas frases prefiguran el alud de comerciales de radio, televisión y desplegados de prensa que desde la mañana siguiente abruma a escuchas y lectores. Los dos discursos matinales, el mensaje nocturno y el texto de la iniciativa de reforma constitucional son el material que debe ser analizado para formular un juicio sobre la propuesta. Mínimamente, corresponde considerarla trunca, incoherente, errada y falaz.

 

Trunca, en primer término, porque se limita a proponer la reforma de dos artículos constitucionales pero no contiene las iniciativas de las otras leyes que es indispensable establecer o enmendar para construir el edificio de una reforma energética digna de tal nombre. Es cierto que los discursos y la exposición de motivos de la iniciativa aluden a algunos de los elementos que informarán las propuestas ahora faltantes, pero lo hacen de manera selectiva, insuficiente e incompleta. De hecho, se solicita al Congreso expedir la carta blanca de una reforma constitucional sin dar a conocer el andamiaje legal completo del que dependerá su verdadera dimensión y alcance. Sería una acción irresponsable del Legislativo aprobar reformas constitucionales sin saber cómo y cuándo va a integrarse el conjunto de disposiciones legales necesario para ponerlas en práctica. La iniciativa no contiene los usuales artículos transitorios que definen qué disposiciones secundarias y complementarias deberán expedirse y dentro de qué plazos tendrá que hacerse. En otras palabras, se pide aprobar un salto al vacío.

De acuerdo con la iniciativa, en materia de petróleo y otros carburos de hidrógeno, el texto constitucional, además de establecer que no se expedirán concesiones, sólo indica que la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. En la Constitución no quedaría establecida limitación alguna, todo dependería de la ley reglamentaria y de disposiciones de menor jerarquía. En su curioso discurso de anuncio de la iniciativa, Peña Nieto identificó a los contratos de utilidad compartida como primer elemento fundamental de la propuesta. Entonces, ¿por qué la iniciativa no hace referencia a esta figura? Señalar en el discurso que se preferirán los contratos de utilidad compartida sobre, por ejemplo, los contratos de producción compartida, no garantiza que no termine por acudirse a éstos. Si se decidió establecer en el texto constitucional que no se expedirán concesiones, ¿por qué no estatuir que no se celebrarán contratos de producción compartida? En realidad se desea dejar abierta esta forma de compartir con par­ticulares la renta petrolera, pero se prefiere hacerlo en forma tácita.

La iniciativa también queda trunca en cuanto al régimen fiscal de Pemex. La exposición de motivos se limita a señalar que un nuevo régimen se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria y adoptará una perspectiva amplia y de largo plazo. Se requería precisión, era indispensable abordar a fondo este tema, pues se parte de un historial lamentable de expoliación fiscal del organismo, que no puede paliarse con una vaga promesa de superar la visión estrecha de Pemex como generador de ingresos públicos en el corto plazo. Es claro que la alteración del régimen impositivo de Pemex debe conectarse con una reforma hacendaria (sin mayúsculas) amplia y progresiva. Nada garantiza, por desgracia, que así vaya a ser la reforma ni que incluya un trato fiscal adecuado para el petróleo.
 

Incoherente, al plantear el fortalecimiento y la modernización de Pemex y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que empresas privadas extranjeras –a las que se reconoce la posesión de recursos técnicos, organizativos y financieros de los que la entidad mexicana carece– contraten con el gobierno la explotación de los recursos petrolíferos de la nación. No es difícil prever un desplazamiento progresivo de Pemex por los contratistas privados, pues los contratos se establecerán de preferencia en las zonas más promisorias, aún no explotadas (aguas profundas y ultraprofundas), o explotables si se desprecian las consideraciones ambientales (aceite y gas de lutitas). ¿Qué corporación petrolera o qué empresa de servicios querrá contratar con Pemex si se le abre la opción de ir sola (o con sus partners habituales), mediante un contrato otorgado por el gobierno o por la espectral Comisión Nacional de Hidrocarburos?

 

Errada, en tercer lugar, porque persiste en el rumbo equivocado que se impuso al sector desde la segunda parte de los años 70 del siglo pasado. Desde entonces se le apartó de su misión prístina de actuar como palanca del desarrollo nacional, por la vía de la industrialización, para sujetarla a diversos objetivos cortoplacistas que han ido desde enjugar los desequilibrios de las balanzas comercial y de pagos hasta actuar como caja chica del gobierno federal, proveyéndole recursos para el financiamiento de sus urgencias cotidianas. Se propone que México produzca más petróleo y gas, sin precisar para qué. ¿Para sustituir importaciones de gasolinas y gas? No se anuncian proyectos de nuevas refinerías o plantas de procesamiento ni, mínimamente, métodos de recuperación que reduzcan la quema en la atmósfera. Prever la reducción progresiva de las exportaciones de crudo, para participar como exportadores en los mercados emergentes de petrolíferos y los bien establecidos de petroquímicos, es algo que no imaginan los autores de la iniciativa.

 

Falaz, finalmente, por su proclamada fijación cardenista. Ésta se presta más al examen siquiátrico que al análisis económico. Reproducir palabra por palabra un texto legal de 1940 y pasar por alto lo que ocurrió después conforma un sofisma monumental. Ya quedó aclarado –por la fuente más autorizada– que el general Lázaro Cárdenas expresó por escrito su convicción de que el espíritu nacionalista de la reforma constitucional del 9 de noviembre de 1940 fue violado en la ley reglamentaria de 1941 que permitió contratos lesivos a la nación. Ese es precisamente el riesgo que ahora se corre.

FUENTE: LA JORNADA OPINION