Reformas institucionales y transformaciones sociales- Apagón analógico: postergación y resistencias- Seguro «universal»: justificación «social» para generalizar el IVA

Reformas institucionales y transformaciones sociales

Gustavo Gordillo/ I

En las próximas semanas se presentarán iniciativas de ley que implican reformas de gran calado en varios ámbitos: el hacendario, el energético, el político-electoral y el de protección social. Los cuatro podrían estar íntimamente articulados –y como en los mercados interconectados– un cambio en uno lleva a cambios en los otros. Más todavía pueden tener efectos de gran profundidad en muchos otros espacios públicos, particularmente en lo que se refiera a la convivencia y a la cohesión social.

 

En momentos claves como éste importa evitar tres tipos de errores. El primero es de comunicación política y tiene que ver con lo que tanto Octavio Paz como George Orwell se referían como la corrupción del lenguaje. Según Orwell el lenguaje tiene tres tipos de vocabularios: de la vida cotidiana, de palabras construidas deliberadamente para fines políticos, y un tercero compuesto por términos técnicos y científicos. Lo distintivo y terrorífico del newspeak es la separación radical del lenguaje del discurso político tanto del lenguaje de la vida cotidiana como de los lenguajes científicos y técnicos. Orwell se refería al comunismo, pero hoy se desarrollan otros newspeak en la democracia. El newspeak democrático expresa una crisis radical de representatividad política. La distancia entre los ciudadanos y los partidos se mide sin duda en el lenguaje. Las movilizaciones juveniles que irrumpen desde 2011 se inician como una innovación en el lenguaje político.

El newspeak se enfrenta con precisión en los términos y claridad en los propósitos. Tomemos el término privatización. Todos los actores políticos comienzan su discurso sobre la reforma energética diciendo que no quieren una privatización. El problema es que Pemex está ya privatizado en tres aspectos. A través del impuesto expropiatorio que le ha venido arrebatando el gobierno para financiar el gasto público inhibiendo de esta manera el mecanismo recaudatorio al grado que México está entre los países de más baja recaudación y más bajos efectos distributivos. También está privatizado a favor de la cúpula sindical que usufructúa parte de la renta petrolera. Finalmente está privatizado por medio de enjambre de corrupción que va desde la concesión de las gasolineras, el transporte de petróleo –en la base del enriquecimiento desde siempre de políticos y empresarios– y las diversas formas de contratos y concesiones.
 

Hasta aquí casi todos los actores tendrían que estar de acuerdo con la propuesta que hizo Cuauhtémoc Cárdenas a principios de este año para devolverle a Pemex la capacidad de dirigirse y recuperar el manejo de la renta petrolera. La pregunta central a partir de esa plataforma planteada por Cárdenas es ¿quién debe beneficiarse de esa renta generada desde una empresa pública? El PAN y hasta donde se sabe el PRI y el gobierno proponen una manera específica de distribuir esa renta distinta al statu quo abriendo otros ámbitos de las actividades energéticas al capital privado nacional y extranjero. El PRD propone un método para decidir al respecto que es a través de una consulta a los ciudadanos.

 

En síntesis Pemex está en muchos aspectos privatizado. Se discuten entonces realmente dos cosas. Uno cómo re-estatizarlo, es decir cómo restablecer la rectoría del Estado. Dos, cómo redistribuir la renta petrolera.

 

Si ha de establecerse como empresa propiedad de la Nación, la soberanía del pueblo debe expresarse inequívocamente sobre cómo y para qué fines debe canalizarse la renta petrolera.

 

El segundo error lo vinculo con lo que Albert Hirschman denominó refiriéndose a las características de los funcionarios públicos en América Latina como el ansia por querer sacar (rápidamente) conclusiones. Y el tercero con lo que Juan Linz planteó respecto al factor tiempo en las reformas. Sobre estos errores comentaré en mis siguientes entregas.

Twitter: gusto47

http://gustavogordillo.blogspot.com/

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 Gobierno de Michoacán-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

Apagón analógico: postergación y resistencias

César Alan Ruiz Galicia*

El apagón analógico es el proceso de transición a la televisión digital terrestre (TDT) e implica el cese de las transmisiones analógicas. Como política pública vale analizarla desde dos grandes dimensiones: por un lado, considerando los efectos que se desprenden del salto tecnológico –aumento en la calidad de la imagen, la multiplicación de las señales, saldos comerciales y de competencia– y por otra parte, visualizando las secuelas sociales que tendrá el enorme incremento de fuentes de información y producción de contenidos.

 

Respecto a la mirada del cambio tecnológico, vale señalar que llevamos tres modificaciones en las fechas para el salto a la televisión digital en México, pues fue en 2004 cuando se definió la política de transición tecnológica, adoptando el estándar estadunidense A53/ATSC y se programó el apagón analógico para 2021.

La primera alteración ocurrió en 2010, cuando Felipe Calderón publicó un decreto que lo adelantaba a 2015 y que ordenaba una estrategia para abastecer con decodificadores a los hogares sin televisor digital. La segunda tuvo lugar el pasado 31 de mayo, dado que la Cofetel suspendió el apagón en Tijuana –argumentando las necesidades de las campañas electorales– y lo proyectó para el 18 de julio pasado.

Por último –aduciendo falta de recursos– la tercera alteración sobrevino cuando se postergó seis meses el despegue del segundo programa piloto y la conclusión de las señales analógicas en las ciudades fronterizas de Monterrey, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, recorriendo las fechas del 26 de noviembre de 2013 al 29 de mayo de 2014, en tanto que en el caso de Mexicali, se completará hasta el 26 de noviembre de 2014; de este modo y escalonando el proceso en otros lugares de la República, la transición digital a escala nacional concluiría en noviembre de 2015.

Enrique Peña Nieto anunció recientemente, en el contexto del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, que el Estado mexicano invertirá a lo largo del sexenio 700 mil millones de pesos en infraestructura de telecomunicaciones. La intención es ampliar la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad e instalar una red inalámbrica compartida de telecomunicaciones utilizando la banda de 700 MHz. En acuerdo a lo proyectado, se pondrán en órbita dos nuevos satélites del sistema Mexsat, se licitarán dos nuevas cadenas comerciales de televisión y una más de carácter social, además de concluir con la transición digital.
 

El caso es que se requiere bastante dinero para el solo proceso del apagón analógico, que supone visitas de inspección, adquisición de decodificadores e instalación de antenas, campañas de comunicación social y gastos operativos; para ello se dispuso el Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (Foncos) y ya hemos tenido retrasos por la falta de recursos.

 

Con el cese de las transmisiones analógicas, el Estado recupera 48 MHz, de los cuales 6 MHz –actualmente utilizados por Televisa– pertenecen a la banda de 700 MHz. De esta manera, con el espacio liberado se puede hacer uso de las frecuencias para brindar servicios de telecomunicaciones.

 

Pasemos ahora a la otra dimensión del apagón analógico, la social. En lo que toca a la multiplicación de las señales, es una oportunidad histórica para democratizar la televisión de una vez por todas. Pensemos que la proliferación no garantiza la pluralidad de suyo, pues podríamos tener muchos canales que con diferente programación, reproduzcan en su conjunto los códigos hegemónicos del dominio social: cosificación de la mujer, reproducción de antivalores, banalización de la política y desinformación sistemática. Por ello, hay que generar las pautas que den pie a producciones sociales y comunitarias, donde la ciudadanía se vea a sí misma de una nueva manera.

 

Otro aspecto importante es que el aumento de las fuentes de información supone el paso de los medios de masa a la masa de los medios. Eso quiere decir que tendremos muchos datos a disposición, pero de manera desenfocada y dispersa. Por ello, lo que el periodismo digital debe asumir como estandarte es un principio básico del periodismo más clásico: establecer el contexto e indagar en primera persona para mostrar lo que se oculta en los hechos y que es disimulado en el vértigo de la sincronía con que diferentes fuentes refieren la misma nota.

 

En conjunto, el apagón analógico es el pregón del cambio de premisas tecnológicas, de la dinámica informativa y el trabajo periodístico. Por eso, el duopolio y ciertos poderes fácticos se resisten a ello.

*Mesa de democratización de medios #YoSoy132

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 Su plan energético-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Seguro universal: justificación social para generalizar el IVA

Gustavo Leal F.*

Cumpliendo el sueño salinis-ta de un bipartidismo a imagen de EU, la distribución de tareas entre PRI y PAN vuelve a operar. Como apenas ocurriera (noviembre 2012) con la reforma laboral, ahora, mientras el PAN asume la reforma energética, el PRI se ocupará de la reforma fiscal.

 

Y ésta, según comunicara Peña (20 de julio), incorporará uno de sus compromisos de campaña: la seguridad social universal, aunque ella se reduzca a meras condiciones mínimas de bienestar. Justo lo que el Consejo Coordinador Empresarial, Instituto Mexicano para la Competitividad y Coparmex demandaran frente a la única iniciativa que dotaría de algunos recursos extras al IMSS (artículos 27-32, 9 de marzo): discutirla dentro de la reforma fiscal ( Reforma, 2/5/13).

Peña quiere un sistema de seguridad social universal que garantice a todos condiciones mínimas de bienestar con atención a la salud, seguro de desempleo y pensión para el retiro como elementos fundamentales. Será parte de la reforma hacendaria. Pero ¿es universal un sistema de sólo tres derechos exigibles? Además de que no estableció como va a financiarlo (en campaña lo vinculó al IVA).

Esta oferta que recorta prestaciones y eleva impuestos –diseñada por Santiago Levy y manufacturada como consenso por intelectuales mediáticos e intereses– fue divulgada como una de las reformas que el país necesita y ampliamente publicitada como soporte social del incremento del IVA generalizado y sin excepción.

Ante las críticas de Gabriel Zaid por la facilona propuesta priísta para elevar el IVA ( Reforma, 28/4/13), Jorge Chávez Presa –ex diputado federal priísta, ex director de la SHCP, actual director en Banorte e integrante del CEESP– respondió: le faltó indagar cuál sería la aplicación de la recaudación adicional. Generalizar el IVA como un fin en sí mismo es absurdo. Lo correcto es contemplar el binomio impuesto-gasto. Si la recaudación adicional la dirige a un sistema de protección social con acceso efectivo a servicios de salud, un seguro de vida e invalidez y pensión mínima, lograríamos un México más incluyente ( Reforma, 3/5/13). Para elevar el IVA, el PRI modificó sus documentos básicos el 4 de marzo 2013.

En campaña Peña ofreció cuatro derechos exigibles que, ahora, redujo a tres: desapareció el seguro de riesgos de trabajo. Pero resulta que la atención a la salud ya está en el Pacto por México (compromiso 1, portabilidad y convergencia) que han asumido sin chistar los directores del IMSS-Issste bajo la rectoría de la Ssa. El seguro de desempleo, también anunciado en el pacto (compromiso 4) fue ahora presentado por Peña como temporal y ha sido anticipado por el secretario Navarrete Prida con otro conjunto de iniciativas vinculadas con la productividad y el fomento de la formalidad. La pensión para el retiro (compromiso 3 del pacto) es el Programa 65 y más. ¿Qué hay de nuevo?
 

El avance de la verdadera agenda socio-electoral de Peña se abre camino con la Cruzada Nacional contra el Hambre: vincularla con el Seguro Popular, según Mercedes Juan ( La Jornada, 8/5/13); priorizar en ella 800 mil beneficiarios en condiciones de pobreza extrema –durante 2013– del Programa 65 y más, según Rosario Robles ( Reforma, 8/3/13) y la ampliación paulatina del Seguro para Madres en municipios de zonas urbanas de mayor marginación incluidos en la cruzada, según Peña ( La Jornada, 14/3/13).

 

El seguro universal de Peña está cubierto con recursos fiscales. Vale 66 mil 400 millones de pesos. Dispone de 10 mil millones para la atención sexenal a la salud ( Reforma, 21/7/13), más la bolsa del Seguro Popular; 30 mil millones para el seguro de desempleo (Navarrete Prida, El Financiero, 15/7/13); 26 mil millones para la pensión para el retiro (Presidencia de la República, 7/3/13) y 400 millones para el seguro para madres (Presidencia de la República, 13/3/13).

 

Como ya está cubierto, el incremento al IVA –justificado socialmente con el seguro universal–, suturaría el hoyo fiscal de la reforma energética.

 

En la 32 Asamblea de Funsalud Peña aclaró que la salud es un derecho humano, no laboral. Pero como señala el ministro Cosío: la sustitución de garantías individuales por derechos humanos no es sólo semántico. Implica que para cumplirlo Peña sólo puede acotarlo. Tal como sucede con el Seguro Popular. Esta es la médula de la universalidad de Levy.

 

Aliado al PAN, Peña pretende justificar socialmente su reforma fiscal con un seguro universal que acota a mínimos el compromiso del Estado en materia de derechos humanos, pero fortalece simultáneamente la acción socio-electoral de su cruzada. Peña dispone, además, de un convenio signado por México con la OIT para un piso básico de protección social (apoyado por la UNT-CTM) y también cuenta con una agenda de lucro enarbolada por el sector asegurador: Fernando Solís Soberón (AMIS y Banorte) junto con el fondo único de Funsalud operado por Mercedes Juan desde la Ssa ( Reforma, 25/7/13).

 

Con la universalidad de Peña los jóvenes recibirán menos prestaciones y servicios por más impuestos. Pero los intereses de los actores que animan la política pública dispondrán, por primera vez, de un jugoso y nutritivo mercado que difícilmente beneficiaría a los pacientes, trabajadores activos, jubilados y pensionados.

 

Después de una reforma laboral que sacrifica a los jóvenes, ésta es la política socio-electoral del nuevo PRI-Peña: protección social mínima con seguridad social integral deliberadamente rebajada (IMSS-Issste) para una país al servicio de los inversores.

*UAM-Xochimilco

FUENTE: LA JORNADA OPINION