Realiza peritaje en sitio del desalojo
Preocupa que el gobierno de Guerrero haya usado a ministeriales
para reprimir, señala
No hay evidencia de que los estudiantes estuvieran armados, agrega el organismo
Sergio Ocampo y Fernando Camacho
Reconstruye la CNDH desalojo de estudiantes
Fueron policías ministeriales los responsables de los disparos: Luis García
Un grupo de expertos en criminalística de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó anoche una diligencia en el lugar donde murieron dos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el pasado 12 de diciembre. Los peritos usaron rayos láser para determinar el origen y las posibles trayectorias de las balas que privaron de la vida a dos estudiantesFoto Lenin Ocampo Torres
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 14 de enero de 2012, p. 2
Sábado 14 de enero de 2012, p. 2
Tixtla, Gro., 13 de enero. Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizaron la reconstrucción del desalojo del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, en el cual fallecieron dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Auxiliados por elementos de la Policía Federal (PF) y con el uso de maniquíes que simulaban los cuerpos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, los estudiantes fallecidos, dos peritos en balística simularon con rayos láser la trayectoria de los disparos que mataron a los dos estudiantes.
El peritaje fue realizado la noche del jueves por los criminalistas Alejandro Sandoval y Ricardo Coronado. El primer visitador Luis García López Guerrero informó hoy que con base en ese peritaje,
se ratifica que fueron de poniente a oriente, es decir donde estaban los policías ministeriales, desde donde se dispararon las armas que provocaron la muerte (de los alumnos).
López Guerrero encabezó este viernes una delegación de 20 visitadores de la CNDH, entre abogados y peritos, que escuchó los testimonios de nueve normalistas que resultaron con lesiones durante el desalojo.
El primer visitador informó que no ha concluido la investigación y no descartó que sean citados a declarar funcionarios estatales y federales, entre ellos los secretarios de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado Gómez, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Lamentó que a 32 días de los hechos,
con 31 personas agraviadas, dos fallecidos, una torturada, cuatro con (heridas de) disparos, el chofer de un tráiler agraviado, toda una comunidad ofendida por este hecho, no haya un solo servidor público del Estado mexicano sujeto a proceso penal.
La delegación de la CNDH llegó a las 11 horas a la escuela y fue recibida por Pablo Juárez, dirigente estudiantil, quien encabezó un recorrido por las instalaciones del plantel: dormitorios, baños, cocina y cancha de futbol.
–¿Ustedes cocinan? –preguntó en el comedor el visitador, quien estuvo acompañado por Javier Morlett Macho, de la organización no gubernamental Diálogos por la Convivencia y la Paz.
–No. Son los trabajadores de cocina, pero desde noviembre no se presentan, y ahorita los compañeros de cada grupo se van rotando y son los que cocinan a los compañeros de la base –respondió Pablo Juárez.
Al final del recorrido el visitador dijo:
Venimos a ver las condiciones en las que se encuentra Ayotzinapa, a levantar los testimonios que ustedes nos pidieron que levantáramos aquí, a hacer las entrevistas y a entregarles el informe preliminar que la CNDH dio a conocer el día lunes, que es un trabajo previo que está señalando las principales violaciones a los derechos humanos atribuidas tanto a la Secretaría de Seguridad Pública federal como al gobierno de Guerrero.
Con las diligencias de ayer y hoy, y con otras que se hagan en los próximos días se cerrará la la investigación, y en un plazo de 30 a 40 días se dará a conocer a la opinión pública la recomendación final sobre este caso, dijo.
La investigación que estamos realizando, además de determinar las violaciones (a los derechos humanos), va a concluir en un señalamiento todavía más fuerte, más determinante, y en recomendaciones a los niveles de gobierno, puntualizó Luis García.
Ante la prensa, el visitador expresó: “Vemos condiciones difíciles como para que se pudiera desarrollar el tema de la educación de una manera adecuada. Vamos a corroborar esta información con los datos que nos dio el gobierno de Guerrero, y de ahí empezar a sacar conclusiones.
Nos preocupa mucho que el gobierno del estado haya utilizado a policías judiciales, ahora llamados ministeriales, para reprimir a manifestantes, práctica que ya en ningún lugar del país se había observado en años. De tal manera que un poco después de la segunda década del siglo XXI este tipo de prácticas las volvemos a encontrar y es parte de los pronunciamientos que haremos en la recomendación final, reiteró.
Acerca de lo expresado por el ex procurador de Guerrero Alberto López Rosas, de que el informe de la CNDH está sesgado, dijo:
Señalamos con mucha contundencia que la primera autoridad que llegó fue la Policía Federal; que la que inició el problema por haber lanzado una granada de gas fue la PF y que de los dictámenes periciales en las lesiones de las personas que fallecieron, al no encontrar la ojiva, entre otras cosas por la contaminación que hubo del lugar de los hechos, genera que de una primera conclusión tengamos la certeza de que los disparos salieron del lugar donde estaban ubicados los policías ministeriales, con un alto nivel de posibilidad, incluso de certeza, que hayan sido ellos los que dispararon y que provocaron en un momento dado la muerte de los estudiantes y lesiones a otros.
Ahora, añadió, corresponde al agente del Ministerio Público determinar con nombre y apellido quién es el responsable:
Estamos ante un caso que se llama de autoría indeterminada, que para efectos jurídicos significa que los más de 160 elementos que participaron deben de responder por su grado de culpabilidad.
Vamos a
investigar y no dejar en la impunidad el tema del empleado de la gasolinera (Gonzalo Rivas Cámara), quien también falleció. Los argumentos (de López Rosas) los deberá expresar ante el Ministerio Público y eventualmente ante un juez, dijo el primer visitador de la CNDH.
Responsabilidad institucional
Luis García insistió:
No hay evidencias de que se hayan utilizado protocolos antimotines, siendo que incluso había un cuerpo antimotines ahí. Además, lo más importante es que no hemos encontrado evidencias de que los estudiantes vinieran armados. Eso nos da entonces la idea de que hubo un uso excesivo de las armas de fuego. Hay una responsabilidad institucional de los tres niveles (de gobierno) por una mala actuación en el manejo de una manifestación que se tornó violenta, concluyó.
Otra cantaleta-Helguera
Ayotzinapa: hacer justicia
A más de un mes del violento desalojo de integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, a las afueras de Chilpancingo, Guerrero, que se saldó con la muerte de dos estudiantes –Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– y con varios heridos, los resultados de peritajes llevados a cabo ayer en la escena de los hechos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron la presunción –establecida en el informe preliminar presentado por ese organismo el pasado lunes– de que los disparos que terminaron con la vida de los normalistas provinieron de agentes de la policía ministerial guerrerense. Del mismo modo, los citados peritajes confirmaron que en la acción policial del pasado 12 de diciembre no se siguió protocolo alguno en materia de disolución de manifestaciones, que la balacera sobre los estudiantes fue indiscriminada y que los asesinos de Gabriel y Jorge Alexis tiraron a matar.
A reserva de esperar la versión final del documento del ombudsman nacional, la información difundida permite concluir con claridad que en los trágicos acontecimientos, integrantes del gobierno que encabeza Ángel Aguirre incurrieron en responsabilidades de tipo penal que deben ser sancionadas conforme a derecho. Por desgracia, la violencia criminal ejercida contra los manifestantes ha sido complementada con un manejo impresentable de los hechos por parte de la administración estatal, que ha obstaculizado la acción de la justicia y ha mermado las perspectivas de esclarecimiento: desde un principio las autoridades estatales se negaron a reconocer la responsabilidad de los disparos –pese a la evidencia gráfica que muestra a presuntos policías estatales vestidos de civil disparando contra los manifestantes–; buscaron desvirtuar los hechos mediante la siembra de una arma a uno de los estudiantes –el cual, según el informe de la CNDH, fue torturado–, y señalaron a efectivos de la Policía Federal (PF) como autores de los disparos contra los manifestantes.En días recientes, por añadidura, el ex procurador de justicia de la entidad Alberto López Rosas ha intentado desvirtuar el expediente de la CNDH y ha acusado al organismo de proteger al personal de la PF. Ahora, sin embargo, a la luz de la evidencia disponible, lo procedente sería que ese y otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal enfrenten las acciones judiciales a que dé lugar el atropello cometido contra los normalistas de Ayotzinapa. Por su parte, el titular del Ejecutivo estatal tendría que asumir cuando menos una responsabilidad de tipo político por el turbio accionar de su administración durante el episodio.
Ahora bien, aunque la investigación de la CNDH se encamine a determinar que los disparos provinieron de los agentes ministeriales, ello no exime a la Policía Federal de responsabilidad en estos hechos: al fin de cuentas, esa corporación tiene, entre otras funciones, la de vigilar el tramo carretero en que ocurrió la referida tragedia; en consecuencia, si sus efectivos no realizaron los disparos que privaron de la vida a los dos estudiantes e hirieron a varios más, cabe atribuirles, al menos, responsabilidad por omisión, pues habrían debido evitar las agresiones letales contra los manifestantes.
El documento de la CNDH podrá ayudar a esclarecer y deslindar responsabilidades sobre quién disparó contra los estudiantes, pero el hecho de que esas muertes hayan tenido lugar en el contexto de una protesta estudiantil arroja luz a una circunstancia más de fondo y preocupante: la persistencia en la criminalización de las inconformidades sociales que aumentan en el territorio nacional, lo cual, aunado a la indolencia de las autoridades de todos los niveles para atender demandas de sectores inconformes, configura una mezcla explosiva y, como puede verse, incluso mortal.
En lo inmediato, cabe demandar que los resultados de la investigación realizada por la CNDH, una vez presentados en su versión final o incluso antes, tengan eco en las instancias de procuración e impartición de justicia correspondientes, para que se sancione a los responsables y se repare el daño a las familias de las víctimas. Pero desde una perspectiva más general, situaciones como la ocurrida en la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre podrán repetirse en la medida en que los gobiernos de los distintos niveles sigan incumpliendo con dos responsabilidades elementales: atender y dar cauce a las demandas de la población y preservar –en todo momento, pero particularmente en circunstancias como la referida– la vida y la integridad de las personas.
Justicia para Ayotzinapa
Miguel Concha
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene la obligación de profundizar sus investigaciones y valorar las pruebas gráficas y técnicas que presentó el pasado jueves por la mañana a la opinión pública el ex procurador de justicia de Guerrero en el programa de radio más escuchado del país, para precisar, cuanto antes, con claridad la identidad y las responsabilidades de los cuerpos policiacos y de las autoridades que participaron o estuvieron involucradas en la realización de los reprobables hechos acaecidos hace ya un mes en la autopista del Sol, así como dar cuenta de ello sin dilación a la sociedad. Para eso es necesario que pondere y determine la sucesión cronológica de cómo se dieron esos lamentables acontecimientos, y que analice y en su caso revise los dictámenes técnicos de balística que se ofrecen sobre las trayectorias de las balas que segaron la vida de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
A ello está obligada para garantizar la confiabilidad de sus resoluciones y satisfacer las exigencias de las víctimas, pero sobre todo para no poner en tela de juicio las altas facultades constitucionales que le otorgaron el 10 de junio del año pasado las reformas en materia de derechos humanos para investigar casos graves de violaciones a las garantías individuales. Es también necesario que tome o siga tomando seriamente en consideración en sus actuaciones y resolutivos los criterios que más de 100 organizaciones civiles nacionales e internacionales de derechos humanos le hicieron llegar el pasado 5 de enero en una carta abierta: el esclarecimiento cabal de los hechos, lo que implica la obligación de todas las autoridades de colaborar en sus investigaciones, y su propia obligación de allegarse con determinación todas las pruebas e informaciones del caso; el castigo a los responsables, de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional mexicano; la reparación del daño y medidas de satisfacción y garantías de no repetición; la participación amplia de las víctimas y sus representantes, y la difusión masiva y el seguimiento puntual de sus conclusiones y ejecución de sus actuaciones.
Para ello es también importante que tome en cuenta la demanda que el pasado lunes 9 de enero expresó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, luego de presentar su informe preliminar: “Llamamos al ombudsman nacional a que continúe sus investigaciones hasta la emisión de un informe final, en el que deberá profundizar el trabajo pericial mediante la reconstrucción de los hechos, analizar lo ocurrido a partir de los más altos estándares de protección a los derechos humanos, y recomendar medidas que garanticen la no repetición de los hechos”.
Dada la naturaleza de estos reprobables acontecimientos, y sus delicadas consecuencias para la tranquilidad de la convivencia social en aquel estado y en todo el país, las organizaciones de derechos humanos proponen que en sus resolutivos la CNDH asuma las medidas de no repetición que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala literalmente en el párrafo 66 de su Informe sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en las Américas: a) implementar mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas; b) llevar a cabo sistemas de registro y control de municiones; c) instrumentar un sistema de registro de las comunicaciones para verificar las órdenes operativas, sus responsables y ejecutores; d) promover con medios visibles la identificación personal de los agentes policiales que participen en los operativos de control del orden público; e) promover espacios de comunicación y diálogo previo a las manifestaciones, y la actuación de funcionarios de enlace con los manifestantes, para coordinar el desarrollo de las acciones de manifestación y protesta, así como los operativos de seguridad pública, evitando con ello situaciones de conflicto; f) la identificación de los responsables políticos a cargo de los operativos de seguridad en las marchas, en especial cuando existan protestas programadas o conflictos sociales prolongados, o bien circunstancias que hagan prever riesgos potenciales para los derechos de los manifestantes o terceras personas, a fin de que estos funcionarios estén encargados de controlar el operativo en el terreno y hagan cumplir estrictamente las normas sobre uso de la fuerza y el comportamiento policial; g) el establecimiento, con instructores independientes y la participación de las víctimas de abusos o actos de violencia, de un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales; h) medidas para impedir que los funcionarios policiales o judiciales (jueces o agentes del Ministerio Público) involucrados directamente en los operativos estén a cargo de investigar irregularidades o abusos cometidos en su desarrollo.
Cuánto más que en su propio informe preliminar, la CNDH ya determinó que se alteró el escenario de los hechos, y que el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública fue la causa directa de la muerte de tres personas, de cuatro heridos por proyectil de arma de fuego y de 14 estudiantes víctimas de trato cruel, generando con ello 29 víctimas directas y dos indirectas. Sin embargo, es preciso que aclare la responsabilidad que cabe a cada uno de los cuerpos policiacos que en ello intervinieron, urgiendo para eso toda la información que requiera, y haciendo acopio de todas las pruebas, los testimonios y los dictámenes periciales que necesite.
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