Euro: aniversario e incertidumbre- Estado laico, derechos sexuales y reproductivos en la agenda política- Justicia y comisiones de la verdad

Euro: aniversario e incertidumbre

El primero de enero de 2002 el euro inició operaciones como unidad de pago en papel moneda en una docena de naciones del viejo continente. En aquel entonces habría sido arduo pronosticar que, 10 años después, la divisa común enfrentaría un escenario tan complejo como el actual. En contraste con el optimismo que manifestaban ciudadanos y autoridades en los primeros días de 2002, hoy los líderes de la Unión Europea discuten estrategias y planes de salvamento para procurar la continuidad de la divisa –severamente afectada a consecuencia de las crisis de deudas soberanas de algunos de sus integrantes– y las sociedades se debaten entre los programas de austeridad impuestos por los gobiernos de las naciones en problemas y un sentir generalizado de incertidumbre.

El elemento de contexto inmediato es el anuncio, realizado ayer, de una reunión entre el mandatario francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín el 9 de enero próximo, con el propósito de definir los detalles de un acuerdo alcanzado en diciembre para aumentar la integración fiscal en la llamada eurozona.
La perspectiva descrita ha llevado, en meses recientes, a la proliferación de especulaciones en torno a una profunda reforma de la divisa común, en el mejor de los casos, e incluso a su eventual desaparición. Ayer, el Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios (CEBR, por sus siglas en inglés), con sede en Gran Bretaña, pronosticó que el euro tiene 99 por ciento de posibilidades de desaparecer en los próximos 10 años, y que incluso desde 2012 verá la salida de al menos uno de sus miembros. Aunque los gobernantes europeos siguen afirmando que no permitirán la debacle de la divisa común, la sola mención de ese escenario es reflejo de la fragilidad y la incertidumbre que enfrenta actualmente el mayor proyecto de integración económica y monetaria de la historia.
En retrospectiva, es inevitable vincular esa fragilidad e incertidumbre con las fallas que arrastra de origen el proceso de integración que se desarrolla en esa región del mundo. Aunque la preocupación inmediata de autoridades regionales, de los gobiernos nacionales, de las compañías y las sociedades pase por la salvación del euro, no puede dejar de mencionarse que el proceso de integración económica en general, y el de la divisa única en particular, se dieron en el viejo continente sin que las autoridades correspondientes prestaran atención a los desequilibrios y asimetrías existentes entre las economías de la zona –en la que convergen potencias mundiales, como Alemania, con economías periféricas y débiles, como Grecia–, y sin que establecieran mecanismos eficaces de transparencia, control fiscal y corrección de las escandalosas desigualdades que privan en esos países, incluso en los más desarrollados. Diez años después, tales descuidos se han saldado con un deterioro del tejido económico –y por tanto el social–, con poblaciones enteras colocadas a merced de los vaivenes del mercado y con un reducido margen de maniobra para la intervención estatal en rescate de los sectores menos favorecidos.

Con todo, la desaparición del euro no sería una buena noticia para nadie: no lo sería, ciertamente, para las economías europeas, que verían severamente afectado su proceso de integración económica y comercial y enfrentarían desde dificultades técnicas por la reintroducción de las divisas anteriores al euro hasta el crecimiento exponencial de los índices de desocupación que afectan a la región; pero no lo sería tampoco para el resto del mundo, toda vez que el desplome de la moneda común europea retroalimentaría el proceso de crisis planetaria, por vía del colapso de instituciones bancarias europeas con amplia presencia en otros sistemas financieros, como el mexicano.

Así pues, la falta de previsión, de regulación y de sensibilidad de las autoridades económicas europeas coloca a ese continente y al mundo en una disyuntiva indeseable: presenciar el sacrificio de mayorías en las naciones europeas en problemas –como demandan los planes de salvamento del euro dados a conocer hasta ahora– o enfrentar un escenario de renovadas turbulencias económicas, cuyas consecuencias pudieran resultar catastróficas.

Comienza la cuesta de enero-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Estado laico, derechos sexuales y reproductivos en la agenda política

Patricia Galeana

La construcción del Estado laico mexicano ha costado una guerra civil, la intervención extranjera más prolongada de su historia, una rebelión cristera y muchos enfrentamientos más. Ha sido muy difícil superar la cultura de la intolerancia impuesta desde la conquista española.

La alianza entre el Estado español y el pontificado unió los asuntos políticos y los religiosos. Consumada la independencia de México, la intolerancia y el Estado confesional prevalecieron hasta que a mediados del siglo XIX los liberales quisieron limitar sus fueros y la Iglesia patrocinó un movimiento armado para derrocar al gobierno. Estallaron la guerra civil y todos los enfrentamientos que hemos mencionado, hasta que años después se concluyó la guerra cristera mediante una entente cordial, en la que sin derogarse las leyes que inconformaban a la Iglesia tampoco se respetaban.
En realidad las leyes de Reforma se aplicaron con todo rigor sólo en el gobierno de Sebastián Lerdo, ya que durante la dictadura porfirista la Iglesia retomó su poder político. Al apoyar la jerarquía católica la usurpación de Victoriano Huerta, los constituyentes de 1917 consideraron que no era suficiente la separación entre el Estado y la Iglesia, sino que había que establecer la supremacía del Estado. En los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la jerarquía religiosa se enfrentó al Estado, y éste respondió con toda su fuerza. Después, la laxitud dependió del gobernante en turno.
La institución eclesiástica ha presionado al Estado mexicano para que se deroguen las leyes que la incomodan, o para que haga las que considera acordes a sus posiciones. La institución clerical tiene el derecho de hacerlo; lo que es inadmisible es que en un Estado constitucionalmente laico se adopten políticas confesionales. Es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El presidente Felipe Calderón intentó frenar la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la acción de inconstitucionalidad que promovió su procurador. Afortunadamente la Corte falló la constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo. Después, el Presidente se encargó de que algunos ministros que ingresaron al máximo tribunal de la nación fueran afines a sus ideas confesionales. El hecho quedó de manifiesto en los dos casos más recientes que se han presentado sobre el tema, correspondientes a Baja California y San Luis Potosí, donde no se alcanzó la votación necesaria para declarar la inconstitucionalidad de las leyes contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por intereses políticos, no sólo el PAN, cuya ideología es afín a las ideas confesionales, sino el PRI, y aun los partidos de izquierda, como el PRD, PT y Convergencia, en busca del apoyo político de la Iglesia mayoritaria del país votaron las reformas que criminalizan a las mujeres en 18 estados del país.

Para solucionar la situación se ha propuesto modificar el código penal federal, adoptando exactamente la misma forma que ya tiene el código penal del Distrito Federal, en cuanto a que la interrupción del embarazo sólo sería penada después de las primeras 12 semanas de gestación, con lo que se podría aplicar en los hospitales federales en todo el país. Sin embargo, dada la división prevaleciente entre las cámaras y el proceso de sucesión presidencial, no se ha tomado en cuenta la propuesta.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no están contemplados en la agenda política de ninguno de los partidos. Los que quieran congraciarse con la Iglesia, seguirán promoviendo que el óvulo fecundado sea considerado igual que una persona.

Las organizaciones feministas y de derechos humanos tenemos que concientizar a las mujeres del valor de su voto y presionar a los candidatos para que tengan que pronunciarse respecto de este tema fundamental de derechos humanos, salud pública y justicia social.

femumex@yahoo.com.mx

Verdadera estela de luz-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Justicia y comisiones de la verdad

Magdalena Gómez

Llegó 2012. Por fin el calderonismo desocupará Los Pinos y aún no sabemos si la cauda de violencia generada por la llamada guerra contra el crimen organizado ha tocado fondo y sea factible pensar que el reacomodo que provocarán las elecciones presidenciales impactará en el replanteamiento de la estrategia con un saldo de alrededor de 50 mil víctimas. Por lo pronto, una cosa cierta es que no ha operado la justicia nacional, ni civil ni militarmente, para investigar y deslindar responsabilidades, cuestión que es el común denominador en otros casos emblemáticos: 1968, 1971, desaparecidos en la guerra sucia, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, y en el largo etcétera ya veremos cómo se perfila Ayotzinapa 2011.

Es un hecho que el Estado mexicano muestra una falla estructural en materia de justicia en su sentido más amplio. Hay quien señala casi justificando, o de plano colocados en ese terreno, que el Estado tiene derecho a defenderse con todo cuando es amenazada su seguridad, cuestión inadmisible, pues está marcado el límite de los derechos humanos. Y, sin embargo, el asunto no termina en ese horizonte, pues en la vida cotidiana la justicia suele operar de manera anómala, por decir lo menos.
Si bien sucede en muchos países (¿mal de muchos…?), en nuestro país casi por sistema se practica la disociación entre verdad jurídica y verdad histórica. Justamente en el asunto de la verdad histórica solemos ubicarnos con base en equívocos, pues para quienes compartimos una visión sobre los casos emblemáticos anotados arriba no hay duda de que el Estado mexicano es culpable, ha practicado crímenes de lesa humanidad y ha criminalizado movimientos sociales. Pero aún coexistimos con visiones opuestas, nada minoritarias ni ajenas al poder. Precisamente el pasado Día de los Inocentes, supongo que sin proponérselo, aparecieron en la prensa escrita dos perlas:
“Aún no se extinguen las lacrimantes exigencias sobre el gobierno federal para que se ‘castigue’ a los culpables de la guerra sucia de los años setenta, dando por hecho que en el Ejército están los culpables que quieren ver sentenciados. La bucólica actitud de algunas organizaciones no gubernamentales es por demás absurda. Lo ocurrido hace 30 años no puede juzgarse más que con la óptica de hace 30 años. Pero los estridentes insisten en juzgar con los ojos de hoy. El general Javier del Real Magallanes, cuando era subjefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo dejó muy claro. En aquellos años los soldados enfrentaron a un grupo de delincuentes y nada más. La guerra sucia, dijo el militar, es un invento de los medios” (Javier Ibarrola, Fuerzas Armadas 2012, Milenio Diario, 28/12/11).

Obviamente, no debatiremos si somos bucólicos(as) o llorones(as), o estridentes. La opinión coincide con la posición imperativa planteada a Vicente Fox frente al trabajo realizado en su sexenio por la Fiscalía Especial sobre Movimientos del Pasado que involucraba al ex presidente Luis Echeverría y al Ejército. Ya sabemos la trayectoria de esa experiencia que quiso convertir en jurídica una verdad que sigue siendo histórica.

El argumento central frente a las propuestas de comisión de la verdad y no fiscalía fue que ésta tendría efectos jurídicos inmediatos. No hubo tal. Por ello hay quienes de nueva cuenta señalan que debe transitarse por la ruta de la Comisión de la Verdad. Habrá que irse con cuidado en este tema, pues se le ha trivializado al punto y al absurdo de que ante crímenes recientes, como los de Ayotzinapa, el gobernador de Guerrero ya propone una comisión ciudadana cuando está en curso la investigación en las instancias de procuración de justicia y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos facultadas por ley para ese efecto. Precisamente, este caso nos permite anotar la siguiente perla que retrata prácticas políticas lamentables, pues se abren trincheras de defensa anticipando o pretendiendo influir en los resultados jurídicos de una investigación.

Así tenemos que desde la entidad guerrerense se reportó que al realizar asambleas en 20 municipios de las regiones de Tierra Caliente y zona norte, dirigentes y militantes del PRD acordaron respaldar al gobernador Ángel Aguirre Rivero en el caso del asesinato de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa y opinaron que están seguros de que Aguirre Rivero no ordenó el desalojo de los normalistas y mucho menos que los policías dispararan contra ellos. Pidieron que se castigue a los responsables (menos a su exculpado) y que la Normal de Ayotzinapa no debe desaparecer y que, por el contrario, el gobierno de Ángel Aguirre le otorgue más apoyos de carácter académico y material (Reforma, 28/12/11).

¿Cómo lograron estar seguros? ¿Se hará justicia con apoyos? Hoy por hoy en materia de justicia, tanto la verdad jurídica como la llamada verdad real, pretendidamente histórica, están seriamente afectadas. ¿Quién se hace cargo de ello en la agenda de 2012?