Presenta la solicitud ante corte de EU
Zedillo pide inmunidad por masacre de Acteal
Alega que por su carácter de ex presidente se deseche queja por crímenes de lesa humanidad
Inapropiada, la petición para dejar salvada su responsabilidad, señala abogado de indígenas
El recurso recién interpuesto no es válido, pues ya no cuenta con fuero, afirman activistas
Interpone moción en su calidad de ex presidente de México y niega tener responsabilidad
Zedillo pide inmunidad en EU por denuncia sobre matanza de Acteal
En septiembre pasado 10 sobrevivientes presentaron una demanda en la Corte Federal de Hartford, Connecticut
Todas las pruebas están respaldadas, sostiene abogado de los indígenas
Notimex
Periódico La Jornada
Sábado 7 de enero de 2012, p. 5
Miami, 6 de enero. El ex presidente Ernesto Zedillo reclamó hoy inmunidad legal a una corte estadunidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal, en 1997.
En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de ex presidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos ocurridos en dicho poblado de Chiapas.
Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso la moción por conducto de sus abogados, para solicitar que se deseche la acusación presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.
El ex mandatario fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños.
De acuerdo con la denuncia, esto ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno de El plan de campaña Chiapas 94, presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista, que emergió públicamente el primero de enero de 1994.
La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami (Florida), en nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos, y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.
“No es apropiado solicitar inmunidad”, insistió el abogado, al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.
Kobert se excusó de hacer más comentarios, por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del ex presidente responden a la demanda.
Ernesto Zedillo se desempeña actualmente como profesor en la Universidad de YaleFoto Carlos Ramos Mamahua
El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del ex gobernante mexicano, quien se desempeña actualmente como profesor en la Universidad de Yale, en New Haven.
En la demanda se acusa a Zedillo de conspirar, junto con el entonces procurador general Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo federal antes y después de la matanza.
De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.
En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas hasta de 26 años de cárcel.
Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.
Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia, en 2000.
La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la SCJN posibilitó que sobrevivientes y familiares de las víctimas conocieran tales hechos al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.
Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros buscar justicia en Estados Unidos en contra de ex funcionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.
“Juicio a Ángel Aguirre”La Ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros hacen posible que ciudadanos de otros países tengan derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.Zedillo: inmunidad, no inocencia
Si en política la forma es fondo, la solicitud de inmunidad presentada ayer por la defensa del ex presidente Ernesto Zedillo ante una corte de distrito en Connecticut –donde enfrenta una demanda civil por la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997– muestra el interés del actual profesor de Yale por desactivar las acusaciones en su contra al recurrir a limitaciones institucionales de los tribunales estadunidenses, no mediante un claro deslinde de su responsabilidad en el referido crimen.
Es posible, sin embargo, que semejante estrategia no resulte del todo inconveniente para los intereses del ex mandatario. El alegato de los abogados de Zedillo tiene como precedente la “declaración de interés”, emitida por el gobierno de Washington en marzo del año pasado, con respecto a la pretensión de llamar a testificar a Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, por los presuntos vínculos entre su gobierno y grupos paramilitares del país andino. A petición del gobierno actual de Bogotá, la administración de Barack Obama “sugirió” que el ex mandatario colombiano gozaba de inmunidad judicial en Estados Unidos, habida cuenta de que los señalamientos en su contra se referían a actos cometidos “en su desempeño oficial como miembro de un gobierno”.
En primer término, es significativo que los abogados de Zedillo utilicen, como parte central de su argumentación, un alegato similar al que sustenta la defensa del ex mandatario colombiano, quien es acusado de encabezar una presidencia delictiva en el ámbito nacional e internacional –recuérdese, por ejemplo, la incursión ilegal de las fuerzas colombianas en Sucumbíos, Ecuador, en marzo de 2008– y cuyos vínculos con el narcotráfico y con los paramilitares están ampliamente documentados.
Por otra parte, sería erróneo inferir, a partir de lo sucedido con Uribe, que la solicitud de inmunidad presentada por la defensa de Zedillo vaya a ser respondida en forma favorable, pues uno y otro casos revisten, pese a sus similitudes, una diferencia fundamental: en el primero, la solicitud de inmunidad estuvo respaldada por el actual gobierno colombiano; en el segundo, en cambio, ha quedado de manifiesto que el ex mandatario mexicano se ha vuelto figura indefendible e indeseable en muchos ámbitos, incluido el de la política de nuestro país. Con todo, los intereses empresariales y políticos estadunidenses, a cuya defensa se dedicó el propio Zedillo durante su mandato, así como la cercanía entre el ex mandatario y el gobierno entonces encabezado por William Clinton –cuya cónyuge se desempeña actualmente como secretaria de Estado– hacen aventurado descartar que Ernesto Zedillo pueda verse favorecido, al igual que Uribe, por una intercesión de la Casa Blanca ante el Poder Judicial de Estados Unidos.
Mucho más insostenibles son los señalamientos de la defensa del ex presidente de que las acusaciones en su contra por la masacre de Acteal “carecen de fundamento” y de que el hoy acusado “heredó el conflicto en Chiapas del gobierno anterior”. La responsabilidad de su gobierno en los hechos referidos está debidamente documentada no sólo en el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la Investigación del caso Acteal, difundido en octubre pasado, sino también en documentos oficiales desclasificados por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, en los que se asienta que el Ejército Mexicano dio “apoyo directo” a paramilitares en Chiapas como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y que aquellas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, cuando Zedillo detentaba ya la titularidad del Ejecutivo federal y el cargo de comandante supremo de las fuerzas armadas.
El actual académico de Yale tiene, pues, una responsabilidad insoslayable por crímenes de Estado que no ha sido cabalmente deslindada, y que amerita ser investigada en el contexto de la demanda civil en la corte de Connecticut y en otras instancias. La solicitud de inmunidad para Ernesto Zedillo, en cambio, más que reivindicar la pretendida inocencia del ex presidente, abona a la percepción generalizada sobre su culpabilidad.
Alumnos se reúnen con comisión legislativa que dará seguimiento al caso
Protestan en el DF por asesinato de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Sábado 7 de enero de 2012, p. 9
Estudiantes normalistas, padres de familia y organizaciones campesinas marcharon en el Distrito Federal para exigir castigo a los responsables de la muerte de dos alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, tras reiterar que no se reincorporarán a sus actividades escolares, como demanda el gobierno estatal, hasta “hacer justicia a nuestros compañeros caídos y que se sancione a los responsables”.
Encabezada por la banda de guerra de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, un contingente de poco más de 2 mil normalistas y padres de familia partió pasadas las 14 horas del Metro Xola hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde reiteraron su demanda de juicio político contra el gobernador de la entidad, Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El contingente, encabezado por estudiantes de las 16 normales rurales del país, exigió durante un mitin frente a la Cámara de Diputados, que el asesinato de sus compañeros Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el pasado 12 de diciembre durante el desalojo de un bloqueo en la Autopista del Sol, “no quede impune, como ha ocurrido en las matanzas de estudiantes de 1968 y 1971”.
Demandaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “haga su trabajo y no dé largas para hallar a los responsables. Por eso también exigimos que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero no sea omisa en sus investigaciones y entregue todos los datos que requiere la CNDH para dar con los autores intelectuales y materiales de los hechos”.
La movilización, en la que participaron contingentes de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, encabezado por Ignacio del Valle, así como Raúl Álvarez Garín, del Comité 68, además de diversas organizaciones de campesinos guerrenses, recorrió más de 10 kilómetros hasta llegar a San Lázaro, donde inició un mitin poco después de las 16:30 horas.
Los normalistas permanecieron más de una hora frente al acceso principal de la Cámara de Diputados, en la avenida Congreso de la Unión, en espera de ser recibidos por una comisión de legisladores que dará seguimiento a la denuncia sobre actos violatorios de los derechos humanos –interpuesta por los estudiantes de Ayotzinapa– y a su demanda de juicio político contra Aguirre Rivero.
Decenas de estudiantes normalistas e integrantes de organizaciones sociales marcharon ayer por la avenida Fray Servando, hacia la Cámara de DiputadosFoto Roberto García Ortiz
Emilio Albentosa López, vocero de los normalistas, indicó: “no vamos a parar las movilizaciones ni en Guerrero ni en la capital del país, hasta que escuchen nuestras demandas y se haga justicia”.
Evelia Herrera, tía de uno de los normalistas asesinados el pasado 12 de diciembre, afirmó que las familias de las víctimas “sólo pedimos justicia, y que no se intente culpar a los estudiantes normalistas de estos hechos, porque fue el gobierno del estado quien mandó policías armados a atacar directamente a los jóvenes e incendiar la gasolinería”, hecho que provocó la muerte de un trabajador.
Indicó que no aceptarán ninguna indemnización por la muerte de su familiar, “lo que demandamos es que se castigue a los culpables y que sus muertes no queden impunes”.
Integrantes de la comisión de estudiantes normalistas indicaron que tras hora y media de conversación con los legisladores, se acordó una segunda reunión para el próximo martes, así como insistir en la solicitud de que la Cámara de Diputados dé seguimiento al caso Ayotzinapa e inicie un juicio político contra el gobernador de la entidad.
Ni encubrimientos ni chivos expiatorios: PRD
Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, emplazó a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, a someterse a los requerimientos de información que le ha hecho la CNDH con relación a las investigaciones sobre los sucesos violentos de diciembre pasado, donde fueron asesinados dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que se debe dar con los responsables de los sucesos trágicos y subrayó que el PRD no va a encubrir a nadie que pueda tener responsabilidad, pero tampoco va a permitir que se quiera construir un chivo expiatorio en la figura del gobernador, “sólo porque haya algún interés político”.
Con información de Fabiola Martínez
No hay comentarios:
Publicar un comentario