Chile: la pesca, “un asunto de vida o muerte”
Estudiantes manifiestan su apoyo a los pobladores de Aysén, Chile.
Foto: AP
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VALPARAÍSO (apro).- El debate por la distribución de los recursos del mar se está convirtiendo en Chile en un polvorín a punto de estallar.
En febrero pasado, los empobrecidos pescadores artesanales de la austral región de Aysén, aliados a otros sectores sociales, desataron una verdadera sublevación contra el gobierno central.
Pedían, entre otros puntos, que se retire el proyecto de Ley de Pesca impulsado por gobierno –que actualmente se tramita en el Congreso– y que se construya una nueva “institucionalidad” que asegure la sustentabilidad de los recursos y se ponga fin a la depredación del mar consumada por los industriales.
Después de cinco semanas de movilizaciones en las que los manifestantes tomaron el control casi total de la región de Aysén, el gobierno del presidente Sebastián Piñera acabó con su intransigencia inicial y aceptó solucionar el problema por medio del diálogo.
El 22 de marzo, el ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter y el vocero de gobierno Andrés Chadwick recibieron en La Moneda a los dirigentes del movimiento social de Aysén, encabezado por el pescador Iván Fuentes.
Las partes acordaron que los manifestantes depondrían las movilizaciones, lo que tendría como contrapartida el retiro de las Fuerzas Especiales de Carabineros de la región de Aysén.
También se acordó la creación de diez mesas de trabajo entre funcionarios del gobierno y representantes del pueblo aisenino. Estas tendrían como objetivo resolver demandas de la pesca artesanal, y también las de los campesinos, transportistas, jubilados, estudiantes y, en general, de toda la empobrecida población de Aysén, aislada y extensa región de unos cien mil habitantes.
Entre las reivindicaciones más importantes figuraban, además de una redistribución de los recursos del mar, la rebaja en el precio de la gasolina –cuyo costo alcanza hasta los 2.4 dólares el litro en dicha región–, el subsidio a la calefacción de los hogares, el aumento del sueldo mínimo regional, la realización de un referéndum vinculante para decidir la construcción o no de megaproyectos hidroeléctricos como Hidroaysén y la creación de una universidad estatal de la Patagonia (así llaman los aiseninos a su región).
En algunos de estos temas se ha avanzado, como en el referido al precio de los combustibles, materia en la cual el gobierno se comprometió a enviar en el transcurso de mayo un proyecto de ley que dejaría a Aysén como una zona exenta de impuesto a los combustibles.
Por otra parte, el ministro de Desarrollo, Joaquín Lavín, firmó el 24 de marzo un compromiso para financiar la compra de la leña destinada a unos 20 mil hogares de cara al invierno que se avecina.
Antes de que el gobierno aceptara sentarse a negociar, la policía militarizada de Carabineros atacó a los manifestantes de Aysén con disparos de balines metálicos y gases lacrimógenos, con saldo de cientos de heridos. Éstos respondieron con piedras, palos y barricadas.
En rechazo a la violencia gubernamental, diputados de todos los partidos de oposición –Socialista, Democratacristiano, Radical, Por la Democracia y Comunista– presentaron el 4 de abril una acusación constitucional contra el ministro Hinzpeter por la responsabilidad que le cabría en la represión desatada.
Consultada telefónicamente por Apro, Giovana, pobladora que pidió se omitir su apellido, dijo que en Aysén hubo “una guerra en la que toda la población, hasta los más viejitos, trabajó para dar protección y proveer de piedras por medio de cadenas humanas a los guerreros. Fue tanta nuestra pujanza que vencimos a los policías enviados por el gobierno”.
Pelota trancada
Tras el fin de las protestas no todo ha sido color de rosa: luego de un mes de negociaciones, la mayoría de las agrupaciones de pescadores aiseninos sostienen que el gobierno, representado por el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, sólo se compromete con bonos en dinero y proyectos menores, pero no se muestra dispuesto a cambiar el actual modelo de administración de los recursos pesqueros.
Esto implicaría retirar el proyecto de Ley de Pesca ingresado en diciembre pasado al Poder Legislativo y discutir otro que considere las propuestas de los pescadores movilizados.
El proyecto gubernamental es impulsado por el ministro de Economía y precandidato presidencial de derecha, Pablo Longueira. En lo sustancial, esta norma apunta a mantener el actual modelo de extracción pesquera consagrado en la Ley de Pesca de 2001 –aprobado durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos–, que se caracteriza por concentrar en un pequeño grupo de grandes empresas la mayor parte de las cuotas de pesca. La vigencia de esta ley acaba con el último día de 2012, de ahí las urgencias.
Como resultado de la citada ley, nueve grupos económicos se apoderaron de 90% de la pesca industrial de sardina, jurel y anchoveta, los principales recursos del mar chileno. Estos mismos grupos intentan mantener sus prerrogativas, a pesar de que en diez años de explotación han provocado la crisis en la mayor parte de las pesquerías.
Longueira intenta respaldar el nuevo proyecto de ley en el trabajo de una mesa de diálogo que sesionó en septiembre pasado y que fue convocada por él. En ésta participaron dirigentes del sector industrial y las cúpulas de dos confederaciones nacionales de pescadores artesanales: Confepach y Conapach.
Después de un mes de trabajo, los 30 miembros de esta mesa firmaron un documento en el que se propone una repartición de los recursos del mar muy similar a la consagrada en la pasada Ley de Pesca de 2001.
Fruto del acuerdo hubo mejoras nominales para los pescadores pero que no se traducen en una ganancia verdadera. Por ejemplo, se acordó subir la participación que los artesanales tienen en la cuota de jurel de 5 a 10%, pero esta pesquería se encuentra en estado de colapso.
En entrevista con Apro, Cosme Caracciolo, vocero de la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero –organización que actualmente agrupa a la gran mayoría de los pescadores chilenos–, denunció que este proyecto “no fue discutido por las bases, por los pescadores, los que no sabían qué se estaba tramando entre cuatro paredes en el Ministerio de Economía”.
Señala que en esas reuniones hubo ofrecimientos económicos por parte del Ejecutivo con el fin de que los representantes de los artesanales aprobasen los acuerdos de dicha mesa.
Existen antecedentes concretos que avalan la denuncia de Caracciolo: el entonces secretario general de la Conapach, Nelson Estrada, denunció que en reunión realizada el 26 de septiembre, el subsecretario Galilea le ofreció aprobar en forma inmediata un proyecto productivo de 40 millones de pesos (85 mil dólares), a cambio que estampara su firma en el documento de acuerdos que respaldaría el Proyecto de Ley.
Estrada rechazó el ofrecimiento y denunció públicamente el intento de soborno encubierto. Esta situación fue corroborada por el presidente de las Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Pesqueras, Alfredo Irarrázaval, en una entrevista con la televisora CNN Chile.
Caracciolo señaló también que “hubo ofrecimientos de entrega de cuotas de pesca a las dos confederaciones de pescadores presentes en esa mesa. Este consistía en dar a cada una 1% de la cuota anual de explotación de sardina, lo que equivalía a entregar unos 900 mil dólares a cada una de ellas.
En el fondo, el gobierno y los empresarios pesqueros ofrecieron dinero y ‘granjerías’ (beneficios) a los dirigentes pesqueros para que firmaran acuerdos altamente perjudiciales para sus representados”.
El vocero Caracciolo señala que, luego de que los dirigentes de la Conapach firmaron este acuerdo, una gran mayoría de los asociados a esta organización renunciaron y formaron la organización que él representa como vocero.
Por rechazar el soborno y por la valentía de denunciarlo, el pescador Estrada fue elegido presidente de la nueva organización.
Caracciolo apunta al fondo del problema: “Se está repartiendo el patrimonio de Chile y se le esté entregando en propiedad a un grupo de siete familias”.
Señala: “Le hemos estado pidiendo al gobierno que se retire el proyecto y que haya una discusión participativa de todos los actores a nivel nacional para ver qué hacemos con el patrimonio pesquero que va quedando. Estamos hablando de recursos naturales, renovables, que están siendo explotados en forma irracional por el actual modelo de administración que ha provocado la desaparición de 70% de la biomasa de todos los recursos pesqueros”.
Preconiza el dirigente: “Si los pescadores perdemos esta pelea, la consecuencia será la desaparición definitiva de nuestra actividad. Estamos ante un asunto que es de vida o muerte”.
Las protestas de pescadores se están diseminando a lo largo de todo Chile, coincidiendo con una crispación social pocas veces vista.
El 19 de abril, los pescadores aiseninos volvieron a cerrar el acceso a Puerto Chacabuco, la principal vía de abastecimiento de la región de Aysén. Ese mismo día, unos 2 mil pescadores de la región del Maule (centro sur de Chile) bloquearon caminos y se enfrentaron a carabineros en las cercanías del puerto de Constitución. En las semanas previas hubo grandes protestas de pescadores en la región del Bío Bío y en la de Los Lagos.
El 25 de abril, unos 3 mil manifestantes, entre pescadores y estudiantes, marcharon por Temuco pidiendo “fin a la educación de mercado y a la privatización de los peces”, como rezaba el lienzo que encabezaba la manifestación.
A pesar de los protestas, el ministro Longueira sigue firme en su intención de sacar adelante el citado proyecto de Ley de Pesca. El martes 24, declaró, tras reunirse con los dirigentes de la Conapach y la Confepach, que no retirará el proyecto del Congreso e hizo un llamado a “aquellos sectores que se han manifestado en contra con el argumento que esto va a terminar con la pesca artesanal, a dar fundamentos técnicos para su postura, pues hasta el momento sólo se han limitado a transmitir slogans”.
Depredación
La Ley de Pesca de 2001, que impone la “privatización de los peces”, surgió luego de que se desató una “crisis del jurel”, el principal recurso pesquero del Pacífico Sur. Con el argumento de protegerlo, las autoridades establecieron un sistema de cuotas anuales con el aparente objetivo de reglamentar su extracción.
La Subsecretaría de Pesca (Subpesca) otorgó a las distintas empresas –también llamados armadores– una porción de esa cuota y lo hizo sobre la base de sus registros de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega de las naves. Es decir: las empresas más grandes, que más habían pescado o que más pesca pudieron acreditar se hicieron de las mayores cuotas.
Según señaló el sitio de investigación periodística Ciper, en el reportaje El saqueo del mar chileno, publicado el pasado 5 de enero, en 2010 la industria pesquera extractiva en Chile facturó más de mil 263 millones de dólares sólo en exportaciones. El 70% de los peces capturados en Chile son pelágicos (sardinas, jureles y anchovetas).
Según el Servicio Nacional de Pesca, 73% de los desembarques de jurel y alrededor de 99% de anchoveta y sardina se destinan a la fabricación de harina de pescado.
Según un estudio realizado en el transcurso de 2011, en ocho países por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la biomasa de jurel ha disminuido en aguas meridionales 90% en las últimas dos décadas.
Hace 20 años había unas 30 millones de toneladas, mientras que actualmente sólo quedan 3 millones. Esto augura una catástrofe global de esta y otras pesquerías.
De acuerdo con el ICIJ, Chile es el gran responsable de este colapso, lo que se refleja en el hecho que en los últimos diez años hizo desaparecer las 6 millones de toneladas de jureles que había en su mar.
El martes 22, la cadena inglesa de televisión BBC estrenó a nivel mundial el programa El saqueo del Océano Pacífico, que se basa en esta investigación de ICIJ. Allí denunció la depredación chilena del jurel y reveló que la sobreexplotación de sardinas, jureles y anchovetas realizada en este país es destinada casi en su totalidad a la producción de harina, la que a su vez se usa para alimentar salmones.
BBC entrevistó al biólogo marino Eduardo Tarifeño, quien dio a conocer que para producir un kilo de salmón se necesitan al menos 5 kilos de jurel, lo que para Tarifeño es una “aberración ambiental”. Chile es el segundo productor de salmones del mundo, a pesar de que sólo hace 30 años introdujo este pez con fines industriales.
El corresponsal consultó a Caracciolo sobre qué otras propuestas tiene su sector para poner fin a la crítica situación que afecta a los recursos pesqueros chilenos.
“Nosotros –dijo– estamos pidiendo la eliminación de la pesca de arrastre que es responsable del colapso de la mayoría de los recursos demersales (que viven cerca del fondo del mar). Te hablo de la merluza, merluza austral, congrio negro, congrio dorado, pejegallo. Eso en el proyecto Longueira no está contemplado… No se discute… Se mantiene el arrastre como el arte autorizado para que la industria siga haciendo esta aberración. Tampoco el proyecto dice nada de la dirección de los recursos hacia consumo humano y se deja abierto que 100% de las cuotas de jurel y sardina se destinen para producir harina. Ni se menciona el concepto de soberanía alimentaria”.
Concluye el pescador: “el proyecto Longueira es entregarle a los responsables del colapso de las pesquerías los recursos del mar prácticamente para siempre”.
En febrero pasado, los empobrecidos pescadores artesanales de la austral región de Aysén, aliados a otros sectores sociales, desataron una verdadera sublevación contra el gobierno central.
Pedían, entre otros puntos, que se retire el proyecto de Ley de Pesca impulsado por gobierno –que actualmente se tramita en el Congreso– y que se construya una nueva “institucionalidad” que asegure la sustentabilidad de los recursos y se ponga fin a la depredación del mar consumada por los industriales.
Después de cinco semanas de movilizaciones en las que los manifestantes tomaron el control casi total de la región de Aysén, el gobierno del presidente Sebastián Piñera acabó con su intransigencia inicial y aceptó solucionar el problema por medio del diálogo.
El 22 de marzo, el ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter y el vocero de gobierno Andrés Chadwick recibieron en La Moneda a los dirigentes del movimiento social de Aysén, encabezado por el pescador Iván Fuentes.
Las partes acordaron que los manifestantes depondrían las movilizaciones, lo que tendría como contrapartida el retiro de las Fuerzas Especiales de Carabineros de la región de Aysén.
También se acordó la creación de diez mesas de trabajo entre funcionarios del gobierno y representantes del pueblo aisenino. Estas tendrían como objetivo resolver demandas de la pesca artesanal, y también las de los campesinos, transportistas, jubilados, estudiantes y, en general, de toda la empobrecida población de Aysén, aislada y extensa región de unos cien mil habitantes.
Entre las reivindicaciones más importantes figuraban, además de una redistribución de los recursos del mar, la rebaja en el precio de la gasolina –cuyo costo alcanza hasta los 2.4 dólares el litro en dicha región–, el subsidio a la calefacción de los hogares, el aumento del sueldo mínimo regional, la realización de un referéndum vinculante para decidir la construcción o no de megaproyectos hidroeléctricos como Hidroaysén y la creación de una universidad estatal de la Patagonia (así llaman los aiseninos a su región).
En algunos de estos temas se ha avanzado, como en el referido al precio de los combustibles, materia en la cual el gobierno se comprometió a enviar en el transcurso de mayo un proyecto de ley que dejaría a Aysén como una zona exenta de impuesto a los combustibles.
Por otra parte, el ministro de Desarrollo, Joaquín Lavín, firmó el 24 de marzo un compromiso para financiar la compra de la leña destinada a unos 20 mil hogares de cara al invierno que se avecina.
Antes de que el gobierno aceptara sentarse a negociar, la policía militarizada de Carabineros atacó a los manifestantes de Aysén con disparos de balines metálicos y gases lacrimógenos, con saldo de cientos de heridos. Éstos respondieron con piedras, palos y barricadas.
En rechazo a la violencia gubernamental, diputados de todos los partidos de oposición –Socialista, Democratacristiano, Radical, Por la Democracia y Comunista– presentaron el 4 de abril una acusación constitucional contra el ministro Hinzpeter por la responsabilidad que le cabría en la represión desatada.
Consultada telefónicamente por Apro, Giovana, pobladora que pidió se omitir su apellido, dijo que en Aysén hubo “una guerra en la que toda la población, hasta los más viejitos, trabajó para dar protección y proveer de piedras por medio de cadenas humanas a los guerreros. Fue tanta nuestra pujanza que vencimos a los policías enviados por el gobierno”.
Pelota trancada
Tras el fin de las protestas no todo ha sido color de rosa: luego de un mes de negociaciones, la mayoría de las agrupaciones de pescadores aiseninos sostienen que el gobierno, representado por el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, sólo se compromete con bonos en dinero y proyectos menores, pero no se muestra dispuesto a cambiar el actual modelo de administración de los recursos pesqueros.
Esto implicaría retirar el proyecto de Ley de Pesca ingresado en diciembre pasado al Poder Legislativo y discutir otro que considere las propuestas de los pescadores movilizados.
El proyecto gubernamental es impulsado por el ministro de Economía y precandidato presidencial de derecha, Pablo Longueira. En lo sustancial, esta norma apunta a mantener el actual modelo de extracción pesquera consagrado en la Ley de Pesca de 2001 –aprobado durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos–, que se caracteriza por concentrar en un pequeño grupo de grandes empresas la mayor parte de las cuotas de pesca. La vigencia de esta ley acaba con el último día de 2012, de ahí las urgencias.
Como resultado de la citada ley, nueve grupos económicos se apoderaron de 90% de la pesca industrial de sardina, jurel y anchoveta, los principales recursos del mar chileno. Estos mismos grupos intentan mantener sus prerrogativas, a pesar de que en diez años de explotación han provocado la crisis en la mayor parte de las pesquerías.
Longueira intenta respaldar el nuevo proyecto de ley en el trabajo de una mesa de diálogo que sesionó en septiembre pasado y que fue convocada por él. En ésta participaron dirigentes del sector industrial y las cúpulas de dos confederaciones nacionales de pescadores artesanales: Confepach y Conapach.
Después de un mes de trabajo, los 30 miembros de esta mesa firmaron un documento en el que se propone una repartición de los recursos del mar muy similar a la consagrada en la pasada Ley de Pesca de 2001.
Fruto del acuerdo hubo mejoras nominales para los pescadores pero que no se traducen en una ganancia verdadera. Por ejemplo, se acordó subir la participación que los artesanales tienen en la cuota de jurel de 5 a 10%, pero esta pesquería se encuentra en estado de colapso.
En entrevista con Apro, Cosme Caracciolo, vocero de la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero –organización que actualmente agrupa a la gran mayoría de los pescadores chilenos–, denunció que este proyecto “no fue discutido por las bases, por los pescadores, los que no sabían qué se estaba tramando entre cuatro paredes en el Ministerio de Economía”.
Señala que en esas reuniones hubo ofrecimientos económicos por parte del Ejecutivo con el fin de que los representantes de los artesanales aprobasen los acuerdos de dicha mesa.
Existen antecedentes concretos que avalan la denuncia de Caracciolo: el entonces secretario general de la Conapach, Nelson Estrada, denunció que en reunión realizada el 26 de septiembre, el subsecretario Galilea le ofreció aprobar en forma inmediata un proyecto productivo de 40 millones de pesos (85 mil dólares), a cambio que estampara su firma en el documento de acuerdos que respaldaría el Proyecto de Ley.
Estrada rechazó el ofrecimiento y denunció públicamente el intento de soborno encubierto. Esta situación fue corroborada por el presidente de las Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Pesqueras, Alfredo Irarrázaval, en una entrevista con la televisora CNN Chile.
Caracciolo señaló también que “hubo ofrecimientos de entrega de cuotas de pesca a las dos confederaciones de pescadores presentes en esa mesa. Este consistía en dar a cada una 1% de la cuota anual de explotación de sardina, lo que equivalía a entregar unos 900 mil dólares a cada una de ellas.
En el fondo, el gobierno y los empresarios pesqueros ofrecieron dinero y ‘granjerías’ (beneficios) a los dirigentes pesqueros para que firmaran acuerdos altamente perjudiciales para sus representados”.
El vocero Caracciolo señala que, luego de que los dirigentes de la Conapach firmaron este acuerdo, una gran mayoría de los asociados a esta organización renunciaron y formaron la organización que él representa como vocero.
Por rechazar el soborno y por la valentía de denunciarlo, el pescador Estrada fue elegido presidente de la nueva organización.
Caracciolo apunta al fondo del problema: “Se está repartiendo el patrimonio de Chile y se le esté entregando en propiedad a un grupo de siete familias”.
Señala: “Le hemos estado pidiendo al gobierno que se retire el proyecto y que haya una discusión participativa de todos los actores a nivel nacional para ver qué hacemos con el patrimonio pesquero que va quedando. Estamos hablando de recursos naturales, renovables, que están siendo explotados en forma irracional por el actual modelo de administración que ha provocado la desaparición de 70% de la biomasa de todos los recursos pesqueros”.
Preconiza el dirigente: “Si los pescadores perdemos esta pelea, la consecuencia será la desaparición definitiva de nuestra actividad. Estamos ante un asunto que es de vida o muerte”.
Las protestas de pescadores se están diseminando a lo largo de todo Chile, coincidiendo con una crispación social pocas veces vista.
El 19 de abril, los pescadores aiseninos volvieron a cerrar el acceso a Puerto Chacabuco, la principal vía de abastecimiento de la región de Aysén. Ese mismo día, unos 2 mil pescadores de la región del Maule (centro sur de Chile) bloquearon caminos y se enfrentaron a carabineros en las cercanías del puerto de Constitución. En las semanas previas hubo grandes protestas de pescadores en la región del Bío Bío y en la de Los Lagos.
El 25 de abril, unos 3 mil manifestantes, entre pescadores y estudiantes, marcharon por Temuco pidiendo “fin a la educación de mercado y a la privatización de los peces”, como rezaba el lienzo que encabezaba la manifestación.
A pesar de los protestas, el ministro Longueira sigue firme en su intención de sacar adelante el citado proyecto de Ley de Pesca. El martes 24, declaró, tras reunirse con los dirigentes de la Conapach y la Confepach, que no retirará el proyecto del Congreso e hizo un llamado a “aquellos sectores que se han manifestado en contra con el argumento que esto va a terminar con la pesca artesanal, a dar fundamentos técnicos para su postura, pues hasta el momento sólo se han limitado a transmitir slogans”.
Depredación
La Ley de Pesca de 2001, que impone la “privatización de los peces”, surgió luego de que se desató una “crisis del jurel”, el principal recurso pesquero del Pacífico Sur. Con el argumento de protegerlo, las autoridades establecieron un sistema de cuotas anuales con el aparente objetivo de reglamentar su extracción.
La Subsecretaría de Pesca (Subpesca) otorgó a las distintas empresas –también llamados armadores– una porción de esa cuota y lo hizo sobre la base de sus registros de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega de las naves. Es decir: las empresas más grandes, que más habían pescado o que más pesca pudieron acreditar se hicieron de las mayores cuotas.
Según señaló el sitio de investigación periodística Ciper, en el reportaje El saqueo del mar chileno, publicado el pasado 5 de enero, en 2010 la industria pesquera extractiva en Chile facturó más de mil 263 millones de dólares sólo en exportaciones. El 70% de los peces capturados en Chile son pelágicos (sardinas, jureles y anchovetas).
Según el Servicio Nacional de Pesca, 73% de los desembarques de jurel y alrededor de 99% de anchoveta y sardina se destinan a la fabricación de harina de pescado.
Según un estudio realizado en el transcurso de 2011, en ocho países por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la biomasa de jurel ha disminuido en aguas meridionales 90% en las últimas dos décadas.
Hace 20 años había unas 30 millones de toneladas, mientras que actualmente sólo quedan 3 millones. Esto augura una catástrofe global de esta y otras pesquerías.
De acuerdo con el ICIJ, Chile es el gran responsable de este colapso, lo que se refleja en el hecho que en los últimos diez años hizo desaparecer las 6 millones de toneladas de jureles que había en su mar.
El martes 22, la cadena inglesa de televisión BBC estrenó a nivel mundial el programa El saqueo del Océano Pacífico, que se basa en esta investigación de ICIJ. Allí denunció la depredación chilena del jurel y reveló que la sobreexplotación de sardinas, jureles y anchovetas realizada en este país es destinada casi en su totalidad a la producción de harina, la que a su vez se usa para alimentar salmones.
BBC entrevistó al biólogo marino Eduardo Tarifeño, quien dio a conocer que para producir un kilo de salmón se necesitan al menos 5 kilos de jurel, lo que para Tarifeño es una “aberración ambiental”. Chile es el segundo productor de salmones del mundo, a pesar de que sólo hace 30 años introdujo este pez con fines industriales.
El corresponsal consultó a Caracciolo sobre qué otras propuestas tiene su sector para poner fin a la crítica situación que afecta a los recursos pesqueros chilenos.
“Nosotros –dijo– estamos pidiendo la eliminación de la pesca de arrastre que es responsable del colapso de la mayoría de los recursos demersales (que viven cerca del fondo del mar). Te hablo de la merluza, merluza austral, congrio negro, congrio dorado, pejegallo. Eso en el proyecto Longueira no está contemplado… No se discute… Se mantiene el arrastre como el arte autorizado para que la industria siga haciendo esta aberración. Tampoco el proyecto dice nada de la dirección de los recursos hacia consumo humano y se deja abierto que 100% de las cuotas de jurel y sardina se destinen para producir harina. Ni se menciona el concepto de soberanía alimentaria”.
Concluye el pescador: “el proyecto Longueira es entregarle a los responsables del colapso de las pesquerías los recursos del mar prácticamente para siempre”.
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