Calderón y la Providencia
Calderón en Washington.
Foto: AP
Foto: AP
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pasado lunes 23, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, el presidente de México reveló al mundo que la Providencia lo había puesto en su cargo para combatir al crimen organizado.
Un historiador de finales de este siglo tendrá que tomar en cuenta a esa agencia de Dios, la Providencia, para recontar la guerra que hoy seguimos viviendo y sus hechos de espanto. Las cabezas rodantes, los cadáveres encajuelados, la caravana de viudas, huérfanos y padres de hijos muertos recorriendo de luto las carreteras, los narcos tumbados en tapetes de lujo embadurnados de sangre y billetes de 500 pesos, los más de 150 mil ciudadanos desplazados de pueblos convertidos en pueblos fantasmas, donde sólo el viento recorre las casas desiertas.
La Divina Providencia: la agencia por la cual el Dios que está en las alturas metafísicas ejerce en la Tierra la lucha del Bien contra el Mal. La definición es de un santo, Tomás de Aquino.
Sin el concepto de la Providencia, nuestro supuesto historiador finisecular sencillamente no haría sentido de los números crudos de esta guerra y sobre todo de las decisiones que los han causado. Para empezar la decisión de su lanzamiento.
Discutida en el interregno de la anterior presidencia y la actual, mientras la capital del país se encontraba paralizada por las huestes del candidato perdedor de la contienda electoral, los colaboradores más íntimos de Calderón carecían de información suficiente para llegar a una decisión sensata, simplemente porque entonces la información nunca había sido recabada. No sabían cuántos eran ni en dónde estaban los enemigos, desconocían el tamaño de sus arsenales y sus fortunas, sólo intuían que las policías se hallaban infiltradas y que el Ejército tendría que librar la guerra. Las afirmaciones me las hizo un testigo presencial de aquellas reuniones, el entonces ya designado secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Así que lo que el Cisen no aportó al núcleo íntimo del presidente para la toma de la decisión, lo aportó la Providencia: la certeza de que era una guerra donde el Bien triunfaría sobre el Mal.
Al cabo del año 3 de la guerra, 125 líderes del crimen y más de 6 mil sicarios se habían sustraído de su actividad, y sin embargo el número anual de los muertos no disminuía y la violencia se había recrudecido y esparcido por ciudades antes relativamente pacíficas. La ecuación supuesta por el presidente era la inversamente contraria: a menos capos, más paz. ¿Qué demonios podía estar ocurriendo?
La pregunta no se la hizo el presidente, pero sí un investigador, Eduardo Hidalgo, quien armó con su propio dinero un observatorio de las cifras de la guerra y su localización geográfica, y un año más tarde ofreció una hipótesis en la revista Nexos. Con cada capo abatido, se desestructuraba un cártel: fragmentado en pandillas, las pandillas se enfrentaban rompiendo todos los códigos previos, para lograr con una crueldad ciega la hegemonía territorial. Los hechos confirmaron lo publicado por Eduardo Hidalgo. Muerto Arturo Beltrán Leyva, mandamás del narco en Morelos, en el estado la violencia se disparó como nunca antes. Capturado el capo mayor de Acapulco, La Barbie, el puerto se convirtió en un campo de batalla de adolescentes asesinos.
También en su año 3, algunos hechos vinieron a perturbar la fe, ya no la eficacia de la guerra, sino la misma creencia de que esta era una guerra del Bien contra el Mal. Para empezar, los muertos inocentes cobraron identidad. Los ciudadanos de bien abatidos en fuegos cruzados, ultimados por soldados intoxicados o prepotentes en estado natural, o asesinados por criminales, empezaron a nombrarse a sí mismos como víctimas de la guerra.
El presidente los desconoció en un primer momento. Famosamente los llamó daños colaterales y después empleó una metáfora desafortunada en donde parecía aludirlos. “Cuando se limpia la casa, el polvo sale por las ventanas”.
Otro trastorno semántico ahondó la discordia entre el presidente y la población civil. En una de las primeras reuniones de víctimas con el presidente, en Tijuana, las mujeres asistentes empezaron a llamar, así como si nada, a la guerra “su guerra, presidente”, dando a entender que no era la de los civiles. ¿Qué nos aquejaba a nosotros los civiles?: nos lo empezamos a preguntar un par de columnistas. El homicidio, el robo, la extorsión, los secuestros, cometidos, sí, por bandas criminales, pero no el tráfico de droga ejecutado por la élite de los cárteles y rigurosamente controlado con tecnología de punta por los capos. La distinción, más la creciente evidencia de que la captura y asesinato de capos esparcía la violencia, llamaba claramente a un cambio de objetivo en la guerra.
De nuevo, sólo la Divina Providencia pudo eclipsar en el presidente Calderón una conclusión en la que buena parte de la opinión pública coincidió.
Para el año 4, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reveló un dato. Según declaró, nadie había ofrecido al gobierno alternativas a una guerra frontal contra el narco. Ese nadie era para entonces bastante extenso, ruidoso y transnacional: Congresistas, gobernadores, investigadores, expresidentes del continente, columnistas mexicanos y estadunidenses, activistas sociales, víctimas de la guerra, habían propuesto una lucha contra el crimen con una estrategia menos bélica y más compleja.
Legalizar la mariguana para colapsar los recursos económicos de los cárteles; un tratado con Estados Unidos para impedir la compra de armas en sus armerías de la frontera; medidas severas contra el lavado del dinero; enjuiciamiento de los funcionarios coaligados con el crimen: para empezar a nombrar las numerosas propuestas que circulaban. Así como tres propuestas de mayor calibre que articuladas cambiarían la guerra contra el narco por una guerra por la paz: implantar el respeto a la ley, dar autonomía real al sistema judicial y crear una nueva policía honesta.
Lo revelador del dicho del entonces secretario de Gobernación es que en los salones de juntas de la Presidencia de la República todas esas voces sumaban nada, cero, nadie. Es comprensible: era pura palabrería humana incomparable con la voz divinamente autorizada de la Providencia.
Hay quien duda de la sinceridad de las palabras del presidente Calderón. No es mi caso. Creo que en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos el presidente Calderón afirmó su convicción. La Providencia lo colocó en el lugar preciso para librar una guerra contra el mal del narcotráfico. Es por ello que igual creo que debe impedirse que las clases de religión se impartan en las aulas mexicanas.
Un historiador de finales de este siglo tendrá que tomar en cuenta a esa agencia de Dios, la Providencia, para recontar la guerra que hoy seguimos viviendo y sus hechos de espanto. Las cabezas rodantes, los cadáveres encajuelados, la caravana de viudas, huérfanos y padres de hijos muertos recorriendo de luto las carreteras, los narcos tumbados en tapetes de lujo embadurnados de sangre y billetes de 500 pesos, los más de 150 mil ciudadanos desplazados de pueblos convertidos en pueblos fantasmas, donde sólo el viento recorre las casas desiertas.
La Divina Providencia: la agencia por la cual el Dios que está en las alturas metafísicas ejerce en la Tierra la lucha del Bien contra el Mal. La definición es de un santo, Tomás de Aquino.
Sin el concepto de la Providencia, nuestro supuesto historiador finisecular sencillamente no haría sentido de los números crudos de esta guerra y sobre todo de las decisiones que los han causado. Para empezar la decisión de su lanzamiento.
Discutida en el interregno de la anterior presidencia y la actual, mientras la capital del país se encontraba paralizada por las huestes del candidato perdedor de la contienda electoral, los colaboradores más íntimos de Calderón carecían de información suficiente para llegar a una decisión sensata, simplemente porque entonces la información nunca había sido recabada. No sabían cuántos eran ni en dónde estaban los enemigos, desconocían el tamaño de sus arsenales y sus fortunas, sólo intuían que las policías se hallaban infiltradas y que el Ejército tendría que librar la guerra. Las afirmaciones me las hizo un testigo presencial de aquellas reuniones, el entonces ya designado secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Así que lo que el Cisen no aportó al núcleo íntimo del presidente para la toma de la decisión, lo aportó la Providencia: la certeza de que era una guerra donde el Bien triunfaría sobre el Mal.
Al cabo del año 3 de la guerra, 125 líderes del crimen y más de 6 mil sicarios se habían sustraído de su actividad, y sin embargo el número anual de los muertos no disminuía y la violencia se había recrudecido y esparcido por ciudades antes relativamente pacíficas. La ecuación supuesta por el presidente era la inversamente contraria: a menos capos, más paz. ¿Qué demonios podía estar ocurriendo?
La pregunta no se la hizo el presidente, pero sí un investigador, Eduardo Hidalgo, quien armó con su propio dinero un observatorio de las cifras de la guerra y su localización geográfica, y un año más tarde ofreció una hipótesis en la revista Nexos. Con cada capo abatido, se desestructuraba un cártel: fragmentado en pandillas, las pandillas se enfrentaban rompiendo todos los códigos previos, para lograr con una crueldad ciega la hegemonía territorial. Los hechos confirmaron lo publicado por Eduardo Hidalgo. Muerto Arturo Beltrán Leyva, mandamás del narco en Morelos, en el estado la violencia se disparó como nunca antes. Capturado el capo mayor de Acapulco, La Barbie, el puerto se convirtió en un campo de batalla de adolescentes asesinos.
También en su año 3, algunos hechos vinieron a perturbar la fe, ya no la eficacia de la guerra, sino la misma creencia de que esta era una guerra del Bien contra el Mal. Para empezar, los muertos inocentes cobraron identidad. Los ciudadanos de bien abatidos en fuegos cruzados, ultimados por soldados intoxicados o prepotentes en estado natural, o asesinados por criminales, empezaron a nombrarse a sí mismos como víctimas de la guerra.
El presidente los desconoció en un primer momento. Famosamente los llamó daños colaterales y después empleó una metáfora desafortunada en donde parecía aludirlos. “Cuando se limpia la casa, el polvo sale por las ventanas”.
Otro trastorno semántico ahondó la discordia entre el presidente y la población civil. En una de las primeras reuniones de víctimas con el presidente, en Tijuana, las mujeres asistentes empezaron a llamar, así como si nada, a la guerra “su guerra, presidente”, dando a entender que no era la de los civiles. ¿Qué nos aquejaba a nosotros los civiles?: nos lo empezamos a preguntar un par de columnistas. El homicidio, el robo, la extorsión, los secuestros, cometidos, sí, por bandas criminales, pero no el tráfico de droga ejecutado por la élite de los cárteles y rigurosamente controlado con tecnología de punta por los capos. La distinción, más la creciente evidencia de que la captura y asesinato de capos esparcía la violencia, llamaba claramente a un cambio de objetivo en la guerra.
De nuevo, sólo la Divina Providencia pudo eclipsar en el presidente Calderón una conclusión en la que buena parte de la opinión pública coincidió.
Para el año 4, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reveló un dato. Según declaró, nadie había ofrecido al gobierno alternativas a una guerra frontal contra el narco. Ese nadie era para entonces bastante extenso, ruidoso y transnacional: Congresistas, gobernadores, investigadores, expresidentes del continente, columnistas mexicanos y estadunidenses, activistas sociales, víctimas de la guerra, habían propuesto una lucha contra el crimen con una estrategia menos bélica y más compleja.
Legalizar la mariguana para colapsar los recursos económicos de los cárteles; un tratado con Estados Unidos para impedir la compra de armas en sus armerías de la frontera; medidas severas contra el lavado del dinero; enjuiciamiento de los funcionarios coaligados con el crimen: para empezar a nombrar las numerosas propuestas que circulaban. Así como tres propuestas de mayor calibre que articuladas cambiarían la guerra contra el narco por una guerra por la paz: implantar el respeto a la ley, dar autonomía real al sistema judicial y crear una nueva policía honesta.
Lo revelador del dicho del entonces secretario de Gobernación es que en los salones de juntas de la Presidencia de la República todas esas voces sumaban nada, cero, nadie. Es comprensible: era pura palabrería humana incomparable con la voz divinamente autorizada de la Providencia.
Hay quien duda de la sinceridad de las palabras del presidente Calderón. No es mi caso. Creo que en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos el presidente Calderón afirmó su convicción. La Providencia lo colocó en el lugar preciso para librar una guerra contra el mal del narcotráfico. Es por ello que igual creo que debe impedirse que las clases de religión se impartan en las aulas mexicanas.
Regina, víctima del Estado criminal
Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Bajita, delgada y discreta, parecía frágil, pero era un roble por su voluntad, rigor e integridad personal y profesional. Regina Martínez –totonaca entera y orgullosa– fue, como persona y periodista, un emblema de heroísmo.
La conocí hace casi dos décadas, en 1993, durante una visita que hizo Cuauhtémoc Cárdenas a Veracruz, como parte de su precampaña presidencial. Era corresponsal de La Jornada y me la presentaron Alejandro Caballero y Pascal Beltrán del Río, enviados como yo.
Luego la traté cuando, hace una década, se inició como corresponsal de Proceso, y en Xalapa me acompañó en la presentación de mis libros, en el ocaso del gobierno de Miguel Alemán, cuando tenía ganado prestigio periodístico por su radical compromiso con el interés público que acreditaba en su trabajo diario en la agencia de noticias de nuestra revista.
En el noviembre reciente fue la última vez que charlé brevemente con ella, en medio del bullicio por el 35 aniversario del semanario que nos hizo más compañeros, sobre Veracruz y la negra noche de terror y desazón que llegó a esa entidad en los años de gobierno de Fidel Herrera y que se intensificó con su delfín Javier Duarte, un fascista confeso.
Inescrupuloso y frívolo, el priista Duarte nunca hizo nada para esclarecer los cuatro asesinatos de periodistas en los apenas 17 meses de gobierno –Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael, Yolanda Ordaz y Noel López Holguín–, ni ha dado garantías para el retorno de otros 13 que salieron del estado por amenazas de muerte ni ha encontrado uno más desaparecido.
Este ciclo de impunidad fue el que produjo –más allá del autor o autores materiales– la muerte de Regina Martínez Pérez, de 49 años de edad, que ha cimbrado al periodismo independiente en Veracruz y en todo México.
Porque el asesinato de Regina Martínez y los de otros 80 periodistas desde el año 2000 –nueve al año en el sexenio de Felipe Calderón– sólo se explica por un Estado criminal, cuya vigencia garantiza una única certeza: El acoso, la represión y los asesinatos contra periodistas continuarán en México.
Ausente el Estado de derecho y consolidadas las complicidades al más alto nivel del poder público, en los tres niveles y al margen de las identidades partidarias, las garantías para el ejercicio del periodismo independiente –el comprometido con la sociedad, no el que se acomoda a los poderes– no existen más que en la retórica, la misma cada vez que cae un compañero.
Y cada que ocurre el asesinato de un periodista –entre los miles y miles de homicidios que anualmente ha producido la demencial guerra de Calderón– es ocasión para reactivar discursos sepultados luego por el olvido, la indiferencia y la mezquindad, que incluye a los medios agraviados.
La fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) no funciona porque está hecha para la simulación, y no habrá leyes eficaces mientras se carezca de lo estricto: Voluntad política auténtica.
Y esa no la tienen –nunca la han tenido, ni siquiera en la retórica– los gobernadores priistas ni Vicente Fox ni Calderón, tan falsarios como los primeros.
Por eso Julio Scherer García, Rafael Rodríguez Castañeda y Salvador Corro, fundador, director y subdirector de Proceso, dejaron constancia ante el gobernador de Veracruz, y ante la opinión pública, que el asesinato de Regina no es fortuito, sino “resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana”.
“Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país. Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones”, puntualizaron, y ante Duarte fue inequívoca la postura:
“Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que ‘se investigará hasta las últimas consecuencias’. No les creemos y se los hicimos saber.”
En Proceso no habrá olvido, apuesta del poder criminal, no sólo por la tristeza y la ira que nos provoca el asesinato de Regina, sino porque la indignación y la memoria son también motores de nuestra profesión…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Bajita, delgada y discreta, parecía frágil, pero era un roble por su voluntad, rigor e integridad personal y profesional. Regina Martínez –totonaca entera y orgullosa– fue, como persona y periodista, un emblema de heroísmo.
La conocí hace casi dos décadas, en 1993, durante una visita que hizo Cuauhtémoc Cárdenas a Veracruz, como parte de su precampaña presidencial. Era corresponsal de La Jornada y me la presentaron Alejandro Caballero y Pascal Beltrán del Río, enviados como yo.
Luego la traté cuando, hace una década, se inició como corresponsal de Proceso, y en Xalapa me acompañó en la presentación de mis libros, en el ocaso del gobierno de Miguel Alemán, cuando tenía ganado prestigio periodístico por su radical compromiso con el interés público que acreditaba en su trabajo diario en la agencia de noticias de nuestra revista.
En el noviembre reciente fue la última vez que charlé brevemente con ella, en medio del bullicio por el 35 aniversario del semanario que nos hizo más compañeros, sobre Veracruz y la negra noche de terror y desazón que llegó a esa entidad en los años de gobierno de Fidel Herrera y que se intensificó con su delfín Javier Duarte, un fascista confeso.
Inescrupuloso y frívolo, el priista Duarte nunca hizo nada para esclarecer los cuatro asesinatos de periodistas en los apenas 17 meses de gobierno –Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael, Yolanda Ordaz y Noel López Holguín–, ni ha dado garantías para el retorno de otros 13 que salieron del estado por amenazas de muerte ni ha encontrado uno más desaparecido.
Este ciclo de impunidad fue el que produjo –más allá del autor o autores materiales– la muerte de Regina Martínez Pérez, de 49 años de edad, que ha cimbrado al periodismo independiente en Veracruz y en todo México.
Porque el asesinato de Regina Martínez y los de otros 80 periodistas desde el año 2000 –nueve al año en el sexenio de Felipe Calderón– sólo se explica por un Estado criminal, cuya vigencia garantiza una única certeza: El acoso, la represión y los asesinatos contra periodistas continuarán en México.
Ausente el Estado de derecho y consolidadas las complicidades al más alto nivel del poder público, en los tres niveles y al margen de las identidades partidarias, las garantías para el ejercicio del periodismo independiente –el comprometido con la sociedad, no el que se acomoda a los poderes– no existen más que en la retórica, la misma cada vez que cae un compañero.
Y cada que ocurre el asesinato de un periodista –entre los miles y miles de homicidios que anualmente ha producido la demencial guerra de Calderón– es ocasión para reactivar discursos sepultados luego por el olvido, la indiferencia y la mezquindad, que incluye a los medios agraviados.
La fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) no funciona porque está hecha para la simulación, y no habrá leyes eficaces mientras se carezca de lo estricto: Voluntad política auténtica.
Y esa no la tienen –nunca la han tenido, ni siquiera en la retórica– los gobernadores priistas ni Vicente Fox ni Calderón, tan falsarios como los primeros.
Por eso Julio Scherer García, Rafael Rodríguez Castañeda y Salvador Corro, fundador, director y subdirector de Proceso, dejaron constancia ante el gobernador de Veracruz, y ante la opinión pública, que el asesinato de Regina no es fortuito, sino “resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana”.
“Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país. Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones”, puntualizaron, y ante Duarte fue inequívoca la postura:
“Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que ‘se investigará hasta las últimas consecuencias’. No les creemos y se los hicimos saber.”
En Proceso no habrá olvido, apuesta del poder criminal, no sólo por la tristeza y la ira que nos provoca el asesinato de Regina, sino porque la indignación y la memoria son también motores de nuestra profesión…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
La conocí hace casi dos décadas, en 1993, durante una visita que hizo Cuauhtémoc Cárdenas a Veracruz, como parte de su precampaña presidencial. Era corresponsal de La Jornada y me la presentaron Alejandro Caballero y Pascal Beltrán del Río, enviados como yo.
Luego la traté cuando, hace una década, se inició como corresponsal de Proceso, y en Xalapa me acompañó en la presentación de mis libros, en el ocaso del gobierno de Miguel Alemán, cuando tenía ganado prestigio periodístico por su radical compromiso con el interés público que acreditaba en su trabajo diario en la agencia de noticias de nuestra revista.
En el noviembre reciente fue la última vez que charlé brevemente con ella, en medio del bullicio por el 35 aniversario del semanario que nos hizo más compañeros, sobre Veracruz y la negra noche de terror y desazón que llegó a esa entidad en los años de gobierno de Fidel Herrera y que se intensificó con su delfín Javier Duarte, un fascista confeso.
Inescrupuloso y frívolo, el priista Duarte nunca hizo nada para esclarecer los cuatro asesinatos de periodistas en los apenas 17 meses de gobierno –Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael, Yolanda Ordaz y Noel López Holguín–, ni ha dado garantías para el retorno de otros 13 que salieron del estado por amenazas de muerte ni ha encontrado uno más desaparecido.
Este ciclo de impunidad fue el que produjo –más allá del autor o autores materiales– la muerte de Regina Martínez Pérez, de 49 años de edad, que ha cimbrado al periodismo independiente en Veracruz y en todo México.
Porque el asesinato de Regina Martínez y los de otros 80 periodistas desde el año 2000 –nueve al año en el sexenio de Felipe Calderón– sólo se explica por un Estado criminal, cuya vigencia garantiza una única certeza: El acoso, la represión y los asesinatos contra periodistas continuarán en México.
Ausente el Estado de derecho y consolidadas las complicidades al más alto nivel del poder público, en los tres niveles y al margen de las identidades partidarias, las garantías para el ejercicio del periodismo independiente –el comprometido con la sociedad, no el que se acomoda a los poderes– no existen más que en la retórica, la misma cada vez que cae un compañero.
Y cada que ocurre el asesinato de un periodista –entre los miles y miles de homicidios que anualmente ha producido la demencial guerra de Calderón– es ocasión para reactivar discursos sepultados luego por el olvido, la indiferencia y la mezquindad, que incluye a los medios agraviados.
La fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) no funciona porque está hecha para la simulación, y no habrá leyes eficaces mientras se carezca de lo estricto: Voluntad política auténtica.
Y esa no la tienen –nunca la han tenido, ni siquiera en la retórica– los gobernadores priistas ni Vicente Fox ni Calderón, tan falsarios como los primeros.
Por eso Julio Scherer García, Rafael Rodríguez Castañeda y Salvador Corro, fundador, director y subdirector de Proceso, dejaron constancia ante el gobernador de Veracruz, y ante la opinión pública, que el asesinato de Regina no es fortuito, sino “resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana”.
“Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país. Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones”, puntualizaron, y ante Duarte fue inequívoca la postura:
“Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que ‘se investigará hasta las últimas consecuencias’. No les creemos y se los hicimos saber.”
En Proceso no habrá olvido, apuesta del poder criminal, no sólo por la tristeza y la ira que nos provoca el asesinato de Regina, sino porque la indignación y la memoria son también motores de nuestra profesión…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
No hay comentarios:
Publicar un comentario