Repsol despierta la bestia colonialista- Brasil: año tras año, ¿y dónde está la justicia?- Vanas amenazas a un país soberano-

Repsol despierta la bestia colonialista

Marcos Roitman Rosenmann

   

            Las medidas nacionalizadoras y recuperación de las riquezas básicas, ejecutadas en América Latina o África o Asia, siempre han sufrido la ira de los centros coloniales y las empresas afectadas. Los ejemplos no faltan a la cita. Lázaro Cárdenas, Jacobo Arbenz, Fidel Castro, Omar Torrijos, Velazco Alvarado, Salvador Allende, Evo Morales, Hugo Chávez, la lista es amplia. Acostumbrados al ordeno y mando, los arrogantes imperios desconocen el concepto de independencia y soberanía. Son reticentes al trato de igualdad. El paternalismo anclado en posiciones de fuerza articula el discurso de la soberbia imperial. Revelarse contra la autoridad paterna y el orden establecido debe merecer un castigo ejemplar. Bloqueos, procesos desestabilizadores, estrangulamiento económico, magnicidios o golpes de Estado. En estos días, la expropiación de una empresa privada, Repsol YPF, cuyos intereses sólo representan a sus accionistas y cuyo objetivo es obtener beneficios a costa de cualquier consideración ética, jurídica, moral y medio ambiental, despierta la ira de los centros de poder hegemónicos, sus instituciones y principales dirigentes políticos.

Argentina, su presidenta y su pueblo están siendo sometidos a un ataque sin cuartel por autoridades españolas, dirigentes europeos, gobiernos cipayos latinoamericanos, centros de estudio y medios de comunicación social, en los que Repsol posee acciones y controla voluntades. Estados Unidos, el FMI, la Unión Europea y lo impensable, la voz del principal sindicato considerado de izquierdas en España, Comisiones Obreras se suma al carro imperialista El comunicado de Comisiones Obreras no tiene desperdicio, se adhiere a las críticas de los partidos políticos y reivindica su desacuerdo y rechazo al gobierno argentino por una ... medida que causará graves perjuicios a los accionistas, sobre todo a los pequeños, a los trabajadores y a la economía española.... Un sindicato que dice representar a los trabajadores se alía con una empresa causante de asesinatos, secuestro y desaparición de dirigentes sindicales en Colombia y otros países de la región han perdido la vergüenza. En un excelente informe redactado en 2006, por Pedro Ramiro, y otros, editado como libro: La energía que apaga Colombia. Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa, sus autores relatan la puesta en práctica de la denominada ‘Operación Heroica’ desarrollada por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares, en la región de Arauca, para limpiar la zona y facilitar la instalación de Repsol. En dicha operación se realizaron 2 mil 500 detenciones de personas, acusando a 30 dirigentes de organizaciones ecologistas y medio ambientales de rebelión y terrorismo.
Llevada a cabo entre el 1º de enero y el 14 de noviembre de 2003, su implantación supuso un extraño incremento en el departamento de Arauca de más de 74 por ciento de los homicidios y privaciones de libertad ocurridos contra sindicalistas en toda Colombia. La instalación de Repsol, trajo consigo el desplazamiento y expropiación de tierras comunales de la etnia u’wa, los dueños reales de las tierras. Pero da igual que da lo mismo. Comisiones Obreras apoya a Repsol. Menos sorprendentes son las palabras de José Manuel Soria, ministro de Industria, cuando amenaza: El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo, palabras que tienen eco en Soraya Sáenz de Santamaría a la sazón vicepresidenta del gobierno, quien corrobora a su colega: La obligación de España es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España, sobre todo cuando Repsol les ha financiado electoralmente. Asimismo, el PSOE no ha querido faltar a la bacanal colonialista y paga favores a Repsol, diciendo que: el gobierno español sabe que puede contar con nosotros y confiamos en que finalmente esto se pueda arreglar y dar marcha atrás a una decisión muy perjudicial. El cuadro de ataques se completa con la miserable actuación de los partidos minoritarios y nacionalistas, que tildan la medida de anacrónica. Como síntesis la declaración emitida por Unión Progreso y Democracia, que “...insta al gobierno argentino a mantener una línea de coherencia en la aplicación de la necesaria seguridad jurídica de las empresas inversoras extranjeras que operan en el país..., Upyd quiere advertir sobre una posible extensión de expropiaciones encabezadas por Hugo Chávez en otros gobiernos de América Latina, que pueden poner en peligro los actuales niveles de inversión extranjera, estrangulando las posibilidades de desarrollo económico que hoy por hoy benefician las cuentas de países receptores de dicha inversión.... y exige responsabilidad jurídica para las inversiones de Repsol. “¿Entenderá Upyd por responsabilidad jurídica aquellas que hacen la vista gorda al asesinato de dirigentes sindicales, el traslado forzoso y el etnocidio de comunidades y pueblos originarios, así como la impunidad en la degradación medioambiental donde está presente?

Pareciera ser que Repsol es una empresa modélica, comprometida con la protección del medio ambiente, respetuosa de las comunidades indígenas y líder en la aplicación de tecnologías no contaminantes y un presidente Antonio Brufau, en la indigencia, cuyo sueldo en 2011, superó los 7 millones de euros netos. Motivo por el cual, no tiene empacho en decir que la expropiación sólo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando argentina.

Sin embargo, un informe del Observatorio de las Multinacionales españolas en América Latina (OMAL) apunta lo contrario. Repsol actúa activamente en la pérdida de la diversidad, está presente en 17 parques nacionales en Bolivia, Ecuador y argentina. Sus emisiones directas ascienden a 30 millones de toneladas de CO2 equivalente, ello sin tomar en consideración aquellas producto de la quema de combustibles fósiles que producen más de mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año.

Pero en esta campaña desestabilizadora no podemos dejar de mencionar la actuación de los gobiernos cipayos de América latina. Las palabras de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia quien, para mostrar su simpatía con Repsol señala que: aquí, por Colombia, no expropiamos... queremos que ustedes sientan que hay reglas estables de juego, aquí no vamos a expropiar; sean bienvenidos ustedes, son nuestros socios. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, y qué decir de Felipe Calderón cuando critica a la presidenta de Argentina y califica la medida de lamentable... y que no le va hacer bien a nadie, o del ministro de economía de Ollanta Humala, Miguel Castilla, adjetivando la nacionalización de política errónea e insana. Sebastián Piñera, presidente de Chile, tampoco pierde comba y muestra su preocupación por tal medida. Todos ellos han olvidado que sus países son lo que son, en gran medida, por la nacionalización del petróleo y del cobre. Por suerte, otro grupo de presidentes y países, la mayoría como Venezuela, Ecuador, Cuba, Paraguay, Bolivia, Brasil o Uruguay han levantado la bandera de la dignidad, apoyando a la República Argentina. Basten las palabras de José Mujica, presidente de Uruguay, quien subrayó que tal medida se fundó en un viejo error, el de privatizar la petrolera estatal en la década de los noventa... y si lo arreglan o no lo arreglan es un problema del pueblo argentino. No hay más caminos o soberanía nacional o claudicación vergonzante.

  

Argentina: Golpe de timón

Vanas amenazas a un país soberano

Óscar González*

 

 

           Incapaz de afrontar la crisis financiera que expande el desempleo, paraliza el crecimiento y hasta lleva al suicidio a algunos de los nuevos desposeídos, el Parlamento Europeo intenta ahora hallar un chivo expiatorio para ocultar su propia impericia para frenar un ciclón que se está llevando puesto aquel pacto social incluyente que imperó en la región a partir de la segunda posguerra.

Al censurar la decisión soberana de Argentina de recuperar su autonomía energética reasumiendo la conducción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, su histórica empresa petrolera, y desatar una embestida para obstaculizar su desarrollo como sociedad anónima con mayoría estatal, los eurodiputados, que actúan como obedientes mandaderos de los líderes conservadores, llámense Merkel, Sarkozy, Monti, Rajoy, orillan el ridículo.
Esa actitud en la arena supranacional es coherente con la política que despliegan en sus propios países, donde los bancos son más importantes que las personas y lo que proponen para sus vecinos de la Europa subordinada: políticas de austeridad brutales y remoción de gobernantes elegidos libremente, designando en su lugar a burdos ejecutores del ajuste, como ocurrió en Italia y Grecia.
Por suerte, frente a esa mayoría de parlamentarios que se hincan ante al liderazgo del capital especulativo que opera a través del Banco Central Europeo, hay un sector como el que integran los diputados de la izquierda y verdes Catherine Grèze, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda y Rui Tavares, que en ese ingrato ámbito dan testimonio de solidaridad internacional.
Son ellos los que afrontaron el debate en Estrasburgo reivindicando el derecho de los gobiernos a nacionalizar los sectores estratégicos de la economía, incluido el sector energético, cuando los intereses de una empresa privada y de la mayoría de la población difieren considerablemente y el sector se ha vuelto esencial para aplicar políticas económicas indispensables, principalmente en un contexto de grave crisis económica.

Son aquellos también los que demandaron al gobierno de España que no confunda los intereses públicos con los intereses privados y señalaron que los intereses de la empresa privada Repsol no son ni el interés general de España ni los intereses de la Unión Europea.

Enorme burocracia de costos millonarios sólo comparables con los de las elefantiásicas y arcaicas monarquías, el Parlamento Europeo no puede, no sabe o no quieres resolver la crisis que se abate sobre ese continente, desertando así de una misión propia y fundamental. Esa conducta, además de contradecir su razón fundacional, que no es otra que la de legislar en defensa de los intereses de usuarios y consumidores, ha echado por tierra con casi medio siglo de actuación del Comité Económico y Social Europeo, foro que permite que sindicatos, trabajadores, agricultores y otros sectores sociales expresen su opinión sobre las propuestas legislativas en el marco del sostenimiento del Estado benefactor.

No se trata de una deserción desinteresada. Por el contrario, ella convalida esa concepción de que es el mercado, representado por el Fondo Monetario Internacional y el BCE, el que legitima la política, quedando los partidos, aun los socialdemócratas y considerados progresistas, al costado del camino, como inútiles testigos de una historia que les pasa por encima.

Contrariamente a un Congreso como el argentino, abocado hoy con entusiasmo y virtual unanimidad a reivindicar esa expresión soberana que remite al ejercicio de la propia independencia nacional, estos políticos y parlamentarios europeos, incompetentes para asumir una realidad que ellos mismos contribuyeron a crear, naufragan hoy en la impotencia, prestándose al inútil ejercicio de suscribir amenazas contra un país que ha decidido asumir su propio destino.

*Dirigente del Socialismo para la Victoria. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno de Argentina

Diario Págin

Brasil: año tras año, ¿y dónde está la justicia?

Joao Pedro Stedile*

 

 

          El 17 de abril de 1996, siendo Fernando Henrique Cardoso presidente de Brasil, tropas de la policía militar autorizadas por el gobernador Almir Gabriel (PSDB-Pará), y financiadas por la empresa Valle do Río Doce (como denunció más tarde en el proceso el abogado de los policías...), atacaron una marcha pacífica de más de mil familias de los sin tierra que salieron de Eldorado dos Carajás con rumbo a Belén.

El resultado de la masacre todos lo conocen –hasta las piedras–, 19 sin tierra asesinados, algunos con excesos de crueldad, pues tras ser maniatados fueron muertos a culatazos. Otros dos murieron algunos meses después y más de 60 sufren las secuelas hasta hoy y quedaron imposibilitados para el trabajo agrícola.
La sociedad brasileña quedó aterrorizada. La ONU, los obispos, el Papa y los orixás clamaron por justicia. Los movimientos campesinos de todo el mundo escogieron entonces el día 17 de abril como el día mundial de la lucha campesina, en homenaje a aquellos mártires.
Un lento proceso se siguió en la justicia paraense, que culminó con la conformación de un jurado popular que en 2002 condenó a los dos principales comandantes militares a penas de más de 200 años de prisión. Los comandantes apelaron. El Poder Judicial acogió el pedido. Y luego, el silencio. Pasados 16 años de la masacre, ¡ningún responsable directa o indirectamente ha sido apresado, castigado o ha sufrido algún tipo de restricción por parte de la justicia brasileña!
Por esas y otras razones es que el pueblo brasileño, por mucho, considera al Poder Judicial el más injusto, el más antidemocrático, el más corporativo y el más servil a los intereses de la burguesía. Como dice el dicho popular, ¡la cárcel en Brasil está hecha para los pobres y negros!
Pero algún día tendremos una reforma del Poder Judicial para que por fin cese la vergüenza de las injusticias, de los salarios inmorales, de las ventajas y de las infiltraciones denunciadas incluso por el Consejo Nacional de Justicia.
Felizmente, los supervivientes fueron asentados en un latifundio de 50 mil hectáreas, que hasta entonces el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) decía ser productivo, y que hoy constituye la más productiva y progresista comunidad rural del municipio de Eldorado dos Carajás, el distrito 17 de abril.
Mientras tanto, ¿dónde está la reforma agraria?
El capital agrario y las corporaciones trasnacionales están nadando a sus anchas en la agricultura brasileña. Tras la crisis del capitalismo internacional, los precios medios de las commodities agrícolas se duplicaron. Eso representó un enorme aumento en la tasa de ganancia, y una corrida de los capitalistas de todo el mundo para comprar tierras en Brasil, y en América Latina, y controlar la producción de las mercancías agrícolas.
Resultado: Brasil experimentó en años recientes el mayor índice de concentración de tierras de todos los tiempos. Está en curso una enorme concentración de la producción agrícola, que destina 85 por ciento de todas las tierras agrícolas a sólo cuatro productos: soya, maíz, caña y ganadería. La economía brasileña retornó a los tiempos coloniales y se volvió agro-exportadora, mientras la industria cae y representa sólo 15 por ciento del PIB.

El agronegocio concentra tierras y producción. Aumenta su dependencia de los fertilizantes importados, que en 2011 alcanzó la cifra de 28 millones de toneladas. Se transforma así a Brasil en el mayor consumidor mundial de venenos agrícolas que contaminan el suelo, las aguas y hasta la atmósfera, matan vegetales y animales; el cáncer prolifera, se registran más de un millón de casos por año, de los cuales, según el Instituto Nacional del Cáncer, ¡solamente 40 por ciento sobrevivirán!

El agronegocio desequilibra el medioambiente con la deforestación y destruye la biodiversidad. Altera el clima. Pero sigue ganando mucho dinero.

¡Todo eso es saludado por la prensa burguesa como el éxito del progreso!

¿Y el gobierno?

Entre tanto, el gobierno aún no toma posición en el tema agrario, y cuando se manifiesta es para decir cosas sin sentido, como esa repetición absurda de que la reforma agraria no es distribuir tierras, que primero tenemos que mejorar la calidad de los asentamientos.

Sería como decir a las 10 millones de familias brasileñas que habitan viviendas precarias, que el gobierno no va a construir más casas, que primero prefiere mejorar las casas de los que ya las tienen.

Señores gobernantes: busquen en el diccionario de la educación del campo, recién editado por la Fiocruz o en Aurélio: reforma agraria es un programa gubernamental en el que el Estado expropia las grandes propiedades, los latifundios, y los distribuye entre los agricultores sin tierra, promoviendo la democratización de la propiedad rural en el país.

Todos los países del hemisferio norte, todas las democracias contemporáneas realizaron reformas agrarias, democratizando el acceso a la tierra como base para la construcción de sociedades más democráticas. Finalmente, la tierra es un bien de la naturaleza, y todos los ciudadanos tienen los mismos derechos sobre ella, así como tienen derecho a la alimentación, al empleo, a la vivienda digna y a la educación.

Como no quieren hacer una verdadera reforma agraria, inventan subterfugios de ocasión. ¡Sean más sinceros, por lo menos! Y menos absurdos, porque los grandes propietarios de tierra, las empresas trasnacionales y el agronegocio, siempre hicieron campaña y financiaron a los candidatos neoliberales y contrarios a los gobiernos de Lula y Dilma.

(Traducción Alai)

*Joao Pedro Stedile es integrante de la coordinación nacional del MST y de la Vía Campesina de Brasila/12