Policía militar, pauta de EU para México
Elementos de la Marina en Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos
Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (apro).- Las estimaciones más conservadoras indican que cuando Felipe Calderón abandone Los Pinos habrá dejado tras de sí 65 mil muertos. Un promedio de once mil por año.
Quien lo sustituya tendrá que revertir esa cifra porque no querrá seguir una estrategia que no es la suya. En lugar de las persecuciones “en caliente” que caracterizaron la mayor parte de este sexenio, tendrá que dedicarse a la creación de una policía militar para combatir a corto y mediano plazo a la delincuencia organizada en el país.
Al menos esa es una de las pautas que el gobierno de Estados Unidos ha propuesto para México desde los tiempos del exembajador de ese país en México, Carlos Pascual.
El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, hasta ahora primero en las encuestas, apoya esa idea. Apenas comenzaba la campaña presidencial, el priista respaldó la decisión de dejar a la Policía Naval como encargada de la seguridad pública en Veracruz, como lo fijó el gobierno de Calderón en plena abdicación del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
La Marina, Armada de México no sólo hizo del puerto de Veracruz su principal centro de operaciones contra el narcotráfico, sino que se quedó con el control de la seguridad de ese territorio.
Para abundar en esa idea, en una entrevista con la agencia inglesa de noticias Reuters, Peña Nieto aseguró que busca crear una policía nacional de carácter paramilitar como los Carabineros de Chile, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de Colombia, la Guardia Civil de España o la Gendarmería Nacional de Francia. Brasil e Italia tienen cuerpos similares.
Ese nuevo cuerpo tendría unos 40 mil elementos, cinco mil más de los que ahora tiene la Policía Federal (PF), el costoso experimento de Genaro García Luna avalado por Calderón.
De acuerdo con el esquema estadunidense, de esa manera los militares podrían regresar a sus cuarteles en un plazo establecido, pero sin dejar de participar en las labores contra el narcotráfico.
Su tarea sería la de dar entrenamiento militar a los policías del nuevo cuerpo. Tal vez, los 35 mil que ya tiene la PF o una parte de ellos, para dejar en esa corporación las labores de inteligencia.
Ese esquema es muy distinto al que caracterizó al gobierno de Calderón, en el que los efectivos del Ejército, la Marina y de la Policía Federal operan cuando no confrontados, por separado.
También es diferente al usado durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, en el que mediante acuerdos institucionales, las secretarías de la Defensa y la de Marina prestaban efectivos a la entonces Policía Federal Preventiva (PFP). Los vestían de gris y ya los hacían “policías civiles”.
Confrontado con los militares, García Luna logró que Calderón le diera sus propios policías, que no han hecho mayor diferencia respecto de las prácticas corruptas de otras corporaciones policiales.
De acuerdo con la firma estadunidense Strategic Forecast (Stratfor), los nuevos policías militares serían oficiales de la policía que recibirían entrenamiento policial y militar.
Tendrían mayor armamento que una policía civil para facilitar sus patrullajes y eventuales enfrentamientos con la delincuencia organizada y, sobre todo, podrían tener autoridad para investigar delitos.
De acuerdo con Stratfor, que tiene su sede en Texas, Peña Nieto propone aumentar en 15 mil las plazas de la Policía Federal para tener un cuerpo de 50 mil hombres. Es decir, que además de esa gran fuerza, dispondría de una policía paramilitar de 35 mil hombres.
En la actualidad, el Ejército dispone de 45 mil efectivos para enfrentarse al narco –a los que refresca cada mes con otros 45 mil hombres–, mientras que la Armada dedica unos 15 mil infantes de Marina para esa tarea.
Es decir, que de los 60 mil militares que hoy de forma combinada están dedicados a tareas contra el narcotráfico, con Peña Nieto se pasarían a 40 mil paramilitares, al tiempo que se reforzaría la PF.
En cualquier caso, su tarea principal será la de reducir la espiral de muerte iniciada a fines del sexenio de Fox, en 2005, y acelerada por un gobierno que será recordado como el más violento en México desde hace un siglo.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
Hacia un nuevo desarrollo
Una mujer en la comunidad mixteca de Cochoapa, Guerrero.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Existen posibilidades de emprender una nueva fase de desarrollo con justicia y equidad. La aparente fatalidad que se vive en el país –de incremento de la violencia, incapacidad de los gobiernos federales del PRI y del PAN para evitar las desigualdades extremas, incremento de las desventajas comparativas con otras sociedades, e ignorancia social que se ha extendido por la falta de oportunidades educativas buenas para todos– puede ser combatida, superada y revertida con un cambio estructural en la organización del Estado mexicano.
El intelectual brasileño Roberto Mangabeira afirma que “ninguna sociedad está condenada a permanecer en su presente nivel de desventaja comparativa” y que “cada sociedad puede reorganizarse” (El despertar del individuo, FCE, 2009, página 223). Ante tal desafío, un vasto grupo de académicos y expertos asumió la responsabilidad de pensar y proponer las bases de un nuevo (y distinto) desarrollo para México, organizados en un Consejo Nacional de Universitarios (CNU) que durante todo 2011 construyó la sustentación teórica y programática de una nueva base de relaciones políticas, prioridades y estrategias económicas y sociales, bajo la coordinación del doctor José Luis Calva y de una Comisión de Coordinación representativa de las distintas áreas de conocimiento y de las instituciones de educación superior y de investigación del país, ante la oportunidad de presentar sus propuestas e ideas en esta coyuntura electoral federal.
Estos trabajos han sido publicados en 18 tomos, bajo el título general de Análisis estratégico para el desarrollo (Juan Pablos Editor-CNU, 2012), que se presentarán este miércoles 18 de abril en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El tomo 10 se refiere a las “Políticas de educación, ciencia, tecnología y competitividad”, y escriben allí 20 expertos de la talla de Jaime Aboites, Leonel Corona, Claudia Díaz, René Drucker, Angélica Pino, Armando Kuri, Carlos Muñoz Izquierdo, Marisol Silva, Héctor Ramírez del Razo, Manuel Ulloa y Gustavo Viniegra, entre otros. El análisis que se presenta es un diagnóstico a profundidad de las condiciones educativas y científico-tecnológicas que se viven, y da como resultado una serie de propuestas debidamente sustentadas para diseñar un escenario de cambio de fondo en estos aspectos, cruciales para poder salir del tremendo bache nacional.
Este bache, como se indica en uno de los trabajos, se expresa en la prolongada atonía en que se encuentra desde 1980 México, el cual no ha mostrado el dinamismo que han alcanzado otros países, sobre todo por los siguientes registros: alarmantes niveles de desigualdad del ingreso familiar y de desarrollo humano; pobre desempeño económico y social que se ha traducido en un rezago en la creación de empleos; emigración de 10 millones de mexicanos; cerca de medio millón de personas involucradas en las bandas delincuenciales que amenazan la gobernabilidad interna; bajos ingresos fiscales; gasto gubernamental que no mejora de manera significativa “los bienes públicos disponibles para el común de las personas”; disminución de las reservas petroleras (página 317-319); ampliación de las brechas en materia de conocimientos, ciencia y tecnología (René Drucker, et. al.), y tremendas condiciones que se padecen en el ámbito educativo (Héctor Ramírez del Razo).
Sin embargo, se presentan alternativas para dar un cambio de rumbo al empantanado actual estado de cosas: una primera hace referencia a enfrentar las desigualdades extremas –que se han agrandado en las últimas décadas– en las oportunidades educativas de la mayoría de la población (Carlos Muñoz Izquierdo, Marisol Silva, Manuel Ulloa), así como la falta de respeto a los actores centrales del sistema educativo y la desigual distribución de los recursos y de sus resultados. Una segunda menciona la posibilidad de aumentar las capacidades educativas científico-tecnológicas que se tienen, mediante políticas de Estado basadas en la cooperación y la innovación (Leonel Corona), así como la de reorganizar a fondo la actividad de las instituciones cuyo encargo es la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes. El logro de lo anterior depende de la movilización y acción de la sociedad para remontar las presentes políticas gubernamentales decadentes, conservadoras y dependientes en estos ámbitos, de modo que se emprenda un camino alternativo de organización ciudadana.
La acción del Estado es crucial para aplicar estas alternativas, pero no puede el Estado ir solo. Más allá de las figuras y de los actores que se presentan en la arena política, destaca siempre el papel que tienen la sociedad civil y ciertos grupos de la misma en la construcción de una cultura de la resistencia, con una prospectiva que vaya más allá de las coyunturas, pues éstas pueden provocar rupturas en momentos clave como una elección presidencial.
El intelectual brasileño Roberto Mangabeira afirma que “ninguna sociedad está condenada a permanecer en su presente nivel de desventaja comparativa” y que “cada sociedad puede reorganizarse” (El despertar del individuo, FCE, 2009, página 223). Ante tal desafío, un vasto grupo de académicos y expertos asumió la responsabilidad de pensar y proponer las bases de un nuevo (y distinto) desarrollo para México, organizados en un Consejo Nacional de Universitarios (CNU) que durante todo 2011 construyó la sustentación teórica y programática de una nueva base de relaciones políticas, prioridades y estrategias económicas y sociales, bajo la coordinación del doctor José Luis Calva y de una Comisión de Coordinación representativa de las distintas áreas de conocimiento y de las instituciones de educación superior y de investigación del país, ante la oportunidad de presentar sus propuestas e ideas en esta coyuntura electoral federal.
Estos trabajos han sido publicados en 18 tomos, bajo el título general de Análisis estratégico para el desarrollo (Juan Pablos Editor-CNU, 2012), que se presentarán este miércoles 18 de abril en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El tomo 10 se refiere a las “Políticas de educación, ciencia, tecnología y competitividad”, y escriben allí 20 expertos de la talla de Jaime Aboites, Leonel Corona, Claudia Díaz, René Drucker, Angélica Pino, Armando Kuri, Carlos Muñoz Izquierdo, Marisol Silva, Héctor Ramírez del Razo, Manuel Ulloa y Gustavo Viniegra, entre otros. El análisis que se presenta es un diagnóstico a profundidad de las condiciones educativas y científico-tecnológicas que se viven, y da como resultado una serie de propuestas debidamente sustentadas para diseñar un escenario de cambio de fondo en estos aspectos, cruciales para poder salir del tremendo bache nacional.
Este bache, como se indica en uno de los trabajos, se expresa en la prolongada atonía en que se encuentra desde 1980 México, el cual no ha mostrado el dinamismo que han alcanzado otros países, sobre todo por los siguientes registros: alarmantes niveles de desigualdad del ingreso familiar y de desarrollo humano; pobre desempeño económico y social que se ha traducido en un rezago en la creación de empleos; emigración de 10 millones de mexicanos; cerca de medio millón de personas involucradas en las bandas delincuenciales que amenazan la gobernabilidad interna; bajos ingresos fiscales; gasto gubernamental que no mejora de manera significativa “los bienes públicos disponibles para el común de las personas”; disminución de las reservas petroleras (página 317-319); ampliación de las brechas en materia de conocimientos, ciencia y tecnología (René Drucker, et. al.), y tremendas condiciones que se padecen en el ámbito educativo (Héctor Ramírez del Razo).
Sin embargo, se presentan alternativas para dar un cambio de rumbo al empantanado actual estado de cosas: una primera hace referencia a enfrentar las desigualdades extremas –que se han agrandado en las últimas décadas– en las oportunidades educativas de la mayoría de la población (Carlos Muñoz Izquierdo, Marisol Silva, Manuel Ulloa), así como la falta de respeto a los actores centrales del sistema educativo y la desigual distribución de los recursos y de sus resultados. Una segunda menciona la posibilidad de aumentar las capacidades educativas científico-tecnológicas que se tienen, mediante políticas de Estado basadas en la cooperación y la innovación (Leonel Corona), así como la de reorganizar a fondo la actividad de las instituciones cuyo encargo es la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes. El logro de lo anterior depende de la movilización y acción de la sociedad para remontar las presentes políticas gubernamentales decadentes, conservadoras y dependientes en estos ámbitos, de modo que se emprenda un camino alternativo de organización ciudadana.
La acción del Estado es crucial para aplicar estas alternativas, pero no puede el Estado ir solo. Más allá de las figuras y de los actores que se presentan en la arena política, destaca siempre el papel que tienen la sociedad civil y ciertos grupos de la misma en la construcción de una cultura de la resistencia, con una prospectiva que vaya más allá de las coyunturas, pues éstas pueden provocar rupturas en momentos clave como una elección presidencial.
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