Relegan gobernantes a niños que viven en las calles: ONG-Telescopio- ¡Es la soberanía!

Derechos y realidad

Relegan gobernantes a niños que viven en las calles: ONG

Ni siquiera hay cifras precisas acerca de esa población, deploran

El tema está ausente de la agenda política de los tomadores de decisiones, denuncian

Uno de cada 10 menores de edad trabaja, de acuerdo con cifras oficialesFoto María Luisa Severiano

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Domingo 29 de abril de 2012, p. 2

La discriminación de que son objeto los miles de niños que viven en las calles del país se traduce en una negación histórica del gobierno y la sociedad ante el fenómeno, prueba de lo cual es que no se cuenta con una cifra precisa de la población que vive en esa situación y que el tema está ausente en la agenda política de los tomadores de decisiones, señalan expertos en la defensa de los derechos de la niñez.

Ante el problema, “las respuestas siempre han sido las mismas: asistencia pura, es decir, reparto de comida y cobertores; o ‘limpieza social’ con casos verdaderamente dramáticos, donde elementos de la policía de cada urbe levantan a los chicos y los abandonan en el desierto o las carreteras, los encierran en anexos para tratar adicciones sin que necesariamente tengan problemas de este tipo, o en reclusorios, acusándolos de delitos que no cometieron”, denuncia Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Aunado a ello, autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores e impartidores de justicia dan prioridad a otros problemas que azotan a la infancia, como la explotación sexual comercial, su implicación en el crimen organizado o los niños migrantes no acompañados. Así, la infancia callejera ha quedado completamente desdibujada, explica.

El enfoque asistencialista y tutelar con que se les atiende hace que, en los hechos, este sector de la población se encuentre desprotegido.

Se piensa que solamente requieren comida, ropa y casa. Difícilmente se piensa en proyectos de desarrollo con enfoque de derechos humanos, apunta Luis Enrique Hernández, director de El Caracol AC, organización especializada en la atención de poblaciones callejeras.

Desde esta visión, la autoridad no reconoce las nuevas constituciones familiares que se dan en el contexto callejero, refiere Pérez.

Los niños, jóvenes y adultos mayores que conviven en la calle comparten una cultura, códigos y estrategias de sobrevivencia; se reconstituyen familias, si bien no consanguíneas, y el derecho de los niños es a vivir con su familia; sin embargo, el marco normativo tiende a separarlos por una lógica de discriminación tutelar, expone el defensor.

Seguimos creyéndolos incapaces de participar en esos procesos, sin reconocerlos en condición de igualdad o como ciudadanos. Cuando se trata de población callejera hablamos de un cúmulo de violaciones a los derechos de la infancia, lamentan los activistas.

La infancia en las calles no es problema privativo del Distrito Federal o de las grandes urbes. Es un tema nacional, aseguran, pues prácticamente en todas las ciudades medias hay presencia de población callejera. Desde Villahermosa, Tabasco, hasta Tijuana, Baja California.

Para los expertos, urge cambiar el paradigma desde el cual se mira a los chicos que viven en las calles. Se trata, dicen, de colocar el tema desde la visión de desarrollo social en lugar de asistencialismo y, como eje transversal, la participación de los menores.

Cuando se toma en cuenta a los chicos para encontrar soluciones, ellos ponen su experiencia y las redes sociales que han construido para poder cambiar las cosas, asegura Pérez.

En tanto, responsables de asilos y albergues de asistencia privada para niños en orfandad o abandono refieren que la descomposición social derivada de la precariedad económica coloca a la infancia en peligro de sumarse a la población callejera.

Las dificultades económicas llevan a los padres a tener a sus hijos en un abandono práctico. Los niños que atendemos aquí son hijos de trabajadores informales (quienes no cuentan con prestaciones) y cuyas jornadas laborales son de 12 a 14 horas, expone David Jesús Miranda, lasallista responsable del área de comunicación del Internado Infantil Guadalupano.

A su vez, religiosas a cargo del Asilo Primavera relatan que los niños que concurren a ese espacio vivían en contextos de violencia familiar y social, la mayoría de veces sólo a cargo de sus abuelas u otros familiares, pues sus madres trabajan todo el día y los dejaban solos en casa. El siguiente paso, indican, era la calle.

 

Nueva ley del trabajo

El Buscón

 

       Venezuela: Buena parte de la prensa venezolana –por ejemplo El Universal, Últimas Noticias, Ciudad de Caracas– dedica amplio espacio a la nueva Ley del Trabajo (LOT) que, curiosamente, el presidente Hugo Chávez dio a conocer mediante su Twister chavezcangueando. La misma tiene importantes mejoras para los trabajadores: en caso de nacimiento de un hijo, la madre tendrá seis semanas de reposo prenatal y 20 de reposo posnatal (o sea, dos meses más que antes), será imposible despedir a un trabajador antes de dos años del nacimiento de su hijo (antes era sólo uno) y la liquidación, en caso de despido, será doble y no simple, como hasta ahora. Uno de los diarios más ferozmente opositores –Tal Cual– no informa al respecto. ¿Será que no hay trabajadores entre quienes lo leen?

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      Argentina: El diario oficialista Página 12 dedica varias páginas a un acto multitudinario en apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizado en un estadio de futbol, evento que contó con algo más de 100 mil participantes. Los periódicos opositores –Clarín, La Nación– en cambio le dan muy poco espacio y en sus cortas notas se limitan a destacar alguna frase de la mandataria. Ni unos ni otros analizan lo que fue desde muchos puntos de vista atípica una movilización nacional de apoyo pues asistieron nutridas delegaciones de cada rincón del país. El fallecido Néstor Kirchner, en efecto, gobernaba con el aparato de su partido (los alcaldes y gobernadores, que controlan la organización territorial justicialista) y con la dirección burocrática de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo (CGT). El acto, en cambio, contó con el apoyo logístico de los primeros que financiaron los autobuses y trenes que llevaron a los concurrentes, pero no fue un acto del partido –ausente en la misma escenografía– sino de la presidenta, que fue la única oradora. Además, salvo los dirigentes de la pequeña y oficialista Central de Trabajadores de Argentina (CTA) dirigida por Hugo Yasky, no estaba presente ningún sindicato ni dirigente sindical ni de la CTA opositora ni de la CGT. Hugo Moyano, secretario general de ésta y de los camioneros, por otra parte, había reunido el día anterior a 30 mil obreros de su gremio que cantaban si lo tocan a Moyano les paramos el país. En el acto no había obreros organizados. Predominaban las agrupaciones juveniles kirchneristas, formadas por jóvenes de clase media baja y medio alta Todo indicaría una tendencia a dejar atrás el peronismo clásico, con sus cantos y ritos, y el mismo kirchnerismo, con sus equilibrios entre los aparatos, para pasar a una relación personal entre la presidenta argentina y su electorado, una especie de cristinismo, prescindiendo de la mediación sindical.

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Bolivia: El Diario, La Razón, Los Tiempos, Página 7 y el oficialista Cambio anuncian que comenzó una nueva marcha de los indígenas agrupados en la CIDOB. Según Página 7, los que marchan son 500, y según Cambio sólo 200. Los diarios informan igualmente sobre la huelga de médicos, que continúa, y sobre una reunión entre Evo Morales y la Central Obrera Boliviana.

¡Es la soberanía!

Rolando Cordera Campos

 

        En Europa se pone a prueba, con intrigante insistencia, una de las definiciones clásicas de locura: hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que haya resultados diferentes. La imposición de la señora Merkel de una receta emanada de uno de los grandes mitos teutones contemporáneos, el del equilibrio fiscal, no puede sino resultar en más de lo mismo pero peor: la austeridad, entendida como contracción de la actividad económica, profundizada por el recorte fiscal, sólo puede arrojar más desempleo, menos consumo, menos recaudación e, inevitablemente, reproducción del déficit fiscal… para volver a empezar.

De eso sabemos bastante y, como dijeran en su momento Nathan Warman y Vladimiro Brailovsky, no puede sino aterrizar en una política económica del desperdicio. Trasladar el dogma del FMI a la Europa actual, acostumbrada al confort y a la seguridad, la democracia y la apertura pausada a los nuevos mundos de la tecnología y la producción puede llevar al viejo continente, y al resto del mundo, a un enorme desgaste social y político, sin que lleguen en su auxilio en el momento necesario las maravillas que promete la tercera revolución industrial recientemente anunciada por The Economist.
El mundo da vueltas y la política no cesa, como hemos atestiguado en la Francia de los extremos, pero sus componentes nacionales y regionales no giran a la misma velocidad dando cuenta de la tozuda vigencia de una de las pocas leyes de la historia humana: la del desarrollo desigual y combinado que, para Trotsky, era la clave de la revolución mundial y permanente.
Aprovechar las ventajas del atraso, para confrontar la intención de los países exitosos de evitar que los que les siguen suban a la cumbre, como lo muestra Ha Joon Chang en Pateando la escalera (Juan Pablos, México, 2010), se ha logrado con creces en Asia, en particular en el Reino del medio. Para México, sin embargo, este empeño se volvió en las últimas décadas una calamidad, una pesadilla del (sub)desarrollo, debido al imperio del más gastado e improductivo de los cánones económicos que pone por delante una estabilidad macroeconómica con pies de barro, sólo mantenida a costa de injustificables sacrificios en la inversión pública, la infraestructura física y humana, y en el desempeño mínimamente aceptable del Estado, que se nos presenta desnudo y famélico, sin poder cumplir con sus deberes históricos elementales.
La inseguridad pública imperante va de la mano con la insuficiencia estructural de la seguridad social, cercada férreamente por la informalidad laboral y la pobreza de masas, imposibles de exorcizar por el ridículo discurso de los descubridores de las clases medias mexicanas. Por años, los mexicanos vivimos la seguridad personal o comunitaria como algo azaroso, cuyo cumplimiento dependía en gran medida de la astucia o la destreza con que cada quien se las arreglara para no topar con la policía o los judiciales y, por encima de todo, para no llegar a la barandilla del Ministerio Público. Así pasó la vida, hasta hacernos creer que el país conseguiría un equilibrio virtuoso aunque informal, de usos y costumbres en los cuales sostener la modernización económica y unas relaciones sociales y políticas civilizadas.
Todo por servir se acaba y en los años setenta dicho equilibrio empezó a hacer agua. El presidente López Portillo pensó que necesitaba un amigo que le cuidara las espaldas y eligió al Negro Durazo, mientras la Brigada Blanca hacía de las suyas, mataba a diestra y siniestra, traficaba con vidas y bienes, contrabandeaba y liquidaba comunidades campesinas y juveniles, tratando de imponerle a la sociedad y sus capas más despiertas la idea de que el delito podía ser un bien público.

Las operaciones Cóndor, desatadas para quedar bien con Nixon y sucesores empeñados en su absurda guerra contra las drogas, trajeron consigo abusos de judiciales y soldados, pero también el tema crucial de los derechos humanos que floreció gracias a las ONG comprometidas con la cuestión y, desde luego, al compromiso de Jorge Carpizo y sus compañeros con una tarea que no puede ni podrá consumarse sin el concurso activo del Estado.

La infausta saga del cambio estructural para la globalización acelerada de México desembocó en una explosiva bifurcación de sus precarios mercados laborales, y los jóvenes urbanos, educados por encima del promedio educativo nacional, empezaron a vivir a partir de los años ochenta del siglo pasado la experiencia de la informalidad. Ésta, se desenvuelve en un contexto de empobrecimiento masivo en el campo y la ciudad y de desigualdad económica ostentosa, que pronto se volvió clasismo excluyente y dispendioso sin que el desempeño económico nacional, mediocre y medroso, pudiera servirle de justificación, como sí ocurrió, en alguna medida, en la era del primer despegue mexicano que inaugurara el alemanismo en los años iniciales de la segunda posguerra.

El contraste social y la globalización de la imagen configuran panoramas que incitan al riesgo sin considerar las consecuencias. Así, nuestra primera generación global despliega sus experiencias vitales en la siempre peligrosa emigración, la ocupación irregular y no siempre legal o, de plano, el reclutamiento criminal.

Aquel tristemente célebre arreglo de compra y venta de protección con el Estado y de éste con los criminales de entonces, estalló en mil pedazos y la inopia fiscal secular del Estado nos ofrece su cara brutal y depredadora: no hay seguridad para nadie, salvo la que cada quien pueda comprarse. Se impone un mercado salvaje de derechos y coberturas, precisamente cuando la sociedad empieza a cursar sus primeras asignaturas ciudadanas, la democracia se vuelve la lingua franca del intercambio político y el país se internacionaliza mediante el comercio, la emigración y la inversión trasnacional.

El Estado y su soberanía se pasean desnudos y sus fuerzas militares del orden, las únicas leales al régimen republicano que como realidad imperfecta y aspiración genuina de la mayoría vivimos todavía, experimentan un desgaste mayor y una conjetura aterradora: la de acabar por ser un ejército derrotado por quién sabe quien, en una guerra donde lo único que no es fantasmal son las víctimas y sus familias, entre las cuales deben contarse también soldados, oficiales y familiares.

Se acabó la simulación fiscal, y la legitimidad dudosa, crecientemente cuestionada, del Estado es una verdad nada silenciosa, mucho menos en los territorios del poder internacional donde el Presidente ha decidido lanzar sus penúltimas bravatas. Ésta es la situación del (des)orden estatal mexicano y no habrá elección tranquila y legal que pueda ocultarlo.

Sólo queda a la democracia y a sus actores constitucionales, recurrir a lo que Arnaldo Córdova y Gerardo Unzueta han propuesto como camino obligado para empezar a salir de este círculo infernal: la soberanía popular, cuyo concurso y despliegue reclama algo más que urnas transparentes