Despreciados por el imperio

Alejandro Maciel

Después de jurar lealtad a Estados Unidos y de luchar en los conflictos bélicos de Vietnam, Kosovo, el Golfo Pérsico, Irak y Afganistán, 3 mil veteranos de guerra han sido deportados a sus países de origen, 80% de ellos a México. En los hechos perdieron una batalla legal ante un enemigo inesperado: el gobierno de la nación por la que se jugaron la vida. Irónicamente, sólo podrán regresar después de morir, pues la ley les permite ser sepultados en un cementerio estadunidense.

SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Mientras volaba sobre territorio estadunidense en marzo de 2003, Héctor Barajas revisó mentalmente algunos detalles. Al escuchar el ruido de los motores sabía que el avión iba a una velocidad crucero de 700 millas por hora y sólo con asomarse a la ventanilla calculó que se encontraba a unos 11 mil pies.

El vuelo entre Bakersfield, California, y Phoenix, Arizona, le pareció muy tedioso. A diferencia de lo que había hecho en los últimos años, cuando era parte de la Brigada 82 de Paracaidistas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, esta vez no iba a saltar.

“Miré una vez más mis manos encadenadas y me sentí más enojado que nunca. Me sentí traicionado por el gobierno del país que una vez juré defender”, dice al recordar el día en que fue deportado a México: 23 de marzo de 2003.

“Me soltaron en Nogales y de repente me encontré en una ciudad extraña, sin dinero ni familiares. Todas mis pertenencias y mi vida se habían quedado del otro lado de la frontera”, señala.

Barajas es uno de los 3 mil veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que según la organización Banished Veterans han sido deportados a sus países de origen de 1996 a la fecha; 80% de ellos a México.

Los hay de muchos conflictos: la Guerra del Golfo, Irak, Afganistán, Granada, Kosovo o Vietnam. En la mayoría de los casos la historia se repite: al terminar su servicio activo les es difícil integrarse a la vida civil y tienen problemas con la justicia. Eso pasa con 40% de los veteranos de guerra, según un estudio del centro de análisis Cato Institute.

Cuando el veterano tiene la nacionalidad estadunidense, debe cumplir la sentencia que le dicte un juez, pero si sólo es residente el problema se complica: después de cumplir la sentencia lo deportan. Los jueces en materia migratoria no toman en cuenta sus méritos en combate.

“Gracias, pero…”

Barajas pertenecía a una brigada de paracaidistas de élite. Lo entrenaron para efectuar las misiones más peligrosas de la Fuerza Aérea. “Siempre me sentí orgulloso de pertenecer a ese cuerpo”, dice durante la entrevista con Proceso en su departamento de Rosarito, Baja California.

Muestra orgulloso fotografías de su participación en el cuerpo de paracaidistas y las condecoraciones que obtuvo: al Mérito Militar, Buena Conducta, a la Defensa Nacional, al Servicio del Ejército y al Mérito Humanitario.

No había pasado un mes desde que se dio de baja –en noviembre de 2001– cuando se metió en un problema de drogas. “Andaba en malas compañías y no me di cuenta a tiempo”, dice mientras muestra la foto de su hija que vive en Los Ángeles y padece esclerosis múltiple. “Lo que más me duele es que desde aquí no la puedo ayudar con sus medicamentos”, comenta.

Dice que todo pasó muy rápido: “Desde un auto en el que me encontraba se inició un tiroteo. Un testigo aseguró que yo había disparado y me llevaron a la cárcel”. Estuvo dos años en prisión. Después lo deportaron.

Barajas llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco años. La mayor parte de su vida la pasó en Compton, una ciudad que forma parte de la zona metropolitana de Los Ángeles y donde desde hace décadas las pandillas se enfrentan a balazos para controlar la venta callejera de drogas.

En ese ambiente “le entrabas o le entrabas” a las pandillas, recuerda Barajas. Sólo había una forma de escapar de esa violencia: ingresar a las Fuerzas Armadas. “Mis reclutadores me aseguraron que ahí podría hacerme ciudadano estadunidense”, recuerda.

“Entrar a la Fuerza Aérea fue lo mejor que me pudo haber pasado. Estudié para mecánico de aviación y mis planes eran ingresar a la aviación comercial cuando terminara mi servicio”, comenta.

Pero las cosas cambiaron y antes de que se diera cuenta ya estaba metido en el ciclo de violencia del que había tratado de escapar. Barajas argumentó ante un juez que él tenía la nacionalidad estadunidense desde que había hecho el juramento militar de alianza permanente con Estados Unidos.

“El juez me dio las gracias por mis servicios a la patria, pero me dijo que lo sentía, que tenía que deportarme”, dice molesto.

Para los veteranos deportados su lucha por regresar a Estados Unidos se convierte en una ironía, ya que de acuerdo con las leyes vigentes para los veteranos éstos tienen derecho a ser sepultados en un cementerio nacional. “Quieran o no, mi regreso está garantizado”, dice con una sonrisa. “Lo malo es que primero tengo que morirme”.

La organización Banished Veterans –formada en julio de 2009 por veteranos de guerra– ha solicitado al gobierno y al Congreso estadunidenses que reformen el Acta de Inmigración y Nacionalidad con el propósito de que cualquier extranjero que jure servir a las Fuerzas Armadas obtenga automáticamente la ciudadanía. Además exige que esta modificación sea retroactiva para permitir el regreso de miles de veteranos deportados.-

Esta organización estima en más de 30 mil el número de miembros de las Fuerzas Armadas que no tienen la nacionalidad estadunidense.

“Delitos menores”

Los hermanos Manuel y Valente Valenzuela todavía visten sus uniformes azules con la boina típica de la era de Vietnam.

Manuel fue marine y realizó decenas de misiones de rescate. Su hermano Valente estuvo en el ejército y participó en numerosos combates. En uno de ellos fue herido. Por sus méritos recibió la Estrella de Bronce.

Los hermanos, ambos sexagenarios, libran una batalla legal contra un enemigo inesperado: el gobierno del país por el que combatieron. Tratan de evitar la orden de deportación que pesa en su contra.

A finales de enero pasado participaron en una manifestación en la frontera entre México y Estados Unidos, justo frente a la garita de Tijuana. El lugar es simbólico para ellos: si pierden su caso, por esa puerta giratoria saldrían deportados.

Al igual que ellos, una veintena de veteranos de guerra sacaron sus uniformes, se colocaron sus condecoraciones en el pecho y portaron las banderas de sus batallones. Intentaban llamar la atención de la gente y de las autoridades migratorias.

“Necesitamos mostrar lo que hemos hecho y lo que nos hemos sacrificado”, dice Manuel. “Somos estadunidenses. Pudimos haber perdido la vida por este país”.

Lauren Mack, vocera del Departamento de Inmigración y Aduanas, asegura a Proceso que un veterano objeto de un proceso de deportación “siempre es tratado de manera diferente y con más suavidad que el resto de los inmigrantes indocumentados”.

Sostiene que “sin duda el servicio militar es un factor positivo que los jueces toman en consideración al decidir si inician el procedimiento de deportación”. En el caso de los más de 3 mil deportados no parece que su condición de veteranos de guerra haya impresionado a los jueces.

“Si ellos se hubieran hecho ciudadanos de este país, no estarían en esta situación”, explica a Proceso Rob Baker, director de la Oficina de Campo de Inmigración y Aduanas en San Diego. Agrega que el personal militar puede hacerse ciudadano en tres años, pero para eso es necesario iniciar el trámite.

“Los veteranos de guerra tienen derecho a una vía rápida. Pero si no realizan el trámite son vulnerables a la deportación como cualquier otro residente permanente que comete un delito serio; incluso delitos menores pueden concluir en su deportación”, agrega.

Baker ha revisado numerosos casos relacionados con veteranos y tiene la facultad de evitar la deportación de los exmilitares. Pero de 25 casos que ha revisado, no ha resuelto ninguno en favor de ellos.

“Como veterano de la Fuerza Aérea y de las Reservas de la Fuerza Aérea durante más de 23 años, realmente admiro el hecho de que estas personas hayan servido a nuestro país. Sin embargo, el que sean veteranos no los hace inmunes a las leyes civiles”, argumenta.

En el caso de los hermanos Valenzuela –quienes viven en Colorado– su proceso de deportación se inició después de que cometieron “delitos menores”, según afirma su abogado Fennis Hartley. Manuel, por ejemplo, tiene en su expediente “conducta desordenada” y “resistirse al arresto” de la policía. Valente enfrentó acusaciones de violencia doméstica. Según su abogado, ambos cometieron esos delitos hace más de 10 años.

Los hermanos Valenzuela nacieron en Chihuahua. Su madre los trajo a Estados Unidos cuando eran niños. Debido a que su madre nació en este país, siempre pensaron que eran “ciudadanos americanos”. Su creencia se confirmó el día que hicieron el juramento militar de lealtad a Estados Unidos. “Cuando levantamos nuestra mano, pensamos que ya éramos ciudadanos americanos”, dice Manuel.

Y añade: “En el frente de guerra no había distinciones entre ciudadanos o residentes, ahí todos éramos iguales ¿Por qué en la vida civil no es así?”.