Astillero
¿No te preocupes, Benítez?
Juniorismo incómodo
Tribalismo mexiquense
¿Profeco por Sedelec?
Julio Hernández López
EN VÍSPERAS DEL INFORME DE AGUIRRE. Policías estatales de Guerrero se concentraron ayer en el aeropuerto de Chilpancingo, en vísperas del segundo informe de labores que rendirá este lunes el gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero
Foto Francisco Olvera
A sus problemas y desviaciones históricas, el
nuevoPRI ha añadido el tribalismo mexiquense en la administración peñanietista. El conflicto no obedece solamente al natural desbalance respecto a la pluralidad nacional o al previsible favoritismo que genera en una estructura de trabajo el privilegiar a los oriundos o los relacionados con la tierra de quien está en la cúspide de la pirámide del poder, sino a la capacidad operativa de muchos de esos cuadros trasladados a la élite burocrática federal sólo por formar parte del paisanaje de la entidad sexenalmente triunfadora, sin experiencia ni capacidad o, en el caso de dinosaurios más o menos consagrados, con el exceso de vicios que acarrean. Es el amiguismo y el compadrazgo tradicionales en la política mexicana pero, en muchos casos mexiquenses actuales, también es la improvisación y el abuso, la fanfarronería regional y la presunta condición de intocables por empatía capilar alzada (es decir, por encopetamiento político).
La más reciente de esas pifias ha tenido como estrella a Andrea Benítez González, hija del procurador federal del consumidor, Humberto Benítez Treviño (HBT, @HumbertoBeniTre en Twitter), quien tuvo a bien movilizar a tres inspectores de la Profeco para que intentaran clausurar un restaurante de la capitalina colonia Roma, el Máximo Bistro, por un incidente relacionado con la ocupación de determinada mesa en ese establecimiento.
Benítez Treviño es un priísta mexiquense de larga historia, quien ha sido diputado federal y procurador de justicia, en distintos periodos, del estado de México, del Distrito Federal y de la República (este último cargo en 1994, luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sumándose a la lista de funcionarios de ese rango que dejaron pasar el tiempo para que se impusieran las instrucciones superiores respecto al tratamiento del caso tan espinoso para el poder salino de entonces, que hoy vuelve a pagar favores a los que saben plegarse; HBT relevó en mayo de 1994 al carpicista Diego Valadés y el 30 de noviembre de ese año fue sustituido por el jefedieguista Antonio Lozano Gracia).
Originario de Zacualpan, estado de México, y nacido en julio de 1945, Benítez Treviño fue compañero en el Congreso del estado de México del diputado local Enrique Peña Nieto, quien presidió la junta de coordinación política. Además de su cargo actual de nivel medio, el cuatro veces procurador ha visto que su hija Rosalinda Elizabeth Benítez González, sin experiencia alguna en asuntos de turismo y, en todo caso, sí de temas fiscales, sea la secretaria de Turismo de la prolongación de Los Pinos, que es el gobierno del estado de México ( http://bit.ly/152o8Hy ).
En Toluca, además, su hijo, Víctor Humberto Benítez González ocupa la notaría pública 136, que obtuvo en abril de 2006, ya con EPN como gobernador del estado ( http://bit.ly/186pboE ). Peña Nieto y Angélica Rivera habían asistido en febrero de 2009 al festejo matrimonial del futuro notario público ( http://bit.ly/13EHPAp ). Y, para documentar el tribalismo mexiquense, en http://bit.ly/YfhWsFpuede comprobarse que de ocho historiales disponibles de altos funcionarios, solamente dos no tienen relación de oriundez o vinculación específica con el estado de México y la administración de Peña Nieto.
El escándalo de la ahora llamada Lady Profeco no proviene específicamente del hecho de ser hija de un funcionario público, pues siéndolo podría cometer estos o peores errores sin que hubiera por qué culpar al padre de los hechos de sus vástagos, pero sí de la utilización irregular de la estructura a cargo de su progenitor para confrontar con aires privilegiados un conflicto en el que eventualmente podría asistirle la razón, pero no el derecho al uso selectivo de la Profeco.
En ese cuadro de irritación generalizada ante los constantes abusos del priísmo restaurado, es posible que el dúctil Benítez Treviño pueda prestarle a su jefe Peña Nieto el servicio, luego pagadero con réditos especiales, de renunciar o ser renunciado, para dar la impresión de que hay sensibilidad pinolera respecto a quejas del presuntamente respetado público. No en el caso de la protegida secretaria de acción electoral (Sedelec), Rosario Robles (Chayote A. Pobres), pues sus faenas son del máximo interés del jefe en busca del carro completo en los próximos comicios, pero sí podría ser en el rubro menor, prescindible, de la Profeco.
Luego que se han disculpado tanto el titular de Profeco como la hija versada en manejo de inspectores de clausura, ya se verá si en las alturas se escucha otro exculpatorio
No te preocupes, dirigido a Benítez, o un
Hágase la voluntad del señor (de Los Pinos) en los bueyes de mi compadre de la Profeco(adaptación del dicho popular, sin implicaciones zoológicas más que en términos metafóricos), mientras siguen tan campantes otros miembros del juniorismo incómodo: Paulina Peña, con sus referencias a la prole y sus burlas clasistas a quienes criticaban la escasez de lecturas evidenciadas por EPN en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; Paulina Romero, viajera imperial por el mundo en compañía de sus tres mascotas acomodables en sitios VIP (el hijo del dirigente sindical petrolero, José Carlos, se mueve en tierra en Miami en un Enzo Ferrari de dos millones de dólares); y el
buena ondaEmiliano Salinas Occeli y sus prédicas new age para cuya boda sufrieron desplazamiento una pareja de Tekik de Regil, Yucatán, y un circo pueblerino y se suspendió un concierto de Molotov.
Y, mientras el Senado aprueba hoy en comisiones la propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones, para presentarla el martes al pleno, en espera de su inmediata validación, con cesiones y concesiones a los poderes fácticos, nada alarmados de verdad ante la presunta amenaza a sus privilegios, ¡hasta mañana, con la UNAM colocada en la necesidad de restaurar su normalidad administrativa, pero sin abrir las puertas a la policía!
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Pintando su raya-Magú 
Elevar la mira
John M. Ackerman
Las coyunturas críticas como las que atraviesa hoy el país exigen a los ciudadanos elevar la mira y generar nuevas coordenadas para la discusión pública. En primer lugar, es necesario superar las lógicas maniqueas, racistas e intolerantes que dividen la nación entre
ilustradosy
vándalos neotribales, entre
verdaderos estudiantesy
encapuchados violentos, o entre maestros
bien portados, respetuososy
guerrilleros o delincuentes resentidos. Más allá de pronunciamientos viscerales en favor o en contra de acciones específicas tomadas por grupos disidentes, urge debatir a fondo la situación nacional.
secuestradoal país y todos nuestros esfuerzos deberían ir canalizados a desmontar, de manera inteligente y pacífica, su dominación sobre el espacio público.
La buena noticia es que la actual situación de radical exclusión e injusticia no es sostenible en un país como México, con una sofisticada conciencia social y una historia colmada de luchas populares. Llegará el día en los medios electrónicos que tanto desprecian al pueblo mexicano serán obligados a ceder su lugar a nuevos medios comprometidos con un debate público de altura. Llegará el día en que la clase política nacional tendrá que despedirse para abrir espacio a nuevos liderazgos juveniles firmemente comprometidos con las causas sociales.
Pero hoy la ocupación de la rectoría de la UNAM, las agresiones a las sedes partidistas y el hurto y reparto de productos de trasnacionales, perjudican la necesaria articulación nacional de un frente social que pueda interpelar de forma más contundente a las elites políticas y económicas. Estas acciones precipitadas facilitan el trabajo sucio a los medios dominantes para descalificar la resistencia popular, a los gobiernos para criminalizar la protesta social y a los grandes empresarios para privatizar la educación pública.
Lo que hace falta hoy no es radicalizar los métodos de protesta, sino ampliar y articular las diversas exigencias populares a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, ya hemos argumentado en favor de la proyección nacional de las justas demandas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) respecto de la defensa de nuestro derecho constitucional a un
trabajo digno y socialmente útil(análisis completo aquí: http://ow.ly/kuVED). De acuerdo con el artículo 123 constitucional, todos los jóvenes del país deberían tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización.
De acuerdo con estudios recientes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), hoy existe un enorme rezago en la oferta de empleos para profesionistas. Si la economía se mantiene con su tendencia de escuálido crecimiento, los que hoy estudian una carrera universitaria tendrán muy pocas probabilidades de acceder a un empleo y casi nula para contar con una plaza digna en su área de especialización. Los expertos calculan que para 2020 solamente 44 por ciento de los jóvenes egresados con licenciatura encontrarán algún empleo, y únicamente 6 por ciento un trabajo de calidad. Con toda razón entonces, los jóvenes universitarios de hoy se encuentran tan dispuestos a movilizarse en favor de la justicia social y en contra de las políticas neoliberales del
nuevoPRI.
Respecto de la UNAM, los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) deberían levantar inmediatamente su campamento para evitar el desalojo violento y la violación a la autonomía universitaria que tanto desea el régimen. Esta muestra de buena voluntad de parte de los estudiantes también permitiría iniciar la construcción de un movimiento más amplio en favor de la plena democratización de la máxima casa de estudios, incluyendo desde luego los CCH. Hoy todas las autoridades universitarias, desde el rector hasta los directores de escuelas, facultades e institutos, son nombradas por una Junta de Gobierno opaca y antidemocrática que además elige a sus propios miembros. Las
consultasque periódicamente se celebran con la comunidad académica son meramente simbólicas.
Como universitarios deberíamos tener el derecho a elegir directamente a nuestras autoridades o, en su caso, por lo menos participar directamente en la construcción de las ternas de candidatos para cada puesto. Una autoridad elegida siempre cuenta con mayor legitimidad que una autoridad impuesta y además es mucho menos vulnerable a los chantajes de pequeños grupos de choque. No es suficiente sólo defender la autonomía universitaria, sino que también habría que fortalecerla y complementarla con una mayor rendición de cuentas al interior de la universidad.
La manera en que se resuelva el conflicto actual de los CCH enviará un claro mensaje no solamente a la comunidad universitaria, sino a todo el país. ¿En el México de Peña Nieto se priorizará el garrote o la propuesta, la represión o el debate? Mientras, la comunidad universitaria debería mostrar la madurez necesaria para pasar de un visceral
noal
vandalismoa la articulación de una lucha más amplia por la plena democratización de la universidad nacional.
Torre de Babel-Rocha 
Reforma financiera
León Bendesky
El sistema financiero debería cumplir una función clave en el proceso de crecimiento de la economía. Esto no siempre ocurre. Hoy en México es un tema abierto de discusión el bajo nivel de acceso al crédito y, en particular, para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Son una forma de adelantar las decisiones de inversión y de consumo y, por lo tanto, es necesario que existan o se creen las fuentes de repago cuando los compromisos con los acreedores llegan a su vencimiento.
Una de las cuestiones básicas acerca del crédito es por qué los que prestan lo hacen y por qué los que deben pagan. Una respuesta formal es que existe un contrato que ampara los créditos, los cuales deben estar sustentados por un sistema legal que haga posible validarlos.
Pero esto no es suficiente para que el mecanismo del crédito funcione de modo eficaz. Esta es una actividad basada esencialmente en los riesgos, en cómo se estiman y clasifican, de ahí se deriva la formación de reservas y la constitución del capital para preservar la estabilidad de las instituciones financieras y del sistema en su conjunto.
Puede tenerse un sistema bancario
sólidosin que eso se exprese en más disponibilidad de crédito, especialmente cuando la composición del sistema es muy diferenciado, es decir, con una fuerte concentración en unos cuantos y, además, cuando son de propiedad extranjera.
Es ahí donde se establece una relación compleja en el contexto de la regulación y la supervisión. Todo esto es parte de las cuestiones que se debilitaron y que llevaron a la crisis financiera de 2008, que aún marca la actividad del sector en el mundo.
Estos asuntos conforman las pautas que definen el proceso de crédito tanto por el lado las cantidades que se ofrecen como de las que se demandan en los mercados. Además de que inciden de manera directa en los costos: tasa de interés, comisiones y otras condiciones. El crédito para ser efectivo tiene que ser suficiente, accesible, a plazos que lo hagan útil para ambas partes, y oportuno. Los mecanismos de fijación de las cantidades y los precios son muy específicos en el sector financiero y esa es una fuente de distorsión relevante del mercado.
En este sentido, el caso de México padece muchas de esas distorsiones que lo hacen poco eficaz. Por ello es que el crédito al consumo o el de nómina crece mucho más rápido que el destinado a la producción. Es, finalmente, un asunto de rentabilidad. Los bancos, en especial los más grandes, son muy rentables pero no por ello eficientes en la asignación del crédito.
La reforma financiera que propone el gobierno se dirige a aumentar la cantidad de crédito y a reducir los costos. Consiste de 14 iniciativas que modificarían 38 leyes y uno de sus objetivos es crear un marco jurídico que lo sustente. En palabras del secretario de Hacienda:
Se trata de generar las condiciones institucionales para el cumplimiento de los contratos mercantiles, la ejecución de garantías y la ordenada resolución en los casos de concurso mercantil.
Ese es un factor relevante, pero el sistema financiero opera en el marco de lo que se puede llamar su arquitectura. La reforma no podrá ser integral, en el sentido de ampliar las fuentes de financiamiento, si no considera de modo explícito en sentido de esa arquitectura en términos de su estructura y su diseño, o dicho de otro modo, de su funcionalidad sistémica.
Se trata, sin duda, de un sistema complejo, pues involucra distintas líneas de causalidad. Hay una amplia serie de efectos de índole positivo y negativo que ocurren cuando entran en contacto los acreedores y deudores, hay factores que dilatan las decisiones de crédito y, sobre todo, las acciones de la política pública para regularlo. Las interconexiones pueden identificarse y advertir las repercusiones de las decisiones que se toman por cada uno de los agentes que participan. Ahí debe insertarse el debate técnico, institucional y político de la reforma financiera.
El sistema financiero está dominado por los bancos, pues ahí está la mayor parte de los recursos y de los mecanismos para prestar. Pero una reforma de envergadura no puede dejar de lado otros canales como el mercado de valores, las sociedades de inversión o el conjunto de las instituciones que operan en el sector de las finanzas populares.
Un mapa de la arquitectura del sistema financiero del país muestra claramente la intrincada red de relaciones que existen y que abarcan tanto a distintos segmentos del sector privado –que ha ido cambiando significativamente durante la última década–, como al propio gobierno y su política financiera y fiscal y, también, a los diversos segmentos del mercado como los que hay en una economía tan desigual como la mexicana. En ese sentido, ignorar la arquitectura y su carácter sistémico hará que la reforma sea muy parcial y sus efectos limitados.
Hay dos cuestiones adicionales que considerar al respecto. Una se advierte en las estimaciones más recientes sobre la informalidad económica que, según los datos oficiales, abarca a 60 por ciento de la población económicamente activa. La otra se aprecia en los resultados recientemente publicados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2012) y lo que ella dice del reducido acceso al crédito, del poco conocimiento de la población de los servicios y las condiciones del endeudamiento y de las instancias de defensa como la Condusef. La mayor parte de la gente se sigue financiando de modo tradicional: familia, amigos, tandas y prestamistas informales.
FUENTE: LA JORNADA
Ser o no ser-Hernández 
La UNAM al filo de la navaja
Víctor Flores Olea
Unos 30 estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se manifestaron ayer en CU en apoyo a la toma del edificio de la rectoría
Foto Jesús Villaseca
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido colocada nuevamente ante opciones indeseables: la intervención de las fuerzas del orden o la prolongación de la rectoría ocupada por un grupo de estudiantes y tal vez jóvenes profesores (entre los que seguramente se mezclan provocadores externos), absolutamente reprobable y que ha sido ya repudiada por la gran mayoría de los universitarios. Como decíamos: a la máxima casa de estudios del país se le sitúa otra vez ante un dilema inaceptable.
El rector José Narro Robles, en lo general y en lo particular, ha llevado las riendas de la institución con mano firme y segura, y cuando ha sido indispensable ha tenido la flexibilidad necesaria que le aconsejan la inteligencia y su vasta experiencia universitaria. La UNAM ha sido dirigida en los años recientes con talento y espíritu universitario, como en sus mejores tiempos.
Pero quienes también hemos vivido en la UNAM y con la UNAM durante largo tiempo, vemos que surgen las provocaciones y los provocadores de muchas veces, a los que es necesario enfrentarse con especial inteligencia y madurez universitaria. Y vemos también que hay facciones en la Universidad, que también siempre han existido, que en un momento tan delicado parecen desear forzarle la mano al rector para que se decida a llamar a la fuerza pública (personalmente o por conducto de los canales oficiales pertinentes, probablemente las procuradurías) para que detenga a los provocadores y a los jóvenes estudiantes y profesores que nuevamente han puesto a la UNAM al filo de la navaja. Acto éste en el que insisten, decía antes, algunas facciones que se sitúan en la extrema derecha del espectro político, universitario y nacional.
Algunos de los ocupantes de rectoría utilizan capuchas, y éstos parecen ser algunos personajes que ya aparecieron en el escenario del primero de diciembre pasado, causando también destrozos en el Centro Histórico de la ciudad. Debo suponer que las autoridades de seguridad nacionales y de la capital los tienen identificados, lo que facilitaría su acción una vez que abandonen el campus. La pregunta es: ¿por qué no los detuvieron antes de esta nueva irrupción antiuniversitaria?
La cuestión más seria que se plantea ahora es la de lograr que los secuestradores abandonen las instalaciones de rectoría sin intervención de la fuerza pública. Y me parece que para ello hay sobre todo dos líneas básicas de acción: la primera sería la de su aislamiento total de la comunidad universitaria (en lo cual se ha avanzado mucho con las abundantes declaraciones públicas de universitarios e instituciones de prestigio, que sin embargo pierden fuerza al provocar división y polémica cuando también convocan al desalojo por la fuerza de la rectoría); segundo, emprendiendo ahora acciones académicas que resulten insoportables para los invasores.
Pongo énfasis en el aspecto más negativo de un rescate por la fuerza policiaca, porque inevitablemente una acción de esta naturaleza traería consigo muy serias divisiones y opiniones encontradas y aun opuestas en la comunidad universitaria. Se correría el gran riesgo de maltratar demasiado el delicado tejido universitario y dejarlo maltrecho a un grado difícil de recomponer o recuperar en un tiempo previsible.
Por supuesto, no hablo de un diálogo genérico con los ocupantes, como método para resolver el problema, ya ensayado infructuosamente por las autoridades, sino a que las altas autoridades universitarias convoquen, por ejemplo, a una especie de congreso o magno diálogo entre especialistas universitarios para discutir a fondo la sustancia de una eventual revisión del plan de estudios del CCH y de los métodos pedagógicos más actuales para ponerlos digamos ‘‘al día’’. Recordemos que en la fundación de los Colegios de Ciencias y Humanidades hubo una muy amplia participación universitaria.
El plan de estudios y la estructura del CCH fueron elaborados en 1971, y necesariamente ahora requieren de una revisión cuidadosa y a fondo. Se trataría de que participen en este ejercicio los mejores universitarios en distintas áreas de las ciencias y las humanidades, y la pedagogía, y que allí vuelvan a escuchar los argumentos de los universitarios que han participado en el colegio en los pasados años (sin dejar de oír a los disidentes radicales). Me parece que un ensayo de esta naturaleza sería enormemente fructífero.
Que sea necesario un ejercicio así lo exigen los grandes descubrimientos recientes en el campo de la ciencia, las humanidades y la pedagogía –muchos admirables–, para que no dejen de estar presentes en los planes de estudio actualizados del CCH y en sus métodos pedagógicos.
Esto, desconociendo en el detalle la revisión más reciente de los planes de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades, que pudiera tener como principal ingrediente que ha sido criticado por los afectados, su vocación a satisfacer el mercado de trabajo y las necesidades empresariales, más que la formación intelectual y profesional del estudiante (en un medio específico como el mexicano).
Es decir, valdría la pena que los universitarios con mayor experiencia revisaran a fondo los planes de estudio del colegio, sin caer en las estandarizaciones en que ha incurrido la Comunidad Europea (como el Plan Bolonia, que hace hincapié sobre todo en la formación para la empresa y para el mercado de trabajo), y menos, decía antes, para la formación multidisciplinaria y polivalente del estudiante, del profesionista y del graduado al más alto nivel.
Varias de las críticas que, tengo entendido, se han externado en contra de las reformas al plan de estudios del CCH, se refieren esencialmente a esta educación para el mercado laboral, que considera menos la formación polivalente de los estudiantes y mucho más sus habilidades para ingresar al mercado del trabajo y satisfacer las necesidades empresariales. Aunque una formación realmente multidisciplinaria y polivalente los haría incluso mucho más aptos para el concreto trabajo profesional, en muy distintas actividades.
Una vez más hago votos por una pronta y prudente solución al problema universitario, uniéndome plenamente al reconocimiento y apoyo que ha recibido el rector José Narro Robles.
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
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