Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 25 de abril de 2013

Astillero- México, país inapropiado- Guerrero: diálogo y contención, necesarios- La toma de rectoría

Astillero
Violencia social reactiva
Hartazgo en Guerrero
Halcones, listos
Pilatos en la UNAM
Julio Hernández López
Foto
PROTESTAS EN CHILPANCINGO. Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense realizó una protesta en Chilpancingo, Guerrero, en rechazo a la resolución del Congreso local sobre la reforma educativa en la entidad
Foto Francisco Olvera
 
Mientras las élites se reparten el país (en San Lázaro ya fue aprobada la reforma constitucional que permitirá a extranjeros ser dueños de inmuebles en playas, litorales y zonas fronterizas), en Guerrero ha estallado una violencia social reactiva cuyo origen y sentido verdaderos han sido sistemáticamente desdeñados desde el poder y sus medios de comunicación aliados, generando en cambio una campaña de satanización que pretende justificar represiones que ayuden a consolidar sin oposición el entreguismo y el saqueo nacionales.
 
Los políticos mexicanos en el país de las maravillas: los responsables de la crisis nacional demandan acciones gubernamentales en defensa del estado de derecho, pero específicamente lo que desean es que se frene a movimientos sociales disidentes que se han cansado de la demagogia, el burocratismo y la desatención. Nada hay de verdad contra los cárteles dominantes que actúan en todo el territorio nacional o contra la corrupción extrema que salta a la vista en los ámbitos de la procuración y la impartición de justicia, y mucho menos contra la clase política dominante que mediante pactos, chantajes, fintas y reacomodos daña cotidianamente el interés nacional popular. Pero sí se exige con temblorosa grandilocuencia que se ponga freno policiaco a protestas sociales que deberían ser atendidas con sensibilidad social, entendiendo que la dimensión de esos excesos ciudadanos corresponden a la dimensión de los agravios acumulados y a la incapacidad política de gobernantes, representantes populares y partidos políticos para impedir que el hartazgo social se desborde.
 
Los partidos políticos son, desde hace largo rato, entes sin sustento popular, dedicados al mercadeo electoral y al enriquecimiento de sus dirigentes. Y eso llamado sistema solamente funciona para perpetuar la injusticia. Todo ese aparato de simulación política es ampliamente repudiado por ciudadanos que no tienen vías adecuadas para hacerse escuchar y mucho menos para que sus aspiraciones reales sean tomadas en cuenta en el ejercicio de gobierno o en la confección y en la aplicación de las leyes.
 
En ese cuadro guerrerense está contenida toda la tragedia nacional: las insuficiencias, las traiciones y los excesos de un ejercicio político que hasta ahora no ha podido ser cambiado mediante elecciones (sino todo lo contrario) y el comportamiento esclerótico de un sistema que no ha tenido la sapiencia para cambiar gradual y pacíficamente, sino que se ha concentrado en satisfecer los apetitos de sus cúpulas igualmente decadentes. En Guerrero, Ángel Aguirre simboliza la incapacidad política que proviene de una falta de sustento popular verdadero, impuesto como fue mediante tretas oscuras de falso oposicionismo.
 
Peña Nieto y sus halcones observan a la distancia, en espera de que el incendio social sea tan intenso que puedan entrar las brigadas de recomposición a bayoneta calada, para dar paso a una etapa más del Pacto por México, la de la aprobación (exigencia, en realidad) de acciones represivas contra quienes han quedado fuera del coto institucional tripartidista. El propio Gustavo Madero confirmó de inmediato la condición meramente escenográfica y mercantil de la finta opositora contra Rosario Robles, pues ayer mismo volvió a sentarse a la mesa del PxM, pero considerando esa reunión como cerrada y no pública.
 
Jesús Zambrano hizo declaraciones para demostrar que los Chuchos se consideran plenamente instalados en el poder: el presidente del principal partido de izquierda (como él mismo lo define, con un presunto orgullo muy mellado por la realidad) convertido en director de comunicación social de una secretaría de gobernación diazordacista, exigiendo medidas policiacas para enfrentar un problema político, contribuyendo a la histeria derechista que demanda orden inmediato.
 
Llegado a este punto, el peñismo puede creer que están dadas todas las condiciones para sacar el guante de acero e implantar la mano dura ya conocida en Atenco y reivindicada abiertamente en la Ibero frente a estudiantes que luego formaron el 132. Salinas de Gortari presumía al mundo un México de primer nivel en el último año de su mandato cuando la realidad le brincó en la selva chiapaneca. Hoy, Peña Nieto recorre el sendero del salinismo, elogiado en medios internacionales por su reformismo pactista, aplaudido por someter a factores de poder correspondientes al sindicalismo magisterial oficial y las telecomunicaciones y por estar firmemente decidido a privatizar lo más que pueda de los energéticos. Pero abajo las cosas no han cambiado y en diversos puntos del país y en diversos ámbitos crece la insatisfacción social sin salida institucional. Mal haría el peñismo en ceder a la vocación represora que hierve en algunos de sus consejeros y funcionarios.
 
Algo parecido sucede en la UNAM, largamente tomada como botín laboral y plataforma política por grupos como el del difunto Jorge Carpizo (funcionario estelar que fue durante el primer salinismo, surtidor de cuadros para el sistema priísta), el de Juan Ramón de la Fuente (sobrevalorado zedillista luego perenne nominado para opciones electorales o propuestas de coalición) y el híbrido actual de José Narro, comensal político de la mesa peñanietista, ajonjolí de todos los moles declarativos, quien ahora pretende pasar de Infierno en la Torre (de rectoría) a Poncio Pilatos, abriendo de par en par el portón a la intervención policiaca, aunque dejando la decisión operativa final a la PGR, para enfrentar un problema que, por su talante y dimensión, debería ser atendido con prudencia y paciencia políticas hasta su disolución incruenta (ayer mismo, en muestra de lo seca que está la pradera, jóvenes encapuchados tomaron durante unas horas la rectoría de la UAM Iztapalapa).
 
Y, mientras César Camacho, presidente del PRI, ha escrito en Twitter una perla conceptual: Los derechos de nadie, no deben pasar por encima de los derechos de todos,  ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
México, país inapropiado
Rolando Cordera
 
La presencia conspicua de jóvenes y niños en hechos relacionados con el crimen organizado; la proclividad a la violencia por parte de grupos juveniles, sea en la política de masas y movilización como aconteció el pasado primero de diciembre o en el reventón cotidiano; el vandalismo, balbuceante y no, agresivo y abierto, como ha vuelto a ocurrir en la UNAM; en fin, las historias, los datos y las cifras que le dan color y vida a la inercia de los millones de muchachos que ni estudian ni trabajan, deberían constituir argumentos de primera mano, prima facie diría el jurisconsulto, a favor de una acción de fondo, a la vez que de emergencia, en materia educativa.
 
Sin embargo, si atendemos a la retórica dominante en el caso de la protesta magisterial en Oaxaca, Guerrero o Michoacán, tanto de parte de los protestantes como de la usada por la autoridad local y federal, no parece que sea la educación la que está en juego sino las interpretaciones de cada quien sobre lo que son sus derechos, atribuciones o prebendas, según los entienda el interlocutor del caso. Qué y cómo instruir y educar; y para qué, son preguntas iniciales que sólo merecen respuestas vagas o generales, cuando no estridentes y estentóreas convertidas en consigna de auto ayuda para los marchantes.

Las advertencias que un día y otro también emite el secretario de Educación se topan a medio camino con bravatas y reclamos de los dirigentes de la CNTE y sucursales y siglas derivadas, para conformar un escenario de confrontación y suma cero que sólo podrá ser roto por la vía de un diálogo racional y nacional que no se puede reducir al intercambio propio del juego del gallo y la gallina. Por fortuna, tenemos ya en el Congreso de la Unión las iniciativas sobre la legislación secundaria de las reformas constitucionales, donde se le verán (o no) las uñas al diablo y los profesores y los varios cruzados de la educación de calidad tendrán que mostrar algo más que sus respectivos ingenios y humores.

Conforme a la moda y la cultura dominantes, se ha intentado vender la reforma de la educación nacional apelando a sus potencialidades económicas: será gracias a la educación, de calidad por supuesto, que México será más y más competitivo, se convertirá en indómito jaguar y se comerá a los dragones de oriente. Será gracias a los frutos de la nueva educación, como las empresas ganarán valor y forjarán cadenas indisolubles de eficiencia y, no faltaba más, competitividad sistémica. Será, en fin, gracias a la educación como seremos buenos, libres y mejores.
 
La verdad, es pedirle demasiado a unos procesos cuyos resultados no pueden ser vistos ni recibidos, mucho menos usufructuados, en el corto o mediano plazos. Tampoco puede esperarse que funcionen como medicinas milagro y den lugar a las transformaciones productivas y económicas en general, que los gobiernos y las capas empresariales no han acometido por décadas y más bien han contrarrestado con la peor de las necedades en materia de política económica, al reducirla a tareas de estabilización a ultranza sin prestar la mínima atención a lo que constituye la clave del progreso económico: la acumulación de capital y la innovación tecnológica.
 
Lo más grave de la arena construida en torno a la tragedia educativa nacional, es el olvido o el soslayo del estado en que se encuentra la materia prima insustituible del proceso educacional en su conjunto. Sin asumir el estado de desastre en que hoy se encuentran millones de hogares en el campo y la ciudad; sin admitir y poner en el centro la pobreza y el empobrecimiento mayores de los niños de México; sin darle su lugar a la otra tragedia que vino con nuestra modernización salvaje de las últimas décadas, resumida en la erosión del cuidado infantil y la inexistencia de sucedáneos al papel de las madres volcadas al trabajo asalariado, como ocurrió en el norte y las maquilas, no podrá el país, ni el gobierno ni la CNTE, con sus respectivos y logreros aliados de ocasión, darle a la reforma educativa la dimensión transformadora que todos suponemos debe tener.
 
Será, en el mejor de los casos, un juego de poder que como fuego fatuo redundará en la más atroz de las descalificaciones, porque será hecha sobre el ser del futuro que son los niños de hoy.
 
Así lo han documentado para todos, sin que hayamos hecho el menor caso, la Unicef y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, en su estrujante informe Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010. Como lo postula Mario Luis Fuentes en la revista México Social en su número de abril, México es un país inapropiado para la niñez y, (por eso), es un país inapropiado para todas y todos ( México Social, 04/13, Editorial, p. 2).
 La herencia-Rocha
Guerrero: diálogo y contención, necesarios
El conflicto generado por la reforma educativa recientemente operada por las cúpulas políticas derivó ayer en actos violentos cometidos por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y del Movimiento Popular Guerrerense contra las sedes partidistas del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano en Chilpancingo, así como contra un edificio de la Secretaría de Educación estatal.
 
Tras los hechos referidos hay descontentos reales, cuyo factor originario es el desgaste de las instancias institucionales de representación y de mediación entre lo social y lo institucional, desgaste que se hace más notorio conforme se agravan y ahondan los efectos de la orientación económica vigente, para la cual resultan irrelevantes y sacrificables los intereses y las necesidades de la base de la pirámide social. Significativo de este desbordamiento institucional es que, mientras las sedes locales de los tres partidos que firmaron originalmente el Pacto por México eran atacadas por integrantes del magisterio y de otros movimientos guerrerenses –como expresión de su inconformidad ante la reforma educativa aprobada en el contexto de ese arreglo cupular–, los presidentes nacionales de esos mismos partidos escenificaban en la capital del país una reconciliación que resultó tan súbita e inopinada como la crisis que enfrentó dicho pacto en días recientes.
El desfase entre la élite política –empeñada en proyectar una imagen de normalidad institucional– y la inconformidad social amplia y creciente da cuenta, en suma, de la crisis de representatividad que arrastran las instituciones del Estado y expone las severas limitaciones de los partidos políticos para cumplir con su papel de incorporar los distintos intereses, demandas e inconformidades que tienen lugar en el país y de encauzarlos por las vías institucionales, pacíficas y legales.
 
Desde esta perspectiva, no hay lugar para reducir el conflicto y los hechos referidos a la lógica de ruptura de la legalidad y coerción oficial. Sin embargo, tras los sucesos de Chilpancingo, el gobierno guerrerense pidió a la procuraduría local órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, en tanto la coordinación legislativa del PRI en la Cámara de Diputados llamó a emplear la fuerza pública contra los descontentos.
 
Se requiere, en la circunstancia presente, que las partes involucradas en este desencuentro mayúsculo exhiban visión política, contención y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas y legales.
 
Cuando fallan los mecanismos políticos –y en el caso de la reforma educativa la falla es evidente– las salidas represivas tienden a agravar los conflictos generados. Esto es particularmente cierto en el caso de una entidad como Guerrero, donde los actos autoritarios han derivado históricamente en la agudización y la extensión de los descontentos sociales.
 
Por otra parte, acciones como las realizadas ayer en Chilpancingo por el magisterio inconforme suelen resultar contraproducentes para las reivindicaciones que las generan, en la medida en que aportan argumentos a quienes propugnan la represión de las disidencias y la criminalización de los movimientos sociales.
 
En suma, se requiere, es necesario que las partes involucradas en este desencuentro preocupante exhiban visión política, contención y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas y legales.
 De gran ayuda-Hernández
La toma de rectoría
Octavio Rodríguez Araujo
 
Atendiendo a las notas de prensa, el conflicto del CCH de la UNAM se inició el viernes primero de febrero en Naucalpan. Esa noche un grupo de estudiantes se enfrentó a trabajadores administrativos y docentes porque se le impidió la entrada al plantel a un alumno en estado inapropiado, cualquier cosa que esto haya significado. De ahí resultaron expulsados seis estudiantes ( La Jornada, 6/2/13), y dos profesores (o que se presentaron como tales) declararon que esas expulsiones fueron una reprimenda a quienes se han opuesto a la actualización del CCH fundado en 1971. Lo que no dijeron es que esta actualización está planteada en 12 puntos para que, después de un largo debate, sean revisados en noviembre de este año.
 
Los famosos 12 puntos son (sintetizo): 1) redefinir el perfil del egresado y 2) actualizar los programas de estudios, que ya habían sido revisados en 1996; 3) formar y actualizar a los profesores; 4) impartir educación física, 5) inglés en los tres años y 6) francés como segunda lengua (optativa); 7) seleccionar materias en un esquema preferencial (cinco materias: tres obligatorias por interés vocacional y dos optativas de otras áreas); 8) horario continuo en dos turnos; 9) clases de una hora 50 minutos; 10) recursamientos mediante cursos en línea y tutoriales, y recursamientos presenciales para los alumnos que los deseen; 11) cursos en línea en apoyo a los ordinarios, y 12) fortalecer el Sistema Institucional de Tutorías de la UNAM de segundo a sexto semestre.

Si los actuales alumnos del CCH conocieran la historia de su dependencia sabrían que ésta, en la idea del rector Pablo González Casanova, aspiraba a ser un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional con nuevos métodos de enseñanza (las cursivas son mías). Nunca se dijo que su plan de estudios sería único y permanente, pues hubiera sido un contrasentido. En los 42 años de existencia el CCH, como cualquier dependencia de educación, debe sufrir cambios y adecuaciones, pues la realidad circundante también cambia.

Otro punto a debate tiene que ver con el concepto de autonomía. Ésta, para que se entienda bien, no quiere decir extraterritorialidad, como si se tratara de la embajada de un país. No es común que las policías preventiva o judicial ingresen a las instalaciones de la UNAM y, en general, no es bien visto por su comunidad. Pero esto no quiere decir que ante actos delictivos no pueda entrar a solicitud de las autoridades universitarias, entre las cuales están los directores de las dependencias. Lo del ingreso de la antigua PFP en febrero de 2000, como ya lo escribí en su momento (20/4/2000), no fue legal, dado que la Ley de la PFP establecía que sólo podría intervenir en instalaciones dependientes de la Federación, que no era ni es el caso de la UNAM.

Cuando el 6 de febrero supuestos estudiantes tomaron la dirección general del CCH, lo hicieron con violencia, rompiendo ventanas, puertas, mobiliario y, además, sustrajeron equipos y materiales de trabajo de ese plantel. Esto, que configura varios delitos, fue denunciado ante el Ministerio Público. Los presuntos estudiantes no aceptaron el diálogo con las autoridades pero sí insistieron en eliminar los 12 puntos ya mencionados, que fueran readmitidos los seis alumnos expulsados del plantel Naucalpan del CCH y que se retiraran las denuncias penales contra otros cinco. En otras palabras, los aparentes estudiantes cometieron una serie de ilícitos para que las autoridades se desistieran de las denuncias de previos ilícitos. En buena lógica es un absurdo, además de una provocación. La intención de diálogo no se vio del lado de los supuestos estudiantes; otro tipo de intereses pareció ser el móvil de sus acciones.
 
Más recientemente, el viernes pasado, un grupo de supuestos estudiantes (no todos de la UNAM) se desprendió de una marcha estudiantil y después de romper algunos vidrios se metieron al edificio de rectoría. Una vez más violencia innecesaria pues, según las notas periodísticas, en ningún momento antes de la irrupción a rectoría los presuntos estudiantes intentaron dialogar con alguna autoridad universitaria. Más bien, ya adentro, fue cuando declararon que no entregarían el edificio si no se cumplían por lo menos tres puntos de su pliego de demandas: no represalias por haber tomado rectoría, desistimiento total de las autoridades sobre las demandas ante el Ministerio Público y reinstalación de los expulsados. Es decir, lo mismo que argumentaron cuando tomaron la dirección general del CCH. Los otros cuatro puntos son todavía más cuestionables: consulta amplia y participativa para la reforma de los CCH, cosa que está planteada desde el principio para concluir en noviembre; que se repudie la violación de la autonomía (que no fue tal pues, como ya dije, autonomía no es extraterritorialidad); que desaparezca el Tribunal Universitario, que es la instancia legal para sancionar a los universitarios –estudiantes o académicos– que cometan faltas graves contra la institución o sus miembros (existe, además, la Defensoría de los Derechos Universitarios), y que se sancione a los responsables de los hechos del primero y 5 de febrero en Naucalpan (¿autogol o inculpación de las autoridades del CCH?).
 
En otros términos, lo que exigen los supuestos estudiantes es quedar impunes de los ilícitos cometidos. Una demanda válida, si se quiere verla con buenos ojos, pero que está sugiriendo una situación de privilegio que ellos mismos no aceptarían para un grupo de vándalos o el vecino que asaltaran sus casas con lujo de violencia.
 
Varios de mis lectores se preguntarán por qué no protesté por la toma de rectoría de la UACM el 28 de agosto del año pasado. Me adelanto a responder: porque la ex rectora y sus paniaguados no respetaron el voto y la instalación del tercer Consejo Universitario como correspondía legalmente. Hicieron trampas y se aferraron a sus cargos de manera enfermiza. El rector de la UNAM no ha cometido atropellos semejantes ni ha actuado al margen de la legislación universitaria. Son dos situaciones y dos personas totalmente distintas.
rodriguezaraujo.unam.mxBarriga llena-Helguera

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