Torre de Rectoría: posibles explicaciones- Aborto en querétaro: fallo correcto- Federalismo o deuda

Torre de Rectoría: posibles explicaciones

Javier Flores

Han transcurrido 11 días y la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue ocupada por un pequeño grupo de personas con los rostros cubiertos. La solución de este conflicto debe incluir los elementos que contribuyan a explicarlo. No se puede enfrentar un problema sin saber cuáles son sus causas. Para entenderlo, es indispensable responder al menos dos preguntas: ¿quiénes son los que decidieron tomar las instalaciones universitarias? y ¿qué es lo que persiguen?

 

Lo primero que es importante establecer es que no se trata de un movimiento estudiantil universitario. Todas las dependencias e instalaciones de la UNAM (con excepción de la rectoría) funcionan normalmente, la toma del edificio de gobierno no estuvo precedida por asambleas o procesos de consulta entre universitarios. Así, se trata de una acción unilateral de un grupo que actuó a espaldas de la comunidad.

Si bien existen antecedentes anteriores, en los 11 días que han trascurrido ha quedado claro que en todas las etapas del proceso, desde la marcha que precedió a la invasión, el acto mismo y en las movilizaciones posteriores realizadas por pequeños grupos de activistas que la apoyan, han participado y participan personas ajenas a la institución. El propio rector de la UNAM lo ha señalado y ofreció dar a conocer a las autoridades competentes los nombres, apellidos y alias de personas involucradas. También distintos testimonios periodísticos han dado cuenta de ello (ver por ejemplo, la nota de Nurit Martínez y Natalia Gómez publicada este sábado en El Universal).

Es importante diferenciar entre lo aparente y lo real. Los elementos citados llevan a descartar explicaciones simplistas que ubican las causas del conflicto exclusivamente en las reformas a los planes de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). En contraposición, puede proponerse que se trata además de un problema más general en el que participan distintas organizaciones políticas que utilizan a la UNAM para lograr otros objetivos.

A partir de distintas conversaciones con colegas y amigos de la UNAM, me queda claro que para la mayoría los universitarios que analizan con seriedad este conflicto, el tema de la toma de la rectoría está situado en este nivel. Hay dos hipótesis que me parecen dignas de atención y las quiero compartir en las líneas que siguen.
La primera es que se trata de una acción orquestada desde el gobierno. Esta idea se sustenta en parte en los acontecimientos del primero de diciembre, en el que las autoridades dejaron actuar deliberadamente a algunos grupos violentos y terminaron reprimiendo a otros que no tenían que ver en esos actos. La presencia de personajes ligados a esos acontecimientos en la actual toma de la rectoría fortalece esta idea. De acuerdo con esta hipótesis, la invasión del edificio de gobierno en la UNAM estaría buscando una salida represiva que inactivaría la posición crítica de las instituciones de educación superior frente a las reformas en materia educativa, fiscal y de energéticos, por ejemplo.
 

La segunda hipótesis parte de la terrible situación que vive el país, caracterizada por la miseria y el hambre en millones de mexicanos, la violencia y la falta de oportunidades para los jóvenes y a que se han cerrado las vías democráticas para la participación política, como evidencian las elecciones de 2006 y 2012. Lo anterior da pie a la acción de grupos radicales que se expresan en acciones violentas como las que recientemente se viven en la UNAM y en distintas regiones de México. Finalmente estos grupos buscarían también una salida represiva que, suponen, haría crecer el descontento.

 

Como quiera que sea, las acciones violentas de estos grupos revelan alto grado de resentimiento social y están cargadas de un gran simbolismo que traduce propósitos por destruir a la universidad. Si no, ¿cómo explicar entonces la agresión a miembros de la comunidad y prender fuego a instalaciones, como ocurrió en el CCH Naucalpan? ¿O cómo interpretar que se golpeen con un mazo por más de 45 minutos los cristales de un edificio emblemático?

 

En mi opinión, estos grupos hacen el juego a los sectores más conservadores del país, que buscan acallar o dañar a las instituciones de educación superior públicas, como la UNAM, que representa un modelo de educación superior pública, gratuita, laica y de masas con alta calidad académica, en la que se discuten con libertad y se buscan soluciones a los grandes problemas nacionales.

Como la mayoría de los universitarios, no estoy por el uso de la violencia o la intervención de la policía para resolver este conflicto, pero creo que quienes tienen tomada la Torre de Rectoría se tienen que ir, pues la otra opción sería ver convertido al edificio de gobierno de la Universidad Nacional en una nueva versión del auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras (ocupado desde hace años por grupos políticos ajenos a la UNAM), lo cual es inadmisible.

 

Aborto en querétaro: fallo correcto

Ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida una reforma introducida en 2009 a la Constitución queretana en la que se obligaba a la entidad a reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación. El fallo fue resultado de una controversia constitucional promovida en contra del Congreso estatal por el ayuntamiento de Arroyo Seco, el cual argumentó que la modificación referida viola su ámbito de competencias y le impide cumplir con las responsabilidades municipales en materia de salud reproductiva.

 

El máximo tribunal del país halló defectos en el procedimiento legislativo seguido para aprobar la reforma, pues sólo tres de los 12 municipios que debían avalarla lo hicieron en el plazo establecido por la propia Constitución local. Sin embargo, dejó para su sesión de hoy la definición del alcance de la sentencia, es decir, si ésta debe aplicarse a todo Querétaro o sólo al municipio que se inconformó.

Más allá de los tecnicismos legales y legislativos, debe recordarse que, además de Arroyo Seco, los ayuntamientos de Uriangato, Guanajuato, e Ixtaltepec, Oaxaca, han interpuesto recursos similares ante la SCJN y que lo que se decida para el municipio queretano podría sentar un precedente para los litigios restantes.

Para poner las cosas en contexto, la reforma constitucional impugnada en Querétaro fue adoptada en el marco de una contraofensiva de las derechas clericales y partidistas, emprendida en el sexenio pasado, tras la despenalización del aborto –en las 12 primeras semanas de embarazo– en el Distrito Federal, aprobada hace seis años, en abril de 2007.

A partir de entonces, en 17 constituciones estatales se plasmó el criterio integrista de que un óvulo fecundado debe ser considerado persona, en lo que constituyó no una defensa de la vida, sino una generalizada violación a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Las disposiciones fueron llevadas de los textos constitucionales a los códigos penales, y en Querétaro, Guerrero y Guanajuato se llegó al extremo de prohibir la interrupción del embarazo incluso cuando éste representa un peligro para la vida de la mujer. En el tercero de esos estados el aborto puede ser sancionado hasta con 30 años de prisión, y en la generalidad del territorio nacional, salvo el Distrito Federal, las autoridades estatales y municipales suelen obstaculizar la interrupción del embarazo incluso si se presentan las excepciones legales a su prohibición: fecundaciones producto de una violación, riesgos para la vida de la madre o malformaciones graves del producto.
 

La SCJN, por su parte, ha mantenido en estos seis años una postura ambigua. Si bien desechó los recursos legales interpuestos por la derecha en contra de la despenalización aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, impidió que fueran revertidas las reformas prohibicionistas adoptadas en Baja California y San Luis Potosí.

 

El mapa de las disposiciones legales en materia de salud y derechos reproductivos refleja, en suma, contrastes y rezagos notables que deben ser superados. Es inadmisible que en buena parte del territorio nacional las mujeres deban seguir arriesgando su vida en procedimientos abortivos realizados de manera clandestina y, al mismo tiempo, sufriendo una persecución aberrante que, en muchos casos, las ha llevado a la cárcel o ha dado lugar a alumbramientos por niñas de 12 años.

 

Los integrantes de la SCJN tienen un papel fundamental en la superación de codificaciones legales exasperantes, injustas y oscurantistas. Cabe esperar que el fallo acordado ayer se repita ante casos similares.

 

Federalismo o deuda

Pablo Amílcar Sandoval B. *

El problema de la deuda de las entidades federativas ha sido mal enfocado en nuestro país. La propuesta que votará el Congreso de la Unión sobre el tema redondea un sistema que prioriza a las entidades financieras por encima del interés público. Por si fuera poco configura un mecanismo centralista de control político que responde más a la restauración del sistema priísta que a una supuesta disciplina financiera de las entidades federativas. El peligro es acabar para siempre con nuestro sistema federal.

 

El federalismo es una de las definiciones políticas fundamentales del pueblo mexicano. Implica la distribución de competencias entre los ámbitos de gobierno y su esencia es la permanencia de la soberanía –la capacidad de los Estados para definirse a sí mismos– precisamente en torno a esas competencias. Para que el federalismo exista es indispensable la autonomía política y financiera, autonomía jurisdiccional y autonomía legislativa.

La deuda no es un problema en sí mismo. Es un instrumento que sirve a las entidades públicas para obtener recursos que financien su desarrollo. En realidad el conflicto de la deuda estatal ha sido escandaloso en México por corrupción, nula rendición de cuentas e impunidad. La deuda contratada no se reflejó en las obras que constitucionalmente deberían ser productivas y su crecimiento se circunscribe a algunos estados y municipios.

El problema real es que se contrata deuda para obras inexistentes y el dinero termina en los bolsillos de los gobernantes o en campañas electorales, lo que genera cómplices que garantizan impunidad. Éste es, en todo caso, un problema de división de poderes, de debilidad institucional de los congresos frente al gobierno, de sometimiento de un poder frente al otro e incluso de una peligrosa captura del Estado que es orillado a endeudarse en beneficio de las instituciones bancarias.

Pero, ¿es el endeudamiento de entidades federativas realmente un peligro macroeconómico? En México la deuda subnacional (de entidades federativas y municipios) no es el principal problema, ya que mientras el sexenio pasado ésta creció 1.2% del PIB, el gobierno federal acrecentó su endeudamiento 16.2 puntos del PIB. Parece haber otros motivos para tan graves modificaciones.

Esta reforma perfecciona un sistema que enfoca a las entidades financieras como la prioridad del Estado, pues se modifica la Constitución para quitar la disposición de que toda deuda contratada sea exclusivamente para inversiones públicas productivas. Ahora será constitucional contratar deuda para pagar más deuda. Asimismo se hace una definición de deuda pública tan general que abre la puerta a más rescates aún más graves que el famoso Fobarpoa. Se aprovecha la reforma para incluir en la Constitución que “el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero…” y que “procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales….”
 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las recientes reformas constitucionales de disciplina financiera reproducen fielmente las modificaciones constitucionales impuestas a convulsionados países como España y Grecia por el Fondo Monetario Internacional. El sometimiento a esas reglas absurdas en favor del mercado financiero ha de­satado una crisis social enorme en aquellos países. ¿Por qué México tiene que admitir esas mismas reformas?

 

En el nuevo esquema, si un gobierno aumenta su recaudación, implementa un programa de austeridad y ahorra o tiene disponibilidades de recursos, debe pagar sus obligaciones con el sistema financiero internacional aun antes que cualquier otro gasto funcional o social. Los bancos por encima del pueblo y del gobierno.

 

Con la aprobación de esta reforma se da más poder al poder. La negociación de los techos de endeudamiento pasará a manos del secretario de Hacienda. La reforma hace énfasis en registrar las obligaciones financieras estatales pero omite enfrentar el monto real de la deuda federal, que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión. El Fobaproa, los Pidiregas y ahora las APP son monumentales ejemplos de endeudamientos escondidos.

 

Desde la izquierda hemos estado en contra de que al DF se le trate como entidad federativa de segunda, al aprobarse su endeudamiento desde al ámbito federal, violando su autonomía. Con esta reforma a todas las entidades federativas se les aplicará ese sistema centralista y ahora serán de segunda por mandato constitucional.

 

Existen alternativas para regular la deuda de los estados. Podríamos regular el endeudamiento desde el otro lado de la moneda: las entidades financieras. Requerirles el registro de endeudamiento a ellas, regular las condiciones de los préstamos en montos, plazos, tasas, garantías, etcétera. La deuda es la única adquisición gubernamental que no se licita. Se tiene que regular y transparentar el mercado de deuda. Se debe hacer válida la prohibición constitucional que impide el endeudamiento con sociedades o particulares extranjeros, pues casi todos los bancos que hoy operan en México son extranjeros. Complementariamente se debe impulsar el uso de la banca de desarrollo, lo que reactivaría esta institución, incluso para las empresas, haciendo obligatorio el uso de esta banca en los compromisos de mediano y largo plazos.

 

Controlar el absurdo endeudamiento no implica dinamitar una definición fundamental de nuestra República: el federalismo.

*Economista, ex secretario de organización del CEN del PRD

Twitter: @SanAmilcar