El despertar- Patishtán: libertad, ya- Acerca de las reformas

El despertar

La cruzada de la simulación

José Agustín Ortiz Pinchetti

 

El PAN quebró su alianza implícita con el PRI, y en una sensacional conferencia de prensa presentó grabaciones que muestran a funcionarios de Sedeso y del gobierno de Veracruz preparando procedimientos para utilizar en forma masiva recursos de los programas federales y la estrella de éstos: la cruzada contra el hambre, para impulsar a los candidatos del PRI en las próximas elecciones. Para todos era evidente que la cruzada no era una política social destinada a aumentar la cohesión, el empleo, el desarrollo. Se trataba de focalizar beneficios en comunidades donde el PRI puede comprar votos y debilitar a la oposición. Es evidente que el PRI continuará utilizando los dineros públicos para desvirtuar el proceso democrático, como hizo durante 70 años, lo siguió haciendo en los estados que gobernaba en la docena panista y como hizo el PAN. La responsable de Sedeso no renunciará. El PRI y sus aliados bloquearán la investigación. Veremos cómo los medios electrónicos desplegarán una campaña para reducir los impactos de la bomba. La corrupción quedará impune, como siempre.

 

Alejandro Encinas ha hecho público un análisis donde demuestra que entre los 400 municipios seleccionados para la primera etapa de la cruzada, por lo menos la mitad no serían clasificables en carencia alimentaria. En el Distrito Federal no hay hambre, pero el PRI necesita crearse una base clientelar. En muchos municipios seleccionados arbitrariamente la oposición tiene mayor fuerza. Por ejemplo, Atlixco y San Andrés Cholula, en Puebla, son bastiones panistas que el PRI quiere vulnerar. Aunque nadie le creía a Rosario Robles, la brutalidad de la revelación ha conmovido a todos: ha hecho evidente la simulación.
 

Los fines virtuosos del programa ocultan la verdad política. La simulación es un vicio profundo. Estamos acostumbrados a que las fachadas de las leyes y de los ritos políticos no corresponden a la entraña de la realidad. No existe ningún otro mecanismo más poderoso para enturbiar la conciencia pública y provocar la desilusión y el cinismo. Por eso sería muy importante que los partidos de oposición dejen de disimular, denuncien el pacto que es la madre de todas las simulaciones y sintonicen con el crecimiento de la conciencia y de la inconformidad. No será fácil eliminar de nuestra vida la simulación. Pero vamos hacia allá. Conforme más nos acerquemos a la verdad, más nos modernizaremos. Tenemos que disipar las penumbras de las medias verdades y de las medias mentiras en que acostumbramos vivir.

joseaorpin@hotmail.com

Club social-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Patishtán: libertad, ya

En las semanas recientes, las expresiones de apoyo al profesor tzotzil Alberto Patishtán –condenado a 60 años de cárcel por el asesinato de siete policías en la localidad chiapaneca de El Bosque, tras un proceso judicial lleno de irregularidades– alcanzaron proyección nacional e internacional inusitada: de acuerdo con una lista difundida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, más de 280 organizaciones de México y del mundo se han pronunciado por la liberación del integrante del colectivo La Voz del Amate, a lo que se suma la realización de manifestaciones de activistas en diversas legaciones diplomáticas de nuestro país en el exterior.

 

El pasado viernes, en Tuxtla Gutiérrez, tuvo lugar una multitudinaria marcha en la que participaron más de seis mil indígenas tzotziles y cientos de docentes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que se llamó al Poder Judicial, y particularmente al primer tribunal colegiado del vigésimo circuito –encargado de resolver el caso–, a que no sigan manchando su dignidad y ordene la excarcelación del profesor tzotzil. En el mismo sentido se ha pronunciado un abanico de actores políticos municipales y estatales, entre los que se encuentran los representantes de los tres principales partidos políticos nacionales en el municipio de El Bosque, el ayuntamiento local e incluso el propio gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

El amplio y diverso consenso en torno a la liberación de Patishtán contrasta con la cerrazón que han mostrado hasta ahora las diversas instancias del Poder Judicial que han intervenido en el asunto. En el colmo de esa indolencia, el mes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó abordar el expediente porque el caso no reúne los elementos de importancia y trascendencia, a pesar de que tal decisión contraviene el criterio abordado por los propios magistrados del máximo tribunal ante episodios en los que se ha violado el derecho al debido proceso de los inculpados –como la liberación de los autores materiales de la masacre de Acteal y el caso de Florence Cassez– y pese a que el propio proyecto de dictamen del máximo tribunal reconocía el carácter injustificable de la condena en contra del profesor chiapaneco.
 

El sistema de justicia del país tiene en sus manos una nueva oportunidad de restañar en alguna medida el daño causado al conjunto de la sociedad mediante fallos impresentables como la sentencia de Patishtán, emblemática de los vicios judiciales que se ceban sobre los sectores más desprotegidos de la población. Es necesario, en consecuencia, que los integrantes del tribunal colegiado actúen como no pudieron hacerlo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y corrijan una injusticia que no tendría que haber ocurrido y cuya persistencia lesiona al conjunto de la institucionalidad.

 

Finalmente, la circunstancia que ha vivido el profesor tzotzil obliga a recordar la persistencia en el México contemporáneo de un universo de abusos y atropellos sistemáticos del poder público contra individuos pertenecientes a los pueblos originarios, quienes, cuando deben relacionarse con instancias políticas formales, con frecuencia se ven imposibilitados de ejercer su plena ciudadanía. No habrá bases para el efectivo desarrollo democrático del país en tanto el hecho de ser indígena sea en sí mismo motivo de inquisición política, persecución policiaca y castigo judicial.

 

Acerca de las reformas

Arnaldo Córdova

Ningún gobierno puede existir si no es a base de reformas. Todo Estado, para consolidarse y desarrollar sus funciones requiere de reformas constantes o periódicas desde el instante mismo en que es instaurado. Las reformas son vitales para cambiar lo que no trabaja bien, para avanzar con mayor rapidez en la consecución de los objetivos de gobierno, para satisfacer eficazmente los reclamos y las demandas de la sociedad y, claro está, para fortalecer y desarrollar al Estado mismo. Ningún verdadero Estado puede permanecer inmóvil y sin cambios internos. No es, por ello, ninguna maravilla que haya un gobierno reformista. Lo notable es cuando no lo es o no se da.

 

Debe examinarse, desde luego, de qué tipo de reformas se trata, si son para avanzar o para retroceder, pues también reformando se retrocede cuando se busca reinstaurar el pasado. Una reforma que trate de limitar excesos en el reparto de la riqueza, por ejemplo, sería para avanzar, siempre y cuando no se caiga en aberraciones que pueden negar el sentido mismo de la reforma. Una reforma que buscara borrar los avances alcanzados y tratase de reinstalar situaciones anteriores o buscara anular otra reforma que significara un avance sería, claro está, una contrarreforma o una reforma negativa. De todo se puede dar.

Pero vamos a situarnos en el terreno de las reformas positivas, las que se efectúan para avanzar. Se trata siempre de una situación anquilosada o perversa que es necesario cambiar. Las reformas se efectúan con el objetivo de superar los efectos perniciosos que esa situación genera. Por supuesto que quien determina la justeza de las nuevas medidas es el que las toma, el propio gobierno. Muy pocas reformas a lo largo de la historia han sido tomadas con base en reclamos ciertos y expresos de algún sector de la sociedad. Son los gobernantes los que deciden en ese respecto. Por ello deben buscar los consensos necesarios.

Ahora bien, no hay otro modo de reformar que cambiando las leyes que rigen la materia de cambio. Por ello, dentro del Estado, es de verdad protagónico el papel que desempeña el Poder Legislativo. Eso es nuevo entre nosotros. Las cámaras del Congreso son auténticos campos de batalla de las posiciones de los diferentes intereses involucrados a favor o en contra o por ciertas limitaciones a la reforma planteada o, también, por una reforma que vaya más allá de los planteamientos del gobierno que propone la reforma. Es cierto que algunas reformas prosperan sin haber sido planteadas por el gobierno, sino por grupos parlamentarios o legisladores, pero el gobierno, en todo caso, es siempre parte interesada.

No es extraño, por todo ello, que, para cualquier problema, por insignificante que parezca, se plantee una reforma. Alguien ha hablado de reformitis. Legislar se ha convertido entre nosotros en sinónimo de reformar. Ya no se crea sino por excepción una ley, se la reforma, si bien siempre aparecen aquí y allá nuevas leyes. El resultado es que hemos acabado por convertir a las reformas en verdaderos dogmas cuando no en mitos. Nadie ha acabado de explicarnos lo que quieren decir las llamadas reformas estructurales, pero todo mundo en nuestro medio político habla de ellas. Los economistas, en alguna época, quisieron designar así las reformas económicas.
 

Ahora parece que a cualquier cosa se la llama estructural, tomando prestados significados que no son sino modas de paso en las metrópolis mundiales. Es difícil saber, por ejemplo, por qué se le llama estructural a una reforma como la laboral o también a la educativa, cuando lo que hicieron fue, en el primer caso, abolir las últimas defensas que quedaban a los trabajadores en su confrontación permanente con el capital; mientras que la otra no fue sino un correctivo a una situación de deterioro que se hacía ya insostenible.

 

Para dilucidar el punto tendríamos que ponernos de acuerdo en lo que queremos significar con estructura. Ni en economía ni en ciencia política encontramos que el término pueda referirse a las relaciones de derecho del trabajo ni a la organización de la educación pública. Aparte el viejo concepto marxista de estructura económica como base de la organización de la vida en sociedad o el concepto estructuralista como corte transversal en un determinado momento histórico que permite, de adentro hacia fuera, reconstruir la organización de la sociedad, no encontramos otras referencias como no sean las alusiones tecnocráticas a algo que debe ser muy importante.

 

Las reformas pueden ser muy importantes y por eso se las llama estructurales. Aun así seguimos sin saber por qué se las llama de esa manera. Ni siquiera recurriendo a la llamada teoría de sistemas encontramos una explicación coherente. Cuando se habla de estructurales cabe especular que se hace referencia a algo complejo, sistémico y por alguna obscura razón nunca queda claro. Pero el caso es que nunca se establece una definición rigurosa. El resultado de todo ello ha sido la conversión de un dogma en un mito, que es siempre la reforma estructural. Y esta mitificación crea problemas de falta de objetividad en el diseño de las reformas, ante todo porque siempre se espera de ellas lo que no pueden dar.

 

Aun si se concede que las reformas buscan liberar algo que podríamos llamar estructura de la sociedad de ataduras de todo tipo o de vicios heredados del pasado o de errores reiterados que es preciso corregir o de desviaciones que hay que enmendar, lo que sea o se pueda imaginar, siempre tendremos que ir a los contenidos concretos de cada reforma y nos encontraremos con que casi siempre lo que se reforma de inmediato sugiere la necesidad de otra reforma o, en todo caso, que la realización de la reforma misma depende de otros factores que, a su vez, suponen otras reformas o, incluso, series de reformas.

 

Para empezar, las verdaderas reformas dependen sólo en una muy pequeña parte de las reelaboraciones que se hacen en las leyes o, incluso, en la misma Constitución. Estas son sólo el comienzo necesario a partir del cual se empieza a realizar la reforma. Después viene un reacomodo de las diferentes fuerzas sociales involucradas en ella que tiene que generar un consenso para que la misma se realice. Se requiere, dicho en otros términos, de la acción política inteligentemente dirigida a poner de acuerdo a todos para alcanzar los objetivos trazados en la reforma. No todo es pues cuestión de cambiar leyes.

 

La reforma contenida en la ley es un instrumento formidable en manos de un buen gobierno. Pero ése es el problema: que haya un buen gobierno.