Astillero
PAN guía a PRD
Rosario calamitosa
Michoacán: dosificar
Molotov: no había condiciones
Julio Hernández López
DIF. La presidenta del Consejo Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Angélica Rivera, durante el inicio a la Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimiento de Menores de Edad
Foto La Jornada
Para efectos escenográficos y mercantiles, Gustavo Madero está jugando mejor que Jesús Zambrano. Aun cuando ambos contribuyeron sustancialmente al éxito del Pacto por México, el panista ha tomado de inmediato la oportunidad de deslinde que ha brindado el Chayogate jarocho, retomando un aire de opositor que los Chuchos perredistas no han podido reasignarse con prontitud y buen porte. A remolque, el PRD presentará hoy, junto con el PAN, una demanda de juicio político contra Rosario Robles, según anunció el coordinador de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal, es decir, con el blanquiazul como principal impulsor y vocero.
Madero necesita recomponer la figura para aspirar a que lo vuelvan a elegir presidente nacional panista. Alejándose de la mesa de trabajos del citado Pacto, y concediendo a la comisión política de su partido la fijación de la postura a asumir ante la complicidad pinolera respecto a las andanzas electorales de la secretaria Robles, el chihuahuense trata de atenuar la beligerancia del segmento calderonista que le ha declarado la guerra interna por haberse convertido en un seguro servidor del peñismo. Ese calderonismo acechante trata de negociar impunidad para el sicario, perdón, becario de Harvard, y su circulito íntimo más susceptible de encarcelamiento (Marisela Morales y Genaro García Luna, en primer lugar), así que estos jaloneos teatrales (
retirarsede la mesa del PxM, no asistir a la presentación de la propuesta de reforma financiera) podrán disolverse en cuanto las negociaciones aparezcan y triunfen.
Zambrano se ha conformado con la emisión de algunas declaraciones simples, superficiales. Él no busca que lo vuelvan a elegir, pero es posible que los Chuchos traten de instalar de nuevo a Jesús Ortega como dirigente provisional cuando al sinaloense le toque retirarse del cargo y en tanto se resuelve el destino del sol azteca en tiempos del peñismo, con Marcelo Ebrard como aspirante a conducir un proceso de renovación profunda (con la vista puesta en ser un candidato presidencial competitivo en 2018), los Chuchos como grupo dominante de la estructura de negro y amarillo que creen posible seguir adelante sin alianzas internas y con el apoyo retributivo de EPN por el PxM, y Andrés Manuel López Obrador a la espera de las divisiones y contradicciones perredistas que cree que acabarán en la nueva cuenta partidista, Morena.
José Murat como partero del Pacto por México y Rosario Robles como sepulturera. El oaxaqueño construyó para Peña Nieto un turbio instrumento de negociacion entre cúpulas partidistas que ha permitido al mexiquense navegar sus primeros meses en el poder sin las tormentas anunciadas y con una insólita concertación operativa entre directivas de partidos y bancadas legislativas. Pero la ex jefa del gobierno capitalino ha llevado a Peña Nieto a despojarse con rapidez y crudeza de la máscara de la modernidad y la pluralidad.
Al más puro estilo Atlacomulco, el actual ocupante de Los Pinos ha tenido que salir al foro para reivindicar como propias las tretas de adulteración electoral que con vigor pedagógico fueron desmenuzadas en territorio veracruzano en días pasados y difundidas en audio y video por el panismo yunista en guerra con la dupla Fidel y Fidel, perdón, Fidel y Duarte (por cierto, el gobernador formal del estado ha hecho una extraña defensa del Chayogate, que en realidad es una aceptación de culpas y una especie de consuelo tricolor ante males de blanco y azul: con Fox y Calderón, el PAN politizó programas y no pasó nada: Duarte http://bit.ly/126P9EV ).
RR se está convirtiendo en una Reina Midas al revés: todo lo que toca lo va convirtiendo en calamidad. En el Distrito Federal, por ejemplo, hubo turbulencias por la decisión de Miguel Ángel Mancera de recibir a Robles para una sesión en la que junto con cuatro jefes delegacionales se analizaría la manera en que Pepe Tenedor le entrará al pastel electoral chilango. La dirigencia del PRD-DF, de la que Mancera se mantiene distante, expresó su preocupación porque ese encuentro con la ex jefa de gobierno pudiera ir en contra del posicionamiento del sol azteca que estaría pidiendo juicio político en San Lázaro contra la misma invitada de honor en las oficinas del Zócalo de la ciudad de México. Abrir las puertas del DF a la Cruzada contra el Hambre sería abrirle las puertas electorales al PRI, según algunos dirigentes perredistas.
En Michoacán, tal como era previsible, el congreso del estado designó gobernador provisional a Jesús Reyna, quien desde la secretaría de gobierno venía fungiendo virtualmente desde el principio de la actual administración como gobernador de facto ante el siempre difícil estado de salud de Fausto Vallejo. Este primer nombramiento es por tres meses, pero podría darse un segundo, por un periodo similar. A pesar de los graves problemas de inseguridad pública, con algunos de los cárteles locales imponiendo su ley, como ha sucedido escandalosamente en la Apatzingán paralizada por órdenes de los capos, el PRI prefiere seguir dosificando el cuadro clínico de Vallejo, al que usó como candidato y al que sigue manteniendo en el poder formal con la esperanza de acomodar tiempos y circunstancias para no perder el poder en esa convulsa entidad.
El rector de la UNAM ha dicho:
No se atrevan a saquear el patrimonio de la nación, pero sus palabras no se dirigían a la clase política y empresarial que largamente ha hecho esto, sino a los jóvenes encapuchados que en una confusa acción entraron violentamente a la Torre de Rectoría y se mantienen allí, obstruyendo el trabajo institucional. José Narro ha consignado los hechos a la procuraduría federal de justicia y ha dejado a ésta, encabezada por Jesús Murillo Karam, la valoración de lo que deba hacerse, incluido el desalojo por la fuerza de los inconformes.
Y, mientras Molotov ha respondido a lo publicado aquí sobre la cancelación de su concierto en Mérida el mismo día de la boda Salinas-Paleta (tres tuits que pueden leerse en Julio Astillero, en Facebook), ¡hasta mañana!
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Ignorantes-Hernández 
Usos electoreros y Pacto por México
Tras la denuncia penal formulada por la dirigencia de Acción Nacional contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Rosario Robles Berlanga, y contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los presuntos usos electorales de programas sociales, se han multiplicado los desencuentros entre los firmantes del Pacto por México. Aunque la gravedad de la denuncia llevó a la funcionaria a destituir de inmediato a siete funcionarios de Sedeso en Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto desestimó la acción panista como
críticas y descalificaciones de aquellos a quienes ocupan y preocupan las elecciones(sic), respuesta desafortunada no sólo porque minimiza un problema real y conocido, que es el uso de los programas sociales para apuntalar electoralmente al partido de las autoridades en turno, sino porque pareció una exculpación, tan anticipada como improcedente, para los acusados.
Ciertamente, la actual administración federal no debería tomarse a la ligera los señalamientos sobre manejos electoreros en instrumentos de política social como Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre, así fuera porque, como se hizo evidente en la elección presidencial pasada –y como lo ha sido desde el sexenio salinista, en el cual se inventó el programa Solidaridad–, la inducción del voto mediante el reparto de dádivas ha sido una constante, practicada por el PRI, pero también por otros partidos, desde el poder o fuera de él, que distorsiona el ejercicio democrático y reduce los márgenes de legitimidad de las autoridades electas.
En lo inmediato, el episodio podría conducir a la desintegración del Pacto por México, acuerdo que sin duda aceitó el arranque de la administración peñista y ha dado soporte político a las reformas legales y constitucionales que ésta impulsa, pero cuyos alcances son nebulosos y ajenos a la institucionalidad. No es un programa de gobierno que trace lineamientos específicos para la acción de la administración federal, ni un convenio explícito para la conformación de un mayoría legislativa –ni siquiera en un abanico limitado de asuntos–, y las buenas intenciones enumeradas en él son tan vagas que no comprometen a los firmantes a algo en especial.
No deja de resultar sorprendente, en tal circunstancia, que el presidente nacional priísta, César Camacho Quiroz, exprese muestras de alarma ante la perspectiva de la desaparición del pacto referido:
No es bueno que dejemos que la sangre llegue al río, dijo el dirigente tricolor, como si el fin del acuerdo fuera a dar pie a una guerra entre sus adherentes. Los hechos hacen pensar, por el contrario, que ante un eventual abandono del Pacto por México no pasaría nada: las agendas legislativas están definidas por los intereses y las posturas que recorren los asientos del Legislativo sin que las bancadas partidarias constituyan factores inamovibles de diferencia y contraste, como se ha visto en lo que se ha tramitado de las reformas peñistas.
Con o sin pacto, por último, es necesario que las instancias penal y legislativa esclarezcan en forma satisfactoria la presunta participación de funcionarios en manejos partidistas de los instrumentos de la Sedeso y, más allá de eso, que los integrantes de la clase política renuncien de una vez por todas, en forma explícita, comprometida y sincera, al uso de los recursos públicos –pertenezcan o no a los programas sociales– para inducir o comprar preferencias electorales entre los ciudadanos. Porque, en tanto no se establezca ese compromiso, la plena normalidad democrática seguirá siendo una reivindicación social insatisfecha.
Pasito García Moonwalker-Rocha 
Tú lo quisiste...
Pedro Miguel
El Pacto por México es como una carta a Santa Claus redactada por un Estado que quiere parecerse al de Dinamarca, o algo así, y en esa medida es difícil no estar de acuerdo –al menos, en la situación actual de México– con la mayor parte de su letra. Quién sabe si los dirigentes panistas y perredistas recibieron el texto ya listo para firma o si realmente fue producto de un acuerdo negociado entre esos partidos y Los Pinos. El panismo, demolido por dos desastrosos ejercicios sucesivos de la Presidencia, podía firmar casi cualquier cosa; el perredismo, amputado del movimiento político más relevante en la historia de la izquierda mexicana, también. Y si uno y otro realmente aportaron algo al documento, peor para ellos, porque, con conocimiento de causa, se volvían, de esa forma, coautores de una obra de ficción: el
Pacto por México–no hay cómo no darse cuenta– viene siendo lo opuesto al programa real de Peña Nieto.
opositorasrenunciaron ya no a serlo, sino incluso a parecerlo, no con el propósito de impulsar propuestas, sino con el objetivo de obtener prebendas.
En los cálculos del régimen –que es, desde hace mucho, el instrumento principal con el que gobierna la oligarquía– el tal pacto podría aportar a Peña algo de la legitimidad democrática corroída por las pruebas de una elección comprada y, sobre todo, un soporte para armar una mayoría legislativa capaz de tramitar sin contratiempos las adulteraciones legales de signo antipopular, antidemocrático, privatizador, entreguista y monopólico que son parte medular de lo que sí quiere hacer, y está haciendo, el actual gobierno.
El problema surge cuando los cofirmantes
descubren, por ejemplo, que la llamada reforma educativa es en los hechos el capítulo II de la contrarreforma laboral aprobada en los últimos días del calderonato, o que el
sistema nacional de programas de combate a la pobrezaes un entramado electorero priísta operado por Rosario Robles en activa colaboración con desgobernadores como Javier Duarte. Ave María Purísima. ¿En serio no lo sabían? Pues al parecer todavía no caen en la cuenta (o será que aún no quieren darse por desengañados) que la
reforma de telecomunicacioneses un enésimo regalote a los grandes intereses corporativos del sector, en detrimento de instancias públicas y expresiones sociales organizadas que aspiran, legítimamente, a poseer y operar medios y canales de difusión independientes y distintos a lo que hay, que es una lisa y llana dictadura del empresariado.
Ahora los cofirmantes del Pacto por México se inconforman, hacen berrinche y se dicen defraudados. Podría ser que tras esos aspavientos haya una auténtica ingenuidad mancillada. Si ese fuera el caso, tendrían que salirse del convenio, denunciarlo y dedicarse a algo distinto que dar cobertura política a una presidencia comprada. De otra manera, si pese a todo se mantienen fieles al engendro, habrá que sospechar que no los mueve ningún compromiso por el país sino un propósito de renegociar al alza (y tal vez en forma prematura) las prebendas que acaso les ofrecieron en diciembre pasado, tal vez porque se han dado cuenta que el costo político de su adhesión al acuerdo las supera con mucho: ha de ser monumental el desgaste, la pérdida de credibilidad y el desprestigio de quienes se hacen corresponsables por lo que haga o deje de hacer el gobierno que encabeza Peña. En cualquiera de los dos escenarios –el de la candidez y el del interés–, les aplica la expresión con la que se flagelaba el recluso de un monasterio paupérrimo:
Tú lo quisiste, fraile mostén; / tú lo quisiste, tú te lo ten.
Twitter: @Navegaciones
Ahora o nunca
José Blanco /II
No es esta colaboración la segunda parte de mi artículo sobre la imperiosa necesidad –ahora o nunca– de iniciar el intrincado, complejísimo proceso de la reforma educativa. Al país lo pueblan cientos y cientos de problemas que se hallan al límite y que es ahora o nunca que debemos, gobierno y sociedad, iniciar su solución genuina. Y no es porque la coyuntura nos esté abriendo una puerta de oportunidad especialmente relevante en el presente, sino por eso: los problemas se hallan al límite.
La lógica de una conducta social, que muy probablemente se halle en la cabeza de un sector muy amplio de la sociedad lo resume muy bien la respuesta que dio uno de los jóvenes delincuentes encapuchados que asaltaron la planta baja de la rectoría de la UNAM. A una interrogante de otro presunto estudiante el encapuchado referido respondió: “…Pero ya realizamos varios diálogos con las autoridades y nada. Usamos estos métodos porque sólo así ceden al diálogo, como cuando tomamos la dirección general de los CCH”.
La mejor política que puede efectuar la autoridad frene a los inconformes –de cualquier cosa– es, claramente, el diálogo. Pero cualquiera que sea la intensidad, o la dureza del diálogo, ha de darse en el marco de las leyes.
¿Cómo salimos de las blandengues arenas movedizas del estado de derecho, en las que han sentado sus reales la corrupción y la impunidad, un oxímoron que camina hacia la ingobernabilidad?
La injusticia social; la pobreza creciente; la discriminación de los millones de los cuasi ilotas que forman mayoría; la espesa ignorancia que por fuerza tiene invadidas sus cabezas –hoy una licenciatura no es mucho más que un barniz de conocimiento–; el resentimiento social obligado; la pedagogía histórica de que, en la práctica,
las leyes se hicieron para violarlas, según reza el mexicanísimo cinismo; las leyes penales que los pudientes evitan con dinero y que sólo se aplican a los de todo desprovistos; las leyes fiscales en las que la evasión y la elusión, y la devolución reinan, excepto para los asalariados; la violencia, la extorsión, el secuestro; el trasiego de drogas, todo ello convertido en modus vivendi de miles y miles provenientes de esos cuasi ilotas. ¿Qué pedagogía social es esta? ¿Qué mentalidad, que idiosincrasia, de qué valores proveen tales condiciones de vida?
Un joven estudiante, que ha vivido en tal contexto demanda algo, en el CCH Naucalpan (o en cualquier plantel educativo público): ¿es académicamente correcto?, ¿es posible?, ¿es legal? No lo sabe, pero si no lo obtiene, la ira lo lleva a cometer actos delincuenciales. Si la autoridad competente lo tolera, no hará sino reforzar el infierno al que he aludido. La UNAM no es una república, sólo posee la normativa que rige a la academia; los jóvenes delincuentes están violando las leyes penales que rigen a todos los mexicanos; ergo, por los procedimientos que marca la ley, la autoridad competente debe proceder –mediando el debido proceso–, conforme a lo tipificado como delito.
La autoridad (esto no parece asumirlo quizá la mayoría de los mexicanos) son las personas autorizadas por la ley para tomar las decisiones (que la propia ley prevé). La rectoría de la UNAM sabe por supuesto que no hay mejor política que el diálogo para mantener la estabilidad de una institución que ha de dedicarse con ahínco a proveer de cientos de miles aprendizajes, de todas las disciplinas, y a producir conocimiento científico y tecnológico, intensamente. La atmósfera en la que puede trabajar la academia ha de ser de tranquilidad, de serenidad, intercambio juicioso y racional entre académicos y entre éstos y los estudiantes. No estoy hablando de utopías, existe en numerosísimos lugares del mundo, es legítimo aspirar a que en México podamos trabajar así en la academia.
Lejos de contar con ese ambiente, la UNAM y muchas si no es que todas las universidades públicas, con distinta intensidad, intentan trabajar y lo hacen en medio de sobresaltos caóticos, aquí o allá, cotidianamente.
El episodio salvaje del joven delincuente es hijo de la historia que configuró las tragedias que cruzan a México, aludidas párrafos atrás. Pero la peor respuesta es que si los funcionarios del sistema judicial o del Poder Ejecutivo violan la ley, pues violémoslas todos. ¡No!, requerimos movimientos sociales y políticos que exijan la vigencia de un estado de derecho plenamente. No mandemos al diablo las instituciones, cuidémoslas, corrijámoslas, observémoslas.
¿Es la fracción segunda del artículo 2 constitucional fundamento suficiente, como dicen algunos alegatos, para crear por la vía de los hechos las
policías comunitarias?, ¿no son sólo producto de vacíos jamás llenados por la vigencia del estado de derecho?
La UNAM es una institución indispensable. Una institución más que hay que cuidar celosamente. Una enorme cantidad de instituciones educativas son hijas de sus egresados; una enorme cantidad de las grandes obras en la infraestructura general del país, en la medicina, en la arquitectura, en las letras y las artes, en la cultura y la historia son resultado del trabajo de sus egresados.
No sigamos con el mito, nunca dicho pero mil veces actuado, de que los delitos cometidos en la UNAM por algunos de sus propios miembros pueden permanecer en la impunidad protegidos por la autonomía.
La levedad de las respuestas-Magú 
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