Astillero- «Nueva» ley minera: la farsa que viene- Dominancia- Imputaciones y atorón legislativo

Astillero

Dos Enriques

No te preocupes

Operación Madrugada

sario HorcABCitas

Julio Hernández López

 

En la madrugada del martes Enrique Peña Nieto se dio cabal cuenta de que ciertamente no debería ser Rosario Robles quien se preocupara por el escándalo veracruzano de corte asistencial-electoral, sino el propio mexiquense que a esa hora (a las 3 am) ordenó difundir un comunicado de prensa para cancelar la pomposa ceremonia programada para siete horas después (a las 10 am), en la que esperaba dar a conocer una más de sus propuestas de reforma arropadas por el tripartidismo colaboracionista, la relacionada con el delicado tema de lo financiero (media hora antes de que surgiera la información oficial de Los Pinos sobre la cancelación, el vicepresidente ejecutivo, Luis Videgaray, la había anunciado en su cuenta tuitera, en una demostración más de adelantado protagonismo poderoso).

 

No era Peña Nieto el mismo del pasado viernes en Chiapas, retador y salvavidas, a la hora en que tuvo ya en horario hábil de este martes la posibilidad de abordar el tema del Chayogate jarocho. Allá, en una comunidad de Zinacantán, envalentonaba a su secretaria de desarrollo electoral (Sedelec): Y yo le decía (...) Rosario, no te preocupes, hay que aguantar. Porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones (reporte de Rosa Elvira Vargas en La Jornada: http://bit.ly/14NoUbs).

Pero el mismo declarante optimista y solidario se convirtió este martes en todo lo contrario, como si él fuera quien ya no hubiera aguantado la presión escenográfica e hipócrita del panismo encabezado por Gustavo Madero, quien se retiró del foro público (por ello no habría estado en la ceremonia de temas financieros que EPN tuvo que cancelar de madrugada), a pesar de que sigue apoyando tanto el Pacto por México como la propuesta de reforma financiera en sí, ni la del perredismo que a regañadientes (Jesús Ortega defiende el caracter transformador profundo de ese pacto y considera que obstruirlo o dañarlo favorece a los segmentos de poder afectados por esa suerte de revolución de terciopelo) ha tenido que seguir el ejemplo del panista Madero, para no quedar en un evidente fuera de lugar, y sumarse al esquema de chantaje político opositor a Los Pinos en realidad muy bien dispuesto a enfrentar y desahogar esos encarecimientos en la compra de voluntades pactantes.

El otro Enrique ya no consideró meras grillas electorales lo sucedido en Veracruz (donde el gobernador formal, Javier Duarte, sigue aferrándose a esa coartada que en realidad es autoacusación, adjudicando el Chayogate a afanes relacionados con comicios y desatando campañas de difamación contra el indefendible clan Yunes y la docena federal panista, lo que no excluye de responsabilidad ni exorciza el batidillo veracruzano). Por el contrario, aseguró que es su propósito vigilar que nadie, nadie lucre con las carencias y necesidades de las personas. Por eso, este gobierno no tolerará el uso electoral de los programas sociales.

Súbitamente dialoguista, buscador del arreglo y proponente de encontrar soluciones (un perfil diferente al mostrado, por ejemplo, con los profesores en protesta), Peña Nieto llegó al extremo de descalificar lo hecho hasta ahora, pues a cambio de que regresen a sus asientos colaboracionistas, el mexiquense ofreció trabajar hasta darle a los programas sociales un blindaje auténtico y real, con lo que es de deducirse que considera los actuales como falsos e irreales.

COMPARECENCIA. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, compareció ante comisiones del Senado; arriba, los subsecretarios de la Sedeso Juan Carlos Lastiri (izquierda) y Ernesto Nemer (derecha)

Foto José Antonio López

 

Los esforzados trabajos de salvamento se toparon, sin embargo, con la incapacidad defensiva de la propia Rosario Robles ante comisiones del Senado, donde la zarandearon sin que atinara a elaborar algo medianamente aceptable para diluir la tormenta en su contra. Chayo Cuchara no pudo convencer a nadie de que está utilizando a Pepe Mapachón para hacerse de una parte del pastel electoral en julio venidero.

 

Lo peor de todo se lo echó encima Robles por sí misma (la trucha ahumada por su boca muere), a la hora en que invocó el caso de la guardería ABC y de uno de los funcionarios que continúan cínicamente impunes. En una extraña vinculación de nombres y hechos, se colocó por su propia voz en el peor de los nichos, el de Juan Molinar HorcABCitas, quien fue director del IMSS (y ahora ha sido uno de los involucrados en el Pacto por México), y el del panismo que protegió a familiares de Margarita Zavala Gómez del Campo para que no fueran encarcelados por la tragedia infantil acontecida en Hermosillo: Pedir mi renuncia es como si panistas se la hubieran pedido a Molinar Horcasitas por guardería ABC, dijo.

 

Con esa equiparación con parte de la grave podredumbre del pasado calderonista, Robles ha ofendido la memoria de esas víctimas y la lucha sin respuesta justiciera que han sostenido los padres involucrados en esa tragedia. Pero, además, coloca en el mismo nivel al panista del sexenio pasado y al priísta del presente: Calderón no castigó a Molinar Horcasitas, lo sostuvo y le dio continuidad política, así que la titular de Sedesol (tal es su denominación oficial: Sedesol, no Sedeso) espera que Peña Nieto dé continuidad al espaldarazo de Zinacantán y tampoco la castiguen. Rudo dilema le enjareta la secretaria Robles a su jefe atareado hasta de madrugada en busca de salir del atorón que le regalaron tanto la ahumada secretaria como el desgastado gobernador de Veracruz.

 

Rosario aferrada a su cargo y amante del suspenso: ya suspendió la presentación de la propuesta financiera y tiene en suspenso la Cruzada en el DF. No renunciará, dice, porque no ha hecho nada indebido, ni está en los audios y videos jarochos ni tiene culpa por lo que hagan sus subordinados. ¿No te preocupes, Rosario, y aguanta? No se pierda los próximos capítulos.

 

Y, para cerrar, un ramillete de imágenes: aparece SúperPeña en Puebla, http://bit.ly/ZMSvsz según reporta agencia de fotoperiodismo Es Imagen; policías ocupan doble espacio de discapacitados en Naucalpan, http://bit.ly/ZMSLYA enviada por @gonzadanna; y vigilantes del IPN se estacionan en Zacatenco, http://bit.ly/XUbrJj remitida por @Serxiuxo ¡Hasta mañana!

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 Cruzada contra... la sed-Magú

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Nueva ley minera: la farsa que viene

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

 

Con un gasto de casi 2 millones de pesos, hace unos días los 500 diputados y diputadas federales recibieron un pin de seis gramos de oro con el escudo nacional y la referencia a la 62 Legislatura. El asunto bien podría quedar como una anécdota más sobre los múltiples rostros que tiene el abuso de poder en México, mas no es así. El pin de oro muestra no sólo la frivolidad de quienes lo aceptaron, sino también la ignorancia de casi todo el Legislativo respecto al expolio y destrucción al que ha estado sometido el territorio nacional desde hace 20 años a través del actual modelo extractivista impuesto por el inefable Salinas. Un solo dato oficial sirve como indicador de lo anterior: entre 1521 y 1830, periodo que abarca el virreinato y los primeros años de México, se extrajeron 191 toneladas de oro y 33 mil 465 de plata; entre 2000 y 2010, es decir, en sólo una década, se extrajeron del subsuelo nacional 419 toneladas de oro y 56 mil 144 de plata.

 

En el virreinato la quinta parte de la plata y la décima del oro se destinaron a las arcas de los reyes españoles. La mayoría del metal se quedaba en la Nueva España y sus territorios vecinos y sirvió para impulsar, entre otras cosas, la articulación de economías regionales, el desarrollo urbano de pueblos y villas, el contrabando, la expansión del comercio y la formación del sistema monetario en Asia a través del galeón de Manila. Por el contrario, entre 2000 y 2010 la mayoría del metal precioso extraído en México salió del país en forma de pasta doré para hacer onzas de oro y plata; a cambio, las corporaciones pagaron al fisco entre 5 y 111 pesos anuales por hectárea concesionada, y nada de impuestos sobre sus fabulosas utilidades, que llegaron a miles de millones de dólares. Mientras en el virreinato algunos sitios mineros se convirtieron en cimiento de ciudades y regiones, los actuales enclaves creados por la megaminería, sobre todo la de tajo a cielo abierto, desplazan poblaciones, agotan en breve término los recursos ambientales estratégicos de regiones enteras, destruyen irreversiblemente grandes territorios y su biodiversidad, generan pasivos ambientales que contaminarán por siglos, violan leyes, despojan, corrompen y generan violencia. ¿Dónde quedó entonces la verdadera Colonia?

Las condiciones que posibilitaron esta inédita situación de entrega del país se encuentran en la ley minera de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional, el cual fue modificado ese mismo año para favorecer los intereses empresariales, acabar con el régimen de propiedad social de la tierra y hacer de ésta una mercancía. Bajo la eufemística expresión de dar certeza jurídica a las inversiones con miras al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el caso minero se llegó a la aberración de declarar la extracción de minerales como causa de utilidad pública y actividad preferente por sobre cualquier otro uso del suelo, a lo que se agregó una reforma a la ley de inversión extranjera para permitir la entrada de empresas extractivistas con 100 por ciento de capital foráneo. Con ello los intereses de las grandes corporaciones mineras nacionales y trasnacionales fueron inconstitucionalmente declarados causa de utilidad pública, dándoles tácitamente patentes de corso para adueñarse del territorio y extraer las reservas minerales del país, principalmente los metales preciosos.
 

A dos décadas de haber sido impuesto este modelo, el daño para el país es incalculable, sobre todo a sus ecosistemas, sus reservas hídricas, sus comunidades, su patrimonio cultural y a la soberanía nacional. En algunas regiones las trasnacionales, a través de redes mexicanas de corrupción, operan ilegalmente con toda impunidad, como New Gold-Minera San Xavier y ahora Peñasquito Goldcorp, a la cual se le acaba de demostrar el despojo de tierras del ejido Cerro Gordo en Mazapil, Zacatecas. Con 30 por ciento del país concesionado y con la amenaza de más de 800 proyectos en puerta, diversas organizaciones han trabajado por más de un año en una propuesta ciudadana de reforma a la ley minera, con el fin de eliminar el estatuto de utilidad pública concedido a la extracción de minerales y dar un giro radical al modelo extractivista. Se pretende, entre otros objetivos, que la minería no responda al interés de lucro de los corporativos, sino a las necesidades de crecimiento del país, a la impostergable protección de los ecosistemas, a la prohibición de métodos de extracción depredadores, a la generación de riqueza para la nación y a la mejora de las condiciones laborales de los verdaderos trabajadores mineros.

 

Sin embargo, ignorando la iniciativa ciudadana, los diputados que ahora lucen su pin de oro han elaborado una minuta de supuesta reforma a la ley minera, la cual se reduce a establecer para las empresas un nuevo impuesto de 5 por ciento sobre sus ganancias. El modelo extractivista sería preservado con todas sus consecuencias; simplemente el saqueo sería un poco menos barato, por lo que estamos ante una simulación impulsada por los actores políticos aliados en el cupular Pacto por México, y apoyada por la cámara minera y los corporativos trasnacionales encabezados por los canadienses. Al igual que el discurso peñanietista, la supuesta reforma es una farsa y, de imponerse, la soberanía del país entraría en una fase terminal y los diversos sectores de la sociedad civil enfrentarían el difícil dilema entre aceptar la cancelación del futuro ambiental de nuestro territorio o iniciar, como sería deseable, la urgente y decidida movilización para revertir nuestro subdesarrollo político y moral y rescatar al país de sus depredadores. El tiempo se acaba.

* Investigador de El Colegio de San Luis AC

 Escalada de violencia-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Dominancia

Luis Linares Zapata

 

La hegemonía del pensamiento cargado a la derecha en el México actual es apabullante, si no es que totalitaria. Un enorme aparato de convencimiento, donde los medios colaboran de manera destacada, lleva a cabo una labor ya bien estudiada. Los contenidos y la narrativa que la refuerzan permiten conectar, con extrema facilidad, principios, valores convencionales, mitos y supuestos con similares posturas que campean a sus anchas entre los círculos del poder central: ya sea en países desarrollados o en los organismos multilaterales. El oficialismo en naciones dependientes, esas descritas como de menor calado, adopta como propias la mímica, los supuestos (aunque sean vistosamente falsos), la soberbia de sus desplantes y las tonalidades desplegadas por aquellos a los que consideran sus colegas o mentores externos. La difusión de postulados y creencias derechistas, ya sea de naturaleza política, social o cultural, se desliza con inaudita rapidez y sonoridad por los diversos canales con que se dotan, para su beneficio exclusivo, las distintas élites. El resultado es un ramplón concierto de dogales y trampas que, con frecuencia inaudita, divorcian la versión oficial de su correspondiente circunstancia real.

 

Pocos son los países donde sus dirigentes han osado transitar por rutas alternas. El esfuerzo organizativo, de conciencia y movilización popular, desplegado para escapar a los dictados de tan atrincherada ideología y fuerza es, por consiguiente, de apreciable magnitud. Los costos de apartarse de lo establecido aparecen, con fiero rostro, por vericueto y medio, pero son, con frecuencia, crecientes. Los proponentes de lo establecido y sus adalides mediáticos más apreciados no se detendrán hasta que los infractores a la única ruta se dobleguen y rindan la plaza. Insertarse, cuando se disiente, en el escenario de los prestigios y reconocimientos (mundiales o locales) es una tarea casi imposible o, al menos, limitada al extremo. Los sistemas dominantes se protegen hasta del menor contratiempo que sea capaz de introducir una duda, aunque sea pasajera o menor. Los múltiples difusores compactan sus opiniones con eficacia notable. Los llamados consensos se presentan bajo presión directa del poder sobre los diversos intereses en juego, pero la mayoría de las veces fluyen por sutiles formas de empatía o conveniencias no reconocidas, menos aún publicables. Las discrepancias son toleradas sólo en casos extremos o ante la imposibilidad de acallar, con bozales ingeniosos, todas las voces discordantes. Las más de las ocasiones se recurre a negar oportunidades a la expresión disidente, en especial cuando conlleva información valiosa. Las disonancias sólo encuentran ocasión propicia cuando acontecen tragedias, rupturas o fenómenos de complejo desarrollo. Pero en la normalidad cotidiana, la presencia, opiniones e imágenes de la verdad pública imperante son abrumadoras en uniformidad y número.
 

El pensamiento económico tiene, en todo este rebumbio continuista, un lugar especial. Y lo tiene porque ha logrado penetrar en esferas que, como la académica, se suponen reacias a desdeñar la crítica opositora que diversifica y hace crecer. La dominancia que el neoliberalismo ha logrado es de trascendencia innegable. Y lo es tanto por su penetración en las capas más conspicuas de las cúspides decisorias como por su entronización entre la opinocracia. Aun entre el empresariado de medio pelo y las clases medias tiene cabida y aceptación. Es de bien ver arroparse en sus muchos axiomas de fe, en sus lugares comunes, en sus dichos de moda. A los demás, los disidentes, les esperan, si mucho, miradas de desaprobación, reclamos o airados reproches.

 

Pero la hegemonía del pensamiento económico conservador, afiliado al neoliberalismo, resiente fisuras y ocasiona dramas por demás vitales que la ponen en entredicho. Los supuestos que elevan la estabilidad macroeconómica a la categoría santificada de concordato envidiable entran en una esfera de penas y consecuencias dolorosas. Similar ruta sigue el conjunto de medidas de control para mantener dicha estabilidad, máxime cuando se tienen o han permitido dosis crecientes de deuda pública para apalancarla. Pasar de 90 por ciento de deuda respecto del PIB se tilda, sin contemplaciones que valgan, de peligroso y contraproducente para el crecimiento anhelado. A pesar de ello, se alienta, hasta con orgullo, la conveniencia de privilegiar los flujos de ese capital dispuesto a comprar deuda pública. Aunque bien se sabe, por trágicas experiencias anteriores, del peligro de prohijar semejante trasiego masivo de capitales. Desde las más altas esferas se oye entonces la conseja, respaldada por medios irreprochables, para actuar con mesura y responsabilidad. Se imponen entonces, y ante posibles o pasados infractores, medidas urgentes de austeridad. El déficit fiscal hace su perniciosa aparición y se apremia a su vigilancia expedita para que no crezca. Sobrevienen los recortes al gasto social que, con tanta furia, inducen esas élites bien apoltronadas en la abundancia. Con la vista siempre puesta arriba, hacia donde moran los augures del destino colectivo, los patrones, los que mandan, los privilegiados, se manufacturan leyes adecuadas, se instalan los procesos de apoyo y se instruye y capacita a la burocracia. Otear hacia abajo es caer en el abismo populista. Emplear la renta petrolera para combatir la desigualdad o crear tecnología propia es imperdonable. Llevar salud, educación y alimentos a la masa desprotegida y sacrificada es locura de dictadores locuaces. Se tiene que seguir usando como se ha hecho por sucesivas décadas, para que se lo llevan las trasnacionales y para que una parte del botín (aunque pequeña) se unte entre la cleptocracia conocida. Eso es lo corriente, la manera de hacer negocios ya asimilada en la cultura diaria.

 El castigador-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Imputaciones y atorón legislativo

Con el fin de abrir un espacio para el diálogo, y con el telón de fondo de las denuncias por el presunto uso electorero de la Cruzada Nacional Contra el Hambre –particularmente en Veracruz–, la Presidencia de la República anunció ayer la suspensión temporal de las actividades públicas relacionadas con el Pacto por México, lo que en lo inmediato se ha traducido en la suspensión del proceso de discusión legislativa en torno a la reforma financiera, cuya presentación estaba prevista para realizarse ayer por la mañana.

 

Es sin duda positivo que el gobierno federal convoque al diálogo entre las distintas fuerzas políticas –una de cuyas funciones principales es, precisamente, la construcción de consensos mediante la negociación–, pero el anuncio comentado reviste aspectos cuestionables en la forma y el fondo, empezando por el desaseo con que fue anunciado: la madrugada de ayer, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, divulgó la suspensión temporal de actividades del pacto en su cuenta de Twitter, en un gesto doblemente improcedente, porque el referido funcionario no tiene representación formal de ninguno de los adherentes del Pacto por México, y porque es expresión de una actitud furtiva y nocturna que no debiera ser necesaria.

Por otra parte, no puede pasarse por alto que la causa aparente del impasse en el Pacto por México es el anuncio de procesos legislativos y legales en contra de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalados por presuntos usos electorales de programas sociales. Sería particularmente lamentable e improcedente que el diálogo convocado por la Presidencia se volviera un espacio para negociar la atenuación o el abandono de averiguaciones y procesos legislativos indispensables para esclarecer los hechos denunciados por Acción Nacional hace unos días y, en ese medida, para combatir uno de los lastres principales en el desarrollo democrático del país: el uso de recursos públicos para condicionar el voto de los ciudadanos.
 

En otro sentido,que la suspensión del Pacto por México derive en afectaciones al ritmo legislativo da cuenta del desarreglo institucional que ha inducido un convenio que, a fin de cuentas, carece de asideros legales y políticos: como se mencionó ayer en este mismo espacio, el Pacto por México no es un programa de gobierno ni la base formal de una coalición parlamentaria, sino un listado de acciones y compromisos generales cuyo antecedente podría encontrarse en los arreglos –llamados justamente pactos– que las antiguas presidencias priístas solían imponer a las cúpulas corporativas del régimen.

 

Con o sin Pacto por México, las bancadas partidistas tienen la posibilidad y el deber constitucional de llevar a cabo las discusiones, deliberaciones y acuerdos necesarios para la gestión –discusión, aprobación o rechazo– de las reformas legales proyectadas. En concreto, es lamentable la suspensión de los procesos legislativos en un tema como el de la reforma financiera; paradójicamente, un arreglo ajeno a la institucionalidad se convierte en obstáculo para el funcionamiento ordinario del Congreso.

 

Cabe preguntarse, entonces, si el Pacto por México sigue teniendo sentido una vez que hizo posible el arranque político de una nueva administración tras un proceso electoral cuestionado e impugnado que dejó decepción, sospechas y descontento en amplios sectores del electorado. Guardar la imagen-Rocha

rocha@jornada.com.mx